PODER JUDICIAL

Reforma laboral: la Justicia rechazó el amparo de la CGT contra el traspaso del Fuero Laboral a la ciudad de Buenos Aires

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El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, Enrique Lavié Pico, rechazó este miércoles la presentación que había hecho la CGT contra dos artículos de la reforma laboral que establecen el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.

“Teniendo en cuenta la sumarísima vía escogida –acción de amparo– por la actora y la inminencia de su decisión, en la cual se tratará el fondo del asunto y la ilegalidad y/o ilegitimidad de la conducta desplegada por la demandada, se descarta la existencia de un perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia”, expresó el magistrado en el fallo

En el amparo presentado el viernes último, la CGT había reclamado “el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo”.

La central argumentó que los cambios vulneran derechos constitucionales y dejan a los trabajadores en situación de indefensión.

En el fallo, Lavié Pico consideró que “no se acreditaron los requisitos de urgencia o arbitrariedad necesarios para frenar o modificar” una ley del Congreso recientemente sancionada.

“Por otra parte, tampoco puede dejar de señalarse que no se advierte, en este estado del proceso, la configuración en la presente causa del peligro en la demora que justifique la tutela requerida y la alteración del orden natural del proceso, en la medida que los elementos aportados por la parte actora, no resultan suficientes para acceder a la tutela requerida, en el marco expedito dela acción de amparo formulada”, concluyó el magistrado

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El Gobierno reactiva la cobertura de más de 300 cargos judiciales y revisará antecedentes antes de enviar pliegos al Senado

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El Gobierno nacional decidió avanzar en la revisión de antecedentes y situación fiscal de candidatos incluidos en ternas para más de 300 cargos judiciales vacantes, un paso administrativo que puede reactivar uno de los circuitos institucionales más sensibles: la designación de jueces, fiscales y defensores. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y apunta a habilitar el envío de los pliegos al Senado una vez completados los controles previstos por la normativa vigente.

La medida involucra 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales que se encuentran actualmente dentro del Poder Ejecutivo para continuar su proceso de designación. El punto de partida será la actualización de los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003, que regula las condiciones formales que deben cumplir los candidatos antes de que sus postulaciones sean elevadas al Congreso.

Más allá de su carácter técnico, el movimiento abre una pregunta política inevitable: si el Gobierno logrará transformar este proceso administrativo en una ofensiva efectiva para cubrir un número significativo de cargos en la Justicia o si la iniciativa quedará condicionada por el trámite legislativo que exige la aprobación del Senado.

Un paso previo para activar el circuito institucional de designaciones

El sistema de designación de magistrados y funcionarios judiciales tiene varias estaciones institucionales. Tras la elaboración de ternas y su recepción por parte del Poder Ejecutivo, el siguiente paso consiste en que el Presidente defina los nombres propuestos y envíe los pliegos al Senado, donde deben ser evaluados y aprobados.

En ese trayecto, el Decreto 588/2003 establece una serie de verificaciones formales que deben completarse antes de que el expediente avance. Precisamente sobre ese punto se concentra la decisión anunciada por el Ministerio de Justicia: actualizar la documentación y los controles correspondientes a todos los candidatos incluidos en las ternas.

El procedimiento contempla varias instancias de verificación. Por un lado, el Gobierno solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los postulantes, un organismo que centraliza la información sobre procesos penales tramitados en cualquier jurisdicción del país y certifica la existencia o no de antecedentes.

Por otro lado, el proceso incluirá una revisión de la situación patrimonial y del cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales. Esa información se verificará a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que permitirá confirmar si los candidatos tienen correctamente declarados sus datos fiscales.

El objetivo oficial es completar estas verificaciones para habilitar el envío de los pliegos que disponga el Presidente de la Nación, paso indispensable para que el proceso continúe en el ámbito legislativo.

Vacantes estructurales y un proceso que depende del Senado

La dimensión de las vacantes que el Gobierno busca activar refleja un problema estructural del sistema judicial. Las 337 posiciones alcanzadas por la revisión —entre jueces, defensores y fiscales— representan un volumen considerable dentro del funcionamiento del Poder Judicial.

La cobertura de estos cargos no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. El proceso requiere la aprobación del Senado, que debe tratar los pliegos una vez enviados por el Presidente. Ese tramo introduce una variable política central: el ritmo real de las designaciones dependerá de la dinámica legislativa y de los acuerdos que puedan construirse en torno a cada candidatura.

En términos institucionales, la iniciativa del Ministerio de Justicia busca ordenar el expediente administrativo previo. En términos políticos, también puede interpretarse como un intento de activar una agenda pendiente en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial.

La dimensión estratégica del movimiento

El anuncio no implica designaciones inmediatas, pero sí abre la puerta a un proceso que podría modificar el mapa institucional del Poder Judicial si avanza hasta su etapa final.

La revisión de requisitos funciona como un filtro administrativo previo al envío de los pliegos, pero también como una señal de que el Gobierno pretende ordenar el stock de postulaciones que permanecen dentro del Ejecutivo.

El volumen de cargos involucrados sugiere que el impacto podría extenderse a distintos niveles del sistema judicial: tribunales, fiscalías y defensorías.

Al mismo tiempo, el proceso introduce un ritmo propio. La verificación de antecedentes, la validación fiscal y la actualización documental son condiciones necesarias antes de que los expedientes lleguen al Senado. Recién entonces se abrirá el capítulo político más visible: el debate parlamentario.

Un proceso que recién comienza

El anuncio del Ministerio de Justicia activa un procedimiento administrativo que llevaba tiempo pendiente, pero todavía no define su desenlace.

La clave estará en dos etapas posteriores: primero, la decisión del Presidente sobre qué pliegos enviar al Senado; después, la capacidad del Congreso para tratar esas propuestas.

Mientras tanto, el proceso de revisión funciona como el primer movimiento de una cadena institucional que suele extenderse durante meses. En el sistema de designación judicial argentino, los procedimientos técnicos son apenas el comienzo de una discusión política que recién empieza a desplegarse.

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Milei designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

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El presidente Javier Milei decidió reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y nombrar en su lugar a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se concretó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y terminó de materializar una salida que, según trascendió, estaba acordada desde octubre pasado y tenía como horizonte marzo de este año.

La decisión marca el fin de uno de los últimos integrantes del primer Gabinete de Milei y abre una nueva etapa en una cartera estratégica para la relación entre el Gobierno y el sistema judicial. ¿Se trata de un simple recambio por desgaste o de un movimiento más profundo para consolidar influencia institucional en un área sensible?

De fiscal porteño a ministro nacional

Mahiques llega al Ministerio tras ejercer desde finales de 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, es decir, como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su perfil combina gestión técnica y pertenencia a lo que en el ámbito judicial se denomina “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El Presidente envió recientemente su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre, un gesto interpretado como señal de cercanía política.

El entorno familiar también incluye a Ignacio Mahiques, fiscal porteño y adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y a Esteban Mahiques, actual director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integrante previo del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El desplazamiento de Cúneo Libarona responde a un acuerdo previo con los hermanos Milei para permanecer en funciones hasta marzo. El propio ministro saliente admitía en privado el desgaste de la gestión y su intención de dejar el cargo.

Impacto político y equilibrio institucional

El Ministerio de Justicia no solo gestiona políticas públicas; actúa como bisagra entre el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso en materia de reformas judiciales. El ingreso de un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño y vínculos consolidados dentro del sistema judicial puede redefinir esa interlocución.

En términos de poder, el movimiento fortalece el ala técnica con anclaje en tribunales y fiscalías. También envía una señal hacia el Senado, donde se tramitan pliegos y designaciones clave. La renovación del cargo de Carlos Mahiques en Casación y la llegada de su hijo al Ministerio configuran un esquema que consolida una red de relaciones institucionales.

Para el Gobierno, el recambio puede servir para ordenar una agenda judicial que incluye reformas pendientes y debates sensibles. Para la oposición, abre interrogantes sobre concentración de influencia y alineamientos dentro del Poder Judicial.

Un nuevo ciclo en Justicia

El cambio ocurre en un momento en que el Ejecutivo necesita estabilidad política y coordinación con el Congreso para avanzar en iniciativas estructurales. La figura del ministro de Justicia es central en ese engranaje.

Habrá que observar cómo Mahiques gestiona la transición, qué señales envía hacia magistrados y fiscales federales y cómo articula con el Parlamento en eventuales proyectos de reforma. También será relevante el tono que adopte la relación con el Consejo de la Magistratura.

La salida de uno de los últimos integrantes del Gabinete original de Milei cierra una etapa. El desembarco de Mahiques abre otra, con un perfil más anclado en la estructura judicial. El alcance real de ese movimiento dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y de cómo se reconfigure el equilibrio entre el Gobierno y el sistema de justicia.

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Jueces de la democracia: un Poder Judicial cada vez más joven en Misiones

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Con un promedio general de 52 años y una mayoría de magistrados sub 50 en áreas claves, el recambio generacional ya es un hecho. Sólo quedan dos o tres jueces anteriores al Consejo de la Magistratura. La Justicia en Misiones, además, lleva una década sin paros, lo que la convierte en una de las más estables del país.

Misiones atraviesa un proceso silencioso pero profundo: el Poder Judicial se renovó casi por completo en las últimas dos décadas, especialmente desde la creación del Consejo de la Magistratura y el impulso a la digitalización iniciado en 2014. Del viejo esquema de designaciones políticas sólo sobreviven apenas dos o tres jueces superiores y una tanda de jueces de paz, cuyas nominaciones recién ahora se incorporaron a la selección por ternas. El resto ingresó por concursos públicos, con nuevas exigencias y nuevas perspectivas profesionales.

Los datos oficiales permiten dimensionar el fenómeno. Un relevamiento de casi un centenar de magistrados revela un promedio general de edad de 52,6 años. Pero ese número, que puede sugerir estabilidad o incluso madurez, esconde una transformación mucho más profunda: en la mayoría de las áreas sensibles -civiles, de familia, penales y de las circunscripciones más dinámicas- los jueces tienen entre 38 y 49 años. Muchos nacidos en democracia.

El recambio generacional está instalado, es masivo y ya define una nueva identidad institucional. El nuevo procurador general, Carlos Giménez, recién ingresó a las cuatro décadas y reemplazó a Miguel Piñeiro, que lo doblaba en edad. Lo mismo Martín Rau, flamante juez penal, antes de los 45 años. Vladimir Glinka, fiscal del escándalo Kiczka, tiene 36 años. El fiscal de Cibercrimen, que entiende en delitos informáticos, Juan Pablo Espeche, tiene uno menos.

En la Primera Circunscripción, por ejemplo, los jueces civiles promedian apenas 45 años. Apóstoles -una de las jurisdicciones con mayor volumen de causas- el promedio es de 47. En los tribunales penales de Posadas, la media ronda los 50, con una presencia fuerte de magistrados de 43 y 44 años. Sólo el fuero laboral -tradicionalmente más estable y con menor movilidad- sostiene promedios que superan los 60 y elevan la media general. Esto marca una consigna: la experiencia también aporta muchísimo a la eficiencia. La edad muchas veces aporta el conocimiento empírico que sostiene como una balanza las respuestas judiciales.

El contraste entre los jueces jóvenes y los de mayor trayectoria no es apenas biográfico: es estructural. Los magistrados que superan los 60 años -una fracción mínima pero todavía influyente en ámbitos como el laboral- fueron formados en una matriz jurídica previa a la digitalización, donde el expediente físico, la delegación vertical y la cultura del “tiempo judicial” marcaban ritmos y jerarquías.

Su experiencia aporta estabilidad y una comprensión territorial profunda. Pero también -y esto lo reconocen incluso ellos mismos- cargan con inercias que chocan con las demandas actuales: plazos más breves, trazabilidad digital, audiencias inmediatas y transparencia en la gestión. Son profesionales de un ecosistema institucional que ya no existe.

La generación sub 50 ingresó en un escenario radicalmente distinto: concursos obligatorios, paridad creciente, firma digital, oralidad, estándares de género, derechos humanos y control estadístico de gestión

Para esta camada, el expediente electrónico no fue un cambio sino un punto de partida; la firma digital, una herramienta natural; y la carga de indicadores, una obligación ética. La cultura de trabajo es otra: más horizontal, más medible, más orientada a resultados. Además, su formación incluye nuevas problemáticas -violencia de género, delitos informáticos, vulnerabilidad social- que exigen enfoques más complejos y multidisciplinarios. La pregunta sobre si “la Justicia necesita recambio generacional” pierde sentido: el recambio ya ocurrió. El desafío hoy es armonizar lenguajes y culturas institucionales que conviven, se tensan y, muchas veces, se complementan.

Un Superior Tribunal con otra matriz de ingreso

La composición del Superior Tribunal de Justicia también revela el alcance de los nuevos tiempos. De los actuales ministros, solo dos provienen de la carrera judicial tradicional: la presidenta, Rossana Venchiaruti Sartori y Froilán Zarza. Ambos hicieron todo su recorrido como secretarios, prosecretarios y camaristas dentro del Poder Judicial. El resto ingresó desde la abogacía privada o como referentes emergentes de otros ámbitos profesionales, introduciendo nuevas miradas y diversidad de trayectorias. 

Esta heterogeneidad en la cúspide del sistema no solo rompe con la lógica endogámica de décadas anteriores, sino que confirma que Misiones consolidó un modelo de selección donde el mérito, la formación continua y la competencia abierta sustituyen al viejo esquema de promociones automáticas.

Otro elemento que suele pasar desapercibido y que profundiza la singularidad del sistema misionero es su continuidad operativa. A diferencia de otros poderes judiciales del país, el de Misiones lleva más de una década sin paros, lo que se traduce en miles de horas de servicio efectivo. La ausencia de huelgas, sumada a la digitalización y a la estabilidad institucional, produce un volumen de trabajo que marca diferencias con provincias donde los conflictos gremiales paralizan periódicamente la actividad. La inexistencia de huelgas es producto de una gestión ordenada y un trabajo consensuado

Paradójicamente, algunos abogados señalan que la feria judicial sigue siendo “muy extensa”. Es un reclamo recurrente, pero que contrasta con una realidad objetiva: la Justicia misionera funciona todo el año, con licencias ordenadas y sin interrupciones laborales. En un sistema donde cada día perdido equivale a acumulación de expedientes, la continuidad es un activo institucional de enorme valor.

En Misiones se realizan concursos de manera continua, lo que explica por qué el recambio generacional opera sin necesidad de grandes reformas. Con cada convocatoria se incorporan nuevos perfiles, más jóvenes y con una visión profesional acorde a los estándares nacionales e internacionales. La narrativa del “Poder Judicial envejecido” es, en buena medida, un mito: los datos muestran exactamente lo contrario.

Ahora bien, ¿una justicia más joven es una justicia mejor? Una estructura más joven no garantiza eficiencia por sí misma, pero sí habilita nuevas dinámicas. Los jueces sub 50 se formaron con la lógica del expediente digital, el uso intensivo de tecnología y los mecanismos de monitoreo de gestión. En muchos despachos la medición de tiempos, el análisis estadístico de procesos y las audiencias virtuales ya forman parte del trabajo cotidiano, sobre todo con la experiencia de la pandemia.

Este cambio generacional implica un nuevo equilibrio: una justicia más dinámica, más digital y más permeable a cambios culturales, pero que todavía convive con tensiones heredadas y resistencias tradicionales en el ejercicio de la profesión. Lo cierto es que Misiones tiene hoy un Poder Judicial de la democracia, renovado por concurso, con fuerte presencia femenina y con una estructura etaria que ya no es un problema, sino parte de su impulso hacia la modernización.

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El Poder Judicial de Misiones digitaliza el Fuero Penal con nuevas herramientas tecnológicas del SIGED

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El Poder Judicial de Misiones incorpora nuevas herramientas digitales para optimizar la gestión en el Fuero Penal. La implementación de la funcionalidad “Perfil de usuario no vinculado” y la digitalización de presentaciones de exención de prisión y excarcelación marcan un paso clave hacia la modernización del sistema judicial misionero.

Innovación judicial: digitalización en el fuero penal

El Poder Judicial de Misiones avanza en su proceso de transformación tecnológica con la incorporación de nuevas herramientas digitales dentro de la plataforma SIGED (Sistema de Gestión Electrónica de Documentos), específicamente destinadas al Fuero Penal.

Este martes, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales, se presentó oficialmente el desarrollo denominado “Perfil de usuario no vinculado, presentación de Exención de Prisión y Excarcelación”, que permitirá agilizar la interacción entre la ciudadanía, la defensa y los organismos judiciales, mediante un acceso digital seguro y simplificado.

La actividad fue encabezada por el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de enlace con el Fuero Penal, Juan Manuel Díaz, acompañado por Natalia Skeppstedt, responsable del Departamento Jurídico Informático de la Secretaría de Tecnología Informática (STI), y Daniel Viglianco, integrante del Gabinete Informático Jurisdiccional.

Participaron alrededor de 30 profesionales de manera presencial y representantes de las cinco circunscripciones judiciales vía Zoom. El encuentro constituyó la etapa de capacitación técnica para su puesta en marcha, prevista a partir del 1 de diciembre, luego de una fase piloto de prueba y validación funcional.

Un modelo de gestión abierto, participativo y transparente

Durante la presentación, el ministro Juan Manuel Díaz destacó que el nuevo desarrollo forma parte de un plan integral de modernización tecnológica del fuero penal, con un enfoque “abierto y participativo”, que involucra activamente a magistrados, funcionarios y personal técnico en la construcción de soluciones digitales para el sistema judicial.

“Creemos no solo en la capacidad demostrada por nuestros magistrados y funcionarios que llevan adelante el fuero penal, sino también en su potencial para transmitir ideas que signifiquen un aporte altamente valorativo al desarrollo de herramientas innovadoras”, expresó Díaz.

El ministro remarcó que la innovación judicial “no se limita al uso eficiente de la tecnología”, sino que implica también “derribar barreras en la gestión, desburocratizar procesos y acercar la justicia a la ciudadanía”, promoviendo una mayor accesibilidad y transparencia institucional.

Además, agradeció el trabajo conjunto de la presidenta del STJ y directora ejecutiva del Centro de Capacitación Judicial, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y del ministro de enlace ante la Secretaría de Tecnología Informática, Cristian Marcelo Benítez, quienes acompañaron la ejecución técnica y metodológica del proyecto.

“El esfuerzo por legitimar nuestra función es parte esencial del desarrollo del Poder Judicial como institución. Este proceso de continuo fortalecimiento reafirma el valor de nuestra tarea y consolida los principios de transparencia y responsabilidad”, subrayó Díaz al cierre de su exposición.

Tecnología e institucionalidad: un cambio estructural

La Secretaría de Tecnología Informática (STI) del Poder Judicial de Misiones, a través de su equipo técnico y jurídico, viene implementando un proceso progresivo de digitalización en los distintos fueros. En el ámbito penal, la incorporación de esta nueva herramienta representa un salto cualitativo, ya que permitirá:

  • Optimizar los tiempos procesales en las presentaciones de exención de prisión y excarcelación.
  • Ampliar el acceso digital mediante el perfil de “usuario no vinculado”, garantizando que personas externas al sistema judicial puedan realizar gestiones con trazabilidad y seguridad.
  • Reducir la burocracia administrativa y los traslados físicos de documentación.
  • Fortalecer la trazabilidad de las actuaciones judiciales y la integridad de los expedientes electrónicos.

La implementación de la funcionalidad se inscribe en la política de modernización judicial impulsada por el STJ de Misiones, que busca integrar innovación tecnológica, gestión participativa y transparencia pública como pilares de su estrategia institucional.

De acuerdo con fuentes del organismo, la fase piloto permitirá evaluar la usabilidad del sistema, su interoperabilidad con otros módulos del SIGED y la capacitación continua de los usuarios finales antes de su despliegue completo.

Hacia una justicia más ágil y accesible

La experiencia del Poder Judicial de Misiones en materia de innovación digital se ha convertido en un modelo de referencia regional. La integración del expediente electrónico, las notificaciones digitales y las plataformas de gestión remota son parte de un ecosistema tecnológico en expansión que busca consolidar una justicia moderna, ágil y al servicio del ciudadano.

El nuevo módulo para el Fuero Penal representa un avance sustantivo en esa dirección, alineado con los estándares nacionales e internacionales en gobierno digital judicial y con la tendencia global hacia la despapelización y la eficiencia institucional.

La implementación plena del sistema a partir de diciembre fortalecerá la capacidad operativa de los juzgados penales y reducirá los tiempos de tramitación en instancias sensibles para la libertad de las personas, consolidando a Misiones como una de las provincias pioneras en innovación judicial.

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