Caso YPF: la justicia de EEUU define el futuro del control accionario argentino
El tribunal estadounidense resolverá hoy si el Estado argentino puede mantener en su poder el capital accionario que posee en YPF mientras se tramita la apelación por la condena de USD 16.000 millones dictada por la jueza Loretta Preska, o si deberá transferirlo como garantía inmediata. La decisión tendrá impacto económico, político y diplomático de alto voltaje.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe pronunciarse sobre el pedido de suspensión (“stay”) presentado por la Argentina para evitar la transferencia inmediata (“turnover”) del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado.
La resolución se da en el marco del litigio que enfrenta al país con Burford Capital, fondo que compró los derechos de demanda derivados de la expropiación de la petrolera en 2012.
En caso de un fallo adverso, el Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas advierten que esta instancia suele rechazar intervenir en disputas de carácter administrativo.
Contexto: la expropiación de 2012 y la condena millonaria
El origen del conflicto se remonta a abril de 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se expropió el 51% de YPF que pertenecía a la española Repsol y a la familia Eskenazi.
En 2023, la jueza Loretta Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por violaciones al estatuto de YPF y a normas de mercado en el proceso de nacionalización.
Con intereses acumulados, la deuda asciende hoy a USD 18.000 millones, cifra que representa casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central y que presiona las ya tensas cuentas externas del país.
Burford Capital sostiene que YPF y el Estado argentino funcionan como un “alter ego”, sin separación efectiva, lo que habilitaría ejecutar no solo las acciones de la petrolera sino otros activos soberanos.
Para sostener esa posición, el fondo solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, buscando probar la injerencia directa del Gobierno en la operativa de la empresa.
Los tres escenarios posibles
Según fuentes del caso, la Corte de Apelaciones podría:
- No conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska de entregar las acciones.
- Conceder la suspensión, pero exigir una garantía distinta a las acciones de YPF.
- Otorgar la suspensión plena, postergando la entrega de las acciones hasta que se resuelva la apelación en septiembre.
En los dos primeros casos, el Gobierno anticipa que pedirá revisión ante la Corte Suprema. Si la resolución fuera negativa y Argentina no cumpliera, quedaría en desacato, con posibles sanciones económicas y diplomáticas.
Un desacato podría acarrear consecuencias que van más allá de lo financiero: desde la imposición de trabas para emitir deuda en mercados internacionales hasta eventuales restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios argentinos, incluyendo la revocación de visas.
Para el gobierno de Javier Milei, que busca posicionar a la Argentina como destino confiable para capitales extranjeros, el caso YPF se transforma en un test clave de seguridad jurídica y credibilidad internacional.
Si la Corte de Apelaciones concede la suspensión, la definición final se trasladará a septiembre, tras las elecciones legislativas nacionales. Allí se evaluará de fondo si la orden de Preska de entregar las acciones es legalmente procedente.
En paralelo, el resultado marcará un precedente para futuras disputas sobre activos estratégicos de empresas con participación estatal, en un contexto en el que Argentina enfrenta litigios internacionales por otros sectores clave como energía, infraestructura y deuda soberana.
