Que no se tape el bosque
La madrugada del primer sábado del año sorprendió al mundo con el inédito bombardeo ordenado por Donald Trump a Venezuela y la detención de su presidente Nicolás Maduro, en nombre del combate al “narcoterrorismo”. Un ataque inaudito que fue condenado por buena parte del mundo, salvo el presidente Javier Milei que celebró a su modo: “Viva la libertad carajo”.
El ataque, sin embargo, pone en riesgo la libertad, ya no de un “dictador”, sino de las democracias no alineadas con el sheriff del mundo o el país poderoso del momento.
El derecho internacional no admite una acción como la que emprendió Trump. Pero el problema no es Maduro, sino el precedente. Se trata de un poder militar extranjero utilizado para cambiar un Gobierno. Lo de dictador no deja de ser un adjetivo que puede o no ser compartido, pero desde el punto de vista jurídico, Nicolás Maduro goza de inmunidad personal absoluta mientras ejerza como jefe de Estado. Esta protección, conocida como inmunidad ratione personae, impide que sea arrestado o juzgado por tribunales extranjeros. Esta inmunidad no rige frente a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, ni ante el Consejo de Seguridad si autoriza una intervención, cosa que no ha sucedido.
El derecho internacional no distingue entre presidentes “legítimos” o “ilegítimos” según criterios políticos: mientras ejerzan efectivamente el cargo, están protegidos por la inmunidad personal, aún cuando Trump opine que Maduro es el jefe de un cartel narco.
“No existe base legal para que un Estado actúe como juez y policía global. Eso sería un retorno al derecho del más fuerte”, advierte el jurista Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional en University College London.
La privación de libertad de un jefe de Estado protegido por inmunidad, realizada de forma coercitiva y sin base legal internacional, puede ser jurídicamente calificada como secuestro. Además, encuadra como detención arbitraria, prohibida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y genera responsabilidad internacional del Estado que ejecuta la acción.
“La pregunta incómoda no es si un tirano merece caer, sino quién decide cuándo y cómo. Porque la historia enseña algo brutal: sacar al dictador es fácil; construir justicia después, no. Y cuando la legalidad se rompe en nombre del bien, casi siempre lo que sigue no es libertad, sino caos, violencia y nuevas víctimas. El derecho existe para recordarnos eso, incluso cuando incomoda”, describió José Mario de la Garza Marroquín, abogado y presidente de la Asociación Perteneces Justicia e Igualdad.
¿Puede Estados Unidos actuar unilateralmente con sus Delta Force? Desde el punto de vista jurídico, no. El único órgano con facultad para autorizar el uso de la fuerza es el Consejo de Seguridad de la ONU. Fuera de ese marco, una captura en territorio extranjero constituye una violación directa de la Carta de la ONU.
La fiscal general, Pam Bondi, afirma que el presidente venezolano ha sido imputado en un tribunal de Nueva York y advierte de que “enfrentará la ira de la Justicia estadounidense”. La ira. No el derecho ni la justicia. La ira.
Hoy es Venezuela, mañana puede ser Irán o cualquier país no alineado con Estados Unidos. Casualmente, es Donald Trump el que está con problemas de credibilidad en su propio país, donde arrecian las críticas por los escasos resultados económicos y una economía en pausa. En Hollywood recomendarían iniciar una guerra.
El inicio del tercer año de Javier Milei en el poder, encuentra a la Argentina con escasos motivos para celebrar. La promesa de crecimiento acelerado quedó en eso y el Gobierno se abraza a la estabilización de la inflación como bandera, objetivo que se logró a costa de una economía paralizada y una ingente pérdida de poder adquisitivo. Se festejan datos mínimos que apenas disimulan la profundidad de los desajustes. Daniel Scioli, secretario de Turismo y vivaz defensor de las ideas libertarias, dio una pequeña muestra de celebraciones opacas. Como los datos del Indec revelaban un creciente déficit en la cuenta de turismo por la salida de argentinos, simplemente dejó de usar los datos del organismo oficial. El Banco Central armó otra estadística más favorable y el déficit “se achicó”: “Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”, festejó Scioli. Los números que celebró el funcionario no parecen muy alentadores. Tras la intervención del Central, el rojo del saldo entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de 9.983 millones a 6.935 millones de dólares. Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes e ingresaron 4,78 millones de turistas. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas.
Scioli no es el único que se esfuerza en ver el vaso medio lleno. La Federación Argentina de la Industria de la Madera destacó que el sector “comienza a mostrar signos de estabilización, con una leve recuperación respecto a los meses previos y oportunidades concretas vinculadas al comercio exterior”.
En base a un estudio del consultor Gustavo Cetrángolo, la entidad admite que las altas tasas de interés, la restricción del consumo y la caída de la obra pública continúan condicionando el desempeño del mercado interno. “Los precios de la madera se mantienen prácticamente sin variaciones desde hace más de un año, con un fuerte nivel de competencia comercial que impacta en los márgenes de rentabilidad de las empresas, especialmente en las pymes”.
Pero basta ahondar un poco más en el documento para ver otros datos no tan estimulantes. “La industria foresto-industrial argentina, y en particular el complejo maderero, llega al cierre de 2025 en una situación de extrema fragilidad. Tras una leve mejora técnica en octubre, noviembre y lo que va de diciembre consolidaron una “meseta baja” de actividad: se vende algo más que en el peor momento de la recesión, pero no lo suficiente como para recomponer rentabilidad ni aliviar la asfixia financiera que atraviesan los aserraderos y fabricantes”, reseña.
“El principal problema no es la falta total de operaciones, sino su calidad económica. Los precios de la madera se mantienen prácticamente sin cambios desde hace más de un año, pero en un contexto de costos que no dejaron de subir. Para cerrar ventas, muchas empresas se ven obligadas a aplicar descuentos sobre listas, extender plazos de pago y, en algunos casos, recurrir a esquemas informales. El resultado es una competencia feroz por colocar stock, con márgenes mínimos o directamente negativos”, detalla.
“La sobreoferta es otro rasgo del momento. Numerosos aserraderos arrastran altos inventarios de madera, lo que acelera la presión vendedora y empuja aún más los precios a la baja. El único segmento con algo más de dinamismo es el de pallets, aunque con pedidos de muy corto plazo, lo que vuelve al mercado extremadamente volátil e imprevisible”.
“Este deterioro ya se refleja en la cadena de pagos. En las últimas semanas comenzó a observarse un aumento en los cheques rechazados dentro del sector, una señal temprana de estrés financiero. Aunque todavía no se trata de una crisis generalizada, complica el acceso al crédito en un contexto en el que financiarse es caro y escaso.
La raíz del problema es estructural. “En los últimos dos años, los ingresos del sector crecieron con fuerza en dólares, pero los costos lo hicieron mucho más rápido. La energía eléctrica -clave para aserraderos y secaderos- registró aumentos desproporcionados, al igual que los insumos, la logística y los costos laborales. La ecuación es simple: aun vendiendo más, muchas empresas ganan menos o directamente pierden dinero”, reseña Cetrángolo. El analista sugiere que la exportación es una “válvula de escape” para la madera. Asia es hoy el gran destino, con precios estables pero bajos, que obligan a resignar margen a cambio de asegurar cobranzas.
Estados Unidos, en cambio, sigue sin traccionar. La débil recuperación de su mercado inmobiliario limita la demanda de productos de mayor valor agregado, como las molduras de pino, cuyas exportaciones continúan en caída. El sector apuesta a una reactivación en 2026, pero por ahora no hay señales claras.
El Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones no es tan optimista y eleva una advertencia mucho más severa: la foresto-industria atraviesa una crisis estructural, con plantas operando a menos de la mitad de su capacidad, costos desbordados y pymes al borde del colapso. La diferencia de miradas revela un dilema central para provincias como Misiones: adaptación vía exportaciones o reconstrucción del sistema productivo con políticas públicas y planificación.
Según el Colegio, la foresto-industria opera hoy por debajo del 50% de su capacidad instalada y registra caídas de actividad cercanas al 40%, con reducción de turnos, vacaciones anticipadas, líneas paralizadas, riesgo de despidos y cierres de plantas. La paralización de la obra pública nacional aparece como uno de los golpes más duros sobre la demanda, pero el problema de fondo es el brutal descalce entre ingresos y costos.
Entre 2023 y 2025, señala el documento, los ingresos del sector crecieron 124% en dólares, pero los costos estructurales lo hicieron 249% y los costos energéticos más de 600%. La energía eléctrica, los insumos, la logística y los salarios aumentaron muy por encima de los precios de venta, que permanecen prácticamente estancados.
La exportación es la válvula de escape, dice Faima. Y Misiones cerró el 2025 con un volumen récord o apenas por debajo del techo de exportaciones, con más de 500 millones de dólares. La yerba mate si batió récord en envíos al exterior, pero aún así la industria atraviesa, según sus principales ejecutivos, una complicada situación por los mismos motivos que el sector forestal: suba de costos muy por encima de la rentabilidad, aún con el desplome del valor de la materia prima que agobia al sector primario. La crisis yerbatera oprime al primer eslabón con una velocidad inusitada a diferencia de otras épocas desreguladas.
No es errado apuntar a la industria como “la gran beneficiada” de la ola de desregulación, tampoco que el consumo interno está golpeado por la pérdida de poder adquisitivo. En noviembre se enviaron al mercado interno 17.860.938 kilos, el volumen más bajo del año y 18,65 por ciento menos que en octubre. La salida de molino fue 19,32 por ciento menor al mismo mes del año pasado. El 2025 seguramente terminará apenas por encima del 2024, pero debajo de los últimos cinco años y lejos del récord de 2023, con 285.430.373 kilos en el país.
La crisis por la que atraviesan los principales sectores económicos tiene correlato en el empleo. Desde que asumió Milei hasta noviembre del año pasado -último dato disponible-, Misiones perdió 8.407 empleos privados registrados. En Argentina fueron casi 150 mil. Los que aún lo conservan fueron víctimas de una feroz depreciación del poder adquisitivo. Salvo los ministros de Milei que recibieron aumentos de hasta el 90 por ciento en sus salarios. Un ministro nacional, que percibía un sueldo bruto cercano a los $4.000.000, pasará a cobrar aproximadamente $7.600.000, un secretario de Estado verá su haber saltar de $3.500.000 a unos $6.650.000, mientras que un Subsecretario pasará de cobrar $3.000.000 a una cifra estimada de $5.700.000. Las paritarias no tienen techo para todos.
La fragmentación no es sólo salarial. Las provincias también se tienen que “adaptar” a la nueva realidad. Misiones hace esfuerzos por sostener la actividad económica y el empleo a través de diversas acciones, con inyección directa, como con los programas Ahora que rindieron más de cien mil millones en el último año o a través de quitas que alivian el bolsillo, como los planes para pagar patentes o inmuebles.
“Para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables, se prorroga la Tarifa Eléctrica Social Provincial desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026, tanto para Energía de Misiones como para las cooperativas de la provincia, garantizando el acceso a este servicio esencial mediante una tarifa bonificada para consumos mensuales de hasta 450 kWh”, anunció el gobernador Hugo Passalacqua. En contraste, Nación confirmó que el 2026 comenzará con aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua en todo el país. Las subas promedio irán del 2,5% al 4%, según resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, y aún no incorporan la quita de subsidios que el Gobierno tiene prevista y que podría empujar los incrementos, especialmente en el gas, a dos dígitos.
En materia de combustibles, los precios en Misiones volvieron a ubicarse entre los principales motores del encarecimiento del costo de vida. Los combustibles registraron subas muy por encima de la inflación anual, que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central y los datos del INDEC cerraría el año en torno al 30 por ciento.
La Nafta Súper de YPF finalizó diciembre en 1.693 pesos por litro, tras un aumento mensual del 0,47 por ciento. En todo 2025 acumuló una suba del 40,61 por ciento, es decir, más de diez puntos porcentuales por encima de la inflación. El gasoil común fue aún más castigado: cerró el año en 1.749 pesos por litro y acumuló una suba del 42,89 por ciento, con un salto del 2,40 por ciento sólo en diciembre.
La Nafta Infinia, el producto premium de YPF, terminó el año en 1.938 pesos por litro, con una suba anual del 33,84 por ciento, también claramente superior al índice general de precios.
