poder adquisitivo

Los salarios subieron 2,9% en junio y acumularon un alza de 18,5% en el primer semestre

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La evolución salarial constituye uno de los principales indicadores para medir cómo se distribuye el impacto de la dinámica económica sobre los hogares. Un aumento del 18,5% entre enero y junio refleja la magnitud de la recomposición nominal de los ingresos laborales, aunque su efecto real dependerá de la evolución de los precios durante el mismo período y de las diferencias entre sectores, modalidades de empleo y categorías de trabajadores.

El incremento mensual de 2,9% en junio también aporta una señal relevante para las empresas. Los salarios son, al mismo tiempo, ingresos para millones de trabajadores y uno de los principales componentes de costos para numerosas actividades productivas. La capacidad de compatibilizar recomposición salarial, empleo formal y sostenibilidad de las empresas seguirá siendo uno de los desafíos centrales de la economía.

El salario como variable de consumo y actividad

Para los hogares, la discusión trasciende el porcentaje de aumento. La cuestión determinante es qué bienes y servicios pueden adquirirse con ese ingreso y cómo evoluciona la capacidad de cubrir gastos esenciales, desde alimentos y transporte hasta vivienda, educación y servicios.

Para el sector productivo, una mejora sostenida de los ingresos reales puede fortalecer la demanda interna. Comercios, pequeñas y medianas empresas y prestadores de servicios dependen, en buena medida, de la capacidad de consumo de las familias.

Ese vínculo explica por qué la evolución salarial tiene un impacto que excede las paritarias. Una recuperación efectiva del poder de compra puede generar un círculo de mayor demanda y actividad, mientras que una mejora exclusivamente nominal, absorbida por la suba de precios, limita ese efecto sobre la economía cotidiana.

El desafío es reducir la distancia entre salarios y costo de vida

El promedio que refleja el índice salarial tampoco necesariamente describe la situación de todos los trabajadores. La evolución de los ingresos puede ser diferente según se trate de empleo registrado privado, empleo público o trabajo no registrado, además de las diferencias entre sectores y regiones.

Para una mirada orientada a soluciones, el desafío consiste en mejorar los mecanismos que permitan sostener ingresos sin deteriorar la capacidad de contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La productividad, la formalización laboral y la previsibilidad de costos aparecen como variables tan relevantes como el porcentaje de incremento acordado.

En regiones como el NEA, donde la estructura económica tiene un fuerte peso de las PyMEs, el comercio, los servicios y las economías regionales, la evolución del salario adquiere una dimensión adicional. La capacidad de las empresas para trasladar aumentos de costos es limitada cuando la demanda permanece débil, pero al mismo tiempo la falta de recuperación del ingreso de los hogares restringe el mercado interno.

Lo que habrá que seguir de cerca

El dato de junio deja una referencia concreta: los salarios aumentaron 2,9% en el mes y 18,5% en el primer semestre de 2026. La próxima discusión será determinar cómo se ubica esa trayectoria frente a la evolución de la inflación y si la mejora alcanza de manera relativamente homogénea a los distintos segmentos del mercado laboral.

La recuperación del salario real será una variable decisiva para la segunda mitad del año. No solo definirá el poder adquisitivo de los hogares, sino también el comportamiento del consumo, la actividad comercial y la capacidad de las empresas para sostener empleo. El desafío de política económica será convertir la estabilidad de las variables nominales en una mejora verificable de las condiciones de vida y en una recuperación sostenible de la demanda.

salarios_08_26 INDEC by CristianMilciades

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La inflación invisible: en el NEA los gastos fijos subieron 464% y le ganaron por 152 puntos al IPC

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Cuando se analiza la inflación en el país, hay muchas maneras de interpretarla en función, principalmente, del tiempo que miremos: un mes, un año, una década y también, contra qué o quién comparamos. El Gobierno de Javier Milei celebra que la suba de precios ha sido controlada, pero la realidad esconde matices que no coinciden con esa expresión de deseos. En la región del NEA tenemos una situación especial: en toda la era Milei (julio 2026 vs. noviembre de 2023) la región acumuló una inflación del 312,3%, la menor entre todas las regiones del país y también por debajo del 328,8% acumulado a nivel nacional. 

A primera vista, podría parecer una buena noticia, en términos relativos para los hogares de la región. Pero si reducimos la mirada al acumulado de este 2026 (julio vs. diciembre 2025), se da la situación inversa: el NEA tiene la más alta del país con 22,3%, por encima del 19,3% del nivel general nacional. 

Sin embargo, quedarse solamente con un número puede llevar a una conclusión equivocada porque, independiente del número que arroja el nivel general regional, la inflación no impacta de la misma manera sobre todos los hogares ni sobre todos los bienes y servicios

Cuando se desarma el índice y se observa qué componentes fueron los que más aumentaron, aparece una realidad más compleja y se advierte que en el NEA, los precios que más crecieron son precisamente aquellos que las familias tienen menos posibilidades de evitar o postergar.

Vamos a empezar con el análisis de largo plazo: el del acumulado de la era Milei. Como ya se dijo, el NEA arrastre un alza de precios del 312,3% entre noviembre 2023 y julio 2026; tomamos noviembre porque la inflación de diciembre 2023, cuando asumió el actual gobierno (y pese a quien le pese) está influenciada en su mayor porción por la devaluación de ese momento (es decir, es toda de Milei, más allá de la alta inflación que se venía teniendo meses atrás). 

Ahora bien, hacia dentro de índice, se configuran fuertes dispersiones: el caso más evidente es el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, componente que acumuló, en ese mismo período, una suba del 722,9%, 2,3 veces más que el aumento del nivel general de precios de la región. 

Dado que se trata de un concepto con baja posibilidad de no consumo (un hogar no puede elegir no pagar el alquiler o pagar las tarifas de luz, agua y gas) es entonces, por lejos, el principal factor que explica la distancia entre la inflación que muestra el índice y la inflación que efectivamente enfrenta buena parte de los hogares.

Ese dato no solo es malo para la región, sino que también lo es en perspectiva comparada: justamente el NEA tiene uno de los mayores incrementos en esa división de todo el país, pese a tener la más baja en el nivel general. A modo comparativo, en el total país el rubro de vivienda y servicios públicos creció acumulado 617,7%, en GBA 565,0%, en la Pampeana 636,2%, en NOA 713,8%, en Cuyo 636,2% y en la Patagonia 729,9%, siendo este última el más alto del país dejando al NEA en segundo lugar. Pero si miramos la dispersión de esa división respecto a los niveles generales de cada región, en el NEA está la mayor distancia: el rubro creció 2,3 por encima del nivel general, la mayor del país, superando al 2,2 de Patagonia y NOA. En otras palabras: la vivienda y los servicios públicos se encarecieron relativamente mucho más que en el resto del país

Mirar esta diferencia entre las velocidades de crecimiento de las divisiones respecto al nivel general nos marca el encarecimiento y/o abaratamiento relativo (los famosos precios relativos). En la era Milei, en el NEA se encarecieron relativamente Vivienda y Servicios Públicos, Salud, Transporte, Comunicación, Educación, Restaurantes y Hoteles y Bienes y servicios varios; en cambio, se abarataron relativamente los alimentos y bebidas, alcohol y tabaco, prendas de vestir y calzado, equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura. 

Acá vemos un importante escenario: los rubros que más se encarecieron son, mayoritariamente, los que más están presentes en el día a día de un hogar tipo como el alquiler, la luz, el agua, la garrafa de gas, los medicamentos, el transporte público, la nafta y el celular y wifi. En cambio, entre los que se abarataron relativamente son, en buena medida, aquellos sobre los que una familia puede tomar decisiones de consumo: indumentaria, equipamiento del hogar, recreación. 

Aquí la excepción en el caso de los alimentos: es una gran noticia que crezca por debajo del nivel general, ya que constituye un gasto fijo que, pese a que el hogar puede tomar decisiones de cantidades o de calidad, no puede reducir a cero el gasto en ese componente.

Esto que describimos genera una especie de ilusión estadística. El promedio general se modera porque algunos bienes pueden postergarse, reemplazarse o directamente dejar de comprarse. Una familia puede comprar menos ropa, renovar más tarde un electrodoméstico, reducir salidas o ajustar consumos. Pero hay gastos que no admiten el mismo margen de maniobra: pagar el alquiler, afrontar las tarifas, mantener determinados servicios o cubrir necesidades de salud y transporte.

Por eso, para entender qué ocurrió realmente con el poder adquisitivo en el NEA, mirar solamente el IPC general resulta insuficiente. Por eso, construimos el Índice de Gastos Fijos que reúne justamente aquellos componentes asociados a compromisos más difíciles de resignar para los hogares y allí aparece el dato central: mientras la inflación general, como decíamos antes, acumuló un alza en el NEA del 312,3% en la era Milei (la más baja del país), el gasto fijo de los hogares aumentó 464,3% (el segundo más alto del país). La diferencia entre uno y otro es de 152 puntos porcentuales y constituye la brecha más grande entre ambas mediciones entre todas las regiones del país. 

En términos relativos, el gasto fijo del NEA creció 48,7% más que su inflación general, frente a una diferencia del 27,1% para el total nacional.

Para graficarlo de manera más potente: supongamos que en noviembre de 2023 un trabajador ganaba $1 millón y llegó a julio de 2026 ganando $ 4.122.621. Eso le permitió empardar con la inflación general: técnicamente, no perdió poder adquisitivo frente al IPC. Sin embargo, si esa misma suba salarial se compara con la evolución del índice de gasto fijo, la historia cambia: en términos reales, ese trabajador perdió un 26,9% de capacidad de compra frente al conjunto de gastos ineludibles del hogar. Dicho de otro modo, aunque su salario haya empatado con la inflación general, una mayor proporción de sus ingresos debe destinarse a cubrir gastos que no puede postergar, reduciendo su ingreso disponible.

Esto nos permite llegar a la conclusión de que el NEA tuvo, acumulado entre noviembre 2023 y julio 2026, la inflación general más baja del país, pero eso no significa que haya tenido el menor impacto inflacionario sobre los hogares. De hecho, puede ocurrir exactamente lo contrario para una familia cuyo presupuesto está fuertemente concentrado en vivienda, tarifas y alimentos.

Si repasamos lo mismo, pero para el acumulado de este 2026, vemos que en este caso el NEA sí tiene la inflación más alta del país al tiempo que persisten los otros problemas. Mientras que el nivel general regional creció 22,3% en los primeros siete meses del año, el rubro de vivienda y servicios públicos lo hizo en 51,7% en la región, la más alta del país y con mucha distancia (2,3 vs. nivel general). Esto se agrava al observar que Alimentos creció también por encima del nivel general (23,2%, un punto porcentual por encima) dándole más presión a los hogares. 

En ese marco, ¿cómo queda el gasto fijo para este período? Mientras la inflación general NEA crece 22,3% en el año, el índice de gastos fijos regional crece en 38,9%, el más alto del país y por lejos, debido a que en ninguna otra región supera el 30%. Volviendo al ejemplo gráfico: si un trabajador tuvo una suba salarial igual a la inflación regional acumulada, aun así mermó 12% su capacidad para afrontar los gastos fijos del hogar; otra vez, el problema queda en el ingreso disponible.

Estas diferencias ayudan a entender por qué muchas veces existe una distancia tan grande entre los indicadores agregados y la realidad cotidiana de los hogares. El promedio estadístico puede mostrar una desaceleración o una menor inflación relativa, mientras que una familia siente que cada mes necesita una proporción mayor de sus ingresos solamente para sostener los gastos básicos. Acá aparece una cuestión particularmente relevante para una región como el NEA: el menor aumento de precios en determinados bienes de consumo puede estar asociado a una menor capacidad de los mercados regionales para trasladar aumentos a precios, producto de un menor poder adquisitivo y de estructuras comerciales diferentes a las de las regiones más concentradas, pero eso convive con una fuerte recomposición de tarifas y servicios que impacta directamente sobre los presupuestos familiares. 

En otras palabras, no todos los pesos que una familia deja de gastar en bienes postergables quedan disponibles para mejorar su calidad de vida. Muchas veces terminan siendo absorbidos por el aumento de aquellos gastos que no pueden evitarse.

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El umbral de la pobreza se mide en $1,56 millones, la Canasta Básica Total subió 19,6% en siete meses

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El dato más visible del informe publicado este jueves por el INDEC es contundente: una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.715,90 en julio para superar la línea de pobreza. El umbral aumentó 2,2% respecto de junio, acumuló una suba de 19,6% desde diciembre y avanzó 36,1% en términos interanuales. Pero detrás de esos porcentajes hay una dinámica más compleja: el costo de la canasta básica total continúa aumentando, aunque lo hace a un ritmo mensual considerablemente menor que al comienzo del año.

La comparación mensual permite observar con mayor claridad esa desaceleración. La Canasta Básica Total para el hogar de referencia aumentó 3,9% en enero, 2,7% en febrero, 2,6% en marzo, 2,5% en abril, 2% en mayo, 2,2% en junio y 2,2% en julio. El movimiento es relevante: el incremento mensual se redujo casi a la mitad respecto de enero, pero el menor ritmo de crecimiento no significó una reducción del costo de la canasta. En términos nominales, el umbral siguió subiendo todos los meses.

El resultado acumulado muestra la otra cara de esa desaceleración. Entre enero y julio, el costo necesario para que ese hogar supere la línea de pobreza pasó de $1.430.735,12 a $1.564.715,90. Son $133.980,78 adicionales en seis meses, equivalentes a un aumento de aproximadamente 9,4% desde enero. La cifra permite dimensionar que una desaceleración de la variación mensual no implica necesariamente una mejora inmediata del poder adquisitivo: el nivel de precios alcanzado permanece incorporado en la nueva base.

Hay además una señal relevante en la composición del aumento. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 37,4% interanual, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) lo hizo 36,1%. La diferencia de 1,3 puntos porcentuales indica que el componente alimentario tuvo una dinámica de precios ligeramente superior al conjunto de bienes y servicios adicionales que integran la CBT. En julio, la CBA aumentó 2,6% mensual, frente al 2,2% de la CBT.

La diferencia no es menor desde una perspectiva social. La CBA representa el piso alimentario: su composición responde a requerimientos kilocalóricos y proteicos considerados imprescindibles para un adulto equivalente y utiliza hábitos de consumo derivados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. La CBT, en cambio, incorpora a esa estructura los bienes y servicios no alimentarios mediante el coeficiente de Engel. Por lo tanto, cuando la CBA crece más que la CBT, la presión relativa se concentra en una de las partidas más difíciles de postergar para los hogares de menores ingresos: la alimentación.

El dato acumulado también permite poner en perspectiva la evolución de los últimos meses. La CBT aumentó 19,6% entre diciembre de 2025 y julio de 2026, mientras que en el mismo período la CBA avanzó 20,1%. Es decir, en lo que va del año el costo de los alimentos incluidos en la canasta creció 0,5 puntos porcentuales más que el conjunto de la canasta utilizada para establecer la línea de pobreza.

Esto introduce un matiz importante frente a una lectura superficial del 36,1% interanual. El indicador no significa que todos los hogares hayan gastado exactamente esa proporción más que hace un año ni que una familia necesite necesariamente $1,56 millones para vivir. El valor representa un umbral estadístico construido para una composición familiar determinada. En el caso informado por el INDEC, se trata de un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, que en conjunto equivalen a 3,09 adultos equivalentes.

Esa metodología explica por qué el número cambia de acuerdo con la composición del hogar. Para una familia de tres integrantes, el INDEC calculó una CBT de $1.245.696,15; para el hogar de cuatro integrantes, $1.564.715,90; y para el hogar de cinco integrantes, $1.645.736,79. Por eso, extrapolar mecánicamente el dato de $1,56 millones a cualquier familia sería metodológicamente incorrecto. El indicador mide el costo de una canasta determinada para un hogar determinado.

La lectura más relevante para el debate económico aparece entonces en la relación entre desaceleración y nivel de precios. El hecho de que la CBT haya pasado de aumentos mensuales cercanos al 4% en enero a una variación del 2,2% en julio es consistente con una menor velocidad de incremento. Pero, al mismo tiempo, la canasta acumula casi 20% de aumento desde diciembre y todavía registra una variación interanual superior al 36%. En otras palabras, la velocidad del deterioro se moderó, pero el nivel de costos que enfrentan los hogares sigue siendo sustancialmente más elevado que un año atrás. Esta distinción resulta central para analizar ingresos y capacidad de compra.

El indicador también permite advertir que la discusión sobre pobreza no se agota en la inflación mensual. Para un hogar cuyos ingresos evolucionan por debajo de la CBT, incluso una inflación descendente puede mantener o ampliar la vulnerabilidad si los ingresos no recuperan el terreno perdido. A la inversa, si salarios, jubilaciones, transferencias y otros ingresos crecen por encima de la canasta, una desaceleración de los precios puede comenzar a traducirse en recuperación del poder adquisitivo. El informe del INDEC, por sí solo, no permite establecer cuál de esos escenarios está ocurriendo para cada grupo de hogares, porque no mide ingresos: mide el costo de la canasta.

El dato de julio, por lo tanto, ofrece una fotografía precisa de dónde se encuentra el umbral, pero también deja planteada la pregunta económica de fondo: cuánto de los ingresos de los hogares logra acompañar la evolución de una canasta que aumentó 36,1% en doce meses y casi 20% en apenas siete meses de 2026. Esa relación entre precios, ingresos y capacidad de consumo es la que finalmente determinará si la desaceleración observada en la canasta se transforma en una mejora social concreta.

El informe corresponde a Gran Buenos Aires y fue publicado por el INDEC el 13 de agosto de 2026. La CBA se valoriza mensualmente con los precios relevados por el IPC-GBA, mientras que la CBT amplía la canasta alimentaria mediante la incorporación de bienes y servicios no alimentarios.

INDEC canasta básica_08_26 by CristianMilciades

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El consumo no despega: el 78% de los hogares todavía está por debajo del ingreso promedio nacional

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La mejora de las variables macroeconómicas todavía no consigue transformarse en una recuperación sólida del consumo masivo. Un relevamiento de la Fundación Encuentro, elaborado sobre estimaciones de la Consultora W, muestra que detrás de la aparente mejora de los ingresos existe una distribución que limita la capacidad de gasto de la mayoría de los hogares argentinos.

Durante el primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los hogares a nivel nacional alcanzó los $2.800.000 mensuales netos. Sin embargo, ese valor está lejos de representar la situación de la mayoría: apenas los hogares de clase alta y clase media alta se encuentran, en promedio, por encima de esa cifra. El 78% restante, correspondiente a los segmentos de clase media baja y clase baja, registra ingresos inferiores al promedio nacional.

La distribución permite dimensionar el problema. La clase alta representa el 5% de los hogares y tiene un ingreso promedio de $12,5 millones mensuales, mientras que la clase media alta, que concentra otro 17%, alcanza un promedio de $5,5 millones. En el extremo opuesto, la clase media baja representa el 26% de los hogares, con un ingreso promedio de $2,5 millones, mientras que la clase baja superior reúne al 31% y registra un promedio de $1,95 millones. Otro 21% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, con un ingreso promedio estimado de $900.000.

El dato más relevante para entender la dinámica del consumo es precisamente esa distancia entre el promedio y la distribución. Solo los dos segmentos de mayores ingresos superan los $2,8 millones, mientras que el 78% de los hogares se encuentra por debajo de esa referencia. La propia Fundación Encuentro advierte que se trata de un patrón característico de las distribuciones de ingreso desiguales: una minoría con ingresos elevados empuja el promedio hacia arriba, haciendo que ese indicador pierda capacidad para describir la situación de la mayoría.

Esto ayuda a explicar por qué una desaceleración de la inflación y una recomposición de los salarios reales no necesariamente producen un rebote inmediato del consumo masivo. El problema no reside únicamente en la velocidad con la que evolucionan los precios o los salarios, sino en el punto de partida y en la distribución de los ingresos disponibles para gastar.

Los hogares de menores ingresos tienen, además, una característica decisiva para la economía real: concentran una mayor propensión al consumo. Es decir, una porción más elevada de cada peso adicional que reciben suele destinarse a bienes y servicios, mientras que los hogares de mayores ingresos cuentan con mayor capacidad para ahorrar o canalizar sus recursos hacia otros activos. Por eso, una mejora concentrada en los segmentos superiores puede mejorar determinados indicadores agregados sin generar el mismo impacto sobre supermercados, comercios, servicios y otros rubros asociados al consumo cotidiano.

El relevamiento señala que los ingresos de ese 78% de hogares están en recuperación, pero todavía no alcanzan para sostener un nivel de gasto comparable con el período previo a la crisis. En paralelo, los segmentos de clase alta y media alta muestran señales de normalización del consumo y dependen mucho menos de la evolución del ciclo salarial.

La consecuencia es una economía con dos velocidades. Por un lado, los hogares ubicados en los estratos superiores tienen margen para recomponer consumos postergados y aprovechar la estabilización de las variables macroeconómicas. Por otro, la mayoría todavía enfrenta una restricción presupuestaria que obliga a priorizar gastos esenciales y posterga decisiones de consumo que requieren mayor ingreso disponible.

El dato de pobreza vuelve todavía más concreta esa restricción. El 21% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza estimada y registra un ingreso promedio de $900.000 mensuales. En este segmento, una mejora del salario real puede ser absorbida rápidamente por alimentos, vivienda, servicios y otros gastos indispensables, sin traducirse necesariamente en un aumento significativo del consumo discrecional.

Desde una perspectiva de política económica, el desafío que plantea el diagnóstico es pasar de una recuperación de los agregados macroeconómicos a una recuperación más extendida de los ingresos disponibles. La desaceleración de la inflación constituye una condición necesaria para recomponer el poder adquisitivo, pero el relevamiento muestra que no resulta suficiente por sí sola para reactivar el consumo masivo.

La variable decisiva será, entonces, cuánto de la mejora macroeconómica consigue convertirse en ingreso disponible para la mayoría de los hogares. Mientras el 78% permanezca por debajo del promedio nacional, la cifra de $2,8 millones seguirá describiendo mejor la posición de una minoría que la realidad económica de la mayoría de las familias.

En ese sentido, el problema del consumo no parece ser solamente de confianza o de expectativas. También es un problema de distribución del ingreso y de capacidad efectiva de compra. Para que el consumo masivo vuelva a funcionar como motor de la actividad, la recuperación deberá atravesar esa brecha: no alcanza con que mejore el promedio si la mayor parte de los hogares todavía no recuperó el ingreso necesario para gastar.

El Consumo No Repunta Pese a La Mejora Macroeconómica – Primer Trimestre 2026 by CristianMilciades

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La nafta pulverizó el salario: un sueldo compra casi diez tanques menos que al inicio de la gestión Milei

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El deterioro del poder adquisitivo también puede medirse en litros. En noviembre de 2023, un salario mediano del sector privado registrado permitía llenar 26,3 tanques de nafta súper de 50 litros. En julio de 2026, el mismo ingreso alcanza para apenas 16,4 tanques.

La pérdida equivale a 9,9 cargas completas, o casi 500 litros de combustible. En términos porcentuales, representa una caída del 37,6% en la capacidad del salario para comprar nafta desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande, que cruzó la mediana salarial del Sistema Integrado Previsional Argentino con la evolución del precio de la nafta súper. El relevamiento muestra una brecha contundente: entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el salario privado registrado aumentó 311%, mientras que el combustible acumuló una suba del 558%.

En otras palabras, el precio de la nafta avanzó casi 80% más que los salarios en términos relativos. Esa diferencia explica por qué, aun con aumentos nominales de ingresos, los trabajadores pueden comprar cada vez menos combustible.

La serie muestra que el deterioro no fue lineal. Después del desplome inicial registrado entre noviembre y diciembre de 2023, el poder de compra experimentó una recuperación parcial durante 2024 y la primera mitad de 2025.

El mejor registro posterior al cambio de Gobierno se produjo en junio de 2025, cuando el salario alcanzó para comprar alrededor de 22 tanques. Sin embargo, desde entonces comenzó una nueva caída.

En febrero de 2026, antes del agravamiento del conflicto internacional y de la nueva escalada del petróleo, el salario mediano todavía permitía comprar 19,4 tanques. Cinco meses después, en julio, la capacidad se redujo a 16,4 tanques: tres cargas menos en un período muy corto.

De acuerdo con el Instituto Argentina Grande, el precio de la nafta súper aumentó 27,2% desde el inicio del conflicto, mientras los ingresos volvieron a quedar rezagados.

Poder de compra del salario medido en tanques de nafta

El salario perdió casi diez tanques de nafta desde 2023

Cantidad de tanques de 50 litros de nafta súper que puede comprar un salario mediano del sector privado registrado.

26,3tanques en noviembre de 2023
16,4tanques en julio de 2026
-37,6%caída del poder de compra en combustible
Fuente: elaboración de Economis sobre datos del Instituto Argentina Grande, SIPA y Surtidores. Los valores intermedios fueron digitalizados del gráfico original; de abril a julio de 2026 el IAG estima una variación salarial del 2% mensual.

El “buffer” evitó una suba mayor, pero ahora demora la baja

Durante la etapa de mayor tensión internacional, el precio local de los combustibles no trasladó completamente la disparada del petróleo. YPF implementó desde abril un mecanismo de amortiguación, conocido dentro del sector como buffer de precios, que luego fue acompañado por el resto de las petroleras.

El sistema mantuvo la nafta súper cerca de los $2.000 por litro durante los meses en que el petróleo internacional registraba valores considerablemente más altos. La contracara es que las compañías acumularon una diferencia que ahora buscan recuperar antes de convalidar una reducción en los surtidores.

La consultora 1816 explicó que durante varios meses el combustible se vendió por debajo del precio que hubiera resultado de combinar la cotización internacional del petróleo y el tipo de cambio mayorista. Por eso, el valor actual funcionaría como una compensación para refinadoras y estaciones de servicio.

Esa lógica ayuda a entender por qué la baja del petróleo todavía no se trasladó a los consumidores. Aunque el crudo retrocedió desde sus máximos, los precios internos permanecen prácticamente sin cambios.

Fuentes del sector estiman que septiembre podría ser una fecha posible para una primera reducción. Sin embargo, la consultora 1816 considera que, si las petroleras buscaran recuperar completamente lo resignado durante el período de contención, los valores actuales podrían sostenerse hasta mediados de noviembre.

Las estimaciones privadas indican que, para adecuarse nuevamente al precio internacional del petróleo, los combustibles deberían bajar aproximadamente 16%.

Una reducción de esa magnitud tendría un efecto directo de alrededor de 0,65 puntos porcentuales sobre el Índice de Precios al Consumidor, sin contar los impactos indirectos sobre transporte, logística, alimentos, industria y servicios.

La decisión dependerá especialmente de YPF. Por su posición dominante, con más de la mitad del mercado minorista, la petrolera controlada por el Estado establece el precio de referencia que luego siguen las demás compañías.

Los impuestos agregan presión

A la dinámica del petróleo, el dólar y las compensaciones empresariales se suma la carga tributaria. En julio, el Gobierno nacional aplicó una nueva actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono.

El incremento representó $21,19 por litro de nafta sin plomo, más $1,298 correspondientes al impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el ajuste fue de $18,96 por litro.

El Gobierno volvió a aplicar solamente una parte del aumento acumulado y postergó para agosto el grueso de las actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. No obstante, los sucesivos aplazamientos indican que ese cronograma podría modificarse nuevamente.

Así, incluso en un escenario de petróleo más barato, la recomposición de márgenes de las compañías y los impuestos pendientes limitan la posibilidad de una baja rápida.

La pérdida de poder adquisitivo medida en combustible excede el gasto de quienes utilizan diariamente un automóvil. La nafta y el gasoil forman parte de la estructura de costos del transporte, la producción, la distribución de alimentos, la actividad comercial y los servicios.

En provincias como Misiones, donde las distancias, la dispersión territorial y la dependencia del transporte por carretera son mayores, el impacto resulta especialmente sensible. El encarecimiento del combustible reduce el ingreso disponible de los hogares y presiona sobre los costos logísticos de las empresas.

La comparación de los últimos dos años expone una de las dimensiones más claras del ajuste sobre los ingresos: el salario nominal aumentó, pero quedó muy lejos de acompañar el precio de un insumo esencial. Al inicio del período alcanzaba para recorrer el equivalente a 26 tanques; hoy apenas cubre 16.

La eventual reducción de los surtidores podría moderar esa pérdida, pero difícilmente alcance para revertirla. Para recuperar la capacidad de compra de noviembre de 2023, el salario debería aumentar más de 60% respecto de la nafta o, alternativamente, el combustible tendría que registrar una reducción extraordinariamente superior a la proyectada por el mercado.

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