Política

Del PRO al oficialismo: una decisión que expone la crisis de las terceras vías

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La salida de Gustavo Velázquez del PRO y su incorporación al oficialismo provincial reaviva el debate sobre el modelo misionerista, el federalismo real y el impacto de la macroeconomía nacional en las economías regionales.

El escenario político de Misiones volvió a moverse. La decisión de Gustavo Velázquez, excandidato a intendente y concejal por el PRO en Oberá, de abandonar las filas del partido amarillo para incorporarse al oficialismo provincial no es un hecho aislado: es una señal de época. Hace poco hizo lo propio el intendente de Concepción de la Sierra.

Velázquez explicó su pase con una definición que resume el debate de fondo. Reivindicó el modelo misionerista y cuestionó con dureza la política económica nacional del presidente Javier Milei, a la que responsabilizó por la recesión y la caída del consumo. “Si el modelo provincial fuera fallido, Misiones sería una provincia dependiente del empleo público como tantas otras. Acá es el sector privado el que empuja”, afirmó en una nota publicada por Misiones Opina.

El planteo apunta al corazón del conflicto actual: mientras Nación ajusta y recentraliza, Misiones sostiene un esquema propio, con herramientas de alivio para el comercio y la producción. Programas como Ahora Misiones, el Boleto Educativo Misionero o el acompañamiento salarial a través del FOPID aparecen, en este contexto, como un dique de contención frente a una macro, ordenada en los papeles, pero que golpea con una fuerza brutal en el interior.

Velázquez también cuestionó a una oposición que, según señaló, “milita la crisis desde las redes” sin hacerse cargo del origen del problema. En ese contraste, comparó la situación fiscal de la provincia con la de distritos vecinos como Chaco o Corrientes, donde varios municipios enfrentan serias dificultades financieras. Para el dirigente obereño, el Estado provincial cumple hoy un rol de amortiguador frente a políticas nacionales que están “asfixiando” al comercio de cercanía.

La salida de Velázquez vuelve a dejar expuesta la fragilidad, no solamente, del PRO en Misiones, sino de los espacios prêt-à-porter en general. El partido fundado por Mauricio Macri atraviesa una crisis de identidad, atrapado entre la fuga de dirigentes y los intentos de convergencia con La Libertad Avanza.

Aunque referentes locales como Horacio Loreiro y la diputada Analía Labandoczka insisten en preservar la autonomía partidaria, el goteo constante de cuadros territoriales achica cada vez más el margen de maniobra. En la práctica, las terceras vías tradicionales parecen diluirse.

El 2026 encuentra a la provincia ante una polarización clara: un modelo misionerista que, aún con desaciertos, se presenta como pragmático, productivista y con anclaje territorial, frente a una gestión nacional de fuerte sesgo centralista. En ese escenario, los pases políticos no solo reordenan nombres y sellos: funcionan como termómetro de hacia dónde miran quienes realmente caminan el territorio.

Sin estridencias ni consignas, el mensaje de fondo pareciera que termina de consolidarse, aunque pase desapercibido para los players más nuevos. Para muchos actores políticos locales, la Renovación logró reinventarse tras su emblemático concepto: el misionerismo. Ya no estamos frente a un ejercicio de identidad política, sino ante una apuesta de futuro.

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La moral declamada y la moral practicada: una contradicción que erosiona la confianza

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Hay dirigentes que construyen su identidad política sobre la base de una supuesta superioridad moral: hablan de “verdad”, de “pureza”, de “principios innegociables”, de una ética que los distinguiría del resto. Pero cuando el discurso se vuelve un pedestal demasiado alto, cualquier gesto, decisión o concesión que no encaje con esa imagen genera una fractura profunda entre lo que se dice y lo que se hace. En el caso del presidente Javier Milei, esa tensión se ha vuelto un rasgo central de su gobierno.

Para muchos ciudadanos, la contradicción no es un detalle técnico sino un problema ético. Se percibe un dirigente que denuncia la “casta” mientras negocia con sectores que antes demonizaba; que promete transparencia mientras toma decisiones opacas; que reivindica la libertad mientras concentra poder; que se presenta como guardián de una moral superior mientras actúa según conveniencias coyunturales. Esa brecha entre la palabra y la acción no solo erosiona credibilidad: también habilita la sospecha de amoralidad.

No se trata de exigir pureza —ningún gobierno puede funcionar sin acuerdos, pragmatismo y decisiones difíciles— sino de advertir que cuando un líder convierte la moral en arma retórica, cada incoherencia se vuelve más visible y más grave. La ética deja de ser un marco y pasa a ser un recurso. Y cuando la moral se usa como herramienta de combate, pierde su valor como guía de conducta.

Algunos observadores incluso plantean que esta dinámica puede rozar lo perverso: no en un sentido clínico, sino político. La perversión, en este contexto, aparece cuando el poder se ejerce desde la provocación constante, la humillación del adversario, la descalificación sistemática y la ruptura deliberada de normas de convivencia democrática. Cuando la agresión se vuelve método y la crueldad se convierte en espectáculo, la política deja de ser un espacio de deliberación y se transforma en un escenario de sometimiento simbólico.

La pregunta de fondo es simple y urgente: ¿puede un país sostener un proyecto de futuro cuando su máximo dirigente predica una moral que él mismo no practica? La confianza pública no se construye con consignas incendiarias ni con enemigos imaginarios, sino con coherencia, responsabilidad y respeto por las reglas que sostienen la vida democrática.

La historia demuestra que los liderazgos que se presentan como salvadores morales suelen terminar atrapados por sus propias contradicciones. Y cuando eso ocurre, no es el líder quien paga el precio, sino la sociedad que depositó en él su esperanza.

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El Gobierno redefine la segmentación audiovisual y actualiza el esquema de espacios electorales gratuitos

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La Jefatura de Gabinete aprobó una reconfiguración integral del esquema que determina cómo los servicios de comunicación audiovisual ceden tiempo de programación para fines electorales. La medida, formalizada mediante la Resolución 160/2025, reemplaza el anexo de la Resolución 675/2023 y redefine los porcentajes que cada segmento de prestadores deberá aplicar como pago a cuenta de impuestos nacionales. La decisión actualiza el marco regulatorio tras los cambios normativos introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la derogación del Reglamento General de los Servicios de TV por Suscripción.

Un nuevo esquema de segmentación para un sistema audiovisual en transformación

La resolución, fechada el 28 de noviembre de 2025, sustituye el anexo que establecía la segmentación entre licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. El cambio se sustenta en el artículo 2 del Decreto 342/2023, que delegó en la Jefatura de Gabinete la responsabilidad de definir los parámetros para distribuir el monto previsto como pago a cuenta de impuestos nacionales.

La norma recuerda que la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos obliga a los servicios de comunicación y televisión por suscripción a “ceder en forma gratuita el CINCO POR CIENTO (5%) del tiempo total de programación para fines electorales”, y que desde 2020 la mitad de ese porcentaje puede imputarse al pago de tributos nacionales.

El nuevo anexo —identificado como ACTO-2025-124252227-APN-ENACOM#JGM— actualiza la clasificación de segmentos y porcentajes, con una estructura que abarca:

  • Segmento A (AMBA):
    • TV de media y alta potencia: 35 %
    • AM de media y alta potencia: 9 %
    • FM de media y alta potencia: 9 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 3 %
  • Segmento B (ciudades > 600.000 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 10 %
    • AM media y alta potencia: 3 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento C (ciudades entre 100.000 y 599.999 habitantes):
    • TV media y alta potencia: 9 %
    • AM media y alta potencia: 2 %
    • FM media y alta potencia: 2 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento D (ciudades < 100.000 habitantes):
    • TV, AM y FM de media y alta potencia: 1 %
    • Servicios de baja potencia y no categorizados: 1 %
  • Segmento E (señales inscriptas en el Registro del art. 58 de la Ley 26.522): 10 %

La distribución será “igualitaria dentro de cada segmento”, según establece el artículo 2º de la resolución.

Decreto 70/2023, impacto normativo y redefinición del mapa regulatorio

El Gobierno fundamenta la nueva estructura en el profundo cambio regulatorio provocado por el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, administrativa, fiscal y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2025.

En particular, el artículo 329 del decreto modificó la Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para incorporar como servicio TIC a la “radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo”, exceptuándola de las disposiciones de la Ley 26.522. Ese cambio implicó desregular la estructura histórica del sector audiovisual y habilitar la revisión de reglamentos previos.

Como consecuencia, el ENACOM derogó en 2024 el Reglamento General de los Servicios de Televisión por Suscripción (Resolución 1491/2020), lo que tornó necesario adecuar toda la arquitectura de segmentación definida en 2023.

La resolución 160/2025 señala que este rediseño responde a la necesidad de “adaptar el marco regulatorio de los servicios de televisión por suscripción” a un ecosistema que, según el propio DNU, debe contar con “mayor libertad para su desarrollo” a fin de eliminar “barreras y restricciones estatales”.

Financiamiento político, medios y federalismo regulatorio

El rediseño del esquema impacta de manera directa en tres frentes:

Financiamiento electoral y acceso equitativo a los medios

La cesión del 5% del tiempo de programación es uno de los pilares del sistema de comunicación electoral argentino. La redefinición de segmentos puede alterar los niveles de exposición de los partidos políticos en distintas regiones y plataformas, especialmente en provincias con gran dispersión geográfica.

Competencia en el sistema de medios

La distribución igualitaria dentro de cada segmento, sumada a la reclasificación de potencias y localizaciones, puede cambiar el equilibrio entre prestadores de AMBA y del interior. El nuevo esquema reduce brechas históricas en la asignación entre servicios de mayor alcance y emisoras locales.

Federalismo comunicacional

Al incorporar ciudades según rangos poblacionales (más de 600.000 habitantes, entre 100.000 y 599.999, y menos de 100.000), el modelo funcionará como una matriz federal que distingue realidades muy heterogéneas. Esto puede derivar en pedidos de revisión por parte de cámaras, grupos regionales y operadores independientes.

Reacciones esperadas y próximos pasos

La norma obliga a los prestadores a ajustar sus declaraciones de pago a cuenta de impuestos según los nuevos porcentajes. El proceso podría activar consultas ante el ENACOM, especialmente por parte de operadores medianos y pequeños.

La resolución será publicada en el Boletín Oficial, con el anexo técnico disponible para descarga, y deberá ser tomada como referencia para el próximo ciclo electoral.

Al tratarse de una disposición basada en un DNU vigente hasta diciembre de 2025, el esquema podría ser revisado si hubiera modificaciones legislativas o reformas integrales en materia de telecomunicaciones y servicios audiovisuales.

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Malignos períodos M de nuestra historia reciente: tercera parte

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Luego asumiría Menem (el segundo periodo M de la serie), consumando una mega traición a la Patria y al peronismo, pues hizo lo contrario a lo prometido en campaña, exacerbando políticas neoliberales, destructivas, privatistas del patrimonio estatal y fuertemente endeudadoras; además de involucrarnos en una guerra en la que nada teníamos que ver, subordinado a los mandatos de EEUU y sus aliados.

A ese nada inocente desguace nacional cabe agregar las acciones claramente antinacionales de varios otros tecnócratas, en particular Domingo Cavallo, impulsando privatizaciones a precios viles y/o perniciosas a los intereses nacionales, en particular de empresas y entes de altos valores estratégicos, como YPF, Aerolíneas Argentinas, SOMISA (gran siderúrgica), entre otros; y el cierre de entes con la pérdida de muy valiosos datos técnicos irrecuperables, como Agua y Energía Eléctrica (esto perpetrado por “Marijú” Alsogaray, del riñón apátrida oligárquico).

Es de recordar que bajo la propiedad de privados extranjeros, Aerolíneas vendió toda su buena flota (para “hacer caja”), reemplazándola por aviones usados, a los que además se dio pobre mantenimiento, provocando un luctuoso accidente. Cubrir la demanda interna nunca les importó a los privados, al disminuir drásticamente las frecuencias, anular rutas y bajar la calidad de los servicios.

Repsol, al tomar el control de YPF, se dedicó a “ordeñar” nuestros yacimientos, en particular los de gas, exportando a países limítrofes, cuyos pagos nunca ni siquiera ingresaron a Argentina. ¡Nos quedamos sin las reservas de gas y petróleo y sin las divisas de sus espurias ventas! Así vaciaron el gran yacimiento gasífero de Loma de la Lata, que era el más importante.

El cerebro de los aspectos legales de las privatizaciones, fue el abogado Roberto Dromi; y todo ese aquelarre antinacional contó con el fogoneo de comunicadores totalmente identificado con los intereses neoliberales, entre los que se destacó la dupla Grondona – Neustadt.

En su gestión durante el infame “proceso”, Cavallo impulsó la transferencia de las deudas externas de las grandes empresas privadas, las cuales sin compensación ni justificativo alguno, fueron asumidas por el Estado Nacional, engrosando la ya por entonces impagable deuda externa del Estado Argentino.

Ese habría sido el comienzo de grupo de mega empresarios, hoy conocido como “el círculo rojo”, que sirve de apoyatura privada a las políticas neoliberales.

Después de los diez años del menemato, el radical De La Rúa asumió la presidencia en 1999, durando solo dos años en el mandato, en el cual, con una pobre gestión, acentuó el marco de profunda crisis al persistir en medidas neoliberales, lo cual llevó al país a la crisis terminal de 2001/2002.

Las señaladas son otras gestiones, que se agregaron a las negatividades de los indicados como “períodos M” de la economía neoliberal de Argentina.

 Sigue…

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Bolivia en tensión: cambio militar y desafío político a horas de las elecciones

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La Paz vive horas decisivas entre la tensión política y la crisis económica, con un cambio estratégico en las Fuerzas Armadas y un llamado opositor al voto nulo.

A solo tres días de las elecciones generales en Bolivia, el presidente Luis Arce designó este jueves a un nuevo alto mando militar, con la misión explícita de “mantener la paz y la gobernabilidad” en un clima político y económico convulsionado.

En un acto en el Palacio de Gobierno, Arce tomó juramento a Gustavo Primitivo Anibarro Escobar como comandante interino de las Fuerzas Armadas, junto a Sherman Sempértegui (Jefe del Estado Mayor), Roberto Delgadillo (Ejército), Marco Antonio Choquehuanca (Fuerza Aérea) y Freddy Pozo (Armada).

El mandatario subrayó que los nuevos jefes castrenses deberán garantizar la estabilidad de los gobiernos democráticamente constituidos, en medio de una campaña marcada por la confrontación política y una economía debilitada.

Arce instó a los bolivianos a concurrir este domingo a las urnas para concretar “un tránsito de Gobierno pacífico y democrático”. “Quienes ingresamos por la puerta de esta Casa Grande también salgamos por la puerta y dejemos un legado democrático para todo el pueblo boliviano”, afirmó.

El presidente aseguró que su gestión “nunca levantará las armas contra el pueblo” y que las diferencias deben resolverse “en las urnas, no en las calles”. El mensaje llega en un contexto de alta sensibilidad institucional: en 2024, Bolivia vivió un intento de golpe de Estado encabezado por el excomandante Juan José Zúñiga, episodio que el oficialismo calificó como asonada militar y parte de la oposición como “autogolpe”.

Evo Morales endurece el discurso y llama al voto nulo

Paralelamente, el expresidente Evo Morales cerró su campaña por el voto nulo en su bastión de Entre Ríos, Cochabamba, proclamando que si el Estado no respeta al pueblo, “es un derecho la sublevación y la rebelión”.

Morales, inhabilitado para competir y distanciado de Arce tras su salida del Movimiento al Socialismo (MAS), definió el voto nulo como una “rebelión democrática” contra lo que considera un “Estado corrupto” y un Gobierno aliado a la derecha.

“Si el voto nulo gana este 17 de agosto, el país hará historia”, desafió ante miles de simpatizantes. También instó a sus bases a “estar preparadas” en caso de un triunfo opositor.

Crisis económica y clima electoral

Las elecciones del domingo se desarrollarán en medio de la peor crisis económica en décadas, con escasez de dólares, falta de combustibles y un incremento sostenido de la inflación que encarece los productos de la canasta básica.

A este escenario se suma la polarización política, el desgaste del modelo económico del MAS y las tensiones internas entre las facciones de Arce y Morales.

El Tribunal Supremo Electoral recordó que desde este jueves rige el período de silencio electoral y, a partir del viernes, la ley seca hasta el mediodía del lunes 18 de agosto.

La decisión de Arce de renovar el mando militar busca proyectar control institucional en una etapa de máxima exposición política. Para analistas, el movimiento también pretende evitar fracturas internas en las Fuerzas Armadas en caso de un resultado electoral ajustado.

En paralelo, el llamado de Morales al voto nulo introduce un factor de incertidumbre adicional, al movilizar a un electorado crítico tanto con el Gobierno como con la oposición tradicional.

Los comicios definirán no solo el próximo presidente y vicepresidente, sino también la composición del Parlamento para el período 2025-2030, en un contexto donde la gobernabilidad dependerá tanto de la aritmética legislativa como de la estabilidad social y económica.

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