Política Económica

Milei afirmó que la inflación pasará a “cero coma algo” en agosto de 2026 y destacó los precios mayoristas

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El presidente Javier Milei participó anoche del programa “La Misa” del streaming Carajo donde anticipó inflación “con cero” desde agosto de 2026 y defendió el rumbo del programa económico

El presidente Javier Milei aseguró que a partir de agosto de 2026 la inflación “va a empezar con cero”, al sostener que el proceso desinflacionario ya se refleja con claridad en los precios mayoristas y que luego impactará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En declaraciones realizadas el 17 de diciembre en Buenos Aires, el mandatario remarcó que la inflación anual pasó de “viajar al 17.000% a ir al 24%” y vinculó la mejora con el funcionamiento del programa económico y la reducción de la incertidumbre política.

Desinflación, precios mayoristas y el anclaje del programa económico

Durante su participación en el streaming Carajo, Milei pronosticó que para “mitad del año que viene o agosto” la inflación será “de cero coma algo”. “Seguro va a empezar con cero”, enfatizó, al tiempo que explicó que el proceso debe observarse primero en el Índice de Precios Mayoristas (IPIM). “Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Índice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, afirmó.

El jefe de Estado insistió en que la dinámica mayorista actúa como indicador adelantado del IPC y defendió la consistencia del programa. En ese marco, destacó el descenso de la nominalidad anual desde niveles extremos hasta registros actuales, al señalar que la inflación “corría a 17.000% y ahora está en 24%”.

Riesgo país, incertidumbre política y el “riesgo kuka”

Milei también vinculó el comportamiento de las tasas y del riesgo país con el clima de incertidumbre previo a las elecciones de octubre, al que denominó “riesgo kuka”. Según explicó, la incertidumbre política eleva la prima de riesgo y desalienta la inversión: “Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana. Si no hay mañana, no tiene sentido invertir en mañana”.

En su análisis, el Presidente sostuvo que el ahorro responde a la tasa de interés y a las expectativas sobre el consumo futuro, más que a la cantidad de dinero. “El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabés que el consumo futuro va a ser mayor”, explicó, y agregó que, cuando la incertidumbre domina, la demanda de activos cae y los precios “tienden a cero”, empujando al alza el riesgo país. “Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, afirmó.

Elecciones, respaldo político y proyección económica

En el plano político, Milei destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza (LLA) en octubre. “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, señaló, y consideró que el resultado podría haber sido mayor. Para el Presidente, ese respaldo contribuyó a disipar escenarios de incertidumbre y a consolidar expectativas favorables sobre la economía.

La proyección oficial apunta a que el proceso de desinflación continúe durante 2025 y se consolide en 2026, con un traspaso gradual desde los precios mayoristas al IPC. En ese sentido, el mensaje presidencial buscó reforzar la credibilidad del programa y el impacto de la estabilidad política en las variables financieras y de precios.

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Ajuste, deuda y gasto social: las alertas de CIFRA sobre el Proyecto de Presupuesto 2026

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Presupuesto 2026, el informe de CIFRA advierte una profundización del ajuste, recortes históricos en gasto social y una estrategia fiscal con desequilibrios ocultos

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 consolida el fuerte ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido en 2025, en un contexto marcado por la ausencia de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso en esos dos ejercicios. Así lo señala un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), que advierte una caída real del 24,2% del gasto de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, último año con presupuesto sancionado, junto con recortes aún más severos en funciones clave del Estado y una estrategia fiscal que, según el análisis, oculta desequilibrios relevantes vinculados a la deuda y a la política tributaria.

El trabajo sostiene que el proyecto enviado al Congreso no solo legaliza el ajuste ya ejecutado, sino que proyecta su profundización, con impactos económicos, sociales e institucionales de largo alcance, en un escenario de estancamiento económico y fragilidad financiera.

Un Estado desfinanciado y recortes sin precedentes en funciones clave

De acuerdo con CIFRA, el total del gasto previsto para 2026 implica una contracción real del 24,2% frente a 2023, tomando como referencia la inflación proyectada en el propio Presupuesto. Sin embargo, la magnitud del ajuste es significativamente mayor en áreas centrales de la política pública. El informe detalla caídas reales del 45,3% en Educación, del 98,1% en Vivienda y Urbanismo, del 86,5% en Agua Potable y Alcantarillado y del 71,5% en Promoción y Asistencia Social.

El resultado, según el centro de estudios, es “un Estado progresivamente desfinanciado” y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos básicos. En particular, el presupuesto educativo alcanzaría en 2026 apenas el 0,75% del PBI, menos de la mitad de lo que representaba en 2015 y con una disminución real del 45,3% respecto de 2023. Si se excluye el financiamiento a las universidades nacionales, la caída asciende al 70,1%.

El ajuste también se refleja en los gastos en personal, consolidando, según CIFRA, un proceso de degradación del empleo público iniciado en 2024, profundizado en 2025 y ahora formalizado en el proyecto de ley. Mientras algunos organismos muestran aumentos reales en sus partidas de personal, una amplia mayoría registra recortes de dos dígitos y, en algunos casos, la eliminación total de asignaciones.

Meta fiscal, deuda y recaudación: los supuestos bajo cuestionamiento

El Proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero equilibrado (0% del PBI). Para CIFRA, esta meta fiscal opera como eje rector de toda la política económica, pero se apoya en supuestos que no están explicitados en el texto legal.

El informe advierte, en primer lugar, que el resultado financiero no contabiliza plenamente los intereses de la deuda, debido a una estrategia de capitalización. Según CIFRA, si esos intereses se registraran como devengados —tal como exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe— el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit superior a los 2 puntos del PBI, en lugar del equilibrio proyectado.

En segundo término, el análisis subraya el impacto fiscal de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos, como las rebajas en retenciones a las exportaciones y las propuestas de alivio en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias de grandes empresas. Estas medidas, que no estarían plenamente contempladas en el proyecto, obligarían a un ajuste aún mayor del gasto primario para alcanzar la meta fiscal. CIFRA estima que el esfuerzo fiscal asociado a estas rebajas se acerca al 1% del PBI, unos 6.000 millones de dólares.

A ello se suma un escenario macroeconómico que el informe considera excesivamente optimista. El Presupuesto proyecta una expansión del PBI que, según CIFRA, difícilmente se concrete, dado el estancamiento que muestra la economía desde febrero y sus efectos negativos sobre la recaudación tributaria.

Sin programa financiero frente a una crisis de deuda

Otro de los puntos críticos señalados por CIFRA es la ausencia de un programa financiero claro para enfrentar los vencimientos de deuda externa pública previstos para 2026. Según el informe, esos compromisos ascienden a 35.597 millones de dólares, entre capital e intereses, mientras que la emisión neta de deuda en moneda extranjera proyectada es “sumamente reducida”.

En un contexto de reservas internacionales netas negativas y con un déficit comercial proyectado de 5.752 millones de dólares para 2026, el centro de estudios advierte que el Presupuesto no ofrece respuestas consistentes frente a la problemática de la deuda, lo que agrega incertidumbre macroeconómica y financiera al escenario planteado.

En conjunto, CIFRA concluye que el Proyecto de Presupuesto 2026 no solo consolida el ajuste ejecutado en los últimos dos años, sino que lo institucionaliza, con fuertes recortes en el gasto social, una estrategia fiscal condicionada por supuestos cuestionables y una falta de definiciones clave en materia de deuda. Un diagnóstico que anticipa un debate intenso en el Congreso y posibles reacciones de los sectores más afectados por la reducción del gasto público.

Las alertas de CIFRA sobre el Presupuesto 2026 by CristianMilciades

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Respaldo del FMI a la estrategia monetaria y cambiaria anunciada por el Gobierno

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró este lunes las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, que incluyen cambios en el esquema de bandas de flotación cambiaria y el lanzamiento de un programa de compra de reservas por parte del Banco Central. El organismo destacó el acceso al mercado y el refuerzo del marco monetario y cambiario, y aseguró que trabaja “estrechamente con las autoridades” en la implementación de estas decisiones, consideradas clave para recomponer reservas y apuntalar el crecimiento.

Respaldo del FMI al nuevo marco monetario y cambiario

El aval del organismo internacional llegó luego de los anuncios oficiales sobre la actualización del régimen de bandas cambiarias y la estrategia de acumulación de reservas a partir de 2026. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la portavoz del FMI, Julie Kozack, valoró “el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento”.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”, afirmó la funcionaria, en una señal política e institucional de respaldo a la hoja de ruta económica del Gobierno.

El pronunciamiento del FMI se produjo tras la confirmación de que, a partir del año próximo, las bandas de flotación cambiaria pasarán a actualizarse según la inflación de los dos meses previos, modificando el esquema vigente que ajusta el piso y el techo al 1% mensual. La decisión apunta a dotar de mayor previsibilidad al régimen cambiario y alinearlo con la dinámica inflacionaria.

Programa de compra de reservas y metas para 2026

En paralelo, el Banco Central (BCRA) anunció que desde el 1° de enero de 2026 pondrá en marcha un programa de compra de reservas con el objetivo de acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el próximo año. La estrategia se concentrará en fortalecer el balance de la autoridad monetaria sin generar presiones inflacionarias.

Según el comunicado oficial, la base monetaria aumentaría del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026. Ese incremento podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones, condicionada a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Incluso, el BCRA anticipó que si la demanda adicional de dinero alcanzara el 1% del PBI, las compras podrían ampliarse hasta u$s17.000 millones.

El esquema operativo prevé que, en una primera etapa, el monto diario de acumulación de reservas se alinee con una participación del 5% del volumen del mercado de cambios. En función de la volatilidad observada en las últimas semanas, las compras diarias podrían oscilar entre u$s10 millones y u$s30 millones.

Impacto económico y señales al mercado

El respaldo explícito del FMI a las medidas anunciadas refuerza la señal de coordinación entre el organismo y el Gobierno en un contexto de redefinición del régimen cambiario y monetario. La combinación de bandas ajustadas por inflación y un programa explícito de compra de reservas busca consolidar expectativas, fortalecer los “colchones” externos y dar sustento al proceso de reformas económicas.

Para los mercados, el acompañamiento del FMI funciona como un ancla de credibilidad institucional, especialmente en lo referido a la sostenibilidad del esquema monetario y a la capacidad del Banco Central para recomponer reservas sin alterar la estabilidad de precios. Al mismo tiempo, el foco en la acumulación de divisas y en la consistencia macroeconómica anticipa un 2026 marcado por una estrategia gradual de normalización financiera y cambiaria.

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Economía oficializó el bono en dólares al 6,50% bajo ley argentina

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El Ministerio de Economía oficializó la emisión del “Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento 2029”, con un tope de USD 4.000 millones en valor nominal. La colocación, autorizada mediante la Resolución Conjunta 62/2025, forma parte del esquema de financiamiento aprobado por la Ley de Presupuesto vigente y apunta a reforzar la estrategia de estabilización fiscal y coordinar el perfil de vencimientos del Tesoro.

Un instrumento clave dentro del marco legal de crédito público

La Resolución Conjunta 62/2025, firmada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, establece la emisión del nuevo bono en dólares para su licitación este 10 de diciembre de 2025, con fecha de emisión el 12 de diciembre y vencimiento el 30 de noviembre de 2029.

El instrumento se inscribe en el marco del Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156 y en las autorizaciones de endeudamiento previstas en la Ley 27.701, que continúa vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley 24.156 y a las adecuaciones implementadas por los decretos 436/2023, 56/2023, 23/2024, 280/2024, 594/2024 y 1104/2024.

El texto oficial recuerda que, conforme al artículo 60 de la Ley 24.156, ningún organismo de la Administración Nacional puede formalizar operaciones de crédito público no contempladas en el Presupuesto o en una ley específica. En este caso, la emisión se encuentra dentro de los montos autorizados en la planilla anexa al artículo 37 de la Ley 27.701.

Características financieras del bono y condiciones de colocación

El nuevo Bono del Tesoro en dólares presenta condiciones orientadas a fortalecer la demanda institucional y mejorar el perfil de financiamiento del Estado. Entre los puntos centrales:

  • Monto máximo autorizado: hasta VNO USD 4.000.000.000, según demanda de la licitación.
  • Moneda: denominación, suscripción y pago en dólares estadounidenses.
  • Tasa de interés: 6,50% nominal anual, pagadera por semestre vencido cada 30 de mayo y 30 de noviembre, con cálculo base 30/360.
  • Primer pago: 30 de mayo de 2026, período irregular.
  • Amortización: íntegra al vencimiento en 2029.
  • Denominación mínima: USD 1 de valor nominal original.
  • Negociación: cotización solicitada en A3 Mercados SA y en bolsas y mercados de valores del país.
  • Registro: bajo Certificados Globales a nombre de la CRYL del Banco Central, como Agente de Registro.
  • Exenciones impositivas: aplica las previstas en la legislación vigente.
  • Ley aplicable: República Argentina.

La colocación se realizará bajo los procedimientos aprobados en la Resolución Conjunta 9/2019, que regula la emisión de instrumentos de deuda pública, habilitando tramos múltiples según determine la Secretaría de Finanzas.

La resolución también delega en las autoridades de la Oficina Nacional de Crédito Público y áreas técnicas competentes la firma de la documentación necesaria para implementar la operación.

Financiamiento, orden fiscal y señales al mercado

La decisión se da en un momento de fuerte reordenamiento macroeconómico, donde el Gobierno sostiene que la consistencia fiscal resulta indispensable para la recuperación sostenida y la reducción del riesgo país.

Dentro del marco presupuestario vigente, la emisión busca: reducir tensiones de corto plazo en el perfil de vencimientos, fortalecer el programa financiero del Tesoro, ampliar la base de instrumentos en dólares bajo ley local, lo que aporta previsibilidad jurídica y operativa, y ofrecer alternativas a demandantes institucionales que operan en moneda extranjera.

La referencia explícita del decreto a la coordinación entre Finanzas y Hacienda —en línea con el Decreto 1344/2007— refleja la intención de mantener disciplina en el uso del crédito público, un componente central de la estrategia de estabilización.

En el sistema financiero, la expectativa es que el bono en dólares atraiga interés de bancos, compañías de seguros, fondos institucionales y operadores de mercado que buscan instrumentos de renta fija con rendimiento en moneda dura y bajo ley argentina.

También se prevé impacto en la curva local en dólares, que podría ganar profundidad y liquidez si la colocación alcanza montos significativos dentro del límite autorizado.

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Cómo quedan las retenciones: el nuevo esquema para soja, trigo, maíz y girasol publicado en el Boletín Oficial

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Milei avanza con otra reducción de retenciones, fijan nuevas alícuotas para granos y subproductos en línea con la estrategia de apertura agroexportadora

El Gobierno oficializó un nuevo esquema permanente de derechos de exportación para productos agroindustriales, con rebajas en cadenas clave como soja, trigo, maíz, girasol, cebada y sorgo. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 877/2025, busca consolidar el superávit fiscal, potenciar las exportaciones y sostener el ingreso de divisas en un contexto de estabilización macroeconómica.

Un nuevo esquema de retenciones para consolidar el ingreso de divisas

El Poder Ejecutivo estableció, a través del Decreto 877/2025, el nuevo cuadro de alícuotas del Derecho de Exportación (D.E.) aplicable a un amplio conjunto de mercaderías clasificadas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). La norma dispone reducciones permanentes para productos estratégicos del agro, profundizando el sendero iniciado con el Decreto 526/2025, que ya había recortado retenciones a complejos como soja, girasol, maíz, trigo, cebada y sorgo.

El decreto destaca que la decisión responde a “la transformación de la política económica” y a la necesidad de “optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica”. Entre enero y octubre de 2025, los complejos de granos alcanzaron exportaciones por USD 28.875 millones y 86,52 millones de toneladas, un incremento interanual de 5% en monto y 10% en volumen, con subas superiores al 50% en trigo y girasol.

La medida entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente, conforme lo prevé la Ley 26.122 para los decretos dictados en ejercicio de delegación legislativa.

Detalle de alícuotas: reducciones generalizadas y excepciones específicas

El Anexo del decreto fija las nuevas alícuotas para cada posición arancelaria NCM, con particular incidencia en productos primarios, harinas, aceites y subproductos. Entre los casos más relevantes se destacan:

  • Trigo (NCM 1001): retenciones del 1,5% y 7,5% según la subpartida.
  • Cebada (NCM 1003): alícuotas generalizadas del 7,5%.
  • Maíz (NCM 1005): el grano tributa 2,5%; subproductos en 8,5% con excepciones específicas como pisingallo (0%) y variedades “flint o plata” con escalas diferenciales.
  • Sorgo (NCM 1007): tributa 8,5%, salvo envases menores que pagan 0%.
  • Harinas y productos molineros (NCM 1101–1109): alícuotas entre 0% y 5%, con múltiples excepciones según envase, origen o tipo de grano.
  • Soja (NCM 1201): poroto tributa 1,5%, mientras que otras categorías mantienen 24%.
  • Maní (NCM 1206): alícuota del 4,5%, reducida a 0% para partidas “descascaradas” o “tipo confitera”.
  • Aceites vegetales (capítulo 15):
    • Aceite de soja: 22,5% y 18% según subpartida.
    • Aceite de girasol: entre 2,5% y 4,5%.
  • Alimentos balanceados y subproductos (NCM 2309): esquema complejo con alícuotas de 1,5% a 20%, según contenido de soja, granulometría y formato de presentación.
  • Glicerina (NCM 2905.45.00): 1,5%.
  • Preparaciones químicas (NCM 3826.00.00): 21%.

El decreto insiste en que los derechos de exportación constituyen un “impuesto distorsivo que debe eliminarse”, y que las reducciones continuarán “en la medida en que lo permita el superávit fiscal”.

Contexto político y posibles impactos en el sector agroindustrial

La agroindustria aporta alrededor de USD 45.000 millones anuales en exportaciones y concentra los principales complejos de generación de divisas. Por ello, la baja de retenciones se inscribe en una política más amplia de competitividad externa, facilitación del comercio y apertura de mercados.

El oficialismo argumenta que el recorte sostenido de alícuotas genera previsibilidad, impulsa la producción regional y fortalece la recuperación de la economía real. Al mismo tiempo, busca reforzar el flujo de dólares comerciales que sostienen la estrategia de estabilización liderada por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, sectores provinciales y algunas entidades académicas advierten que la reducción permanente de la recaudación por retenciones podría tensar la capacidad tributaria nacional en un contexto fiscal aún delicado. También se prevé debate legislativo, dado que la Comisión Bicameral deberá expedirse sobre la validez del decreto, abriendo un capítulo político que puede influir en la dinámica parlamentaria.

En el plano productivo, la medida podría acelerar decisiones de inversión, aumentar la siembra de cultivos con menor carga tributaria y mejorar la competitividad en mercados externos, donde Argentina compite con países que no aplican impuestos a la exportación.

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