Política Económica

El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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La economista Dal Poggetto alertó por el impacto del programa económico en la clase media

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La economista Marina Dal Poggetto sostuvo que, en el actual programa económico, “la variable de ajuste es el salario de la clase media” y remarcó que el Gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad. En un diagnóstico crítico, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y las dificultades crecientes del sector industrial, en un contexto de apertura comercial, tarifas elevadas y competencia importada.

Salarios, tarifas y consumo: el nuevo eje del ajuste

En declaraciones a Radio Rivadavia, la directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, trazó un análisis del actual esquema económico y afirmó que “la variable de ajuste es el salario de la clase media”, en contraste con el modelo anterior, donde el control de tarifas funcionaba como amortiguador del impacto inflacionario sobre los ingresos.

“El gobierno anterior pisaba las tarifas para que la gente pagara bienes caros. Ahora, con tarifas altas, si los precios de los bienes no comprimen, la variable de ajuste termina siendo el salario de la clase media”, explicó. En ese sentido, ejemplificó que algunos precios mostraron caídas significativas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —como los electrodomésticos, que retrocedieron 45%, o los textiles, con una baja del 20%—, pero advirtió que esa corrección no alcanza para compensar el aumento de los servicios regulados.

Según Dal Poggetto, esta dinámica impacta directamente en la capacidad de consumo de los hogares: “El salario ya no alcanza para cubrir prepagas o colegios”, señaló, al describir el efecto combinado de tarifas más altas y salarios reales en retroceso.

Actividad económica, industria y apertura comercial

En su análisis, la economista subrayó que el Gobierno “prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”, una decisión que condiciona el desempeño de amplios sectores productivos. Si bien reconoció que la economía crecerá 4,3% este año, aclaró que ese resultado responde principalmente al arrastre estadístico, más que a una recuperación homogénea.

“La actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Hay sectores ganadores y perdedores, y la industria es uno de los más rezagados”, afirmó. En ese marco, recordó que la Argentina atraviesa ciclos recurrentes de ajuste y expansión sin resolver problemas estructurales: “Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo”.

Dal Poggetto describió el cambio de escenario para el entramado industrial: “Antes jugaban en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados”. Según su diagnóstico, esta combinación está detrás del aumento de cierres de fábricas y despidos, que comenzaron a multiplicarse en distintos rubros.

Además, remarcó que el Gobierno avanza en una mayor apertura de la economía “en parte con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con la baja de aranceles”, lo que refuerza la presión competitiva sobre la producción local.

Inflación, metodología del INDEC y perspectivas

En relación con la inflación, la economista señaló que, de acuerdo con los relevamientos de su consultora, “en las primeras tres semanas el ritmo viene en la zona del medio punto semanal”. Si bien reconoció que se trata de un nivel todavía elevado, destacó que es inferior al de meses anteriores.

“El dato de diciembre fue muy alto y dejó un arrastre importante para enero; estamos en la zona del 2,4%, después del 2,8% de diciembre”, precisó. En este punto, recordó que a partir de enero el INDEC implementa un cambio en la metodología del índice, con nuevos ponderadores y una estructura de consumo basada en 2017.

No obstante, relativizó el impacto de esta modificación estadística: “Dado que el ajuste tarifario fuerte se hizo principalmente en 2024, no debería haber casi diferencia entre un índice y otro; es probable que el número final esté en esa zona del 2,4%”.

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Milei avanza con reformas sin financiamiento definido

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Cuando resta menos de un mes para la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei avanzó con dos proyectos de ley —la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil— que no detallan su impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento. Ambas iniciativas, incluidas en el temario de sesiones extraordinarias, no están contempladas en la “ley de leyes” y reavivan la tensión entre el discurso oficial del “no hay plata”, el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad del superávit fiscal del 1,5% del PBI que el Ejecutivo exhibe como principal ancla del programa económico.

El contraste se vuelve más marcado si se lo compara con la decisión del Poder Ejecutivo de no cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada e insistida por el Congreso, bajo el argumento de que no especifica su financiamiento. Una justificación que, según surge de la redacción de las propias iniciativas oficiales, no se aplica con el mismo rigor cuando se trata de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Emergencia en Discapacidad: la ley vigente que el Ejecutivo se niega a ejecutar

Pese a pronunciamientos judiciales y a la insistencia del Congreso, el presidente Javier Milei continúa sin ejecutar la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Días atrás, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni reasignó los créditos presupuestarios del ejercicio en curso, no incluyó partidas para esta norma ni para la ley de Financiamiento Universitario, también reclamada por el Parlamento.

El argumento oficial se apoya en la Ley de Administración Financiera, que establece que los proyectos deben indicar el origen de los fondos. Según la interpretación del Presidente, la Emergencia en Discapacidad incumple ese requisito. Sin embargo, el artículo 19 de la norma es explícito:
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad (…) Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.

En los hechos, el Congreso dejó en manos del Ejecutivo —entonces bajo la jefatura de Guillermo Francos, hoy de Adorni— la definición de las partidas, siempre que no se afecten los créditos sociales. Un esquema similar al que el propio Gobierno utilizó durante sus primeros años, cuando administró con presupuestos heredados de la gestión de Alberto Fernández, ya desactualizados.

Además, al momento del debate parlamentario, el impacto fiscal de la emergencia sí fue estimado: el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), solicitó un cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por lo que los legisladores contaban con una referencia sobre costos y financiamiento. Aun así, el oficialismo se negó a reasignar partidas, acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio fiscal y, hasta hoy, mantiene la ley sin ejecución.

Régimen Penal Juvenil: una redacción idéntica, pero con trato diferente

La doble vara aparece con claridad en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, reflotado por el oficialismo y sumado al temario de extraordinarias con Patricia Bullrich como principal impulsora política. El proyecto ya había sido promovido en 2024 y vuelve a escena tras el asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe.

El artículo 52 del dictamen firmado en mayo del año pasado establece: “Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes (…) el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes”.

La redacción es prácticamente idéntica a la de la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en este caso, el Gobierno no cuestiona la validez del texto ni su compatibilidad con la Ley de Administración Financiera.

Más aún, durante el debate en comisión, Espert se negó a solicitar a la OPC un análisis del costo fiscal del régimen penal, pese a ser el único con facultad para hacerlo. En su lugar, presentó un cálculo elaborado por los ministerios de Justicia y Seguridad, que estimó el impacto en 0,34% del Presupuesto 2024, o 0,0042% del PBI. Ese número generó fuertes dudas entre los bloques opositores. “Hacen como si todo lo que implica el proyecto no saliera plata”, resumió un diputado que participó del debate. El pedido público de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, para girar el proyecto a la OPC nunca fue atendido.

Reforma laboral y Presupuesto 2026: el interrogante sobre el superávit

Un esquema similar se repite con la reforma laboral, cuyo dictamen fue firmado en el Senado a fines de diciembre. El texto tampoco especifica su financiamiento, a pesar de incluir bajas y derogaciones impositivas que impactan incluso en impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), tampoco envió el proyecto a la OPC. El resultado es el mismo: se desconoce el costo fiscal y la fuente de recursos.

El punto crítico es el calendario. Tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil se impulsan a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, por lo que sus eventuales costos no están contemplados en la “ley de leyes”. De aprobarse, el financiamiento quedará nuevamente en manos del jefe de Gabinete mediante reasignaciones presupuestarias.

El propio Milei celebró que el Presupuesto 2026 refleje un superávit fiscal del 1,5% del PBI. La pregunta que empieza a ganar espacio en el Congreso y en los mercados es cuánto de ese margen quedará en pie si ambas iniciativas avanzan sin una estimación clara de costos y sin partidas específicas. En ese interrogante se juega no solo la coherencia del discurso fiscal del Gobierno, sino también la credibilidad institucional del programa económico.

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Bessent destacó a Milei y aclaró que el swap “fue un préstamo”

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El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó el respaldo político y financiero de la administración republicana a la gestión de Javier Milei, a quien definió como un dirigente que “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”. En ese marco, calificó a la Argentina como una “pieza central” de la estrategia de Estados Unidos para América Latina y defendió el swap de u$s20.000 millones, aclarando que se trató de un préstamo y no de una transferencia directa de fondos.

Las declaraciones del funcionario clave del gobierno de Donald Trump refuerzan la lectura de un alineamiento estratégico entre ambos países, con implicancias económicas, financieras e institucionales para la Argentina, en un contexto de reordenamiento macroeconómico y redefinición del vínculo con los mercados internacionales.

Argentina como eje regional y la consolidación política de Milei

Bessent sostuvo que la Argentina se transformó en el eje central de la estrategia estadounidense en América Latina, al considerar que el cambio político impulsado por el gobierno libertario ya comenzó a impactar en otros países de la región, como Paraguay, Chile y Bolivia, y anticipó que Colombia podría seguir el mismo camino.

En clave política, el secretario del Tesoro valoró la evolución del presidente argentino hacia la construcción de poder institucional. Señaló que Milei “está acercándose a los gobernadores” y evaluó que “podría estar presente durante años” en el escenario político, una afirmación que sugiere expectativas de estabilidad y continuidad por parte de la administración estadounidense.

Al analizar el resultado de las elecciones legislativas de octubre, Bessent acusó al kirchnerismo de intentar “causar turbulencias en el mercado” con el objetivo de afectar los comicios. En contraposición, interpretó que el respaldo electoral al oficialismo provino principalmente de los jóvenes y de los sectores más pobres, a quienes definió como los que “sufrieron bajo el kirchnerismo”.

“Un gobierno austero y eficiente” y el giro institucional

Desde la óptica del Tesoro norteamericano, la gestión libertaria implicó un cambio estructural en la forma de gobernar. Bessent afirmó que la administración de Milei reemplazó una “burocracia corrupta y derrochadora” por un gobierno “austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad”.

Esta caracterización refuerza el mensaje de respaldo institucional a un programa basado en el ajuste del gasto, la disciplina fiscal y la defensa de los derechos de propiedad, elementos clave para la relación con inversores y organismos financieros internacionales. En términos políticos, el elogio explícito desde Washington funciona como una señal de confianza externa, con impacto potencial sobre las expectativas del mercado y la percepción de riesgo país.

El swap de u$s20.000 millones: apoyo financiero y aclaraciones clave

Bessent también se refirió al swap de monedas acordado antes de las elecciones, una de las herramientas financieras más relevantes del vínculo bilateral reciente. Definió la operación como el uso del “balance financiero de los Estados Unidos para la diplomacia”, con el objetivo de ayudar a un “gran aliado” a atravesar un período de inestabilidad.

Sin embargo, fue categórico al aclarar el alcance del acuerdo:
Todos decían: ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo”.

La precisión no es menor desde el punto de vista económico e institucional, ya que diferencia una línea de financiamiento condicionada de una asistencia directa, y subraya la lógica de responsabilidad financiera que Estados Unidos busca imprimir en su respaldo a la Argentina.

Proyección

Las declaraciones del secretario del Tesoro consolidan un respaldo explícito de alto nivel a la gestión de Milei, con efectos directos sobre la credibilidad internacional del programa económico. Para el Gobierno argentino, el aval estadounidense refuerza la estrategia de alineamiento geopolítico y puede incidir en la relación con los mercados, en momentos en que el financiamiento externo y la estabilidad financiera siguen siendo variables sensibles.

En el plano político interno, el reconocimiento de Washington también puede ser leído como un factor de fortalecimiento del oficialismo, al validar su rumbo económico y su capacidad de liderazgo regional.

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Santilli sumó el respaldo de Entre Ríos para la reforma laboral y busca un aval amplio en el Congreso

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El ministro del Interior, Diego Santilli, obtuvo el apoyo político del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El respaldo se dio durante un encuentro en la Casa de Gobierno de Paraná y se inscribe en la estrategia oficial de construir un consenso federal que permita avanzar con una de las iniciativas centrales del presidente Javier Milei para la segunda mitad de su mandato, con impacto directo en el empleo privado, la productividad y el clima de inversiones.

Un apoyo político clave en la ronda con gobernadores

La reunión entre Santilli y Frigerio se realizó este jueves en la ciudad de Paraná, en el marco de la ronda de encuentros que el ministro del Interior mantiene con mandatarios provinciales para sumar adhesiones al proyecto de ley de reforma laboral. Durante el encuentro, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de que la iniciativa “obtenga un apoyo contundente” en el Congreso, condición que el Gobierno considera indispensable para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

Santilli destacó que la reforma apunta a “generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, y remarcó que, en ese sentido, “ningún gobernador puede estar en contra de una ley” con esos objetivos. La afirmación refleja la lectura política del Ejecutivo nacional, que busca alinear a las provincias detrás de una agenda económica orientada a la recuperación del empleo formal.

Por su parte, Frigerio expresó el “apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, al que definió como una iniciativa orientada a la “inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no lo tienen”. En un mensaje directo al ministro, el gobernador del PRO fue explícito: “Vamos a seguir trabajando en conjunto esa reforma. Te llevás un apoyo contundente a la reforma laboral”.

Reforma laboral: prioridad estratégica del Gobierno nacional

La reforma laboral figura entre las principales prioridades del presidente Javier Milei para la segunda mitad de su mandato. El oficialismo considera que el actual esquema normativo constituye un obstáculo para la creación de empleo formal y la atracción de inversiones, especialmente en las economías regionales.

En ese marco, el Ministerio del Interior cumple un rol político central al articular apoyos provinciales que luego se traduzcan en votos en el Congreso. La estrategia apunta a mostrar que la iniciativa no es solo una política nacional, sino un proyecto con respaldo territorial, capaz de impactar en el desarrollo productivo de las provincias.

El encuentro en Entre Ríos también sirvió para valorar las acciones conjuntas entre el Gobierno nacional y el provincial, en un contexto político sensible para la administración de Frigerio. La reunión se produjo un día después de que el gobernador revelara el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, situación que derivó en denuncias penales ante la Justicia.

La gira federal y el mapa de apoyos

Con la visita a Entre Ríos, Santilli continuó esta semana su gira por las provincias en busca de respaldos para la reforma laboral. El miércoles había estado en Neuquén, donde obtuvo el compromiso del gobernador Rolando Figueroa de acompañar la iniciativa en el Congreso.

Hasta el momento, el ministro del Interior logró el apoyo de seis gobernadores:

  • Marcelo Orrego (San Juan)
  • Leandro Zdero (Chaco)
  • Gustavo Sáenz (Salta)
  • Alfredo Cornejo (Mendoza)
  • Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
  • Rolando Figueroa (Neuquén)

Este respaldo inicial configura un bloque político relevante para el oficialismo, que busca ampliar la base de adhesiones y reducir resistencias en el debate legislativo. Para las provincias, la discusión se vincula directamente con la dinámica del empleo privado, la competitividad regional y la posibilidad de atraer nuevas inversiones en un escenario económico desafiante.

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