política comercial

Trump impondrá nuevos aranceles de hasta 12,5% a 60 países y Argentina quedó incluida

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La administración de Donald Trump profundiza su estrategia de presión comercial y aplicará desde este viernes un nuevo esquema de aranceles a las importaciones provenientes de 60 países, con tasas que oscilarán entre el 10% y el 12,5%, en una medida que busca forzar a sus socios comerciales a reforzar los controles contra el trabajo forzoso en las cadenas de producción.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y reemplaza el régimen transitorio de gravámenes del 10% que vencía este viernes. La nueva estructura se implementa bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que habilita al Ejecutivo estadounidense a imponer sanciones comerciales frente a prácticas consideradas “injustificadas, irrazonables o discriminatorias”.

Según explicó el organismo, la investigación concluyó que las políticas de las 60 economías analizadas respecto de la prohibición de importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso resultan insuficientes o carecen de mecanismos efectivos de aplicación.

Argentina quedó en el grupo con la menor alícuota

Argentina integra el grupo de países que enfrentarán un arancel del 10%, el nivel más bajo previsto dentro del nuevo esquema. En esa misma categoría aparecen Canadá, México, India, Indonesia, Malasia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Pakistán, Sri Lanka, Reino Unido y Bangladesh, entre otros.

De acuerdo con la USTR, estas economías cuentan con algún tipo de legislación o compromiso internacional para combatir el trabajo forzoso, aunque Washington considera que todavía existen falencias en la implementación de esos controles.

En cambio, determinados productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza afrontarán gravámenes de entre 10% y 12,5%, mientras que otros países alcanzados por la investigación recibirán directamente la tasa máxima.

China quedó excluida de este esquema debido a que mantiene un régimen arancelario específico dentro de la relación comercial bilateral con Estados Unidos.

Un giro tras el fallo de la Corte Suprema

El nuevo esquema reemplaza los aranceles generales que Trump había impuesto de manera provisoria luego de que un fallo de la Corte Suprema limitara la capacidad del Poder Ejecutivo para establecer determinados gravámenes sin intervención del Congreso.

Para evitar ese obstáculo legal, la Casa Blanca recurrió ahora a la Sección 301, vinculando las nuevas tarifas a una investigación formal sobre prácticas comerciales relacionadas con el trabajo forzoso.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que el objetivo es que otros países adopten estándares similares a los de Estados Unidos.

“Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición sobre la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso y la aplica rigurosamente. Es momento de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó.

Excepciones y posibles efectos

La medida contempla excepciones para determinados bienes estratégicos, entre ellos petróleo, gas natural y fertilizantes. También quedan excluidos los productos que ingresan bajo las condiciones del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).

En la práctica, los aranceles serán abonados inicialmente por las empresas estadounidenses importadoras. Sin embargo, una parte de ese costo suele trasladarse posteriormente a los consumidores mediante aumentos de precios, aunque la administración Trump sostiene que el objetivo principal es modificar las prácticas comerciales de los países exportadores.

La lucha contra el trabajo forzoso

Washington fundamentó la decisión en la necesidad de fortalecer la presión internacional contra el trabajo forzoso, una problemática que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afectaba a unas 27,6 millones de personas en todo el mundo en 2021.

Diversas organizaciones especializadas consideran que las restricciones comerciales pueden convertirse en un incentivo para mejorar los controles laborales, aunque advierten que los países afectados necesitarán tiempo, asistencia técnica y mecanismos efectivos para adecuarse a las nuevas exigencias.

En paralelo, la USTR mantiene abiertas otras investigaciones comerciales sobre posibles casos de sobreproducción y competencia desleal en 16 países, lo que anticipa que la política arancelaria seguirá siendo uno de los principales instrumentos de la estrategia económica de la Casa Blanca.

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El Gobierno activa resoluciones anticipadas de origen y redefine el control sobre importaciones

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El Gobierno nacional formalizó un cambio operativo en el régimen de importaciones al aprobar, el 28 de abril de 2026, el procedimiento para emitir resoluciones anticipadas de origen de mercaderías, un instrumento que permitirá a los operadores conocer —antes de importar— el tratamiento aduanero aplicable. La medida, oficializada a través de la Resolución 26/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, introduce plazos concretos (máximo de 30 días) y efectos vinculantes para la administración. En un contexto de reconfiguración del comercio exterior, la decisión abre una tensión: ¿se trata de una herramienta de previsibilidad o de un nuevo filtro técnico con impacto selectivo?

Un cambio en la lógica del control aduanero

La resolución se inscribe en una secuencia normativa más amplia que combina compromisos internacionales y reformas internas. Por un lado, responde a obligaciones asumidas por Argentina en el marco de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo de Facilitación del Comercio, que exige emitir decisiones anticipadas sobre el origen de los productos. Por otro, se apoya en modificaciones recientes del Código Aduanero —introducidas por el Decreto 70/2023 y ajustadas por el Decreto 41/2026— que habilitaron formalmente este tipo de instrumentos.

El punto central es operativo: cualquier importador, exportador o productor podrá solicitar una definición previa sobre el origen de una mercadería, con carácter vinculante para el Estado mientras no cambien las condiciones declaradas. Esa definición impacta directamente en el tratamiento arancelario, en la aplicación de preferencias comerciales o en la eventual sujeción a medidas como antidumping o salvaguardias.

El procedimiento, que deberá tramitarse vía la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), fija un esquema con plazos cerrados: si la solicitud está incompleta, habrá una única oportunidad de subsanación en 10 días; luego, la administración contará con hasta 30 días para resolver. La validez de cada resolución será de tres años.

Previsibilidad para el sector privado, capacidad de filtro para el Estado

En términos formales, el Gobierno plantea el régimen bajo principios de “celeridad”, “simplificación” y “seguridad jurídica”. En la práctica, la herramienta introduce un doble efecto.

Por un lado, otorga previsibilidad a los operadores: conocer de antemano el origen reconocido de un producto evita contingencias en frontera y reduce la discrecionalidad en el despacho. Incluso, en ciertos casos, la resolución anticipada exime de constituir garantías en investigaciones de origen, lo que mejora la ecuación financiera de las importaciones.

Pero al mismo tiempo, refuerza la capacidad estatal de clasificar y segmentar el comercio. La definición del origen no es neutra: determina si una mercadería accede a beneficios arancelarios o si queda alcanzada por restricciones. En ese sentido, la resolución anticipada funciona como una instancia previa de validación técnica que puede condicionar el flujo de importaciones.

Además, el esquema prevé causales de denegatoria cuando existan investigaciones en curso o antecedentes administrativos o judiciales, lo que introduce un margen de selectividad regulatoria.

Reordenamiento institucional y centralización de decisiones

La medida también refleja un reacomodamiento interno dentro del Ministerio de Economía. La competencia para emitir estas resoluciones queda delegada en la Subsecretaría de Comercio Exterior, mientras que la Dirección de Importaciones asume el rol técnico de evaluación.

A su vez, se articula con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA), lo que integra el instrumento al circuito digital de autorizaciones y validaciones. Este punto no es menor: convierte a la resolución anticipada en un insumo directo del sistema informático aduanero al momento de oficializar importaciones.

El rediseño consolida un esquema más centralizado, donde la definición técnica del origen —históricamente sujeta a verificación posterior— pasa a resolverse ex ante y con trazabilidad digital.

Un instrumento técnico con impacto político

La implementación de resoluciones anticipadas de origen no introduce una figura nueva en términos globales, pero sí redefine su alcance local. En el plano político, la medida puede leerse como parte de una estrategia de ordenamiento del comercio exterior sin recurrir a restricciones explícitas.

El equilibrio es delicado. La previsibilidad que reclama el sector privado convive con la necesidad oficial de administrar el flujo de importaciones en un contexto de tensiones externas. En ese cruce, la resolución anticipada aparece como una herramienta técnica que, según su aplicación, puede inclinar la balanza.

Habrá que observar su uso efectivo: cuántas solicitudes se aprueban, en qué plazos reales y bajo qué criterios. También, cómo impacta en sectores sensibles o en mercaderías sujetas a investigaciones.

La norma entra en vigencia el 1° de mayo de 2026. A partir de entonces, el comercio exterior suma una instancia más antes de cruzar la frontera. No redefine las reglas del juego, pero sí modifica el momento en que se juegan.

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Acuerdo Mercosur–Unión Europea: cómo cambia el mapa productivo argentino y qué regiones ganan y pierden

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El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, abre un nuevo escenario para la economía argentina y redefine el mapa productivo regional. El entendimiento prevé una desgravación arancelaria asimétrica y progresiva que permitirá el acceso a un mercado de casi 500 millones de habitantes, de alto poder adquisitivo y responsable de alrededor del 15% del Producto Bruto Interno mundial.

Según el análisis del economista Gerardo Alonso Schwarz, los beneficios iniciales se concentrarán en los sectores que ya exportan a la Unión Europea, mediante la reducción inmediata de aranceles sobre el comercio existente. Actualmente, ese bloque explica cerca del 10% de las exportaciones totales argentinas, con una fuerte gravitación de la región pampeana en términos de volumen y del Noroeste Argentino en participación relativa.

El acuerdo establece que la Unión Europea eliminará aranceles de manera acelerada: el 80% de las posiciones arancelarias se liberará de forma inmediata y el resto en un plazo máximo de diez años, incluyendo el 99% de la oferta agrícola. En contraste, el Mercosur contará con períodos de transición más largos, de hasta quince años, para productos sensibles como automóviles, autopartes, maquinaria y químicos, junto con mecanismos de salvaguarda para evitar daños significativos a las industrias locales.

Acuerdo UE–Mercosur: puntos centrales

  • Acceso a un mercado de casi 500 millones de habitantes.
  • Desgravación arancelaria asimétrica y progresiva.
  • 80% de los aranceles europeos se eliminan de forma inmediata.
  • Períodos de transición de hasta 15 años para sectores sensibles del Mercosur.
  • Mecanismos de salvaguarda ante aumentos bruscos de importaciones.

Más allá del impacto inmediato, el trabajo identifica dos efectos centrales en el mediano plazo: la creación y la desviación del comercio. La creación de comercio permitirá la aparición de nuevas exportaciones, favoreciendo a sectores como la carne vacuna en la región pampeana, la pesca en la Patagonia, el maní en Córdoba, el vino en Cuyo y producciones regionales como cítricos, miel y té en el Noroeste y Noreste Argentino. En paralelo, la desviación de comercio plantea riesgos para sectores industriales orientados al mercado brasileño, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y algunas economías regionales del NEA.

El análisis incorpora el caso de Chile como referencia empírica. En un contexto de apertura comercial plena con la Unión Europea, Chile logró desarrollar industrias exportadoras competitivas, demostrando que es posible convivir con proveedores europeos si se identifican nichos de mercado y se reducen costos estructurales. En ese marco, Schwarz subraya que la clave para la Argentina será aprovechar el período de transición para avanzar en reformas que reduzcan el denominado “costo argentino”.

Impacto regional del acuerdo

  • Cuyo: vinos, minería y agroexportación; principal beneficiaria.
  • NOA: cítricos, legumbres, miel y minería; desafíos ambientales y logísticos.
  • Patagonia: pesca y energía; riesgos tecnológicos en Tierra del Fuego.
  • Región Centro: mayores ganancias absolutas, pero fuerte competencia industrial.
  • NEA: alto potencial en arroz, madera, infusiones y carne; baja inserción internacional.

Un capítulo central del acuerdo es el ambiental. El cumplimiento obligatorio del Acuerdo de París y las exigencias vinculadas a la deforestación cero podrían transformarse en barreras no arancelarias para productos como carne, soja, madera y biodiesel, con especial impacto en provincias del NOA y del NEA. En particular, la posible clasificación del biodiesel argentino como producto de “alto riesgo” por cambio indirecto en el uso del suelo representa un desafío relevante para uno de los principales rubros de exportación al bloque europeo.

Desde una mirada regional, el estudio concluye que Cuyo aparece como la principal ganadora potencial, impulsada por la baja de aranceles al vino, la minería y su perfil agroexportador. Le siguen el NOA, con fuerte complementariedad productiva, y la Patagonia, beneficiada por la pesca y la energía, aunque con desafíos tecnológicos en Tierra del Fuego. La región Centro concentra los mayores volúmenes y ganancias absolutas, pero enfrenta una competencia más intensa en sectores industriales. El NEA, en tanto, muestra un alto potencial a largo plazo, condicionado a una mayor inserción internacional, certificaciones técnicas y cumplimiento de estándares ambientales.

En síntesis, el acuerdo Mercosur–Unión Europea abre oportunidades transversales para todas las regiones del país, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de modernizar la producción, mejorar la competitividad, reducir costos logísticos y adaptarse a las nuevas reglas del comercio internacional.

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Argentina firmó un acuerdo comercial e inversiones con Estados Unidos: qué incluye y por qué es clave

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Argentina concretó la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, un entendimiento bilateral que apunta a profundizar la integración comercial, reducir barreras arancelarias y no arancelarias, y estimular la inversión en sectores estratégicos.

El acuerdo fue rubricado por el canciller Pablo Quirno, durante su visita oficial a Washington, en el marco de la cumbre ministerial sobre minerales críticos. También participó el embajador argentino en ese país, Alec Oxenford.

“Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, expresó Quirno tras la firma.

La concreción del entendimiento se da en un contexto marcado por la virtual congelación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que fue enviado al máximo tribunal europeo para su evaluación, proceso que podría demorar cerca de un año.

El texto firmado retoma y amplía el marco anunciado meses atrás y propone profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversión, con compromisos concretos en múltiples frentes.

Apertura comercial y aranceles

Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses de:

  • Medicamentos y productos farmacéuticos
  • Productos químicos
  • Maquinaria y bienes de capital
  • Tecnologías de la información
  • Dispositivos médicos
  • Vehículos automotores
  • Una amplia gama de productos agrícolas

Por su parte, Estados Unidos se comprometió a revisar la Sección 232, que aplica aranceles de hasta el 50% a productos considerados estratégicos para la seguridad nacional, como el acero.

Además, eliminará aranceles recíprocos a recursos naturales no disponibles en su territorio y a productos farmacéuticos no patentados.

Carne, alimentos y productos agroindustriales

Ambos países acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para el comercio de carne vacuna.

Argentina también se comprometió a:

  • Abrir su mercado al ganado vivo estadounidense
  • Permitir el ingreso de carne aviar en el plazo de un año
  • No aplicar restricciones al uso de términos tradicionales asociados a quesos y carnes

El acuerdo establece que ambos países trabajarán en conjunto para reducir barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas.

Barreras no arancelarias y facilitación del comercio

Argentina asumió compromisos clave para reducir costos y tiempos de importación, entre ellos:

  • Reducción de licencias de importación
  • Eliminación de formalidades consulares para exportaciones estadounidenses
  • Eliminación gradual de impuestos a la importación de productos de Estados Unidos

También se compromete a alinearse con normas internacionales, aceptando productos que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales, sin exigir evaluaciones adicionales.

En el sector automotor, Argentina permitirá la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con normas de seguridad y emisiones de ese país.

En materia de propiedad intelectual, el acuerdo reconoce avances de Argentina en la lucha contra la falsificación y la piratería, pero exige mayores estándares de protección, con foco en grandes centros de comercialización de productos falsificados.

Trabajo, ambiente y minerales críticos

El texto incorpora compromisos laborales y ambientales:

  • Argentina se compromete a no importar bienes producidos con trabajo forzoso y a fortalecer su legislación laboral
  • Se acuerda combatir la tala ilegal y promover el uso eficiente de recursos naturales
  • Se refuerza la cooperación en minerales críticos, un eje estratégico para la transición energética y tecnológica

También se propone trabajar en conjunto para estabilizar el comercio global de soja, uno de los principales complejos exportadores argentinos.

El acuerdo establece que Argentina deberá:

  • Revisar “cuestiones distorsivas” vinculadas a empresas estatales
  • Analizar subsidios industriales que puedan afectar la relación bilateral

En el plano digital, el país reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales y se compromete a no discriminar servicios y productos digitales estadounidenses.

Un acuerdo con impacto económico y geopolítico

El entendimiento con Estados Unidos refuerza la estrategia del gobierno de Argentina para ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer su inserción internacional, en un contexto donde la generación de divisas vía exportaciones aparece como una prioridad central.

La foto política del acercamiento quedó sellada meses atrás con el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en Davos, pero ahora toma forma concreta con un acuerdo que impacta de lleno en comercio, industria, agro y economía digital.

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El Gobierno mantiene su plan para aprobar el acuerdo Mercosur–UE en sesiones extraordinarias

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Aunque el Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE, una decisión que congela de hecho el proceso de ratificación en el bloque europeo, el Gobierno argentino confirmó que mantendrá el cronograma legislativo y buscará aprobar el tratado en el Congreso durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. La estrategia apunta a que la Argentina se convierta en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo y dejar operativa su parte comercial, con impacto directo en exportaciones clave y en la inserción internacional.

Un freno en Europa, sin cambios en la hoja de ruta local

Con una votación ajustada —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, el Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida expuso las tensiones internas en el bloque y, en los hechos, paraliza la ratificación hasta que exista un pronunciamiento judicial. Expertos admiten que la demora podría extenderse hasta dos años.

Pese a la sorpresa inicial, el oficialismo argentino descartó modificar su agenda. “Sigue todo igual acá”, señalaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado ratificaron que el proyecto se tratará en febrero. “Hasta nuevo aviso, se sigue para adelante”, sintetizaron fuentes legislativas.

El apuro no es casual: la entrada en vigencia permitiría aprovechar cuotas de exportación —como las de carne— antes que otros socios regionales, un incentivo económico concreto en un contexto global competitivo.

Trámite legislativo y apoyos políticos: el oficialismo suma respaldos

Desde el punto de vista institucional, el tratamiento parlamentario presenta una ventaja para el Gobierno: los tratados internacionales deben aprobarse o rechazarse en su totalidad por ambas Cámaras, lo que acota el margen de negociación artículo por artículo y simplifica el debate. Además, el oficialismo subraya que las negociaciones se extendieron por 26 años y atravesaron gobiernos de distinto signo político, un argumento utilizado para justificar una aprobación expeditiva.

Varios bloques ya expresaron su respaldo. El PRO celebró que se concrete “el camino iniciado en 2019” y sostuvo que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. La UCR remarcó que, en un escenario global desafiante, “la competitividad y la escala son claves” y que la cooperación entre regiones resulta indispensable.

También acompañaron bloques de centro como Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Su presidente, Maximiliano Ferraro, definió la iniciativa como una “jugada estratégica” que reafirma la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, además de la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, bajo reglas claras y previsibilidad.

En contraste, el peronismo aún no fijó posición y reclama que la Cancillería remita el texto definitivo para analizarlo con los sectores productivos y del trabajo, antes de definir su voto.

Las objeciones europeas y el impacto político-comercial

Entre los argumentos que motivaron el freno en el Parlamento Europeo se destaca el “mecanismo de reequilibrio”, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normativa europea considerada perjudicial para sus exportaciones. Para varios eurodiputados, este punto podría colisionar con la autonomía regulatoria de la UE y sus tratados fundacionales.

También se cuestionaron los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes —una política y de cooperación, y otra estrictamente comercial—, una estrategia que facilitó la firma al permitir que la parte comercial entre en vigencia de forma provisional con la sola ratificación europea.

Desde la óptica argentina, estas objeciones no alteran la conveniencia de avanzar localmente. Ratificar el acuerdo en febrero permitiría enviar una señal política y económica de apertura y previsibilidad, aun cuando la implementación plena dependa de los tiempos judiciales y políticos en Europa.

Lectura económica e institucional

La decisión del Congreso de avanzar pese al freno europeo revela una estrategia de posicionamiento: asegurar ventajas comerciales tempranas, consolidar apoyos internos y mostrar compromiso con la integración internacional. Sin embargo, el envío del tratado al Tribunal de Justicia de la UE introduce un factor de incertidumbre que podría demorar su aplicación efectiva y condicionar expectativas en sectores exportadores.

En el corto plazo, el foco estará puesto en el debate legislativo de febrero y en la capacidad del oficialismo de reunir mayorías en ambas Cámaras. En paralelo, el proceso judicial en Europa marcará el ritmo real de un acuerdo que, aun aprobado localmente, seguirá atado a definiciones externas.

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