Misiones presenta un amparo ante la Corte Suprema por la suspensión de pensiones por invalidez
El gobernador Hugo Passalacqua, anunció que instruyó al fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, a promover una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, medida que afecta a miles de misioneros desde marzo de 2025.
La presentación judicial se formalizó bajo el expediente N° 2128/2025, caratulado “Misiones, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”, que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Juicios Originarios.
Según se desprende del escrito presentado por la Fiscalía de Estado y sus representantes legales -los procuradores fiscales José Sebastián Santiago Delgado y Christian Horacio Lampugnani-, la demanda solicita al máximo tribunal:
- El inmediato restablecimiento del pago de las pensiones y beneficios suspendidos por la ANDIS.
- La cancelación de los retroactivos adeudados a los beneficiarios desde marzo de 2025.
- La nulidad de las auditorías realizadas en la provincia, que fueron denunciadas como irregulares por carecer de validez legal, ya que no contaban con médicos ni documentos oficiales que formalicen los controles, realizados en lugares inapropiados.
- La adopción de medidas cautelares innovadoras, que garanticen la continuidad de las prestaciones y aseguren la transparencia de los procesos administrativos.
Defensa de los derechos
Passalacqua remarcó que la acción busca proteger la dignidad de las personas con discapacidad, quienes resultaron afectadas por la decisión del gobierno nacional. “He instruido al fiscal de Estado a promover esta acción de amparo en defensa de los derechos de los misioneros más vulnerables”, expresó el mandatario provincial en su mensaje.
La Provincia sostiene que la suspensión de las pensiones constituye un acto ilegítimo y arbitrario que vulnera garantías constitucionales y compromete la subsistencia de miles de familias, que además fueron obligadas a recurrir a controles en lugares no apropiados y sin profesionales a cargo de la situación. Según trascendió, una de las que organizó los operativos y el desembarco de los jóvenes libertarios que “asistieron” en los controles fue Samantha Stekler, la delegada del PAMI local y flamante diputada provincial electa por la Libertad Avanza. La funcionaria forma parte del tridente violeta en Misiones, junto a Adrián Núñez y el ex tenista Diego Hartfield, que ahora se postula a diputado nacional.
En el operativo realizado en San Ignacio, el cardiólogo Leandro Peñaloza denunció que falsificaron su firma para renovar pensiones por discapacidad. La constancia advertía que el beneficiario debía presentar documentación adicional en un plazo de 30 días mediante TAD, ANSES o Centros de ANDIS, aunque en Misiones la agencia carece de oficinas propias.
Después, el operativo en 25 de Mayo terminó en otro escándalo, cuando los militantes libertarios intentaron frenar el trabajo periodístico que estaba reflejando las pésimas condiciones a las que fueron sometidos los misioneros que fueron a renovar sus certificados. Ante la sucesión de escándalos, Stekler canceló reservas en un hotel de Bernardo de Irigoyen, donde se iba a realizar un nuevo operativo.
El escrito judicial ordenado por Passalacqua enfatiza que el Fiscal de Estado de Misiones tiene la atribución constitucional de defender el patrimonio e intereses de la Provincia, tal como lo establece el artículo 128 de la Constitución provincial y la Ley I N° 18 (antes Ley 456), Orgánica de la Fiscalía de Estado.
En ese marco, Duarte y los procuradores fiscales actuarán en representación de Misiones “en forma conjunta, indistinta o separadamente” en el proceso que ahora se abre en el máximo tribunal del país.
