PODER JUDICIAL

Andrés Poujade juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia

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El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.

Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.

El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.

Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.

El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.

Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.

“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.

Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.

“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.

El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.

“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.

“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.

La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.

“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.

Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.

“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.

La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.

“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.

La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.

En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.

Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico

Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.

El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.

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Milei y el ministro de Justicia celebraron la aprobación de los pliegos de jueces

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El presidente de la NaciónJavier Milei, celebró junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Maiques, la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado y consideró que significó el “inicio de la reconstrucción de la Justicia”, pese a que se incluyó el perteneciente a María Verónica Michelli.

“EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió Milei en su cuenta de X.

Por su parte, también se manifestó Mahiques, quien le agradeció a Milei “la reconstrucción” del Poder Judicial, e hizo lo propio con la Secretaria de Presidencia de la NaciónKarina Milei, “por su apoyo constante“.

El agradecimiento del magistrado se extendió también a los senadores nacionales, “en especial” a la “celeridad” de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron “incansablemente” que esta situación se hiciera posible en el corto tiempo

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo“, expresó Mahiques.

También manifestó “un reconocimiento especial” al secretario de JusticiaSantiago Viola, “por su enorme labor y compromiso” para lograr el objetivo que impulsó el oficialismo.  

Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, concluyó.

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El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli tras una tensa pulseada política

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En una de las votaciones más sensibles para la relación entre el Gobierno nacional y el Senado, la Cámara alta aprobó finalmente el pliego de Verónica Michelli para ocupar la vacante de jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. La decisión se produjo luego de una intensa negociación política que expuso diferencias internas dentro del oficialismo y dejó en evidencia los límites de la capacidad de disciplinamiento de la Casa Rosada sobre sus propios aliados parlamentarios.

La magistrada obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, luego de que el pleno habilitara previamente el tratamiento de su candidatura con una mayoría especial de 63 votos a favor y apenas dos rechazos. El resultado significó una derrota política para el Poder Ejecutivo, que pocas horas antes había remitido formalmente al Senado el pedido de retiro del pliego.

La controversia se originó por el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del denominado caso $LIBRA, una causa que incomoda al oficialismo. Sin embargo, la mayoría de los bloques decidió avanzar con la designación bajo el argumento de que las relaciones familiares no constituyen impedimento para evaluar los antecedentes profesionales de una candidata que ya había atravesado el proceso de audiencias públicas y obtenido dictamen favorable.

Bullrich se diferenció de la Casa Rosada

Uno de los movimientos más relevantes de la jornada fue protagonizado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien se apartó de la postura impulsada por el Ejecutivo y defendió el tratamiento del pliego. Aunque finalmente optó por abstenerse en la votación, dejó una definición que sintetizó su posición política.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, sostuvo antes de la votación, al tiempo que destacó que Michelli había realizado los méritos necesarios para llegar a esa instancia institucional. Luego anunció su abstención y concluyó con una frase cargada de significado político: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

La postura de Bullrich ya había generado ruido dentro del oficialismo desde comienzos de la semana. El lunes por la noche comunicó públicamente que el Senado debía continuar con el tratamiento parlamentario del pliego, una posición que contrastó con la decisión posterior del Gobierno de solicitar formalmente su retiro.

Según trascendió en ámbitos parlamentarios, la ministra puso su renuncia a la conducción de la bancada a disposición del presidente Javier Milei, quien finalmente decidió sostenerla en el cargo. Sin embargo, el episodio profundizó las diferencias con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que había impulsado una estrategia más dura para bloquear la designación.

El interbloque Popular inclinó la balanza

La aprobación del pliego fue posible gracias al respaldo mayoritario del interbloque Popular, que aportó 21 votos positivos sobre sus 25 integrantes. Sólo estuvieron ausentes Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

La negociación se extendió durante más de una hora en un cuarto intermedio marcado por fuertes discusiones entre los presidentes de bloque. Finalmente, el oficialismo cedió ante la presión de los sectores dialoguistas y aceptó incluir el expediente en el temario.

El acuerdo permitió además destrabar el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que habían sido dictaminados tras las audiencias públicas realizadas entre el 13 y el 15 de mayo, una cuestión que se había transformado en el principal foco de conflicto institucional de la sesión.

Más allá del caso puntual de Michelli, la discusión dejó planteada una cuestión de fondo sobre el funcionamiento del sistema de designación de magistrados y el equilibrio entre los poderes del Estado.

La mayoría de los senadores interpretó que permitir el retiro de un pliego ya dictaminado por razones vinculadas a la actividad periodística de un familiar sentaría un precedente complejo para futuros procesos de selección judicial. En esa lectura, el respaldo a Michelli terminó funcionando también como una defensa de la autonomía institucional del Senado frente a las presiones políticas coyunturales.

Nueve nuevos pliegos judiciales ingresaron al Senado

Mientras se resolvía la situación de Michelli, la Cámara alta dio ingreso parlamentario a otros nueve expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes estratégicas en distintos tribunales federales y nacionales.

Entre las postulaciones figuran Florentino Malaponte para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Javier Jorge Cosentino para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Ramiro Ariel Mariño para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54; Ángela Cecilia Pagano Mata para el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia; José Ignacio Polizza para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14; María Gabriela Janeiro para el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5; Diego Andrés Villanueva para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42; Mariano Adolfo Klumpp para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9; y Miguel Ángel Asturias para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27.

La incorporación de estos expedientes anticipa que la disputa por la integración del Poder Judicial continuará ocupando un lugar central en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas. La aprobación de Michelli mostró que, aun con una Casa Rosada decidida a intervenir en el proceso, el Senado conserva márgenes propios de negociación y capacidad para imponer sus tiempos y decisiones.

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El Senado activó pliegos judiciales y avanzó con la candidatura de Ruth Ponce de León para el Tribunal Federal de Posadas

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El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.

El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.

La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.

En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.

Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.

Qué implica el avance del pliego para Misiones

La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.

Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.

Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.

La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.

La Justicia federal volvió al centro de la negociación política

El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.

La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.

En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.

Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.

La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.

En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.

El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

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Presupuesto 2026: el Gobierno amplió en $500 mil millones los recursos para el pago de juicios previsionales

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La Jefatura de Gabinete aprobó una nueva modificación del Presupuesto 2026 que combina tres señales de fuerte impacto político y económico: más recursos para cancelar deudas previsionales, un refuerzo multimillonario para el Poder Judicial y nuevas compensaciones internas de cargos en áreas sensibles del Estado. La medida quedó oficializada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y eleva en $500.000 millones el límite para afrontar sentencias y acuerdos previsionales de la ANSES, llevando el total autorizado a $712.288 millones.

La decisión llega en un momento donde el Gobierno nacional intenta sostener el equilibrio fiscal mientras enfrenta presión judicial creciente por haberes jubilatorios y acelera procesos de reorganización administrativa. Para provincias periféricas como Misiones, el movimiento tiene efectos indirectos pero relevantes: impacta sobre el flujo de consumo interno, la dinámica comercial y la circulación de recursos federales en economías regionales altamente dependientes del mercado doméstico.

El dato político central es que el ajuste fiscal no se detiene, pero el Ejecutivo empieza a abrir excepciones quirúrgicas en áreas donde el costo institucional de no pagar sería mayor.

ANSES y juicios previsionales

La ampliación presupuestaria apunta específicamente al pago de: Sentencias previsionales ya reconocidas; Retroactivos derivados de reajustes jubilatorios; Acuerdos transaccionales bajo la Ley 27.260 y Obligaciones judiciales del SIPA

El incremento autorizado es de $500 mil millones adicionales, una cifra que representa uno de los mayores refuerzos extrapresupuestarios del año.

Para Misiones, el impacto no es menor. A diferencia de Buenos Aires, donde buena parte de los ingresos previsionales se canaliza hacia servicios financieros o ahorro dolarizado, en provincias del NEA el ingreso jubilatorio tiene un efecto más inmediato sobre el consumo real.

En ciudades fronterizas como Posadas, Eldorado o Puerto Iguazú, el haber jubilatorio funciona como un estabilizador de demanda para: Comercios minoristas; Farmacias; Servicios de salud; Alimentos; Transporte urbano y pequeñas economías familiares

En términos económicos, el refuerzo previsional actúa como una inyección de liquidez en territorios donde el sector privado todavía muestra recuperación débil.

Consumo interno versus asimetrías fronterizas

El problema estructural de Misiones sigue siendo el mismo: gran parte del dinero que ingresa al circuito comercial termina fugándose hacia Paraguay o Brasil cuando existen diferencias cambiarias o tributarias.

Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias de precios, impuestos y tipo de cambio entre países vecinos— condicionan cualquier política de recuperación del consumo local.

Por eso, aunque mayores pagos jubilatorios puedan dinamizar ventas, el efecto neto dependerá de tres variables: Evolución del tipo de cambio real; Diferencia de precios con Encarnación y Foz do Iguaçu y nivel de actividad comercial local

Si la brecha vuelve a ampliarse, parte de esos recursos podrían terminar financiando consumo fuera de Argentina.

Reacomodamiento del Estado: menos expansión, más reasignación

La Decisión Administrativa también confirma la lógica administrativa del Gobierno nacional: no hay expansión estructural del empleo público, sino reasignaciones internas.

La norma oficializa transferencias de agentes entre: Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación; Defensa y organismos previsionales militares; Capital Humano y Economía y Secretaría de Minería y SEGEMAR

La señal política es consistente con el esquema libertario: reducción de estructuras, centralización operativa y reasignación de recursos humanos estratégicos.

No obstante, el caso ANSES marca una excepción importante. El Gobierno reforzó créditos para afrontar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, lo que revela que la reducción del tamaño estatal todavía tiene costos fiscales de corto plazo.

Poder Judicial: fuerte refuerzo presupuestario y ajuste interno

Uno de los movimientos más relevantes de la modificación presupuestaria aparece en el Poder Judicial.

La administración nacional otorgó: $118.500 millones para gastos en personal del programa de Actividades Centrales y $22.000 millones para equipamiento informático de la Corte Suprema

Pero simultáneamente aplicó fuertes recortes compensatorios en distintas áreas judiciales federales y nacionales.

Entre ellos aparece el área de Cámara Federal de Posadas, que registra una reducción superior a $1.050 millones en partidas de personal.

También hubo recortes en: Cámara Federal de Corrientes; Rosario; Mendoza; Córdoba; San Martín; Fuero Electoral y Seguridad Social

El mensaje político es doble: El Ejecutivo evita un conflicto institucional mayor con el Poder Judicial. Pero exige reordenamiento interno y utilización de recursos propios.

    ¿Qué puede mirar el sector productivo misionero?

    Para empresarios yerbateros, forestales, turísticos y comerciales, la medida tiene implicancias indirectas más importantes que el texto administrativo en sí.

    Los puntos clave: Más pagos previsionales implican potencial recuperación del consumo en ciudades medianas y pequeñas. El comercio local podría recibir un alivio temporal si no se profundizan las diferencias con Paraguay y Brasil. La continuidad del ajuste nacional limita nuevas obras o programas de expansión productiva. El foco oficial sigue puesto en estabilización macro y reducción del gasto estructural. Las provincias seguirán dependiendo de recursos propios ante una Nación cada vez más selectiva en las transferencias.

    La variable que preocupa a las provincias

    El trasfondo de estas decisiones es fiscal. Aunque la medida no modifica directamente la coparticipación, sí muestra cómo la Casa Rosada prioriza obligaciones judiciales y previsionales por encima de transferencias expansivas o programas federales.

    Para gobernadores del NEA, incluido Misiones, eso implica un escenario donde: habrá menos margen para asistencia extraordinaria, continuará la presión sobre cuentas provinciales, y crecerá la necesidad de sostener recaudación propia.

    La discusión ya no pasa sólo por cuánto gasta Nación, sino por qué áreas decide proteger en un contexto de ajuste prolongado.

    Lo que hay que seguir de cerca

    La ampliación de fondos para ANSES puede convertirse en un amortiguador parcial del consumo interno durante el segundo semestre. Pero el verdadero termómetro para Misiones seguirá siendo otro: la capacidad de sostener competitividad frente a las economías vecinas.

    Si el Gobierno logra estabilizar inflación y tipo de cambio sin profundizar las asimetrías fronterizas, parte de estos recursos podrían traducirse en mayor actividad comercial real. Si ocurre lo contrario, el refuerzo previsional podría diluirse rápidamente fuera del circuito económico provincial.

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