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Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable en la demanda por la expropiación de la petrolera

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La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes

La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.

“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Según la PTN, los demandantes pidieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el país podía esperar a la próxima apelación por el pedido de Buford Capital –el principal demandante de este extenso juicio– de quedarse con las acciones de la empresa, en septiembre, sin poner ninguna garantía.

La jueza Loretta Preska, quien condenó en primera instancia al país, ordenó la entrega de las acciones. Ese medida puntual será analizada por la Corte en septiembre y luego, en octubre, después de las elecciones legislativas, se analizará la apelación de “fondo”. O sea, si el fallo multimillonario de Preska es correcto o no.

Argentina ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en cada resolución negativa que tenga en este caso. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron en la PTN.

“Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”, destacó un vocero de Burford.

Parte de la estrategia de bufete de origen inglés consiste en intentar ejecutar la sentencia en múltiples jurisdicciones, incluyendo Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, además de Irlanda, con el objetivo de presionar a Argentina y aumentar las posibilidades de cobro.

De hecho, Burford presentó en EEUU, en el tribunal de Preska, en julio pasado, un documento con el detalle de todos los pedidos de “enforcement” y como, según cree, el país dilata y demora las presentaciones para seguir ganando tiempo. El documento se titula “Cronología de los retrasos de la República en los trámites de reconocimiento en el extranjero”.

Cerca de Burford están convencidos de que la justicia de Irlanda no analizó el fondo de la causa, sino los tiempos; y esto no significa que vaya a pasar en otras jurisdicciones lo mismo.

Desde Irlanda

El fallo de The High Court Commercial de Irlanda, que firmó la jueza Eileen Roberts, tiene 77 páginas y se había iniciado por medido de dos de los demandantes –Petersen y Eton Park– en abril del año pasado.

Roberts fundamentó su resolución en que ni la República Argentina ni YPF poseen bienes en Irlanda susceptibles de embargo, salvo activos diplomáticos y consulares que, por su naturaleza, están protegidos de cualquier acción judicial. Además, la magistrada destacó que no hay evidencia de que el Estado argentino vaya a tener activos en el país en el corto o mediano plazo, por lo que permitir la ejecución solo supondría un uso innecesario de recursos judiciales sin impacto real para las partes.

“Este procedimiento no tiene absolutamente ninguna conexión con Irlanda. Además, no estoy convencida de que permitir la ejecución de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”, dijo la magistrada irlandesa.

La resolución analizó en detalle la jurisprudencia local sobre reconocimiento de sentencias extranjeras y concluyó que, si bien no es requisito indispensable la existencia actual de activos, sí debe haber una expectativa realista de obtener un beneficio práctico. En este caso, la ausencia de bienes y la duplicidad de procedimientos en otras jurisdicciones llevaron al tribunal a descartar cualquier utilidad concreta de la acción en Irlanda. La jueza también valoró que los demandantes ya disponen de mecanismos de investigación y ejecución en Estados Unidos y otros países, por lo que replicar esos procesos en Irlanda resultaría redundante.

El fallo irlandés evitó pronunciarse sobre cuestiones de fondo como la inmunidad soberana del Estado argentino o la doctrina del acto de Estado, señalando que estos temas podrían ser debatidos en un eventual juicio de fondo, pero no resultaban determinantes en esta instancia procesal.

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Causa YPF: dos audiencias definirán el futuro del juicio millonario en Nueva York

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La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión, de carácter administrativo, abre paso a dos instancias judiciales claves: el análisis de las apelaciones presentadas por el Estado argentino y la audiencia oral del 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales, en la que los jueces escucharán en directo a las partes.

Con esta resolución, el paquete accionario estatal en YPF seguirá bajo custodia de la Caja de Valores, mientras se desarrollan los trámites de apelación, que podrían demorar hasta dos años en obtener un fallo definitivo.

El juicio por la expropiación de YPF se originó en 2012, cuando el Congreso argentino aprobó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de la petrolera en manos de Repsol. La medida, impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, consolidó el control estatal de la compañía pero dio origen a múltiples reclamos internacionales.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de la Argentina y fijó una indemnización de u$s16.099 millones más intereses a favor de los fondos Burford y Eton Park. Según cálculos judiciales, los intereses acumulan alrededor de u$s2,5 millones por día, lo que convierte al caso en una de las disputas financieras más costosas de la historia reciente para el país.

Ante ese fallo, la defensa argentina —a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratado por la Procuración del Tesoro— presentó dos apelaciones: una contra la sentencia principal y otra contra la orden de entrega de acciones. La Cámara de Apelaciones decidió ahora extender la suspensión administrativa que había dictado en junio, otorgando oxígeno a la estrategia jurídica nacional.

Lo que está en juego: acciones de YPF y la doctrina del “alter ego”

El punto más delicado del litigio es la exigencia de entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago. Los fondos buitre advirtieron que, en caso de recibirlas, las depositarían en una cuenta del Bank of New York Mellon, a la espera de un fallo definitivo.

Sin embargo, esta posibilidad enfrenta un obstáculo central: la propia ley de expropiación. Tal como recordó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cualquier eventual venta de acciones de YPF que pertenecen al Estado “debe ser aprobada por el Congreso con mayoría especial”. En ese sentido, el funcionario aseguró que la orden de entrega “es incumplible para el gobierno nacional” y anticipó que no habrá cesión voluntaria del capital accionario.

En paralelo, los fondos demandantes intentaron avanzar en otras instancias judiciales para embargar activos estratégicos del Estado argentino —como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT— bajo la doctrina del “alter ego”, que busca demostrar que estas empresas actúan como brazos políticos del Gobierno. Hasta ahora, esos intentos no prosperaron.

La Cámara de Apelaciones fijó dos momentos clave en la agenda judicial:

  • Primera etapa: continuidad de las apelaciones formales ya presentadas, que buscan revertir la sentencia de Preska y bloquear la entrega de acciones.
  • 27 de octubre: audiencia oral ante los jueces de segunda instancia, que escucharán a las partes en pleno. La fecha se vuelve políticamente sensible, ya que se realizará al día siguiente de las elecciones legislativas nacionales en Argentina.

De aquí en adelante, los tiempos juegan a favor de la Argentina: el proceso podría extenderse entre 18 y 24 meses, lo que reduce la presión inmediata sobre las reservas del Banco Central y otorga margen para negociar. No obstante, el pasivo millonario sigue latente y amenaza con condicionar las políticas públicas y la estrategia energética nacional.

El caso YPF se consolida como uno de los litigios más trascendentes para el país en materia de soberanía económica, seguridad jurídica e impacto fiscal. El desenlace dependerá de la capacidad de la defensa argentina para sostener sus argumentos frente a un tribunal que ya falló en múltiples ocasiones en favor de los acreedores internacionales.

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Horacio Marín detalló el plan para duplicar producción de YPF y ampliar exportaciones

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presentó ante inversores los resultados del segundo trimestre de 2025, que cerraron con una ganancia neta de US$58 millones, revirtiendo la pérdida de US$10 millones del primer trimestre. La petrolera estatal mostró una estrategia centrada en el desarrollo no convencional, desinversión en campos maduros, expansión exportadora y proyectos de infraestructura clave como el oleoducto VMOS.

El balance presentado por Marín junto al CFO Federico Barroetaveña y el VP de Estrategia Maximiliano Westen muestra una recuperación trimestral, aunque con una caída interanual del 89% frente a los US$535 millones del segundo trimestre de 2024.

En el acumulado semestral, la utilidad fue de US$48 millones, un 96% inferior al mismo período del año anterior. El Ebitda trimestral alcanzó US$1.124 millones, con caídas del 10% frente al primer trimestre y del 7% interanual.

Producción y exportaciones: crecimiento sostenido en shale y récords operativos

La producción total alcanzó los 545.700 barriles equivalentes por día, con un leve retroceso secuencial del 1,2% pero un incremento interanual similar. El shale oil promedió 145.000 barriles diarios, representando el 59% del total. En gas, se registraron 39,7 millones de m³/día, un 6,4% más que en el trimestre anterior.

En exportaciones, YPF embarcó cerca de 44.000 barriles diarios, acumulando en 18 meses ingresos por US$1.500 millones. Marín destacó que el oleoducto VMOS será clave para elevar la producción a 250.000 barriles diarios en 2026 y medio millón en 2030.

Proyecto VMOS: financiamiento récord y avance de obra

El proyecto obtuvo un préstamo sindicado de US$2.000 millones, la mayor financiación comercial para infraestructura en Argentina en décadas y una de las cinco mayores de petróleo y gas en Latinoamérica. La obra, con un 23% de avance en julio, completó soldaduras en 120 km de ductos.

Plan Andes y desinversión en campos maduros

YPF transfirió 28 bloques maduros y devolvió 11 a provincias como parte de su reestructuración productiva. Estos activos tenían costos de extracción de US$42 por barril y generaron un impacto negativo de US$840 millones en flujo de caja libre en 18 meses.

En línea con la estrategia de convertirse en una compañía “pura no convencional”, YPF pondrá a la venta otros 16 bloques en 2026, buscando reducir exposición al convencional y mejorar resiliencia frente a precios bajos del crudo.

Acuerdo con TotalEnergies y expansión en Vaca Muerta

La compañía cerró un acuerdo de licitación por US$500 millones para adquirir bloques La Escalonada – Rincón de La Ceniza, ubicados en la ventana de petróleo y gas húmedo de Vaca Muerta, con Shell y Gas y Petróleo como socios. El inventario proyecta más de 500 pozos de alta productividad.

YPF inauguró tres centros de inteligencia en tiempo real (RTIC) para monitorear operaciones y ventas, incluyendo un sistema único de microprecios nocturnos. La estrategia permite descuentos entre medianoche y las 6 AM, con mayores beneficios vía la app YPF. En su primer mes, las ventas crecieron 3%.

Avances en GNL y diversificación de ingresos

La petrolera firmó un preacuerdo con ENI por 12 millones de toneladas anuales de GNL y avanza en una segunda fase con Shell. La aprobación de un contrato de flete a 20 años para un buque flotante de GNL de 3,5 millones de toneladas anuales marca un paso clave para un ducto dedicado y la expansión exportadora.

Las inversiones trimestrales sumaron US$1.160 millones, con un 71% destinado a activos no convencionales. El flujo de caja libre fue negativo en US$355 millones por impacto del convencional y factores estacionales. La deuda neta cerró en US$8.800 millones, con un ratio de apalancamiento de 1,9 veces.

La estrategia definida por Marín combina mayor eficiencia en costos, expansión del shale, consolidación de infraestructura exportadora y reducción de exposición a activos convencionales. Si bien el corto plazo enfrenta volatilidad de precios y desafíos financieros, la hoja de ruta hacia 2030 plantea duplicar la producción y posicionar a YPF como jugador regional clave en petróleo y gas.

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Caso YPF: la justicia de EEUU define el futuro del control accionario argentino

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El tribunal estadounidense resolverá hoy si el Estado argentino puede mantener en su poder el capital accionario que posee en YPF mientras se tramita la apelación por la condena de USD 16.000 millones dictada por la jueza Loretta Preska, o si deberá transferirlo como garantía inmediata. La decisión tendrá impacto económico, político y diplomático de alto voltaje.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe pronunciarse sobre el pedido de suspensión (“stay”) presentado por la Argentina para evitar la transferencia inmediata (“turnover”) del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado.
La resolución se da en el marco del litigio que enfrenta al país con Burford Capital, fondo que compró los derechos de demanda derivados de la expropiación de la petrolera en 2012.

En caso de un fallo adverso, el Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas advierten que esta instancia suele rechazar intervenir en disputas de carácter administrativo.

Contexto: la expropiación de 2012 y la condena millonaria

El origen del conflicto se remonta a abril de 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se expropió el 51% de YPF que pertenecía a la española Repsol y a la familia Eskenazi.
En 2023, la jueza Loretta Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por violaciones al estatuto de YPF y a normas de mercado en el proceso de nacionalización.
Con intereses acumulados, la deuda asciende hoy a USD 18.000 millones, cifra que representa casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central y que presiona las ya tensas cuentas externas del país.

Burford Capital sostiene que YPF y el Estado argentino funcionan como un “alter ego”, sin separación efectiva, lo que habilitaría ejecutar no solo las acciones de la petrolera sino otros activos soberanos.
Para sostener esa posición, el fondo solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, buscando probar la injerencia directa del Gobierno en la operativa de la empresa.

Los tres escenarios posibles

Según fuentes del caso, la Corte de Apelaciones podría:

  1. No conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska de entregar las acciones.
  2. Conceder la suspensión, pero exigir una garantía distinta a las acciones de YPF.
  3. Otorgar la suspensión plena, postergando la entrega de las acciones hasta que se resuelva la apelación en septiembre.

En los dos primeros casos, el Gobierno anticipa que pedirá revisión ante la Corte Suprema. Si la resolución fuera negativa y Argentina no cumpliera, quedaría en desacato, con posibles sanciones económicas y diplomáticas.

Un desacato podría acarrear consecuencias que van más allá de lo financiero: desde la imposición de trabas para emitir deuda en mercados internacionales hasta eventuales restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios argentinos, incluyendo la revocación de visas.
Para el gobierno de Javier Milei, que busca posicionar a la Argentina como destino confiable para capitales extranjeros, el caso YPF se transforma en un test clave de seguridad jurídica y credibilidad internacional.

Si la Corte de Apelaciones concede la suspensión, la definición final se trasladará a septiembre, tras las elecciones legislativas nacionales. Allí se evaluará de fondo si la orden de Preska de entregar las acciones es legalmente procedente.

En paralelo, el resultado marcará un precedente para futuras disputas sobre activos estratégicos de empresas con participación estatal, en un contexto en el que Argentina enfrenta litigios internacionales por otros sectores clave como energía, infraestructura y deuda soberana.

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Oleoducto Vaca Muerta Sur: financian con USD 2.000 millones la obra privada más grande en décadas

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Oleoducto Vaca Muerta Sur: un préstamo récord de USD 2.000 millones reactiva el financiamiento internacional para infraestructura energética

El consorcio VMOS S.A., integrado por YPF y otras siete petroleras que operan en Vaca Muerta, firmó un crédito sindicado con 14 bancos internacionales por USD 2.000 millones para financiar la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur. La obra, considerada la infraestructura privada más importante de las últimas décadas en Argentina, permitirá ampliar significativamente la capacidad de evacuación y exportación de crudo no convencional.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur conectará la localidad de Allen, en Río Negro, con una nueva terminal portuaria en Punta Colorada, sobre la costa atlántica. El proyecto también contempla la instalación de plantas compresoras, una playa de tanques y una terminal marítima para la carga de buques.

La obra ya se encuentra en ejecución y, según el cronograma oficial, comenzaría a operar hacia fines de 2026 con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios. El objetivo es escalar ese volumen hasta los 550.000 barriles diarios en 2027, un salto clave para liberar el potencial exportador del crudo producido en la formación neuquina.

El financiamiento más grande de la historia para infraestructura privada en Argentina

El préstamo de USD 2.000 millones fue estructurado bajo la modalidad de Project Finance, con un plazo de cinco años y una tasa variable compuesta por la SOFR más un spread de 5,5%. La operación estuvo liderada por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, y marca la reapertura del crédito comercial internacional para proyectos argentinos, cerrado desde 2019.

El crédito cubre el 70% del capital necesario para el desarrollo del oleoducto. El 30% restante será aportado por las compañías socias de VMOS: YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron, Shell y Tecpetrol (como socios Clase A), junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que actúa como socio Clase B.

El megaproyecto se inscribe dentro de la estrategia de posicionar a Argentina como un proveedor relevante de energía en el mercado internacional. La ampliación de la infraestructura de evacuación de petróleo es un paso imprescindible para evitar cuellos de botella y sostener el crecimiento productivo en Vaca Muerta.

Además del impacto directo sobre la capacidad exportadora y el ingreso de divisas, el desarrollo de VMOS Sur movilizará inversión privada por más de USD 2.800 millones, dinamizará la cadena de valor energética y generará miles de empleos directos e indirectos en la región patagónica.

La firma del crédito fue leída por el mercado como una señal de confianza hacia la industria energética argentina en un contexto desafiante. Si bien el riesgo país aún se mantiene alto, el avance de un proyecto de esta magnitud con financiamiento privado externo se alinea con el discurso oficial de atraer capitales para generar exportaciones netas y reducir el déficit de divisas.

“Se trata del mayor crédito comercial para infraestructura en la historia del país y uno de los cinco mayores financiamientos del sector petróleo y gas en América Latina”, destacaron desde VMOS.

La apuesta es que este tipo de desarrollos contribuya a consolidar un superávit comercial energético estructural, clave para estabilizar la macroeconomía y promover un nuevo ciclo de inversión productiva.

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