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La deuda como obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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Por Chris Lane y Elliott Harris. En 2015, 193 países adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja de ruta global hasta 2030. Estos objetivos se basan en la idea de que, para lograr un futuro sostenible, el crecimiento económico debe ir de la mano con la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Nuestras respectivas instituciones, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoyan plenamente estos objetivos. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, estos objetivos representan una inversión para lograr un mundo más pacífico, próspero y cooperativo, especialmente en la época actual, cada vez más peligrosa. Para el FMI, contribuyen a respaldar la estabilidad económica y el crecimiento sostenible e inclusivo.
En 2017, la mayoría de los flujos de financiamiento del desarrollo aumentaron, ayudados por la recuperación de la economía mundial, una mayor inversión y unas condiciones favorables de los mercados financieros. Sin embargo, menos de tres años después de la adopción de los ODS, su ejecución está tropezando con un fuerte obstáculo: el aumento de la deuda pública en algunos países en desarrollo. Este es el sobrio mensaje que transmite un nuevo informe sobre el financiamiento para el desarrollo elaborado por las Naciones Unidas en colaboración con el FMI y casi 60 agencias.
El problema es el siguiente: como apuntó recientemente el Subdirector Gerente del FMI, Tao Zhang, el 40% de los países de bajo ingreso enfrenta un alto riesgo de sobreendeudamiento o no es capaz de cumplir plenamente con el servicio de su deuda, en comparación con el 21% de hace solo cinco años. Además, varios países en desarrollo se están quedando atrás en términos de ingreso per cápita, por efecto de factores como la fragilidad y los conflictos, incluidos los países vulnerables como Haití, la República Democrática del Congo y Chad.
Ante una baja recaudación tributaria, un apoyo internacional débil
 Una dificultad clave es que muchos de estos países no pueden recaudar suficientes ingresos fiscales. Existen muchos motivos para ello: bases impositivas reducidas, la excesiva y prolongada dependencia de las industrias extractivas y una administración tributaria débil. Pero la evasión fiscal también contribuye al problema. La escasa recaudación fiscal en países en desarrollo y de bajo ingreso —en los que el ingreso fiscal mediano representa solo el 13,3% del PIB— se debe, en parte, a la informalidad y a la evasión fiscal.
En vista de lo anterior, la primera medida de cualquier estrategia de reforma debe ser, sin duda, incrementar la recaudación interna. Pero en un mundo en el que la actividad empresarial tiende cada vez más a la globalización, los esfuerzos internos por sí solos no serán suficientes. Necesitaremos, además, fortalecer la colaboración internacional en materia fiscal. Es alentador que los gobiernos estén elaborando nuevas normas internacionales de intercambio de información fiscal: tenemos que asegurarnos de que los países en desarrollo también se beneficien de ellas.
Asimismo, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) tiene un papel fundamental. Según datos recientes, la AOD se elevó a USD 146.600 millones en 2017, pero esto supone menos de la mitad del objetivo del 0,7% del ingreso nacional bruto acordado a nivel internacional. Además, gran parte de esa AOD se está empleando en emergencias, como costos internos en ayuda para refugiados y ayuda humanitaria. Si bien dicha asistencia es esencial, deja menos recursos disponibles para inversiones públicas a largo plazo en desarrollo sostenible. Las entradas de AOD a los países más pobres y vulnerables se han estancado y permanecen concentradas en algunos de ellos. Los países donantes deben intensificar su asistencia en esta área.

Inversión privada para apoyar los ODS
En vista de las grandes necesidades de inversión, será crucial atraer más inversión privada. Sin embargo, los países menos desarrollados siguen teniendo dificultades para hacerlo a la escala requerida, en particular en sectores que están fuera de las industrias extractivas. El informe insta a los países en desarrollo a continuar creando condiciones empresariales competitivas, entre otras formas, mejorando los marcos institucionales y regulatorios y preparando reservas de proyectos y proyectos en los que se pueda invertir, sobre todo en infraestructura.
Más recientemente, las autoridades económicas también se han centrado en compartir los riesgos con los inversionistas privados, mediante instrumentos como las garantías y las asociaciones público-privadas. Si se realizan adecuadamente, estas actividades combinadas pueden generar inversiones adicionales que ayuden a alcanzar los ODS. De momento, estas actividades no se están llevando a cabo principalmente en los países que más lo necesitan. Solo el 7% del financiamiento privado movilizado hasta el momento se ha canalizado hacia proyectos en los países menos desarrollados.
También existe el riesgo de que estas actividades aumenten la carga de la deuda, por ejemplo, a través de los pasivos contingentes fuera del balance. Estos riesgos deben manejarse cuidadosamente.
Crecientes riesgos vinculados con la deuda
Sin embargo, el reciente aumento de la deuda no es malo en todos los aspectos. En los últimos años, el mayor acceso a los mercados financieros internacionales y la obtención de préstamos de nuevos acreedores como China ha liberado financiamiento muy necesario para inversiones en infraestructura. Además, la inversión en capacidad productiva, si se realiza adecuadamente, puede generar mayores ingresos que compensen el servicio de la deuda. El informe recomienda que las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda tengan en cuenta este importante canal.
Pero los problemas se plantean cuando la deuda ya es elevada, cuando los recursos no se gastan adecuadamente (como cuando existe corrupción y deficiencias en la gestión de gobierno), o cuando un país se ve golpeado por desastres naturales o shocks económicos, como una reversión repentina de los flujos de capitales. Otro tema es que la nueva ola de crédito privado en muchos casos trae aparejadas tasas de interés más elevadas y vencimientos más cortos.
Además, la coordinación entre los acreedores es ahora más difícil, lo que crea problemas cuando es necesaria una restructuración de la deuda. Cuando el riesgo de crisis de la deuda es alto, actuar con rapidez para reducir la tensión financiera inmediata puede ser lo que marque la diferencia entre una rápida recuperación o un daño duradero. Debemos reflexionar a fondo y hallar soluciones innovadoras en este ámbito. Por ejemplo, un mayor uso de los instrumentos de deuda supeditados a la situación futura —que reducen o aplazan el cumplimiento de las obligaciones de deuda de un país durante las crisis— puede proporcionar cierto alivio en algunos casos. Al reducir los riesgos de incumplimiento y las primas por riesgo, también amplían el margen de maniobra fiscal existente para la inversión.
Otra idea interesante son los swaps de deuda por actividades relacionadas con el cambio climático, los cuales implican que los proveedores de fondos concesionarios recompren la deuda pendiente de pago, lo que liberará recursos para luchar contra el cambio climático y ayudará a las regiones fuertemente golpeadas por los desastres relacionados con el clima.
¡Ahora es el momento!
Lo esencial es que solo nos quedan 12 años para implementar los ODS. La recuperación actual de la economía mundial brinda una gran oportunidad, pero debemos asegurarnos de que la agenda de financiamiento no se desvíe por la acumulación de deuda pública.
Las Naciones Unidas y el FMI están unidos en esta causa común. Así lo demuestra nuestro informe conjunto, en el que se presentan recomendaciones sobre las finanzas públicas y la deuda, las inversiones privadas, el comercio y otras prioridades para el financiamiento de los ODS. Nuestras instituciones se han comprometido a reforzar su apoyo a los ODS, en el ejercicio de sus funciones al servicio de los países miembros, a fin de asegurar un mundo más próspero y pacífico.

 
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Cambio del cambio: 6 de cada 10 argentinos piden modificar el modelo

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Todos los sondeos de opinión surgidos en los últimos días son concluyentes: Mauricio Macri perdió cerca de diez puntos de imagen positiva entre la clase media, núcleo de sustentación política de su electorado y la misma que suele hacer tronar las cacerolas, bajar el pulgar a los gobiernos y condicionar su futuro. El alerta no termina ahí. Según el último estudio nacional realizado por las consultoras Taquión y Trespuntozero, seis de cada diez argentinos reclaman un cambio en el modelo actual. Un cambio del cambio. Absoluto o parcial, pero cambio al fin.
No hay mucho lugar para el asombro. La clase media -base electoral de Cambiemos, en especial. en las capitales y centros urbanos- viene siendo castigada desde el triunfo oficialista en octubre pasado. A la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que resulta de las paritarias cada año, se le suma el tarifazo de entre un 30% y un 40% en la boleta de gas, la suba de los precios de GNC, el transporte y los peajes; y las futuras subas de luz. Por si fuera poco, a partir de junio dolerá un nuevo aumento de las empresas de medicina prepaga, que en un año subieron de manera desbocada un 38% sus servicios -lejos del 25% de inflación interanual- y en lo que va del 2018 acumulan algo más de 11%.
La encuesta de Taquión -realizada a principios de abril- destaca el malestar de la mayoría de los consultados con el Gobierno. Un 32,4% pide cambios absolutos. Un 27,8% reclama que siga el modelo pero con mejoras en la gestión. Mientras que un 27,5% exige que se modifique el modelo pero se mantengan algunos avances. Sólo el 5,0% se muestra conforme con lo que hay. Algo es claro: los números serían otros si la clase media estuviera contenta.
“Tal vez el escepticismo se deba a cambios que nunca se concretaron. Pero donde el cambio parece más esmerilado es donde la decepción es más dolorosa. El fin de la corrupción era el principal reclamo que se le hacía al gobierno de 2015 y hoy el 48,4% de los argentinos califica al presidente Macri como bastante o muy corrupto, y el 54% opina lo mismo de su entorno”, explica Sergio Doval, titular de la consultora que realizó el sondeo.

 

No es todo. El 51,6% evalúa la administración macrista como mala y muy mala. Mientras que un 42,7% cree que es muy buena y buena. Inflación e inseguridad encabezan el ranking de demandas y van turnándose mensualmente en el podio según la coyuntura diaria o el nivel de impacto de las noticias. En esta última medición, un 21,7% de los consultados considera a la inflación como el principal problema del país. Para el 19,4% sigue siendo la inseguridad, mientras que un 14,6% menciona a la corrupción.
En el Gobierno son conscientes del malestar reinante en los sectores medios. Lo reflejó también el último sondeo y focus group que les alcanzó hace unos días el asesor Jaime Durán Barba. Pero la mesa chica sigue sin aprender de los errores, sin medir el límite de sus recursos políticos ni los costos de sus decisiones. Se regala el escenario a la oposición y las reacciones son siempre tardías, en general, azuzadas por los cuestionamientos estratégicos de Elisa Carrió y sus socios radicales. Algo similar pasó en diciembre pasado con el cambio en la movilidad jubilatoria. El Ejecutivo no sólo cargó contra uno de los sectores más vulnerables como son los jubilados sino también con una parte de sus seguidores, se si tiene en cuenta que Cambiemos suele tener mejor performance entre los mayores de 50.
La escena se dio también en diciembre de 2016 con el proyecto que se envío al Congreso para modificar el impuesto a las Ganancias, y que generó la primera foto conjunta del peronismo con el kirchnerismo y el massismo. Si el Gobierno termina luego bien parado es porque los errores de la oposición siempre son más groseros. Ahora, el oficialismo reaccionó de manera sorpresiva con un proyecto de ley para eliminar los impuestos provinciales y municipales de las tarifas, a excepción del IVA. Nada más y nada menos que un apriete a los gobernadores del PJ y un intento por compartir el costo político del tarifazo. Fue luego de comprobar que los legisladores peronistas que les responden no sólo habían logrado abrir el debate político por los aumentos -montado en los propios cuestionamientos internos de los aliados radicales y de Carrió- sino que además podrían convertir en ley un proyecto en alianza con el massismo, que consiste en reducir el IVA a la mitad para los hogares y atar las subas a los aumentos salariales, con el único costo para el Ejecutivo nacional. Habrá que ver si en los próximos quince días que restan para llevar la propuesta al recinto de la Cámara baja avanzan las negociaciones del ala política del Gobierno, encabezada por Rogelio Frigerio, con las provincias o si el desenlace termina en veto.
Desde la Casa Rosada aseguran que las subas no se postergarán por razones obvias: en 2019 hay elecciones y pretenden realizar los ajustes este año, sin afectar las metas de reducción del déficit fiscal y el achique de los subsidios.
Como en una letanía interminable, vuelven a recurrir a la dulce promesa del segundo semestre del año y aseguran que estos ajustes serán los últimos y que la inflación cederá, junto con el malestar que genera el tarifazo en la clase media. En síntesis, creen que no se quebrará la base electoral y sus votantes volverán a estar alineados para el 2019.
Insisten, además, con que la dispersión del peronismo los sigue beneficiando. Es cierto. La pérdida de imagen que sufre el Gobierno no logra capitalizarla ninguna fuerza o referente de la oposición.
Con todo, podría ser un error seguir apostando al gran negocio de la grieta. Según la encuesta de Taquión, 6 de cada 10 argentinos declaran no ser ni macristas ni kirchneristas puros. Sólo un 18,9% aseguró ser macrista mientras que un 18,1% se asume como kirchnerista. El 53,6% tampoco cree en nada: ni en políticos, periodistas, jueces ni autoridades religiosas.
“Se sigue detectando un pedido de cambio entre los argentinos, pero pareciera que la sintonía entre lo que ofrece el poder político y la gente, no está tan ajustada como antes. El cambio ya no tiene dueño. Se transformó en un nuevo comoditie de la política argentina, respecto de la elección del próximo año”, remarca Doval.
Pues bien, hay un electorado que quiere un cambio. Quién podrá capitalizar esa demanda y el descontento de la clase media aún sigue siendo una incógnita por despejar. El problema es que del otro lado del mostrador no hay nada.
Otros resultados
– El 51,6% evalúa la gestión del Gobierno de Macri como mala y muy mala. Mientras que un 42,7% cree que es muy buena y buena
– Un 53,6% no cree en nadie. Sólo 12,4% cree en periodistas; un 8,6% en los políticos; y un 6,5% a las autoridades religiosas.
– Un 21,7% considera que el principal problema del país es la inflación, mientras que un 19,4% menciona a la inseguridad.
– El 53,3% cree que la solución al problema de la inseguridad pasa por mayor apoyo a la policía y penas más duras contra los delincuentes; mientras que el 44% considera que debería haber más inclusión social, mejor educación y respeto por las garantías institucionales.
– Sólo 2,5 de 10 creen que el Gobierno dialoga con la oposición.

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Según la UCA, creció la pobreza estructural entre los chicos

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Más de seis de cada diez chicos son estructuralmente pobres en la Argentina. Esto quiere decir que actualmente hay 7.930.000 niños de hasta 17 años en esa situación en todo el país, según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA).
 
Sin embargo, lo más preocupante es la tendencia: en 2017 la cantidad de chicos estructuralmente pobres creció dos puntos, a 62,5%, con relación a lo que sucedía un año atrás, cuando esa cifra era de 60,5% (7.680.000 jóvenes).
Esta radiografía surge del denominado índice multidimensional (que mide la pobreza por dimensiones o derechos, y no por ingresos) que elabora el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que coordinan Agustín Salvia, y en el caso de los más chicos, la especialista Ianina Tuñón.

El aumento de dos puntos pudo medirse gracias al uso de la antigua metodología del Observatorio, según publica el diario La Nación. Con la nueva, desarrollada en 2017 -que no tiene índice con el cual comparar-, la pobreza estructural entre los más chicos llega al 65%, o sea, a 8.250.000 jóvenes. Ese porcentaje incluye a jóvenes que tienen por lo menos una privación en las dimensiones medidas.
El índice multidimensional de la UCA calcula la pobreza sobre la base de diferentes dimensiones o indicadores en un doble umbral de privaciones (total o severa).
Allí se tienen en cuenta la alimentación (si los chicos pasaron o no hambre), el saneamiento (acceso a agua corriente o inodoro), vivienda (los tipos de materiales con los que está hecha), salud (si visitan a un médico o si son o no vacunados), información (si tienen acceso a libros, teléfonos o Internet), y educación y estimulación (si asisten a clase, tuvieron estimulación temprana, entre otras cosas).

Según la foto de la UCA con la metodología nueva, un 5,9% de los jóvenes estuvieron en 2017 privados en cuatro o más dimensiones; 12%, en tres dimensiones; 18,4%, en dos dimensiones, y 28,7%, en una dimensión.
Con la metodología comparable, aquellos con cuatro o más privaciones mostraron una mejora entre 2016 y 2017 (pasaron de 5,8% a 4,1%). Los otros tres estratos empeoraron entre un punto, y un punto y medio, según el cálculo académico de la universidad ligada a la Iglesia.
“La pobreza medida por dimensiones no está asociada directamente con la política de transferencias de ingresos”, explicó Tuñón. “Y el Gobierno tiene una mirada focalizada solo en bajar la pobreza por ingresos”, planteó la especialista del Observatorio de la Deuda Social Argentina.
En cuanto a la dimensión focalizada en el derecho a la alimentación, la UCA estimó que en 2017 uno de cada diez chicos reside en un hogar “vulnerable en términos de acceso a los alimentos”.
La universidad calculó que desde 2015 se registra una tendencia escalonada en ascenso. “Esta vulnerabilidad trepa al 18% en la infancia pobre en términos monetarios, 14% en la población que recibe asistencia económica del Estado y 14% en el conurbano bonaerense”, afirmó el estudio.
Y después, agregó: “Cabe destacar que el ascenso en la incidencia se detuvo en el último período interanual entre los beneficiarios de transferencias por ingresos, lo cual indica la importancia de su existencia y los límites de la misma para erradicar el problema”.
En los datos comparables, el déficit de alimentación entre 2016 y 2017 mostró un alza de 8,7% a 9,6%
En saneamiento, en tanto, pasó de 22,8% a 20,8%; vivienda (25,2% a 25,3%); salud (de 22,7% a 23,1%), información (de 15,8% a 16,7%); estimulación y educación (de 19,3% a 18,2%).
“Se estima que el 24,7% de la infancia carece de acceso a agua de red y/o inodoro con descarga en el interior de su vivienda (7% carece tanto de agua como de inodoro)”, afirmó el documento de la UCA en uno de sus puntos.
“Si bien entre 2010 y 2014 se registra un descenso en el déficit, a partir de aquel momento el déficit es sostenido con leves incrementos a nivel total y sin cambios en el nivel de la privación más grave. El déficit en el espacio de saneamiento es una problemática central del conurbano bonaerense (40% en 2017)”, estimó la universidad en una de sus conclusiones sectoriales.

Más datos relevantes

Otros datos que fueron desarrollados y que llamaron la atención del informe académico fueron que el 30% de los niños y adolescentes tenían en 2017 viviendas precarias de acuerdo con sus materiales de construcción. O que el déficit en el ejercicio de salud afectaba a un 23% de chicos y que un 19% registraron privaciones en el espacio de la educación. Además, que casi un 19,5% de los niños tiene problemas para acceder a tecnologías de la información.
Más allá de las mediciones multidimensionales, la UCA también publicó su indicador por ingresos.En ese sentido, la pobreza por ingresos entre los chicos de 0 a 17 años cayó de 47,5% a 42,5%, una tendencia que también registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).
El dato por ingresos no comparable de la UCA (elaborado bajo una nueva metodología) estimó en 2017 un 48,1% de chicos pobres.
Para el Indec, en tanto, el dato de pobreza en niños es menor: fue de 39,7%, pero para un universo entre los 0 y los 14 años.
 

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En marzo una familia tipo de Misiones necesitó 7,444.95 pesos para cubrir la canasta básica

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En marzo, la suba de precios fue del 2,3 por ciento, desmoronando las metas del 15 por ciento anuales fijadas por el equipo económico del Gobierno nacional. Cómo frenar los aumentos sigue siendo un problema que está lejos de solucionarse. Pero ¿es igual la inflación en Buenos Aires que en Misiones? La respuesta es no. En realidad, los costos son diferentes de acuerdo a cada región del país y por eso, las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos marcan un parámetro que no necesariamente se ajusta a Misiones. En la provincia, una familia tipo -pareja y dos hijos pequeños- necesitó La 7,444.95 pesos para cubrir la canasta básica y 19,089.62 para cubrir la canasta básica total. 
¿Cómo calcular tu propia canasta con precios locales y adecuada a la composición familiar? El Instituto Provincial de Estadística y Censos resolvió el dilema: creó una página web -y pronto presentará una aplicación para celulares- mediante la cual se puede evaluar cuánto cuesta la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de acuerdo a la composición familiar y con precios en Posadas, que se actualizarán mes a mes. De este modo, se puede calcular el gasto necesario para la alimentación o, el agregado de educación, salud, vestimenta, actividades culturales y de ocio, que forman la canasta total.
La canasta básica alimentaria incluye alimentos y bebidas necesarios para cubrir las calorías de un hombre adulto. Después se realiza una ecuación para el mismo cálculo en una mujer –se suma un costo distinto si está embarazada- e hijos, de acuerdo a la edad. Se toma un promedio de precios del mismo producto en siete comercios posadeños distintos para establecer el dato local, mucho más preciso que los datos nacionales. La canasta básica total es la suma de los alimentos, más lo necesario para gastos de educación, salud, ocio, ropa, calzado, combustible, pasajes, etc.
“Queríamos darle una herramienta más precisa al misionero para que pueda calcular el costo de vida de acuerdo a los valores locales. La inflación es un problema y de este modo se puede medir con mucho más certeza cuánto se necesita para cubrir los gastos de la familia”, explicó Silvana Labat, la directora del IPEC.
Precisar cuántos recursos se deben destinar a la alimentación es clave para determinar el patrón de gastos de una familia. Se sabe que el grupo de menores recursos destina un 39 por ciento de sus recursos a la alimentación. Pero a diferencia del Indec, el sistema desarrollado por el Ipec permite un cálculo personalizado.
También se puede hacer un seguimiento del aumento del costo de vida, ya que los datos están disponibles desde 2016 hasta febrero de este año.
Además del seguimiento individual, esta nueva herramienta es vital para poder determinar niveles de pobreza e indigencia. Si los niveles de ingreso no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, se está en la indigencia. Si no alcanzan para la total, se está en la pobreza.
(Al final de la página se puede realizar el cálculo)

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Nuevos consensos

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“Tiro el tema porque los quiero dejar inquietos”. El presidente Mauricio Macri confirmó en Misiones que la idea de desregular el mercado yerbatero es suya. Propia. Que coincide con la mirada de los principales molinos de la región productora. Una idea que había cobrado forma de decreto en diciembre pasado y que fue frenada a último momento por la queja de los dirigentes locales de Cambiemos, avisados del resurgimiento de la bronca yerbatera.
Esta vez, la firmeza del gobernador Hugo Passalacqua frenó los argumentos del Presidente. Le explicó que el reparto de la renta yerbatera es complejo desde la época de los jesuitas y que “los gringos” pueden movilizar los tractores no sólo hacia Posadas, sino hasta la mismísima Buenos Aires, como ya ocurrió con el “yerbatazo”.
El argumento del Presidente es que “ningún mercado funciona regulado”, por lo que habría que dejar de fijar el precio de la yerba mate. Los funcionarios provinciales señalaron que aun fijando los precios, los productores sufren para cobrar un precio mínimo. Y recordaron la experiencia de los 90, cuando la yerba valía menos que una limosna. El ministro del Agro, José Luis Garay, insistió en que primero hay que garantizar la transparencia en toda la cadena productiva, que no avanza por la lentitud en aplicar las herramientas como el registro de productores y el Centro de Transacciones Electrónico.
Por ahora parece haberse frenado cualquier decisión en esa línea, pero el concepto forma parte del nuevo consenso que ofrece el Presidente para relacionarse con el sector empresario al que brinda cada vez mejores condiciones, con el corrimiento del Estado como contraparte.
Esa fue la certeza que quedó flotando de la cumbre en Iguazú.
El Presidente tuvo un enorme gesto político con Misiones. Eligió la ciudad de las Cataratas para una serie de reuniones del más alto nivel, con casi una decena de sus ministros manteniendo encuentros paralelos con funcionarios locales y empresarios. Es inusual que Macri se quede en alguna ciudad que visite. Pero él mismo admitió que tiene un vínculo especial con Misiones y también destacó la sintonía fina con Passalacqua, a quien agradeció “la visión inteligente y constructiva”.
Las Cataratas del Iguazú fueron escenario entonces de extensos diálogos individuales del Presidente con los gobernadores del NEA, a los que se sumaron después los gabinetes de cada provincia para intercambiar puntos de vista con el equipo nacional.

Macri les ratificó a todos que el rumbo no se mueve. Anticipó que en 2019, pese a ser un año electoral, será necesario un ajuste aún más duro para cumplir con las metas de reducción del déficit, ahora más complicadas por la acumulación de los intereses de la deuda. Pidió que cada gobernador realice su propio achique. Que ahorre energía y que recorte la planta del Estado para contar con fondos para obras.
Passalacqua fue un buen anfitrión de la extensa comitiva. Macri lo distinguió en varias oportunidades y en la reunión individual, les pidió a sus ministros que “se pongan a disposición” como forma de reciprocidad. El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad también participó de todas las reuniones y aportó datos, especialmente en las discusiones de la problemática social.
En El Chaco, donde se llevó a cabo un re-relanzamiento del Plan Belgrano, Macri elogió a Misiones como ejemplo de madurez política para poner por encima la gobernabilidad a los intereses políticos.
Queda claro que Macri se siente cómodo con la Renovación y que en su reelección o la continuidad de Cambiemos, no encontrará mejores interlocutores. Dentro de la alianza, los socios radicales no garantizan la misma gobernabilidad.
En Iguazú no tuvieron un rol importante en las discusiones y dentro de las proyecciones del Gobierno. Insistieron en conseguir una foto caminando por algún barrio de la ciudad de las Cataratas, pero debieron contentarse con aparecer en una imagen grupal en el momento reservado para Cambiemos.
Macri desarmó cualquier apuro electoral: “La rosca queda para el año que viene”. En todo caso, el vínculo con los Gobernadores sirve para aceitar el funcionamiento del Congreso en la discusión de las leyes clave que impulsará el Ejecutivo.
“No entienden que el Presidente viene en plan institucional y que hay que respetar a la Provincia”, señaló un dirigente macrista que tuvo un fluido contacto con los periodistas durante los dos días en los que estuvo el jefe de Estado. Fue prácticamente el único que tuvo diálogo con los trabajadores de prensa, literalmente aislados de todo lo que sucedía y sin poder ver a los ministros nacionales. Innecesario desdén con el trabajo periodístico.
El nuevo consenso modifica la balanza política y las expectativas económicas. Los ganadores del nuevo escenario son las principales empresas del sector forestal. Después de conseguir rebaja de impuestos, ahora Macri autorizó la circulación de los bitrenes hasta la puerta misma de la pastera de Arauco –ex Alto Paraná-, con lo que, según los cálculos oficiales del ministerio de Transporte, ahorrarán 430 dólares por container puesto en el puerto de Buenos Aires.
A ese ahorro se suman los 500 millones de pesos que dejarán de tributar en Misiones por el nuevo pacto fiscal. Pero, insaciables, en la Mesa Forestal que sesionó en la empresa Pindó, pidieron más. Nuevamente la Provincia tuvo que aclarar que ya era mucho el esfuerzo realizado para darles “competitividad” y que más no se podía ceder. Pese a las concesiones recibidas, todavía no se perciben nuevas inversiones ni la creación de puestos de trabajo en el sector. Macri insistió en que no hay forma de obligar al empresario a invertir, sino generando “confianza”. Por eso, les prometió “cuadruplicar” el presupuesto asignado a la ley de incentivo de Bosques Implantados -25080-. Este año en lugar de los cien millones asignados, aseguró, se otorgarán 400 millones, con lo que casi se cubrirá la deuda de 550 millones (270 en Misiones). Los empresarios celebraron el anuncio, que, en rigor, se trata de volver al promedio de los últimos años, cuando se asignaban U$S 15 millones. Hoy están presupuestados U$S 5 millones (el más bajo de estos tiempos).Cuadrupicar el presupuesto más bajo significa llevarlo a U$S 20 millones, que es apenas un poco más que los valores histórico.
El otro gran ganador de la visita presidencial fue el turismo. Macri se mostró entusiasmado con la actividad y puso a Iguazú como la “puerta de entrada” al país a partir de la remodelación del aeropuerto internacional de las Cataratas. Pero pidió un plan de “modernización” de la ciudad, a trabajar en conjunto con empresarios y el sector público. Horas después de dejar Misiones, en El Chaco, puso como ejemplo a un trabajador del turismo: “Es un joven, de 28 años, que se llama Pica, y la verdad que me emocionó y tuve que hacer un aparte, sino iba a hacer el papelón de que el Pica vea de que en vez de llorar él de la emoción lloraba yo. Lo que pasó, – me dijo él – es que la buena actitud que he puesto para trabajar y para aprender me ha consolidado en el trabajo, en el cual soy chofer y soy guía, según la necesidad de cada momento. Y la verdad es que estoy feliz, por más que me pasó seis a nueve días trabajando y después tengo franco tres días”.
“Y de golpe Pica me dice que le preocupa es que hay cientos de miles de brasileros que vienen a visitar Foz Iguazú y como no tienen la vista privilegiada, que tenemos nosotros, quieren cruzar y el mal funcionamiento de la Aduana, por su convenio laboral, la hace que crucen al año menos de 150.000 de los 700.000, porque son horas de colas y de demoras y la verdad es que muchos misioneros se pierden muchas oportunidades de poder prestarles servicios y eso es lo que no puede suceder. Porque Pica está dispuesto a trabajar en todo lo que pueda, de forma dedicada, y no tiene derecho, un empleado nacional, con sede en Misiones, de complicarles su trabajo y complicar el trabajo a tantos misioneros, que lo pudieran tener. Y Pica tampoco piensa en jubilarse a los 50 años, ni a los 55, él quiere trabajar porque siente que es algo valioso trabajar”.
En Resistencia también puso otro ejemplo.  “Nos hicieron creer que la energía era un regalo, pero los que tenemos algunas canas sabemos que en casa de abuela, se cuidaba al mango la energía y se apagaban las luces y se apagaba la calefacción, a las once de la noche, y todos cuidábamos eso, porque te decían que la energía es cara, es valiosa, la necesita el país para crecer, y además destruye el medioambiente, el exceso de consumo de energía. No corresponde que pidamos cosas que no son realidad, no corresponde que digamos que para ser productivos y eficiente en lo que hacemos nos regalen la energía. No, hay que tratar de consumir la menor cantidad de energía y hay que transformarse”.
El mensaje es claro. Ahorro de energía y reforma laboral para mejorar “competitividad”. Transformarse. Rara parábola. Para garantizar esa “transformación”, el Estado se corre a su mínima expresión.
Más allá del concepto político, ese mensaje alcanza también a los empresarios posadeños, que fueron los grandes perdedores de la visita presidencial. No habrá rebaja de impuestos ni vuelta atrás con rebaja de aportes patronales.
“No sé”, admitió Macri cuando le preguntaron por la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes. El Presidente no tiene por qué saber los detalles de cada norma. Pero es raro que desconozca ésta en particular, porque fue una ley propia, promocionada hasta el hartazgo y que los candidatos de Cambiemos usaron para hacer campaña en Misiones. El desconocimiento del Presidente deja claro que los dirigentes locales de Cambiemos tienen escaso poder de persuasión y que todas las veces que prometieron avanzar, no tenían ningún tipo de certeza de poder lograr algún beneficio concreto. ¿Se podrá seguir reclamando? ¿O pesará el nuevo consenso de “transformarse” para ganar competitividad?
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio,  más político que sus pares, admitió la necesidad de una “salida política” al menos para recuperar el ITC diferenciado para los combustibles para “devolver algo” a Passalacqua a cambio de la gobernabilidad recibida. Pero poco más. Apenas un esbozo a trazo grueso de estudiar la posibilidad de crear zonas francas en Misiones para competir con las 23 que pretende crear Brasil en la frontera y Paraguay, que es, en toda su extensión, una enorme zona franca. Y, en cuanto a los costos, la promesa de que los futuros tarifazos energéticos, tendrán una rebaja del 50 por ciento para el NEA, con lo que en Misiones, la tarifa plena que imagina el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se alcanzará en 2021 y no en 2019 como en el resto del país.
Es llamativo que Cambiemos haya clausurado la atención a las demandas de los empresarios posadeños, donde mejor le fue políticamente en las elecciones presidenciales y legislativas. Son varios los que admiten por lo bajo estar peor que con el Gobierno anterior. Por lo visto, nada cambiará. Para Macri, las asimetrías se “morigeraron”.
En cambio, se fortalecerán las acciones para promover el consumo argentino, como el Ahora Misiones o el Ahora 12, con tasas bajas y en cuotas. Con estas ofertas se pretende desalentar el consumo del otro lado del río Paraná, donde se compra más barato, pero en general, al contado.
El Ahora Misiones ha sido un éxito para inyectarle consumo a la deprimida economía posadeña. Una muestra de que los deberes en casa están más que cumplidos. El ministro de Energía, Sergio Lanziani, sorprendió a todo el gabinete nacional y al propio Presidente, que se había ocupado en campaña de criticar a la empresa eléctrica provincial, que Emsa está a punto de alcanzar un equilibrio entre ingresos y egresos. Para mejorar “competitividad” y bajar más los costos, el secretario de Energía misionero insistió en la necesidad de extender las líneas de distribución, con el plan a 20 años pergeñado por el Gobierno provincial con el aporte de técnicos incluso de Cambiemos. Se necesitan 600 millones de dólares de financiamiento y la Nación quedó en estudiar alternativas. Parte se podría cubrir con las regalías mal liquidadas que reclama Misiones de Yacyretá.
No fue el único dato saliente sobre el buen desempeño de la Provincia. Según los datos de la Dirección General de Rentas, Misiones se mantiene como octava economía del país, pero está 18 en el reparto de recursos coparticipables. Ese desempeño económico viene acompañado por una fuerte caída en la pobreza multicausal -medida no solo por ingresos- de 6,8 puntos porcentuales y de 12,9 en la indigencia. Es el segundo valor más bajo de los últimos catorce años, siendo la más baja la correspondiente al cuarto trimestre de 2014, del 27,5%. Respecto a la indigencia, este valor del 13,9%, representa el valor más bajo de los últimos catorce años (superando la anterior marca del 16,2% en el cuarto trimestre de 2014).
 

 

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