Misiones cerró 2023 con un techo inédito de 110,3 mil empleos privados registrados. Dos años después, el retroceso es evidente: el dato de octubre, el último oficial, marca que en Misiones solo hay 99.225 trabajadores en el sector privado formal. Es el menor volumen de empleo de los últimos 57 meses para la provincia y se perforó el piso de los cien mil empleos por primera vez desde febrero de 2021, en plena salida de la pandemia. Es decir, los números son peores que durante la pandemia.
Se llegó a esa cifra luego de sufrir cinco caídas consecutivas en la comparación mensual: en octubre el descenso fue de 0,9%, equivalente a la pérdida de 884 empleos respecto a septiembre. Misiones fue una de las seis provincias con mayor descenso mensual.
Entre junio y octubre, Misiones perdió unos 3.558 empleos en el sector privado formal, y desde que asumió Milei, cayeron 9.678 empleos, lo que representa una baja del 8,9%, la sexta más fuerte del país.
El mismo panorama, con matices, se observa en el resto de las provincias y en el promedio país. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasó de 512.357 a 492.223, con una contracción de 21.046 empresas. Se cerraron 30,45 empresas por día.
En el mismo período, el empleo registrado se redujo 2,77%, lo que representa una pérdida de 272.607 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.584.566 en octubre de 2025. Son casi 400 trabajadores menos por día desde que asumió Javier Milei.
Datos complejos para alguien que se jacta de ser especialista en generar riqueza con o sin dinero. Sin embargo, el Presidente y sus convencidos, deciden simplemente obviarlos.
En contraste, el Presidente y su equipo económico empezaron el año celebrando el dato de la inflación como “el más bajo” de los últimos años. El índice de precios al consumidor aumentó 2,8% en diciembre, lo que arroja una suba de 31,5% para todo 2025 en Argentina, 86 puntos porcentuales menos que el año previo (117,8%) y el más bajo de los últimos ocho años. Datos correctos que no dicen todo: megadevaluación en diciembre de 2023, virtual congelamiento de salarios y una suba de tarifas que no termina nunca de acomodarse. Elementos que esconden la real dimensión del esfuerzo de los argentinos para sobrellevar el costo del ajuste, que muy poco fue asumido por “la casta”.
También se omite reconocer que la inflación está lejos de estar knock out como celebró el Presidente en unos comics que lo tienen como protagonista. En mayo del año pasado se frenó el proceso de desinflación y desde entonces, no para de subir. El 2,8 por ciento de diciembre fue más alto que en noviembre. En el NEA el dato del último mes del año también fue impactante, con un alza del 3,4% y una aceleración por cuarto mes consecutivo. La región tuvo el mayor incremento de precios del país, aunque en términos interanuales, mostró un incremento del 28,8%, el más bajo desde el 2017.
En el NEA, la suba mensual de diciembre presentó una aceleración de un punto porcentual respecto al mes previo (2,4% en noviembre) y fue la primera vez desde abril pasado que supera el techo del 3% mensual, lo que equivale a la suba más fuerte desde agosto de 2024 en la región. Esta aceleración también se vio a nivel general nacional y en las regiones, pero en magnitudes inferiores al nordeste.
¿Dónde estuvieron las subas más alarmantes? Alimentos y Bebidas no alcohólicas, con 4,8%, fue el indicador más alto de los últimos 17 meses, con la carne como protagonista, con una escalada de 10,3%)
El Gobierno celebró el último dato de inflación como un hito político. “Es un logro extraordinario”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó el resultado a un conjunto de factores que incluyen el reacomodamiento de precios relativos, la flotación cambiaria y una fuerte contracción de la demanda de dinero, fenómeno que explicó como consecuencia de una dolarización masiva de la ciudadanía, incentivada -según su lectura- por la oposición. El Presidente replicó el mensaje con entusiasmo y volvió a exaltar la figura de su ministro: “Toto, el más grande”.
Desde una perspectiva histórica, el dato tiene respaldo. Para encontrar una inflación anual menor a la actual hay que retroceder hasta 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el índice fue de 24,8%. Aquel año tuvo además un valor simbólico: fue el primero elaborado por un organismo estadístico normalizado, luego de casi una década en la que las cifras oficiales habían perdido credibilidad por la manipulación política. Sin embargo, esa tregua fue efímera. La inflación volvió a acelerarse hasta 47,7% en 2018 y 53,8% en 2019. Más tarde, la parálisis económica provocada por la pandemia permitió en 2020 una inflación más baja, del 36,1%, durante la gestión de Alberto Fernández. El alivio tampoco duró: el proceso derivó en una escalada que culminó en 2023 con una suba del 211,4%, la más alta del mundo.
Pero los números admiten más de una lectura. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, introduce matices que contrastan con el triunfalismo oficial. No solo confirma que la desaceleración se detuvo, sino que también aleja la promesa presidencial de una inflación convergiendo a cero hacia mitad de año. Desde la asunción de Javier Milei, el menor registro se alcanzó en mayo pasado, con 1,5%. A partir de allí, la inflación retomó un sendero de aceleración suave pero persistente.
El detalle de los rubros explica buena parte de esta dinámica. En los últimos meses, los alimentos -la categoría más sensible para los hogares de menores ingresos- volvieron a empujar el índice.
A esto se sumó el impacto de las tarifas reguladas -educación, agua, electricidad, gas y combustibles-, afectadas por el recorte de subsidios aplicado por el Gobierno.
El esquema antiinflacionario se apoyó básicamente en dos anclas: el tipo de cambio y los salarios. En 2025, según datos oficiales, los salarios del empleo formal crecieron casi un punto por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, el dólar se mantuvo contenido mediante un régimen de bandas con un techo de actualización mensual del 1%. Tras meses de advertencias sobre los riesgos del atraso cambiario, el equipo económico decidió flexibilizar el esquema a partir de enero: desde ahora, el dólar oficial puede ajustarse como máximo al ritmo de la inflación. En febrero, ese límite será el porcentaje de diciembre.
Aun así, los economistas advierten que la inercia sigue presente. Incluso en un escenario de relativa calma, los precios locales suben en un mes lo que en países vecinos como Uruguay o Brasil aumenta en un semestre.
En ese contexto, la meta presidencial de una inflación tendiendo a cero hacia mitad de año aparece como poco realista. En el mejor de los casos, los especialistas proyectan un retorno a niveles inferiores al 2% mensual. El desafío inmediato es estabilizar la oferta y la demanda de dólares y reducir las expectativas de una nueva devaluación, que actúan como motor de remarcaciones.
El presupuesto aprobado por el Congreso proyecta para 2026 una inflación anual del 10,1%, equivalente a un promedio mensual del 0,8%. Las estimaciones privadas, sin embargo, duplican esa cifra y la ubican en torno al 20%. Se trata de una inflación menor a la del año anterior, pero que ya no reproduce la velocidad de caída observada en los primeros dos años del Gobierno de Milei.
El enfriamiento de las expectativas también tiene razones políticas y financieras. Aunque el oficialismo revalidó su fuerza en las elecciones de medio término con el 40% de los votos, el mercado incorporó otros elementos al análisis: la flexibilización cambiaria y la fragilidad exhibida por el programa económico en 2025, cuando, en medio de tensiones financieras y electorales, el Gobierno recurrió primero a un rescate de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y luego a un auxilio equivalente del Gobierno de Estados Unidos, cuando Donald Trump, que intervino de manera directa en el mercado cambiario local.
El relato del “logro extraordinario” choca con la experiencia cotidiana de los hogares. Durante 2025 no se verificó una baja generalizada de precios, sino una recomposición claramente regresiva. Los alquileres y gastos conexos encabezaron las subas, con un aumento acumulado del 70,3%, más del doble de la inflación general. La desregulación y la escasez de oferta transformaron el acceso a la vivienda en un privilegio: hoy, el 25% de los inquilinos destina entre el 60% y el 100% de su salario al alquiler.
La educación privada acumuló un incremento del 52,2%, profundizando el castigo sobre las familias que recurren a ella como refugio frente al deterioro del sistema público. Los servicios regulados y los alimentos, pilares del consumo popular, también crecieron por encima del promedio. La carne vacuna, por ejemplo, registra aumentos interanuales de entre el 60% y el 72%.
Nada de esto es casual. Es el resultado de una estrategia que primero contuvo artificialmente precios clave por motivos electorales y luego los liberó de forma abrupta. A la par, el ancla salarial terminó de cerrar el esquema. Mientras los precios de los bienes esenciales se dispararon, los ingresos se contrajeron con fuerza. Distintos informes señalan que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió más del 30% de su poder de compra desde diciembre de 2023 hasta fines de 2025, cuando se ubicó en torno a los 322.000 pesos. Las estimaciones van del 31,4% al 35%. Los salarios públicos nacionales cayeron un 32,6% y gran parte de las paritarias privadas también cerraron a la baja, con pérdidas reales de hasta el 7% en el primer trimestre de 2025.
El mecanismo es transparente: una devaluación inicial que licuó los ingresos, seguida por una contención salarial efectiva. En ese esquema, la desaceleración inflacionaria existe, pero su costo social también. Y es allí donde el “logro extraordinario” deja de ser una verdad indiscutible para convertirse en una afirmación profundamente discutible.
Los datos son demoledores para el relato libertario. Pasada ya la mitad del mandato, Milei no genera ni riqueza ni empleo. Y tampoco logra contener la inflación, que desde mayo del año pasado, entró en una tendencia alcista que no parece encontrar techo. Los convencidos eluden la discusión y apelan a la herencia recibida -como la resaca kirchnerista hacía con Macri- o prefieren hablar de otros temas menos comprometedores. Uno de los temas favoritos es buscar otros culpables. Los apuntados son los gobernadores o las provincias que “no hacen el ajuste” y gastan la “riqueza” de la Nación. O no se suman al festival desregulador.
Nuevamente, los datos contrastan con el relato. Las cuentas de las provincias están mucho más ordenadas que las de la Nación y algunas destacan por una administración austera y equilibrada.
Las cuentas de Misiones estuvieron esta semana en debate, con las tácticas incendiarias del ex tenista Diego Hartfield, torpemente rebatidas por los interlocutores del oficialismo. El libertario tiene la ventaja de jugar sin presiones ni responsabilidad de gestión. En esas ligas, la ignorancia puede ser una virtud.
Misiones exhibe uno de los mejores resultados en materia de equilibrio económico, pese a que fue una de las únicas seis provincias que registró una caída de sus ingresos totales, que en su caso fue del 0,2%. Esta baja respondió, en primer lugar, a una menor recaudación: los ingresos tributarios descendieron 0,8%, traccionados por los de origen provincial, que retrocedieron 4,8%.
Los únicos conceptos que mostraron incrementos fueron las Contribuciones a la Seguridad Social (12,8%) y las Transferencias de Capital (194,4%), aunque en este último caso cabe señalar que representan apenas el 0,1% de los ingresos totales.
La caída de los ingresos obligó, necesariamente, a un rediseño del gasto, que se reflejó con claridad en el período analizado. El gasto total provincial se incrementó apenas 0,5% en términos reales, lo que posicionó a Misiones como la provincia con la menor suba de erogaciones de todo el país. Este resultado, en una mirada superficial, podría dar lugar a lecturas simplistas en clave de “ajuste”, pero un análisis más fino muestra una dinámica diferente.
Los dos componentes más sensibles del gasto escaparon a la tendencia general y exhibieron aumentos significativos: el gasto en personal creció 14,2% y las prestaciones de la seguridad social lo hizo en 23,2%.
La contención del gasto no se apoyó en recortes sobre áreas particularmente delicadas como la salarial o la previsional. Además, tampoco se descuidó el impulso al desarrollo: si bien se trata de volúmenes relativamente menores en comparación con otros motores del gasto, las transferencias de capital al sector privado crecieron 91,8% y al sector público 257%. A esto se sumó un aumento del 15,6% en la inversión financiera, destacándose que una porción relevante de este rubro se destinó al otorgamiento de créditos para la producción.
En sentido contrario, los mayores recortes se concentraron en los Servicios no Personales (un rubro usualmente asociado al denominado “gasto político”), que cayeron 3,0%, y en las Transferencias Corrientes, con una baja del 12,6%. El gasto en intereses de la deuda, por su parte, aumentó 42,7% debido a pagos a organismos internacionales y al Gobierno nacional, entre otros conceptos, aunque con la particularidad de que, pese a su crecimiento, la deuda mantiene un peso casi marginal dentro del gasto provincial (apenas 0,3%). En cuanto al gasto de capital, la inversión real directa se redujo 35%, aunque esta caída fue parcialmente compensada por el mayor dinamismo de las transferencias al sector privado y del crédito productivo.
Con ingresos cayendo 0,2% interanual y gastos creciendo solo 0,5%, el resultado fiscal de Misiones no se vio comprometido. La provincia registró un superávit primario superior a los 90 mil millones de pesos y un superávit financiero cercano a los 83 mil millones, destaca Alejandro Pegoraro en su columna de este domingo en Economis.
Misiones no gasta tanto y cuida el equilibrio, aún con menores ingresos. Prioriza sostener la actividad económica -es una obsesión de Hugo Passalacqua- y acelera cuando hay que acelerar.
El Gobernador sorprendió con una de las decisiones fiscales más relevantes de los últimos años para el sector energético: la reducción drástica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la venta mayorista de combustibles, que pasará a tributar 1%, cuando estaba alcanzada por una alícuota del 4,5%. La medida implica una baja superior al 75% de la carga impositiva y busca equiparar el tratamiento tributario del combustible al de la actividad industrial. Tendrá un fuerte impacto en los costos operativos de empresas y también en la logística.
Hasta ahora, la comercialización mayorista de combustibles estaba gravada como una actividad comercial, lo que generaba una distorsión impositiva en una cadena de valor estratégica para toda la economía. El nuevo esquema reconoce su rol productivo y logístico, y lo alinea al tratamiento que reciben las actividades industriales, reduciendo de manera significativa el costo fiscal que enfrentan los operadores del sector.
La resolución establece con claridad que la venta mayorista de combustibles para reventa comprendidos en la Ley Nacional 23.966 pasará a tributar una alícuota del 1%, mientras que la venta mayorista general de combustibles y lubricantes continuará gravada al 4,5% . De este modo, se diferencia explícitamente al eslabón que abastece al mercado interno y a las estaciones de servicio.
El propio texto oficial fundamenta la medida en la necesidad de “evitar distorsiones impositivas, fortalecer la competitividad del sector y promover condiciones equitativas que favorezcan la inversión y el sostenimiento de la actividad económica en la Provincia” . En términos prácticos, esto significa crear un entorno más favorable para que las empresas que importan, almacenan y distribuyen combustibles puedan operar con mayor previsibilidad y menores costos.
La política fiscal es una herramienta y no un dogma. No será la única medida. Passalacqua y el equipo económico trabajan constantemente sobre lo impositivo. “Acomodando lo que se pueda, con la máxima creatividad posible, realismo del contribuyente y sin dañar el equilibrio fiscal”, explica Passalacqua.
La preocupación principal es cuidar el empleo, que en este escenario se convierte en una tarea titánica, ya que en paralelo, los recursos son cada vez más escasos. La situación amerita incluso refuerzos en áreas sensibles, como el ministerio de Trabajo, que enfrenta una demencial tensión entre quiebras, despidos -muchísimos-, y conciliaciones.
El equilibrio que sostiene Misiones adquiere otro cariz cuando se pone la caída de ingresos en la balanza. La recaudación de diciembre fue menor a la de enero de 2024 y con una inflación del 31 por ciento. Malabarismo.
