poder adquisitivo

La ansiedad social se corrió del dólar y aterrizó en el salario

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En la Argentina de fines de febrero, la preocupación cotidiana dejó de tener un rostro único. Ya no es solo la inflación ni únicamente la inseguridad: la inquietud se volvió un triángulo duro de romper entre salarios que no alcanzan, empleo que falta y precios que no aflojan. Eso es lo que muestra un relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, con 1.500 casos realizado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026, con un error muestral de +/- 2,53% y 95% de confianza, mediante una técnica mixta (mailing y CAWI), ponderado por género, zona y último voto legislativo 2025.

El dato más contundente es también el más político: la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, que encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%) e “inseguridad” (13,9%). Mucho más atrás aparecen “corrupción del Estado” (7,3%), “endeudamiento del país” (5,7%) y “polarización política” (1,9%).

La lectura fina del estudio es incómoda para casi todos los discursos. Por un lado, muestra que la economía sigue siendo el gran ordenador del malestar, aunque con un giro: el problema no se enuncia como “macro” sino como microeconomía doméstica. Que “bajos salarios” quede primero sugiere un cambio de foco: incluso si los precios bajan de velocidad, el ingreso sigue llegando tarde.

Por otro lado, el mapa de preocupaciones también relativiza el peso de la “grieta” como explicación total. La polarización aparece, sí, pero en el margen. En términos electorales, esto es una señal: hay una demanda social por resultados materiales más que por épicas identitarias. En términos de gestión, otra: las decisiones de política pública se evalúan en el mostrador y en el recibo de sueldo.

Brecha de género: ellas miran el empleo; ellos, el poder adquisitivo

Cuando se separa por género, las diferencias son nítidas. En varones, el primer lugar lo ocupa “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo” (29,7%), seguido por “falta de empleo y desocupación” (19,4%) e “inflación” (16,9%). En mujeres, el orden se reacomoda: “falta de empleo y desocupación” sube a 25,8%, mientras “bajos salarios” queda en 27,5% y “inflación” marca 18%.

Esa brecha puede leerse como síntoma de época: el empleo aparece como una alarma más fuerte en el universo femenino, mientras que en los varones pesa algo más la pérdida del poder de compra. No es solo economía: es también estructura social, tipo de inserción laboral y expectativas sobre estabilidad.

El corte etario muestra que la preocupación “se mueve” con el ciclo de vida. Entre 18 y 30 años, el empleo domina con 34,5%, muy por encima de salarios (20,8%), inflación (17,9%) e inseguridad (18,5%). En 31 a 45 años, el liderazgo pasa a “bajos salarios” (30,7%) y la inflación pega un salto (27,3%). En 46 a 60, vuelve a imponerse el ingreso: 31,5% salarios, con empleo en 26,1%. Y en mayores de 60, los “bajos salarios” sostienen el primer lugar con 27,9%, aunque el rubro “otro” crece (25,7%), una categoría que suele capturar preocupaciones específicas (salud, medicamentos, costos de vida, servicios) que no siempre quedan reflejadas en opciones cerradas.

La política debería tomar nota: los jóvenes no están discutiendo un modelo; están buscando un puesto. Y los mayores piden que la jubilación alcance.

El corte por voto presidencial también cuenta una historia: hay temas que atraviesan identidades, pero cambian las jerarquías. En primera vuelta, quienes votaron a Javier Milei ubicaron primero la inseguridad (27,5%), seguida por bajos salarios (24,2%), con inflación y empleo prácticamente empatados (18,2% y 18,7%). En votantes de Patricia Bullrich, el orden es más “económico”: bajos salarios (29,6%) y empleo (25,7%), con inseguridad en 19% e inflación en 14,6%. Entre votantes de Sergio Massa, vuelven a liderar bajos salarios (28,4%) y empleo (24,2%), con inflación 19,9% y endeudamiento 13,1%. Pero el caso más extremo es el de Juan Schiaretti: allí, “bajos salarios” llega a 52,8%, un techo que sugiere un electorado fuertemente orientado a la economía real.En el ballotage (último voto), el contraste se simplifica. Entre votantes de Milei, vuelve a liderar inseguridad (25,8%), pero “bajos salarios” es casi igual de alto (26,3%). Entre votantes de Massa, la prioridad es claramente bajos salarios (30,8%), con empleo segundo (24,6%) e inflación tercero (18,9%).

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El Gobierno activa subas en gas, luz y combustibles y recalibra el esquema tarifario en marzo

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Marzo comienza con una señal clara del Ejecutivo: la normalización tarifaria sigue en marcha. El Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos en gas natural, electricidad y combustibles que impactan desde el 1° de marzo y que, en el caso de los carburantes, se traducen en subas de entre 1% y 1,2% por la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos, postergado desde principios de 2024. En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas habilitó incrementos en los cargos del sistema —con alzas del 8% en transporte, desplazamiento e intercambio— y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó subas de hasta 2,43% en el Costo Propio de Distribución.

El movimiento no es aislado. Forma parte de una estrategia que combina reducción de subsidios, recomposición de ingresos en las empresas reguladas y dosificación del impacto inflacionario. La clave política está en ese equilibrio: sostener el sendero de corrección de precios relativos sin detonar una nueva espiral en un insumo transversal a toda la economía.

Regulación y discrecionalidad: cómo se arma la nueva factura

En gas, el aval del Ente Nacional Regulador del Gas permitió a las distribuidoras trasladar mayores costos al usuario final. Los cargos del sistema suben 8%, aunque el efecto en la boleta no es lineal. Depende del área de concesión, de los cuadros tarifarios vigentes y de los beneficios aplicables. En la zona núcleo el impacto es mayor; en áreas frías, más acotado.

En electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hasta 2,43% de aumento en el Costo Propio de Distribución. Ese componente es solo una parte de la factura, que también incluye el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, subsidios, bonificaciones e impuestos locales. Por eso el traslado al usuario será dispar según zona y categoría.

El caso de los combustibles tiene otra lógica. El Gobierno habilitó una porción del impuesto específico, que había sido diferido desde 2024. Aunque el tributo se fija en valores nominales, el impacto final se traduce en un aumento de entre 1% y 1,2%, al que se suman las remarcaciones que definan las petroleras. Desde la desregulación del mercado en 2024, los precios se mueven con mayor libertad y el Ejecutivo dejó de exigir informes públicos sobre actualizaciones. El resultado fue un 2024 con aumentos en 11 de 12 meses y un alza acumulada superior al 42%, por encima de la inflación anual informada por el Indec.

La dosificación impositiva revela la tensión central: recomponer recaudación sin trasladar de una sola vez el peso tributario al surtidor. Es una decisión fiscal con lectura macroeconómica.

Costos, salarios y consumo bajo presión

El encadenamiento es evidente. Energía y combustibles son insumos difundidos. Afectan transporte, producción industrial, logística y servicios. Cada ajuste impacta de manera directa en el gasto fijo de los hogares y de forma indirecta en la estructura de costos del sector productivo.

Según el Observatorio de Tarifas del IIEP (UBA-CONICET), en 2025 los servicios públicos acumularon actualizaciones promedio de hasta 30%, un ritmo menor al shock de 2024 pero alineado con la inflación anual. El peso estimado de estos gastos ronda el 20% del ingreso mensual de los hogares, en un contexto de cuatro meses consecutivos sin mejora del salario real según el Indec.

Para las empresas energéticas y distribuidoras, la señal es de continuidad regulatoria. El esquema busca garantizar ingresos operativos y previsibilidad en la inversión. Para los consumidores, el efecto es más inmediato: mayor proporción del ingreso destinada a tarifas y combustibles, con menor margen para consumo discrecional.

El Gobierno intenta evitar un salto brusco que reavive expectativas inflacionarias. Sin embargo, la suma de ajustes parciales termina configurando una presión acumulativa. No es un shock único; es una secuencia.

Señales al mercado y clima político

La decisión consolida el rumbo de corrección tarifaria iniciado el año pasado. No hay congelamientos ni interrupciones en el proceso de recomposición de precios relativos. El Ejecutivo muestra coherencia con su política de reducción de subsidios y desregulación, pero también administra tiempos y porcentajes para evitar desbordes macroeconómicos.

El mensaje al mercado energético es de previsibilidad. El mensaje a los hogares es más complejo: la normalización continúa en un escenario donde el poder adquisitivo todavía no acompaña. Esa tensión define el clima económico del primer trimestre.

Marzo abre con tarifas en alza y con un esquema que combina regulación, impuestos y mercado. El impacto pleno se medirá en las próximas mediciones de inflación y en la dinámica del consumo. Por ahora, el ajuste avanza por tramos.

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Los salarios formales cayeron fuerte contra la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

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El poder adquisitivo de los salarios registrados volvió a deteriorarse en 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes del sector público y privado crecieron 28,8% en el año, frente a una inflación acumulada del 31,5%, lo que implicó una caída real del 2,1% interanual.

La merma se explicó íntegramente por el desempeño del último cuatrimestre. En diciembre, los salarios aumentaron 2% mensual, por debajo del 2,8% de inflación, profundizando el retroceso real.

El golpe fue más fuerte en el sector público. En diciembre, los salarios estatales subieron apenas 1%, lo que implicó una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo en el mes. En el sector privado registrado, los ingresos avanzaron 2,5%, pero aun así mostraron una leve caída real de 0,3%, según estimaciones privadas en base a los datos oficiales.

En términos anuales, el deterioro se concentró en los últimos cuatro meses, cuando el salario real se contrajo 2,5%. El fenómeno estuvo vinculado a la aceleración inflacionaria de fin de año y al rezago típico de las actualizaciones salariales, que suelen ajustarse con base en inflación pasada. Cuando los precios se aceleran, los ingresos quedan temporalmente por detrás.

Si se amplía la comparación al período iniciado en noviembre de 2023 —momento del salto inflacionario posterior a la devaluación— la pérdida acumulada es mayor. Desde entonces, el conjunto de trabajadores registrados registra una caída real del 7,1%. La brecha sectorial es marcada: el empleo público acumula una pérdida del 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que el privado registrado retrocede 1,55%.

Aunque durante parte de 2024 los salarios mostraron cierta recuperación real, el cierre de 2025 deja un balance negativo. El dato confirma que la recomposición salarial sigue condicionada por la dinámica inflacionaria y por el desfase entre precios y negociaciones paritarias.

En un contexto de desaceleración económica y menor utilización de capacidad instalada, la evolución del salario real se convierte en una variable clave para el consumo interno y la actividad.

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Empleo formal en retroceso y salarios en caída: Misiones pierde más que el promedio nacional

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El mercado laboral misionero atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración. Así lo señala el Informe Disciplinar-Febrero 2026 del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), dependiente de la Universidad Gastón Dachary, que analiza la evolución del empleo formal y los salarios reales en la provincia y en la Argentina a partir de datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El documento advierte que, aunque la economía nacional logró cierta estabilización macroeconómica en el corto plazo, esa mejora no se tradujo todavía en una recuperación sostenida del empleo ni del poder adquisitivo. En Misiones, incluso, el deterioro resulta más marcado que en el promedio del país.

A nivel nacional, el empleo asalariado formal privado se ubica en torno a los 6,2 a 6,3 millones de trabajadores, pero arrastra más de una década de estancamiento. 

En la provincia, la dinámica es más preocupante. Entre 2015 y 2024 el empleo privado nacional creció apenas 1,65%, mientras que en Misiones se registró una leve contracción. Si se compara 2023 con 2024, la caída fue del 1,91% en el país y del 3,38% en la provincia. El dato más reciente profundiza la tendencia: el primer trimestre de 2025 muestra una disminución del 5,1% del empleo privado registrado en Misiones respecto al mismo período de 2023.

La contracción no fue homogénea. La construcción explica buena parte de la pérdida de puestos. Desde el máximo alcanzado en el tercer trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2025 se destruyeron 9.637 empleos formales en ese sector en la provincia. Solo entre el primer trimestre de 2023 y el de 2025 se perdieron 4.690 puestos privados registrados.

Mientras tanto, comercio y servicios continúan ganando participación dentro del total del empleo privado. De acuerdo con el promedio 2020–2024, los servicios explican cerca del 40% del empleo formal en Misiones, mientras que la industria y el comercio concentran alrededor del 20% cada uno. En conjunto, estos tres sectores reúnen aproximadamente el 80% del empleo privado registrado. 

Esta estructura consolida un cambio productivo que se viene profundizando desde hace años: menos peso relativo de la construcción y mayor centralidad de las actividades terciarias.

El informe también pone el foco en los salarios. Desde 2013 el salario real del sector privado en Misiones mantiene una tendencia descendente. En 2024 los ingresos reales eran un 24% inferiores a los de 2013, medidos a precios constantes de septiembre de 2025. 

Si bien durante algunos meses de 2024 se registró una recuperación parcial, esa mejora se revirtió a comienzos de 2025. Entre enero y junio del año pasado, el salario real privado cayó alrededor de un 10%, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

El ODEM enmarca este escenario en lo que denomina el “problema de la sábana corta”: las políticas orientadas a reducir la inflación -mediante un enfoque fiscal y monetario contractivo- lograron una desaceleración inflacionaria, pero al mismo tiempo impactaron sobre la actividad y el empleo.

El mercado laboral misionero combina menor nivel de empleo formal, una estructura cada vez más concentrada en servicios y comercio, y salarios reales debilitados. El desafío, concluye el informe, será compatibilizar la estabilidad de precios con políticas que impulsen la actividad, diversifiquen la estructura productiva y promuevan empleo de mayor calidad, para que la mejora macroeconómica pueda reflejarse finalmente en los bolsillos y en la generación de trabajo genuino en la provincia.

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Misiones tiene el changuito más barato del país: la canasta cayó casi $17 mil en enero

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La canasta Analytica -una selección de productos de supermercado que representa el consumo mensual típico de una familia tipo de clase media, compuesta por dos adultos y dos menores- volvió a mostrar fuertes diferencias regionales en enero. En ese mapa de precios, Misiones se ubicó como la provincia con el changuito más económico de la Argentina.

Con un valor total de $798.252, Misiones encabezó el ranking de menor costo, por debajo de La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958). Además, fue una de las pocas jurisdicciones donde la canasta registró una baja nominal respecto de diciembre, con una reducción de $16.849, el mayor descenso del país en términos absolutos.

Este comportamiento contrasta con lo ocurrido en otras provincias. En enero, los mayores aumentos mensuales del changuito se observaron en Chubut (+3,0%), Entre Ríos (+3,0%) y el interior de Buenos Aires (+2,9%). En el extremo opuesto, La Rioja (+1,1%) y Catamarca (+0,9%) mostraron las subas más moderadas.

Al interior de la canasta, algunos productos tuvieron incrementos generalizados en casi todo el país. El aceite de girasol aumentó entre 3% y 5% en la mayoría de las provincias, mientras que las hamburguesas registraron subas de entre 4% y 7%. En cambio, el precio de la docena de huevos se mantuvo estable en casi todo el territorio nacional, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde incluso bajó 1,3%.

El contraste regional sigue siendo marcado. Las canastas más caras se concentran en la Patagonia, encabezadas por Santa Cruz ($911.587), Chubut ($903.640) y Tierra del Fuego ($891.399). En esas provincias, los mayores precios están parcialmente compensados por salarios privados más elevados.

En el NEA, donde se ubica Misiones, ocurre lo contrario: los precios son más bajos, pero también lo son los ingresos. Aun así, el informe destaca una mejora relativa: el costo del changuito representa el 29,7% de la suma de dos salarios privados registrados promedio, lo que implica una mejora de 0,5 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Este patrón es consistente con la evidencia histórica, que muestra que los hogares del norte argentino destinan una mayor proporción de su ingreso a alimentos y bebidas.

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