PENSIONES

Auditoría de la ANDIS: detectan fraudes y eliminan miles de pensiones no contributivas por invalidez

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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lleva adelante un proceso de auditoría integral sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Hasta el momento, se suspendieron o dieron de baja más de 80 mil beneficios, generando un ahorro fiscal superior a los $23.000 millones mensuales. El Gobierno estima que las bajas podrían superar las 250.000.

Revisión masiva: el 60% no se presentó a la auditoría médica

En el marco del reordenamiento del sistema previsional impulsado por el Ministerio de Salud, el gobierno nacional intensificó los controles sobre el universo de más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Según datos oficiales, un 60% de los beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria.

A partir de la auditoría, se suspendieron 65.230 pensiones por irregularidades, 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio y 6.643 casos fueron dados de baja al detectarse que los titulares habían fallecido, aunque el beneficio seguía siendo cobrado.

Ahorro millonario para el Estado

La suma de bajas y suspensiones representa 80.080 beneficios menos, lo que equivale a un ahorro mensual de $23.143 millones, considerando los $289.000 promedio que recibía cada beneficiario (70% de la jubilación mínima más un bono de $70.000).

Desde ANDIS aseguran que este proceso “permitirá redirigir los recursos a quienes realmente lo necesitan” y que se está trabajando para garantizar mayor transparencia y equidad en la asignación de prestaciones.

Cómo funciona la auditoría

La revisión se lleva a cabo con profesionales médicos del PAMI y de la Agencia Nacional de Discapacidad. Cada beneficiario recibe una carta documento con lugar y fecha para presentarse a una evaluación médica. Si no responde, se reitera el aviso y, ante una segunda inasistencia, se suspende el pago.

El beneficiario aún puede comunicarse con la ANDIS y acordar una revisión. De no hacerlo, la baja pasa a ser definitiva. En la cita se exige presentar DNI, certificado de discapacidad (CUD) y documentación médica.

Casos irregulares y sospechas de uso político

Según el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, durante los gobiernos kirchneristas las pensiones “fueron utilizadas con fines políticos y otorgadas sin rigurosidad médica”. Entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez pasaron de 80.000 a 1.050.000, y bajo la presidencia de Alberto Fernández llegaron a 1.250.000.

El funcionario denunció casos como:

  • Personas con diagnósticos falsos (amputaciones inexistentes, radiografías repetidas).
  • Una misma radiografía utilizada en 150 expedientes.
  • Internos y prófugos que seguían cobrando pensiones.
  • Personas que se hacían pasar por otros.
  • Presuntos beneficiarios residentes en el exterior.

“Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral”, sostuvo Spagnuolo en declaraciones a Infobae.

Nuevo marco legal: Decreto 842/2024

En abril, el Gobierno publicó el Decreto 842/2024, que reformula el régimen de Pensiones No Contributivas. Entre los cambios clave:

  • Creación del Cuerpo Médico Evaluador.
  • Reinscripción obligatoria y declaración jurada actualizada.
  • Revisión de incompatibilidades con ingresos o beneficios paralelos.
  • Intercambio de información con ANSES, AFIP, PAMI y Justicia.
  • Suspensión cautelar de beneficios ante sospechas fundadas.

A la fecha, se identificaron:

  • 212 internos en prisión y 331 prófugos cobrando pensiones.
  • Casos con hasta cuatro diagnósticos distintos para un mismo solicitante.
  • Personas que reconocieron haber sido “respaldadas” por estructuras políticas como el Movimiento Evita.

El Gobierno de Javier Milei considera esta auditoría una pieza clave para avanzar hacia un esquema previsional más justo y transparente. Si bien se anticipan más suspensiones y bajas, las autoridades aseguran que no se afectará a quienes cumplan con los requisitos médicos y legales vigentes.

La revisión continuará durante el segundo semestre de 2025 y podría superar las 250.000 bajas totales, redefiniendo no solo el mapa de las transferencias sociales, sino también las prioridades fiscales de un Estado que busca achicar el gasto, sin desatender la verdadera vulnerabilidad.

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El Gobierno ajusta el acceso a pensiones no contributivas: ¿quiénes perderán los beneficios?

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El Gobierno modificó los requisitos para mantener las pensiones no contributivas o las asignaciones de la ANSES. Para fortalecer los controles, el Ejecutivo reguló el requisito de residencia en el país para acceder al beneficio y fijó que quienes incumplan la normativa serán suspendidos del sistema

El Gobierno nacional modificó los requisitos para mantener las pensiones no contributivas o las asignaciones que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de fortalecer los controles respecto a las prestaciones.

La medida se hizo oficial mediante la publicación de la resolución 918/2024, que regula el requisito de residencia en el país para la obtención y/o percepción de algunos de estos beneficios. En ese sentido, plantea que “la persona titular o generadora de derecho, según corresponda, no cumple con dicho requisito cuando se haya ausentado del territorio de la República Argentina por un período superior al de 90 días corridos”.

De esta manera, para verificar el cumplimiento del requisito de residencia, la normativa indica que “se utilizará la información obrante en las distintas bases de datos de la ANSES y aquella remitida por la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de los convenios vigentes entre ambos organismos”.

“Verificado el incumplimiento del requisito de residencia, se procederá a la suspensión del beneficio, hasta tanto la persona titular solicite la activación del mismo y se demuestre fehacientemente que se encuentra nuevamente residiendo en el país, excepto cuando se trate de prestaciones respecto de las cuales, dicho incumplimiento, implique la pérdida de derecho, en cuyo caso se procederá a la baja de las mismas”, dispone la normativa.

Lo mismo sucederá para quienes cobren la bonificación por zona austral, por lo que aclara que, una vez que se verifique el incumplimiento del requisito de residencia de zona austral se procederá a la baja de la bonificación, “debiendo ser solicitada y probado el derecho a la misma para ser abonada nuevamente”.

En el considerando de la norma, el Ejecutivo alega que “si bien algunas de estas prestaciones establecen, en sus normas reglamentarias y aclaratorias, un lapso específico para determinar el cumplimiento de dicha exigencia, en aquellas en donde no se prescribe el mismo, deviene necesario disponer un plazo razonable que se adecue con el requisito de residencia en el país, cuando se produzca la ausencia del territorio de la República Argentina”.

Quienes incumplan con el requisito quedarán suspendidos del sistema (ANCCOM). Para esto, la ANSES “deberá implementar sistemas administrativos y contables que permitan un adecuado control de la gestión económico-financiera y prestacional, debiendo presentar, anualmente al Poder Ejecutivo Nacional para su aprobación, su memoria y estado contable”.

Esta decisión se da en el marco de un proceso de fiscalización y auditoría de las asignaciones y prestaciones de la seguridad social que se pagan a través de ANSES. De hecho, hace tan solo un mes, el Ejecutivo estableció límites para acceder la pensión por invalidez laboral luego de que Infobae diera a conocer el resultado de las auditorías internas, que revelaron había beneficiarios que vivían en el exterior, habían fallecido o trabajaban en municipios.

Los primeros resultados de una auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, arrojaron la existencia de “inconsistencias alarmantes”. Por ejemplo, el 57% de este tipo de pensiones otorgadas en CABA por el gobierno anterior son “truchas”. En la ciudad balnearia, ese porcentaje subió al 80%.

Según el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la auditoría llevada adelante por su área, y que fue ordenada por Javier Milei, revela un “escandaloso negocio con la discapacidad” que “representaría un desvío de fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”. “Hay beneficiarios fallecidos, que viven en el exterior, como en Grecia, o vinculados a movimientos sociales como el Evita”, precisó a este medio.

Desde la Casa Rosada explicaron: “Estas modificaciones, con fines de utilizarlo como clientelismo político, resultaron en desvío de fondos del Estado vulnerando los derechos de las personas destinadas a esta ayuda” y argumentaron que “la nueva normativa busca corregir estos desvíos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones”.

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Anses oficializa los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones a partir de junio

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos montos de las jubilaciones y asignaciones familiares y universales por hijo y embarazo a partir de junio, en cumplimiento de los ajustes trimestrales establecidos en la ley de Movilidad Previsional.

Los valores se especificaron en las resoluciones 133/2022 y 135/2022, publicadas hoy en el Boletín Oficial y que completan a la 128 dada a conocer el 19 de mayo, en la que se había confirmado el incremento general del 15% de todos los haberes previsionales para el trimestre junio-agosto.

La resolución 133/2022 estableció un haber mínimo garantizado de $ 37.524,96 y uno máximo de $ 252.507,44, en tanto las bases imponibles mínima y máxima pasarán a ser de $ 12.638,40 y $ 410.742,03, respectivamente.

La Prestación Básica Universal (PBU) aplicable a partir de junio será de $ 17.165,96 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $ 30.019,97.

En siete anexos de la resolución 135/2022 se detallan los nuevos montos de una serie de asignaciones.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la ley de Riesgos del Trabajo, titulares de Prestación por Desempleo, Familiares de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y comprendidos en el decreto 514/21 (contratados bajo modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo), la asignación por nacimiento quedo en $ 8.547; por adopción en $ 51.119 y por matrimonio en $ 12.800.

El rango de valores para las asignaciones por hijo y prenatal estará entre $ 1.540 y $ 7.332, llegando a $ 15.814 en zonas especiales, para hijos con discapacidad se partirá de un mínimo de $ 10.661 a un máximo de $ 23.881 como valor general y hasta $ 47.704 en Santa Cruz y Tierra del Fuego, en tanto la ayuda escolar anual será de $ 6.145 como valor general y $ 12.253 en las Zonas III y IV.

Para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la asignación por cónyuge para salarios de hasta $ 316.731 será de $ 1.777 como valor general y de $ 3.528 para la Zona 1 (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones).

La asignación por hijo, según el nivel salarial, se ubicará entre $ 1.540 y $ 7.332 y por hijo con discapacidad entre $ 10.661 y $ 23.881, en tanto la ayuda escolar anual por hijo y por hijo con discapacidad será de $ 6.145.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo quedará en $ 7.332 ($ 9.532 para la Zona 1), por Hijo con Discapacidad en $ 23.881 ($ 31.046) y la ayuda escolar anual por hijo y por hijo con discapacidad en $ 6.145.

Los mismos valores corresponderán a las asignaciones familiares para monotributistas de las categorías A, B y C, con montos decrecientes para las categorías superiores.

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Hospital Escuela: Informan a pacientes cómo iniciar el trámite para Pensión No Contributiva por discapacidad

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Ante las consultas de pacientes del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” para iniciar el trámite de la Pensión No Contributiva por Discapacidad, detallan los pasos a seguir, en el mencionado Centro Asistencial, en la ANSES y en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En este contexto, la licenciada Sandra Broz, del Departamento de Servicio Social del Hospital Escuela, precisó que podrán iniciar el trámite las personas que acrediten una disminución de 76% o más de la capacidad laboral y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Los mismos, deberán contar con una historia clínica actualizada.

El primer paso es sacar un turno en la ANSES, a través de un celular o computadora con internet para iniciar el trámite de Pensión No Contributiva por Discapacidad, a través del link https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-por-invalidez. La ANSES le dará el alta al trámite y se le otorgará un número de expediente.

Con este dato, el paciente debe acercarse al Hospital Escuela o a la institución donde se atiende regularmente y donde se encuentra su historia clínica actualizada. En el primer caso, deberá acercarse a la Admisión Central sacar un turno con Servicio Social, para iniciar el Certificado Médico Oficial (CMO). “En este lugar se llevará adelante una primera evaluación, se observará si tiene su historia clínica actualizada y otros requisitos que nos pide la Ley para iniciar el trámite”, indicó Broz.

El tercer paso, al que se refirió la profesional, es para la junta médica: “Servicio Social derivará al paciente a la Admisión Central para que este solicite un turno con la junta médica del hospital, donde el paciente será evaluado por médico laboral o algún especialista. En esta oportunidad, el médico va a cargar de manera digital el CMO en la plataforma de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quienes evaluarán si corresponde esa pensión”.

Asimismo, mencionó que una vez que se realizó la carga, se espera un mínimo de 30 días, el paciente deberá consultar en la ANDIS, a través del correo: consultatupension@andis.gob.ar whatsApp: (011) 1124770975, (011) 1124784746 o al 0800-555-3472.

Finalmente, comentó lo importante es que el paciente no vuelva a ANSES porque no tienen los datos del CMO.

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Aumentan jubilaciones 11,8% en marzo y 10,8% en junio: cuánto será el haber mínimo

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El incremento que alcanzará también a jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo será del 23,9% anual
En marzo los 17,8 millones de jubilados, pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social cobrarán sus haberes con un aumento del 11,83 por ciento y en junio tendrán una nueva suba del 10,8 por ciento.
Es decir, que se estima que la suma de ambos incrementos -23,9%- será mayor a la inflación del primer semestre que se espera según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) medida por el Banco Central.
Así los jubilados y demás beneficiarios recuperarían parte de la pérdida del año pasado. Por ejemplo, habría un recupero de unos 8 puntos si la suba semestral de los precios se ubicara en el 16 por ciento.
Con estos aumentos, el haber mínimo de $9.309,10, subirá en marzo a $10.410 y en junio ascenderá a 11.534 pesos.
Este nuevo dato del 10,8% –que se conoce con 5 meses de anticipación– surge tras la difusión oficial de la evolución de los salarios formales a diciembre pasado, según el indice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Y ya era conocida la inflación de octubre, noviembre y diciembre, cuarto trimestre de 2018.
La combinación de esos dos datos se toman en cuenta para calcular los aumentos de junio, julio y agosto, según la nueva fórmula de movilidad aprobada en diciembre de 2017.
En el cuarto trimestre, la inflación sumó 11,6% y ahora se conoce que el índice salarial RIPTE fue del 8,9%. Así los salarios subieron menos que la inflación y los jubilados recibirán menos -2,7 puntos- que la inflación del cuarto trimestre del año pasado, explica el diario Clarín.
La fórmula de movilidad contempla el 70% de la variación trimestral registrada por el IPC y 30% de la evolución en igual período del RIPTE. En este caso, el 70% de 11,6 es 8,12% y el 30% de 8,9 de los precios es 2,67 %. La suma es 10,79% también por debajo de la inflación del cuarto trimestre.
Los datos de 2018 arrojan que las jubilaciones y demás prestaciones tuvieron un incremento de 28,46% frente a una inflación del 47,6%. Una pérdida de 19,1 puntos o del 13%. Con relación a septiembre de 2017, con el cambio de fórmula, la pérdida fue de 30 puntos porque el Gobierno se “salteó” el primer aumento que debió aplicarse en enero de 2018.
Según ANSES, la “movilidad” engloba a más de 17,8 millones de personas:, 6,9 millones son jubilaciones y pensiones, 1,7 millón de Pensiones No Contributivas y Pensiones Universales para el Adulto Mayor y alrededor de 9,2 millones de asignaciones por hijo.

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