Tres décadas atrás, el 17 de octubre de 1987, más de cien mil personas se reunieron en la ciudad de Paris, donde en 1948 se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, para honrar las víctimas de la extrema pobreza, la violencia y el hambre. Entonces se proclamó que la pobreza es una violación de los derechos humanos y se afirmó la necesidad de aunar iniciativas para asegurar que estos derechos sean respetados.
El año 2017 marca el 30º aniversario de este llamado, así como el 25º aniversario de su reconocimiento por las Naciones Unidas como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Para el corriente año, Naciones Unidas ha elegido como lema: “Responder al llamado del 17 de octubre a poner fin a la pobreza: una vía hacia sociedades pacíficas e inclusivas”.
El propósito fundamental de este día consiste en promover mayor conciencia sobre las necesidades de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países subdesarrollados. Siendo uno de los mayores retos globales y una prioridad necesaria para el desarrollo.
En este sentido y de acuerdo a los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial más de 800 millones de personas aún viven con menos de U$S 1,25 al día (línea de pobreza extrema predefinida por el Banco Mundial), aspecto relacionado intrínsecamente a la carencia de acceso a alimentos, agua potable e instalaciones de saneamiento adecuadas.
Si bien la comparación entre las mediciones de pobreza monetaria consideradas en cada país no resulta del todo apropiada, debido a las diferencias metodológicas en la delimitación de dicho umbral, la recopilación de este indicador a nivel internacional permite observar los principales contrastes y evidenciar cuáles han sido los países y regiones globales en donde se ha logrado un mayor éxito en la reducción de la pobreza. Así, Latinoamérica y la mayoría de los países emergentes aún tienen mucho trabajo por hacer en este sentido.
Claro está que la condición de pobreza comprende además de la carencia de ingresos, la falta de capacidades para vivir dignamente y este fenómeno influye significativamente sobre las oportunidades futuras de desarrollo e inserción social. A la luz de estos antecedentes, resulta vital el compromiso de la política pública para superar el desafío de terminar con la pobreza en todas sus dimensiones, a través de un abordaje integral.
Por este motivo es necesario fomentar la promoción, concientización y asistencia en la formulación de políticas que favorezcan el bienestar de la sociedad en su conjunto rescatando aprendizajes de política instrumentados en otros países.
Las últimas cifras de pobreza en Argentina
Las cifras de pobreza e indigencia informados recientemente por INDEC dieron cuenta de que para el primer semestre del año 2017 en Argentina un 28,6% de los habitantes se encontraban sumidos en condición de pobreza, representando la significativa suma de 11,4 millones de personas en el expandido del total nacional. Por su parte, la incidencia de la indigencia alcanzó al 6,2% de la población, de manera que los ingresos familiares de más de 2,4 millones de habitantes no alcanzaban a cubrir sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas.
En esta última medición presentada por el organismo oficial se difundieron por segunda vez consecutiva datos de indigencia y pobreza para los 31 aglomerados urbanos que componen el relevamiento. Respecto a lo metodológico, al igual que en la estimación realizada para el segundo semestre de 2016, los resultados por centros urbanos presentaron nuevamente un alto valor en su coeficiente de variación de tasas de indigencia, lo que podría implicar que dichos valores podrían no resultar estadísticamente significativos.
Este hecho también se visibiliza sobre algunas de las tasas de pobreza estimadas. Esta advertencia es expresada por el propio INDEC en su Informe de Prensa, y no resulta en un hecho menor, dado que históricamente – exceptuando los años en que el INDEC fue intervenido por el Gobierno Nacional entre 2007 y 2015 – las tasas calculadas a nivel de aglomerado solían tener significatividad estadística suficiente, a la vez que evidenciaban menor volatilidad que la expuesta en estas dos últimas mediciones.
Por ejemplo, si se analizan los resultados recientes por aglomerado, resulta oportuno señalar en qué localidades la incidencia de la pobreza superó el 40% de la población, tal es el caso de Santiago del Estero y La Banda (45,4%), Concordia (42,0%) y Corrientes (40,0%). En particular, en la comparación entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, se destaca que en 21 de los 31 centros urbanos relevados la incidencia de la pobreza se redujo. Sin embargo, resulta notorio el caso de San Juan aglomerado en el que la tasa de pobreza pasó de ser 43,5% a fines de 2016 a 26,4% en la primera mitad de 2017.
En situación semejante se encuentra Córdoba en donde la incidencia de la pobreza se redujo en casi 10pp, pasando de 40,5% a 30,7% según último dato publicado por INDEC. En sentido opuesto, en los aglomerados de Gran La Plata y Ciudad de Buenos Aires la incidencia de la pobreza se incrementó en 6,6 y 3,9 pp. respectivamente.
Este último caso resalta por el hecho de que los indicadores laborales en CABA tuvieron una mejora superior al promedio nacional en su trayectoria durante la primera mitad del año, algo que debiera correlacionarse en forma inversa con la tasa de pobreza. Asimismo, esto refiere a una importante variabilidad en el resultado estimado que difícilmente se condiga con una evolución real del indicador.
De hecho, el INDEC ha expuesto que se realizará una revisión metodológica sobre el caso de San Juan, sin embargo, a la luz de esta evidente variabilidad, el refinamiento metodológico debiera ser considerado bajo una perspectiva más abarcativa, en función de que en 7 de los 31 aglomerados relevados el cambio en la tasa de pobreza de un semestre a otro fue superior a 5 puntos porcentuales.
Por otra parte, en la comparación regional puede observarse que, a excepción del Nordeste argentino en el cual la tasa de pobreza se incrementó en el último semestre, en el resto del país la incidencia de este indicador se redujo respecto al segundo semestre del 2016, con la mayor reducción en la región de Cuyo donde la incidencia se aminoró en 6,4 puntos porcentuales. Asimismo, esta región continúa siendo una de las más afectadas por la problemática (aún cuando la medición realizada sobre San Juan pueda contener defectos metodológicos en uno u otro periodo).
Asimismo, se observa una amplia disparidad regional en cuanto al porcentaje de habitantes que se encuentran por debajo de la línea de la indigencia, es decir, aquellos hogares que no alcanzan a reunir los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. En este sentido, entre las regiones más afectadas se encuentran los partidos del GBA (8,2% incidencia de la indigencia), la región Pampeana y Nordeste, habiendo aumentado la tasa de indigencia en esta última entre el segundo semestre 2016 y primer semestre 2017.
En otro plano de estudio, Naciones Unidas desarrolló un Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP). El mismo constituye una herramienta de gran valor en momentos en los que las estadísticas oficiales que relevan pobreza e indigencia a nivel desagregado se encuentran en pleno proceso de reestructuración.
Esta herramienta, desarrollada en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permite tener una primera aproximación al grado de desarrollo sostenible de las provincias y su posición relativa dentro del país, donde se evalúan tres dimensiones y a su vez, cada dimensión se desagrega en un conjunto acotado pero representativo de sub-dimensiones y variables: crecimiento económico (ingreso per cápita y capital humano), inclusión social (pobreza relativa, empleo formal e informal, salud y educación) y sostenibilidad ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero, y generación y disposición de residuos).
El IDSP asume un rango de variabilidad entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 1, mayor es el nivel de desarrollo sostenible de la jurisdicción. Por su fórmula de cómputo, este índice penaliza el desbalance en el desarrollo y pondera la idea de integridad entre las dimensiones mencionadas. Por lo tanto, si en una provincia se experimentan mejoras en las tres dimensiones simultáneamente, el IDSP se incrementará más que si se experimentan mejoras sólo en una o dos de las dimensiones mencionadas.
En relación a los resultados arrojados, datos correspondientes al año 2016, es posible observar marcadas brechas provinciales, CABA lidera el ranking a una distancia considerable de las demás provincias. Luego, se encuentra un grupo de provincias cuyo IDSP se sitúa por encima del promedio nacional, compuesto por Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén. Finalmente, las provincias cuya situación es más crítica son: Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Finalmente, resulta oportuno recordar la noción de eficacia la cual hace referencia al logro de un objetivo propuesto, es decir la observación de los resultados obtenidos. No obstante, es necesario destacar la importancia que tiene la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En numerosas oportunidades se visualiza un significativo gasto que no es plasmado en resultados satisfactorios en cuanto a reducción de pobreza, el problema posiblemente se encuentre en la orientación y en la eficiencia en la asignación del mismo.
En particular, en Argentina el gasto en promoción y asistencia social entre los tres niveles de gobierno resulta tres veces superior a los recursos que serían necesarios para erradicar la pobreza, y aún así no se logra resolver ni aliviar esta problemática.
Esto evidencia, que no se trata de un problema de falta de recursos destinados a la cuestión social, sino más bien a una falencia de eficiencia en la administración y eficacia en la obtención de resultados.
En este sentido, resulta oportuno materializar esfuerzos por mejorar la gestión de los recursos destinados a la cobertura social, a través de acciones coordinadas entre las distintas jurisdicciones, así como también propiciar un correcto diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos que comprende cada política social, apostando a la consideración de los beneficios que implica la evaluación de impacto de los programas públicos.
En síntesis, reducir las brechas regionales de pobreza y erradicar la pobreza estructural requiere una participación activa y coordinada de políticas públicas, así como también el compromiso por fortalecer los procesos de construcción y sistematización de estadísticas robustas, que permitan dimensionar el problema que debe ser abordado. En este camino, el proceso de reconstrucción de estadísticas oficiales tomará un tiempo, pero constituye un ejercicio de suma relevancia para trazar los diagnósticos que requiere la política pública para su ejercicio.
