Política Económica

Caputo anunció una baja de retenciones al agro para impulsar exportaciones

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El Gobierno redujo retenciones al agro, baja de alícuotas para granos y subproductos en busca de mayor competitividad exportadora

El Gobierno nacional anunció una baja permanente en los derechos de exportación aplicados a las cadenas de granos y subproductos, una medida que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó como “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”. Las reducciones alcanzan a soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y derivados, y forman parte del objetivo central del Ejecutivo de avanzar hacia un esquema de menor presión impositiva sobre el complejo agroexportador, responsable del 60% de las ventas externas del país.

La decisión se integra en la estrategia oficial de mejorar la competitividad, acelerar la generación de divisas y consolidar el crecimiento del sector en un contexto de ajuste macroeconómico y recomposición de incentivos productivos.

Las nuevas alícuotas: recortes en soja, granos finos y gruesos, y subproductos

En el anuncio, Caputo detalló las bajas que regirán a partir de la decisión oficial:

  • Soja: de 26% a 24%
  • Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
  • Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
  • Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
  • Girasol: de 5,5% a 4,5%

El ministro señaló que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, y que el Gobierno “seguirá haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible, en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan”.

El Ejecutivo enmarca la baja en una política de alivio fiscal progresivo, que busca mejorar el margen de rentabilidad de los productores, consolidar la industrialización de origen agropecuario y fortalecer el posicionamiento internacional de los principales complejos exportadores del país.

Contexto económico: por qué el Gobierno insiste en bajar retenciones

El Ministerio de Economía fundamentó el recorte en la necesidad de impulsar un sector que aporta aproximadamente el 60% de las exportaciones totales. Según el mensaje oficial, la reducción apunta a mejorar la competitividad internacional del agro, fomentar una mayor inversión productiva, acelerar la entrada de divisas, y estimular la actividad económica en las economías regionales.

La decisión se registra en un escenario de consolidación del programa de ajuste fiscal y desregulación económica, donde el Gobierno sostiene que un esquema impositivo más leve favorecerá el crecimiento del agro y su derrame en el mercado laboral y la producción industrial asociada.

El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, afirmó Caputo, retomando el mensaje central del Ejecutivo.

Impacto esperado y reacciones del sector agropecuario

El anuncio fue recibido en el sector como una señal alineada con las demandas históricas del campo, que viene reclamando desde hace años la eliminación total de los derechos de exportación.

La baja de alícuotas genera expectativas sobre mejoras en los precios recibidos por el productor, mayor liquidez para inversiones en tecnología y semillas, incentivos para aumentar el área sembrada, y mayor competitividad para la industria aceitera y molinera.

El efecto regional también será significativo, dado que la cadena agroindustrial tiene fuerte presencia territorial en la región pampeana y en provincias con actividad cerealera, oleaginosa y de subproductos.

Sin embargo, analistas del sector plantean que el impacto dependerá de la evolución simultánea de otros factores de la macroeconomía —tipo de cambio, costos logísticos, precios internacionales y tasas de financiamiento— que siguen condicionando las decisiones de inversión y comercialización.

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Milei convocó a extraordinarias: Presupuesto 2026 y reformas clave definirán el cierre del año político

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El Presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias con un temario económico y penal de alto voltaje institucional

Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025, con un temario focalizado en reformas estructurales: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y adecuación de la Ley de Glaciares. El paquete se formalizó mediante el Decreto 865/2025, publicado el 9 de diciembre de 2025, y coloca al Congreso frente a un cierre de año dominado por debates clave para el ordenamiento macroeconómico y el rediseño del régimen penal y ambiental del país.

Un temario económico y penal para cerrar el año legislativo

El Decreto 865/2025, firmado por el Presidente y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece en su Artículo 1° la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre de 2025.

El Artículo 2° incorpora el Anexo I (IF-2025-135305231-APN-JGM), donde se enumeran los seis asuntos que integran el temario:

  1. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 (Msje. JGM 104/25, Exp. 14-JGM-2025).
  2. Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal (Msje. 14/25, Exp. 3-PE-2025).
  3. Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Msje. 29/25, Exp. 11-PE-2025).
  4. Proyecto de Ley de Modernización Laboral (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  5. Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  6. Proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos de Glaciares – Ley Nº 26.639 (a ser enviado por el Ejecutivo).

El texto se ampara en los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario y a fijar la agenda temática.

Un Congreso presionado a definir las anclas de 2026

La inclusión del Presupuesto 2026 como primer punto deja en claro la urgencia del Ejecutivo en asegurar el marco fiscal para el próximo año, en un escenario donde el ordenamiento de cuentas públicas es central para la estrategia económica oficial.

El paquete se completa con dos iniciativas fiscales. Inocencia Fiscal: un proyecto ya ingresado a Diputados, orientado a modificar o establecer reglas sobre el accionar del contribuyente. Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: también en trámite legislativo.

La convocatoria incorpora además tres proyectos aún no remitidos, lo que sugiere negociaciones en curso: una Modernización Laboral, clave en los planteos del Gobierno sobre competitividad. Una Reforma del Código Penal, cuyo alcance no fue detallado. La adecuación de la Ley 26.639 de Glaciares, un tema ambiental sensible en la agenda política federal.

El decreto fue registrado con fecha 5 de diciembre de 2025 y publicado el 9 de diciembre, según el cierre del Boletín Oficial.

Escenarios legislativos y tensiones posibles

La amplitud y profundidad del temario anticipan un diciembre de negociaciones densas entre bloques, gobernadores y el Poder Ejecutivo. La presencia de iniciativas fiscales, penales, laborales y ambientales, todas de alto impacto, perfila un cierre de año legislativo con potenciales tensiones entre oficialismo, oposiciones y actores sectoriales.

En particular: El Presupuesto 2026 marcará la hoja de ruta económica del próximo año. La Modernización Laboral podría activar resistencias sindicales. La Reforma Penal y la adecuación de la Ley de Glaciares impactarán en provincias, organizaciones ambientales y el sistema de justicia.

La convocatoria a extraordinarias se convierte así en un test político para medir la capacidad del Gobierno de avanzar con reformas estructurales en un Congreso que será la arena principal de disputa institucional en el cierre de 2025.

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Dólar oficial cae a $1.435 mientras Economía acelera su retorno al mercado internacional de deuda

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El Gobierno acelera su retorno a los mercados mientras el dólar oficial cae a $1.435 y Finanzas prepara una emisión clave en dólares, el análisis de la consultora Ecolatina

Con el dólar oficial retrocediendo 1,1% hasta $1.435 y la brecha cambiaria estabilizada en torno al 2%, el Gobierno avanza con un giro decisivo en su estrategia financiera: el 10 de diciembre lanzará un bono en dólares bajo legislación local para cubrir vencimientos por USD 1.187 millones y negocia un REPO por hasta USD 7.000 millones con bancos internacionales. Las medidas buscan reducir el Riesgo País, recomponer reservas y marcar el regreso de la Argentina al mercado global de deuda.

El Tesoro vuelve a emitir en dólares y negocia un REPO por USD 7.000 millones

La semana cerró con señales concretas de que la administración nacional se prepara para retomar el financiamiento externo. El miércoles 10, la Secretaría de Finanzas lanzará la colocación del BONAR 2029N, un título denominado y pagadero en dólares, con legislación local, tasa anual del 6,50%, amortización bullet el 30 de noviembre de 2029 y pagos semestrales cada 30 de mayo y 30 de noviembre.

Según el Ministerio de Economía, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar parcialmente los vencimientos de capital de los AL29 y AL30, que suman USD 1.187 millones y vencen en enero de 2026. La operación, por su diseño, no implicaría un aumento de la deuda pública en dólares.

La licitación será el primer test relevante para evaluar el apetito por “riesgo argentino” bajo legislación doméstica. Su resultado delineará la capacidad del Tesoro para administrar un calendario de vencimientos que asciende a USD 4.200 millones, de los cuales USD 1.500 millones corresponden a bonos bajo legislación extranjera cuyo eventual rolleo requerirá intervención del Congreso entrante el 10 de diciembre.

Paralelamente, el ministro Luis Caputo confirmó en una charla organizada por El Cronista que el Gobierno negocia un REPO con bancos privados por hasta USD 7.000 millones, replicando las operaciones de enero (USD 1.000 millones) y junio (USD 2.000 millones). Con un rolleo total de la emisión del miércoles, una adjudicación de USD 3.000 millones permitiría cubrir los vencimientos de enero, mientras que un REPO completo por USD 7.000 millones cubriría prácticamente también los de julio.

Caputo también expuso la hoja de ruta para recomponer reservas. Según explicó, mantener la Base Monetaria en 4% del PBI permitiría comprar USD 7.000 millones en 2026; un aumento de un punto porcentual permitiría sumar otros USD 7.000 millones. No obstante, indicó que la capacidad real dependerá de la posición del tipo de cambio dentro de la banda (entre +USD 6.200 millones y +USD 8.200 millones), del comportamiento de los agregados monetarios y del ingreso de capitales por la Cuenta Financiera.

Mercado cambiario: dólar oficial a la baja, brecha mínima y futuros en retroceso

El dólar oficial cerró la semana en $1.435, ubicándose 1,1% por debajo del viernes anterior. La cotización se mantiene dentro del rango post electoral de $1.400–$1.450, pese a la rotación de contratos de futuros y al vencimiento de letras atadas al dólar.

El tipo de cambio informado por el BCRA finalizó en $1.439 (-0,8%). Y la entidad confirmó que modificará su metodología de cálculo hacia un promedio ponderado. Las Reservas Netas —descontando swap con China y EE.UU., encajes, REPOs y SEDESA— finalizaron en torno a –USD 600 millones.

Los dólares alternativos también retrocedieron: Minorista: $1.463 (-1,7%). MEP con AL30: $1.474 (-0,2%). CCL con CEDEARs: $1.526 (-0,3%). Blue: $1.425 (-0,7%)

La brecha se sostuvo en torno al 2%, uno de los niveles más bajos desde el inicio del actual esquema cambiario.

En el mercado de futuros, los contratos acompañaron la tendencia del spot. Los vencimientos de diciembre a febrero subieron apenas 0,1%, mientras que los de marzo 2026 en adelante cayeron 0,4%. Las devaluaciones implícitas quedaron en 1,1% para diciembre, 3,6% para enero y 5,4% para febrero.

Empresas y provincias reabren el crédito externo y anticipan el regreso soberano a los mercados internacionales

Antes de la colocación soberana, el sector privado y las provincias testearon el apetito por instrumentos en dólares. Desde la compresión del Riesgo País —de la zona de 1.000 puntos a 650 puntos básicos— las empresas colocaron USD 4.000 millones en Obligaciones Negociables en noviembre y USD 600 millones en los primeros cuatro días hábiles de diciembre.

En el plano provincial, CABA abrió el camino con una emisión de USD 600 millones, mientras que Santa Fe colocó USD 800 millones esta semana.

Estas operaciones configuran el escenario para el retorno soberano a los mercados externos. Aunque para consolidarlo el Gobierno deberá avanzar sobre dos frentes: Estabilidad cambiaria y credibilidad del esquema de bandas. Eliminación de restricciones financieras, como los límites a empresas y la “restricción cruzada” para personas.

    Solo con estos elementos podrá producirse el ingreso de capitales por la Cuenta Financiera. Necesario para compensar un eventual déficit de Cuenta Corriente y permitir que el BCRA recomponga reservas sin tensionar la demanda de pesos.

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    Caputo negocia crédito por hasta US$7.000 millones y proyecta baja del riesgo país

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    Caputo confirmó que negocia un crédito de hasta US$7.000 millones con bancos privados para sostener las reservas y reducir el riesgo país

    El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que avanza en negociaciones con entidades financieras privadas para obtener un financiamiento de entre US$6.000 y US$7.000 millones destinado a cubrir el pago de intereses de enero sin afectar el nivel de reservas. El funcionario aseguró que el acuerdo, junto con el paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso, será clave para bajar el riesgo país y recuperar acceso al crédito internacional.

    Negociación por US$7.000 millones y objetivo central: mantener las reservas en enero

    Al participar del encuentro “Líderes”, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno trabaja con bancos privados en un esquema de financiamiento por hasta US$ 7.000 millones, que tendría como finalidad evitar una caída de reservas durante el pago de intereses previsto para enero.

    Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7.000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, señaló el titular del Palacio de Hacienda. Y remarcó el propósito central de la operación:
    “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

    El acuerdo aparece como un puente financiero de corto plazo para ordenar el frente externo, mientras el Gobierno busca reconstruir la demanda de pesos y normalizar el flujo de dólares hacia la cuenta financiera.

    Además, Caputo afirmó que espera una reducción del riesgo país en las próximas semanas, impulsada tanto por la negociación con bancos como por el paquete de leyes que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso Nacional, un elemento que considera clave para generar previsibilidad macroeconómica.

    Desmentida sobre un préstamo de US$20.000 millones y señales al mercado

    En su intervención, el ministro negó categóricamente que existieran gestiones para obtener un financiamiento por US$20.000 millones provenientes de bancos privados.

    No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$20.000 millones”, precisó.

    Caputo afirmó que finalmente el Gobierno decidió no avanzar con ese mecanismo:
    Cuando se descomprimió el riesgo ‘kuka’, elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”.

    En ese contexto, explicó que la oferta de entidades privadas se convirtió en el camino más adecuado para evitar la pérdida de reservas y enviar una señal de orden fiscal y monetario.

    El ministro también anticipó que la cartera económica comunicará formalmente el proceso de acumulación de reservas y los detalles del acuerdo con bancos, al tiempo que proyectó que “la lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

    Bandas cambiarias, demanda de dinero y posibilidades de acumulación de reservas sin emisión neta

    Caputo sostuvo además que el esquema de bandas cambiarias continuará vigente, por la limitada dimensión del mercado local:
    El mercado de cambios argentino es muy chico, con días de operaciones de US$90 millones. Una intervención para comprar reservas distorsionaría el precio”, explicó.

    Aseguró que la oferta de divisas deberá provenir de la cuenta financiera, lo que consideró positivo porque “eso es inversión”.

    Sobre la capacidad de compra de reservas, el ministro detalló el marco monetario que permitiría absorber dólares sin necesidad de esterilizar: Si la base monetaria se mantiene constante en relación con el PBI, crecería 25% en términos nominales, lo que habilitaría la adquisición de US$7.000 millones sin expandir por encima de ese nivel. Si la demanda de dinero se recuperara un punto del PBI, permitiría comprar otros US$7.000 millones adicionales. Con una recuperación de dos puntos, la capacidad teórica ascendería a US$20.000 millones, también sin necesidad de esterilizar.

    El ministro alertó que esta estrategia depende de que exista oferta de dólares y que la demanda tenga capacidad de absorber la emisión asociada a la compra. “Si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias”.

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    El Gobierno reglamentó la Ley de Defensa de la Competencia y activó la Autoridad Nacional Antimonopolio

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    El Gobierno reglamentó la Ley de Defensa de la Competencia, se activa la Autoridad Nacional y el Tribunal Antimonopolio

    Con el Decreto 803/2025, el Poder Ejecutivo dispuso la entrada en funciones inmediata de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia, organismos clave para la regulación de mercados y control de prácticas monopólicas. La medida actualiza la reglamentación de la Ley 27.442 y busca garantizar la continuidad administrativa y la transparencia en su implementación.

    La nueva reglamentación acelera la puesta en marcha del sistema antimonopolio

    El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este 12 de noviembre de 2025 el Decreto 803/2025, mediante el cual se modifica la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, aprobada originalmente por el Decreto 480/2018.

    El nuevo texto redefine los artículos 18 y 28 del reglamento, eliminando el período de transición previo a la operatividad del organismo y disponiendo que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) —junto con el Tribunal de Defensa de la Competencia— comience a ejercer sus funciones de manera inmediata una vez constituida.

    Esta decisión marca un cambio sustancial respecto del régimen anterior, que establecía un lapso de sesenta días antes del inicio de sus funciones. Según el decreto, la medida busca “evitar dilaciones en la puesta en marcha y operatividad de la Autoridad Nacional de la Competencia” y “garantizar la continuidad administrativa necesaria para proteger la libre competencia y el interés económico general”.

    El decreto también establece que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisarán el accionar del organismo, con obligación de publicidad y transparencia en todos sus actos vinculados a recursos, gastos, contrataciones y nombramientos de personal.

    Un paso clave en la institucionalización del control de mercados

    La Ley 27.442, sancionada en 2018, introdujo un esquema integral de prevención y sanción de conductas anticompetitivas, como acuerdos colusorios, abusos de posición dominante o concentraciones económicas que afecten el interés general. Su implementación plena, sin embargo, permanecía demorada por la falta de constitución formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, prevista como un ente autárquico y descentralizado del Poder Ejecutivo.

    Con el Decreto 803/2025, el Gobierno busca destrabar ese proceso institucional y consolidar la aplicación de una ley considerada estructural para el funcionamiento transparente de los mercados.

    En su artículo 1°, el decreto sustituye completamente el texto del artículo 18 de la reglamentación anterior, disponiendo que la Autoridad se considerará legalmente constituida “con el nombramiento de su presidente, dos primeros vocales del Tribunal y los secretarios instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas”, quienes iniciarán sus funciones inmediatamente.

    Además, hasta tanto se reglamente el régimen laboral previsto por el artículo 18 de la Ley 27.442, el personal mantendrá las condiciones laborales vigentes. Esto garantiza continuidad operativa y estabilidad para los empleados en transición desde la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

    El artículo 2° del decreto también actualiza la reglamentación del artículo 28, reafirmando que el Tribunal de Defensa de la Competencia “comenzará a ejercer las funciones establecidas en la ley inmediatamente después de constituida la Autoridad Nacional”, y que deberá dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento.

    Proyección del cambio

    La entrada en vigencia del Decreto 803/2025 implica un reordenamiento institucional relevante en la política de defensa de la competencia. Desde 2018, las funciones de control antimonopolio eran ejercidas en forma transitoria por la Secretaría de Comercio Interior, lo que limitaba la independencia del proceso y generaba críticas por la falta de autonomía técnica.

    Con la constitución formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, el Gobierno busca descentralizar la regulación del mercado, otorgando al nuevo ente capacidad sancionatoria y regulatoria propia, un elemento crucial en un contexto de reconfiguración estructural de la economía argentina.

    El decreto señala explícitamente que esta medida “coadyuvará a la observancia de la libre competencia y la protección del interés económico general”, en línea con los objetivos de la Ley 27.442. En términos institucionales, representa un paso hacia la consolidación de un sistema moderno de control de mercado, comparable con los organismos antimonopolio de la Unión Europea o la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

    Si bien el texto no define plazos concretos para los nombramientos, la designación de autoridades será determinante para la efectividad del cambio. La creación de una estructura autónoma permitirá monitorear operaciones de concentración económica, fusiones y adquisiciones, así como sancionar prácticas abusivas o colusorias entre empresas de distintos sectores estratégicos: energía, alimentos, telecomunicaciones y transporte, entre otros.

    En términos económicos, la puesta en marcha del nuevo ente podría fortalecer la transparencia en la formación de precios, mejorar el clima de inversiones y otorgar previsibilidad a los mercados. A su vez, introduce un marco más estable para el control de fusiones empresarias y posiciones dominantes, temas sensibles en sectores con alta concentración.

    Transparencia y rapidez institucional

    La decisión del Poder Ejecutivo de acelerar la entrada en funciones de la Autoridad Nacional de la Competencia responde a un objetivo institucional de eficiencia y transparencia en la aplicación de la política de competencia.
    El Decreto 803/2025 no crea nuevas estructuras, pero habilita su operatividad efectiva, cerrando una vacancia normativa de más de siete años desde la sanción de la Ley 27.442.

    En un contexto de reformas estructurales, el fortalecimiento del marco antimonopolio constituye una señal de compromiso con las reglas de mercado, la protección del consumidor y la transparencia económica.

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