PENSIONES

El Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados con haberes mínimos

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El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre.

El beneficio alcanzará a titulares de haberes contributivos, no contributivos y PUAM. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los sectores de menores ingresos durante la vigencia de la anterior fórmula de movilidad.

Un refuerzo para los haberes más bajos en noviembre

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través del Decreto 771/2025, el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado por única vez en el mes de noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como finalidad compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos, afectado por el desfase de la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley N° 27.609.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El bono será liquidado por titular y tendrá un carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para ningún otro concepto. En el caso de pensiones compartidas, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, el beneficio se considerará como un único pago.

Quiénes lo cobrarán y en qué condiciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del decreto, el Bono Extraordinario Previsional alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos a la Nación.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Ley N° 27.260).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más, y pensiones graciables administradas por ANSES.

El monto total a percibir dependerá del nivel de ingresos del beneficiario:

  • Quienes perciban un haber igual o menor al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.
  • Aquellos que superen el haber mínimo obtendrán un monto variable, que ajustará su ingreso total hasta el equivalente al haber mínimo más el bono máximo establecido.

En todos los casos, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación.

Compensación por los efectos de la fórmula anterior

El decreto fundamenta la medida en la necesidad de reparar los efectos adversos que generó la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley N° 27.609, en vigencia desde marzo de 2021, la cual —según el texto oficial— “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los haberes de los adultos mayores”, al no contemplar la variación de los precios y presentar un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.

En ese contexto, el Gobierno recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos compensatorios mensuales para mitigar el impacto en los sectores previsionales más vulnerables. La política se complementó con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto N° 274/2024, que dispuso la actualización mensual de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, a partir de julio de 2024.

Con este nuevo bono, el Ejecutivo busca sostener el poder de compra de jubilaciones y pensiones, manteniendo la pauta de asistencia transitoria a los haberes más bajos mientras se consolida el esquema de movilidad ajustado a la inflación.

Implementación y financiamiento

El decreto faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, liquidación y control del bono, así como para la recuperación de percepciones indebidas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida, cuyo costo fiscal se enmarca dentro de las partidas previsionales vigentes.

El beneficio entrará en vigencia a partir del mismo día de su dictado, es decir, el 27 de octubre de 2025.

Políticas de refuerzo

El Bono Extraordinario Previsional de $70.000 se suma a las políticas de refuerzo que el Gobierno viene aplicando desde 2024 para atenuar los efectos de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. En un contexto de alta sensibilidad social y ajuste fiscal, la medida apunta a preservar la capacidad de consumo de un sector que concentra más del 40% de los beneficiarios del sistema previsional nacional.

Si bien el decreto no establece nuevas fórmulas de cálculo, su implementación ratifica la continuidad del esquema de compensaciones directas como herramienta de contención económica, mientras se consolida la actualización automática por inflación dispuesta en 2024.

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El sistema previsional argentino obtiene una calificación “D”, según Mercer-CFA Institute

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El informe Mercer-CFA Institute advierte sobre la falta de sostenibilidad y transparencia del sistema previsional argentino, y plantea reformas estructurales urgentes.

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 volvió a ubicar a la Argentina en una posición crítica dentro del ranking internacional de sostenibilidad previsional. Con un puntaje total de 45,9 puntos y una calificación D, el país ocupa el penúltimo lugar entre 52 sistemas evaluados, solo por encima de India.

Según el informe —presentado el 15 de octubre de 2025 por Mercer y el CFA Institute— el sistema argentino continúa mostrando “desafíos estructurales persistentes”, especialmente en los componentes de sostenibilidad (E) e integridad (D), mientras que en adecuación logró una leve mejora (C+), impulsada por una recuperación marginal del poder adquisitivo tras el repunte económico del primer semestre del año.

“Para avanzar, es esencial implementar reformas que fortalezcan la formalización laboral, protejan el poder adquisitivo de los jubilados y mejoren la transparencia y eficiencia del sistema”, advirtió Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

El informe advierte que Argentina comparte su calificación con países como Turquía, India y Filipinas, todos con sistemas fragmentados, alta informalidad y baja cobertura previsional.

Reformas regionales y comparación internacional

El ranking —que mide la adecuación, sostenibilidad e integridad de los sistemas jubilatorios— está encabezado por los Países Bajos (85,4), Islandia (84,0), Dinamarca (82,3) e Israel (80,3), todos con calificación A. Este año se incorporó Singapur al grupo de los países con mejor desempeño, convirtiéndose en el primero de Asia en alcanzar esa categoría.

En el otro extremo, Argentina (45,9), India (43,8), Turquía (48,2) y Filipinas (47,1) mantienen los puntajes más bajos del índice, lo que refleja una debilidad estructural común: baja sustentabilidad financiera y falta de confianza pública en la administración de los fondos previsionales.

“En Latinoamérica hay un creciente interés por fortalecer los sistemas de pensiones, evidenciado en las reformas implementadas o en revisión en países como México, Chile, Colombia y Uruguay”, destacó Leonardo Lara, Wealth Líder de Mercer para la región. Según explicó, estos países están aumentando las contribuciones obligatorias y mejorando las estrategias de inversión para “garantizar una jubilación digna y suficiente”.

El informe también subraya que ocho sistemas mejoraron su calificación respecto de 2024 y ninguno la redujo, lo que sugiere que la mayoría de los países está reforzando sus marcos regulatorios y estrategias de sostenibilidad ante el envejecimiento poblacional.

Argentina frente al desafío de la sostenibilidad previsional

El estudio sostiene que la principal debilidad del sistema argentino es la falta de sostenibilidad fiscal y financiera: la proporción entre aportantes activos y beneficiarios continúa cayendo, mientras el gasto previsional representa uno de los componentes más altos del presupuesto nacional.

“Se necesitan reformas estructurales que simplifiquen los regímenes de aportes, amplíen la cobertura a los trabajadores autónomos e informales, y garanticen transparencia en la gestión de los fondos”, señala el informe.

La situación es crítica: Argentina obtiene 31,3 puntos en sostenibilidad, muy por debajo del promedio global de 60, y solo 42,4 puntos en integridad, indicador que evalúa la solidez institucional, la regulación y la confianza pública.

Por contraste, países como Chile (76,6 puntos, calificación B+) y Uruguay (71,1 puntos, calificación B) lograron avances significativos, impulsados por reformas recientes orientadas a fortalecer los fondos individuales y promover la inversión en activos locales de largo plazo.

Implicancias políticas y económicas

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 advierte que el deterioro de los sistemas previsionales puede tener implicancias sociales profundas: “A medida que las personas viven más tiempo y las tasas de natalidad continúan cayendo, la provisión de ingresos adecuados para la jubilación se vuelve una prioridad estratégica”, indica el documento.

En este contexto, los autores recomiendan a los gobiernos equilibrar las necesidades de los jubilados con los intereses nacionales, evitando el uso de los fondos previsionales con fines políticos o de corto plazo. “Los sistemas de pensiones con menos restricciones tienden a tener mejor desempeño. En lugar de imponer mandatos, los gobiernos deben promover la transparencia, la gobernanza sólida y la colaboración con el sector privado”, explicó Tim Jenkins, socio de Mercer y autor principal del informe.

Argentina, señalan los especialistas, enfrenta el reto de reconstruir la confianza pública en su sistema previsional, garantizar reglas estables y generar incentivos que promuevan el ahorro de largo plazo.

PDF Global Pension Index MER GLOBAL by CristianMilciades

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Reclamo en la Legislatura: piden investigar a diputadas del Frente PAYS por cobro de pensiones

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La Cámara de Diputados de Misiones recibió una presentación formal en la que se pide investigar a dos legisladoras del Frente PAYS, acusadas de haber cobrado pensiones por discapacidad mientras desempeñaban tareas políticas. La solicitud fue elevada por la abogada y candidata a diputada nacional Micaela Soledad Gacek, quien planteó la necesidad de esclarecer posibles irregularidades que generan alarma social y cuestionamientos sobre la transparencia institucional.

El escrito, dirigido al presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, lleva la firma de Micaela Soledad Gacek, abogada, funcionaria del Ministerio de Coordinación General de Gabinete y actual candidata a diputada nacional. En el documento, fechado el 15 de septiembre de 2025, Gacek expresa su “profunda preocupación –y la de una amplia porción de la ciudadanía misionera–” por la situación de la diputada provincial Blanca Alvez y de la diputada electa Elisa Goring, quienes habrían percibido pensiones no contributivas por discapacidad al mismo tiempo que desarrollaban actividades políticas.

La presentación sostiene que el caso reviste gravedad porque se enmarca en un debate nacional sobre la legalidad y la transparencia en la asignación de pensiones por discapacidad. Según el planteo, la utilización indebida de beneficios destinados a sectores vulnerables no solo supone un agravio ético, sino que además encuadra en el delito de fraude contra la administración pública, contemplado en el Código Penal.

En su solicitud, Gacek insta al cuerpo legislativo a que evalúe tres aspectos centrales:

  1. La naturaleza y grado de discapacidad que justificó la asignación del beneficio.
  2. La compatibilidad entre la percepción de la prestación y las actividades políticas y electorales de las legisladoras mencionadas.
  3. La existencia de irregularidades administrativas o delitos que pudieran derivarse de la situación.

Al mismo tiempo, la funcionaria remarcó su apoyo a las personas con discapacidad y reiteró que seguirá trabajando por la protección y promoción de sus derechos. “La utilización indebida de beneficios sociales constituye un agravio ético y penal, que erosiona la confianza en las instituciones”, subrayó en la nota, apuntando a la necesidad de credibilidad institucional que atraviesa a todas las fuerzas en un escenario marcado por la desconfianza ciudadana.

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Escándalo en el Pays: pensiones por discapacidad involucran a la familia Goring y salpican a Cacho Bárbaro

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Un nuevo escándalo sacude al Partido Agrario y Social (PAyS) y compromete directamente a su líder, Héctor “Cacho” Bárbaro. Patricia Goring, hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring -uno de los principales delfines políticos de Bárbaro- aparece registrada como beneficiaria de una pensión por discapacidad, mientras que su madre, Elisa Goring -diputada provincial electa y esposa del intendente- también percibió un beneficio por invalidez hasta marzo de este año, cuando según trascendidos trabajaba en el municipio.

El caso no solo desnuda un entramado partidario sostenido con beneficios sociales, sino que deja al descubierto un patrón repetido dentro del armado político de Bárbaro. La situación abre un interrogante inevitable: ¿cómo es posible que dirigentes que hoy ocupan bancas legislativas hayan cobrado durante años un beneficio destinado a personas con verdaderas discapacidades?

Lo que se observa es un patrón claro: clientelismo, acomodos políticos y beneficios gestionados en las oficinas que Cacho Bárbaro supo manejar en Nación. 

Pensiones, planes sociales y ayudas que terminaron en manos de familiares, allegados y militantes, mientras miles de ciudadanos esperan durante meses o incluso años para obtener un beneficio legítimo.

Cali Goring, operador territorial clave de Bárbaro, habría utilizado su cercanía con el líder del PAyS para garantizar privilegios a su círculo más cercano, consolidando un esquema que favorece a familiares y allegados mientras miles de familias con hijos discapacitados esperan por un derecho que nunca llega o, peor aún, lo perdieron, con el paso de la motosierra del presidente Javier Milei

El caso Goring, evidencia cómo el aparato político del PAyS ha operado como un circuito de acomodos y clientelismo, donde las pensiones y ayudas sociales se convierten en herramientas para consolidar la fidelidad interna en lugar de garantizar derechos reales. 

Mientras tanto, el contraste entre el relato de honestidad y compromiso social del PAyS y las prácticas de sus principales dirigentes expone el momento más crítico de la conducción de Cacho Bárbaro en Misiones y deja en evidencia un modus operandi que se repite: privilegios para los de adentro, abandono para quienes más lo necesitan.

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Misiones presenta un amparo ante la Corte Suprema por la suspensión de pensiones por invalidez

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El gobernador Hugo Passalacqua, anunció que instruyó al fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, a promover una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, medida que afecta a miles de misioneros desde marzo de 2025.

La presentación judicial se formalizó bajo el expediente N° 2128/2025, caratulado “Misiones, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”, que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Juicios Originarios.

Según se desprende del escrito presentado por la Fiscalía de Estado y sus representantes legales -los procuradores fiscales José Sebastián Santiago Delgado y Christian Horacio Lampugnani-, la demanda solicita al máximo tribunal:

  • El inmediato restablecimiento del pago de las pensiones y beneficios suspendidos por la ANDIS.
  • La cancelación de los retroactivos adeudados a los beneficiarios desde marzo de 2025.
  • La nulidad de las auditorías realizadas en la provincia, que fueron denunciadas como irregulares por carecer de validez legal, ya que no contaban con médicos ni documentos oficiales que formalicen los controles, realizados en lugares inapropiados.
  • La adopción de medidas cautelares innovadoras, que garanticen la continuidad de las prestaciones y aseguren la transparencia de los procesos administrativos.

Defensa de los derechos

Passalacqua remarcó que la acción busca proteger la dignidad de las personas con discapacidad, quienes resultaron afectadas por la decisión del gobierno nacional. “He instruido al fiscal de Estado a promover esta acción de amparo en defensa de los derechos de los misioneros más vulnerables”, expresó el mandatario provincial en su mensaje.

La Provincia sostiene que la suspensión de las pensiones constituye un acto ilegítimo y arbitrario que vulnera garantías constitucionales y compromete la subsistencia de miles de familias, que además fueron obligadas a recurrir a controles en lugares no apropiados y sin profesionales a cargo de la situación. Según trascendió, una de las que organizó los operativos y el desembarco de los jóvenes libertarios que “asistieron” en los controles fue Samantha Stekler, la delegada del PAMI local y flamante diputada provincial electa por la Libertad Avanza. La funcionaria forma parte del tridente violeta en Misiones, junto a Adrián Núñez y el ex tenista Diego Hartfield, que ahora se postula a diputado nacional.

En el operativo realizado en San Ignacio, el cardiólogo Leandro Peñaloza denunció que falsificaron su firma para renovar pensiones por discapacidad. La constancia advertía que el beneficiario debía presentar documentación adicional en un plazo de 30 días mediante TAD, ANSES o Centros de ANDIS, aunque en Misiones la agencia carece de oficinas propias.

Después, el operativo en 25 de Mayo terminó en otro escándalo, cuando los militantes libertarios intentaron frenar el trabajo periodístico que estaba reflejando las pésimas condiciones a las que fueron sometidos los misioneros que fueron a renovar sus certificados. Ante la sucesión de escándalos, Stekler canceló reservas en un hotel de Bernardo de Irigoyen, donde se iba a realizar un nuevo operativo.

El escrito judicial ordenado por Passalacqua enfatiza que el Fiscal de Estado de Misiones tiene la atribución constitucional de defender el patrimonio e intereses de la Provincia, tal como lo establece el artículo 128 de la Constitución provincial y la Ley I N° 18 (antes Ley 456), Orgánica de la Fiscalía de Estado.

En ese marco, Duarte y los procuradores fiscales actuarán en representación de Misiones “en forma conjunta, indistinta o separadamente” en el proceso que ahora se abre en el máximo tribunal del país.

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