política fiscal

El Gobierno aprobó una nueva suba de los impuestos a los combustibles: impactará en la nafta y el gasoil desde febrero

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Mediante el Decreto 74/2026, publicado el 30 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, las subas se apliquen de manera parcial y escalonada, mientras que la entrada en vigencia plena de los incrementos se traslada al 1° de marzo de 2026.

El objetivo explícito del Poder Ejecutivo es “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un contexto de actualización impositiva basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de impacto directo sobre los precios de naftas y gasoil.

Marco legal y antecedentes de la actualización impositiva

El esquema de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se encuentra regulado por los Capítulos I y II del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias. Allí se establecen montos fijos en pesos por unidad de medida, tanto para el impuesto a los combustibles líquidos como para el tributo al dióxido de carbono.

La normativa prevé que dichos montos se actualicen trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, considerando las variaciones acumuladas desde enero de 2018. El mecanismo operativo de actualización fue definido por el Decreto N° 501/2018, que asignó esa tarea a la entonces AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y fijó que los efectos de cada actualización rigen desde el primer día del segundo mes posterior.

Sin embargo, a través de una sucesión de decretos —entre ellos los Nros. 617/2025, 699/2025, 782/2025, 840/2025 y 929/2025— el Poder Ejecutivo fue difiriendo en el tiempo la aplicación efectiva de los incrementos resultantes de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025.

El Decreto 617/2025 había fijado como fecha de entrada en vigencia de los incrementos remanentes el 1° de febrero de 2026. El nuevo Decreto 74/2026 reemplaza ese criterio y redefine el cronograma.

Subas parciales en febrero y nuevo cronograma de aplicación

Con la modificación introducida, el Gobierno dispuso que entre el 1° y el 28 de febrero de 2026 los impuestos se incrementen de manera parcial, con montos específicos por producto.

Para las naftas sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, el decreto fija:

  • Un aumento de $16,773 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos (artículo 4° de la Ley 23.966).
  • Un incremento de $1,027 por litro en el impuesto al dióxido de carbono (artículo 11).

En el caso del gasoil, los incrementos serán:

  • $14,372 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos.
  • $1,638 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Además, se mantiene el tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, el Partido de Patagones y el Departamento de Malargüe. Para esas zonas, el decreto establece un aumento adicional de $7,782 por litro, conforme al artículo 7°, inciso d) de la Ley 23.966, que alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En paralelo, el Decreto 74/2026 sustituye la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos, que pasa del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026, extendiendo un mes más el esquema de transición.

Impacto económico

La decisión de aplicar los aumentos de manera parcial y escalonada tiene impacto directo sobre la estructura de costos de los combustibles, un insumo clave para el transporte, la logística y amplios sectores de la economía. Al diferir la aplicación total de los incrementos derivados de las actualizaciones por IPC, el Gobierno busca moderar el traslado inmediato a precios finales, sin desactivar el esquema legal de actualización automática previsto en la Ley 23.966.

Desde el punto de vista fiscal, la medida implica postergar parcialmente la recaudación plena asociada a los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, aunque mantiene vigente el sendero de normalización definido por la normativa. En términos institucionales, el decreto reafirma la utilización del instrumento reglamentario, en ejercicio de las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, para administrar los tiempos de implementación de tributos ya establecidos por ley.

El Decreto 74/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y entra en vigencia el 1° de febrero de 2026, de acuerdo con el texto oficial publicado en el Boletín Oficial.

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Finanzas superó los vencimientos y captó más de $10 billones en la licitación

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La Secretaría de Finanzas logró este martes un rollover del 124,2% en la licitación de deuda en pesos y dólares, al adjudicar $10,34 billones frente a vencimientos del día, tras recibir ofertas por $11,17 billones. El resultado refuerza la estrategia oficial de financiamiento en el mercado local y consolida la capacidad del Tesoro para cubrir compromisos sin recurrir a emisión monetaria, en un contexto de tasas reales elevadas y fuerte concentración de colocaciones a tasa fija y ajustadas por inflación.

Rollover positivo y fuerte demanda por instrumentos en pesos

Según informó oficialmente la Secretaría de Finanzas, en la licitación realizada el 28 de enero de 2026 se recibieron 7.325 ofertas, por un valor efectivo total de $11,17 billones, de los cuales se adjudicaron $10,34 billones, lo que implicó un rollover del 124,20% sobre los vencimientos del día.

Del total adjudicado, la mayor parte correspondió a instrumentos denominados en pesos, con un valor efectivo de $10,23 billones, mientras que los títulos en dólares estadounidenses sumaron el equivalente a $102.935 millones, calculados al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA, que fijó el dólar en $1.441,3245.

En términos de estructura, el Tesoro volvió a concentrar la demanda en LECAP y BONCAP a tasa fija, que absorbieron más de $6,9 billones, con vencimientos escalonados entre marzo de 2026 y enero de 2027. La LECAP S16M6, con vencimiento el 16 de marzo de 2026, fue el instrumento más demandado, con adjudicaciones por $4,91 billones, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,99%, equivalente a una TIREA del 42,41%.

Le siguieron la S31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por $1,84 billones a una TEM de 2,75% y TIREA del 38,48%, y la S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, que captó $0,04 billones. En tanto, el BONCAP T15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027, sumó $0,19 billones.

CER, TAMAR y dólar linked: cobertura inflacionaria y cambiaria

Además de la tasa fija, la licitación mostró una participación relevante de instrumentos ajustados por CER, que en conjunto captaron más de $2,5 billones, reflejando la persistente demanda de cobertura frente a la inflación.

Entre ellos se destacó la LECER X30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, que adjudicó $1,07 billones a una TIREA del 8,35%, y la X31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por $0,44 billones a 7,83% TIREA. A plazos más largos, los bonos TZX27 y TZX28, con vencimientos en junio de 2027 y junio de 2028, sumaron en conjunto $1 billón, con tasas reales que oscilaron entre 8,13% y 8,75%.

Por su parte, el instrumento a tasa variable TAMAR, la LETRA M31G6 con vencimiento el 31 de agosto de 2026, adjudicó $0,75 billones, con un margen del 6,24%, consolidando su rol como alternativa para inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos de tasas.

En dólares, el Tesoro reabrió la Letra dólar linked D30A6, con vencimiento el 30 de abril de 2026, que adjudicó USD 72 millones, equivalentes a $102.935 millones, a una TIREA del 6,02%, manteniendo activa la oferta de cobertura cambiaria dentro del esquema de financiamiento.

Señal al mercado y sostenibilidad del financiamiento

El resultado de la licitación refuerza la señal de confianza del mercado en la estrategia de deuda del Tesoro, en un escenario donde el Gobierno busca sostener el financiamiento en pesos y evitar desvíos del ancla fiscal. La magnitud del rollover, superior al 120%, permite no solo cubrir los vencimientos inmediatos sino también generar un excedente de liquidez, clave para la administración de caja.

No obstante, el costo del financiamiento sigue siendo elevado, con tasas efectivas anuales que superan el 40% en los tramos cortos, lo que plantea desafíos hacia adelante en términos de sostenibilidad, especialmente si el contexto inflacionario y financiero no muestra una desaceleración significativa.

La combinación de instrumentos a tasa fija, CER, TAMAR y dólar linked confirma una estrategia diversificada, orientada a captar distintos perfiles de inversores y a extender, de manera gradual, el horizonte de vencimientos del Tesoro.

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Corrientes sin margen fiscal: Valdés admitió que no hay condiciones para aumentos salariales

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En un contexto de tensión creciente con los gremios estatales y a semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reconoció que la provincia no cuenta con margen financiero para otorgar aumentos salariales en el corto plazo. El mandatario atribuyó la restricción a la caída de la coparticipación federal y a una deuda que la Nación mantiene con el distrito por unos $250.000 millones, un pasivo que, según afirmó, condiciona de manera directa cualquier recomposición de ingresos en la administración pública.

Caída de la coparticipación y reclamo por una deuda millonaria

Consultado este martes por la mañana en una rueda de prensa con cronistas radiales, tras una reunión mantenida el lunes con la ministra de Educación, Valdés evitó comprometer fechas o porcentajes de recomposición salarial. “Lo estamos trabajando”, respondió ante la consulta, aunque de inmediato aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

El gobernador puso el foco en el frente fiscal y reclamó al Gobierno nacional una deuda estimada en $250 mil millones, correspondiente al consenso fiscal. “Es una deuda importante”, sostuvo, al explicar que ese pasivo limita la capacidad financiera de la provincia, aun cuando aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas.

Desde el punto de vista económico e institucional, la referencia a la coparticipación federal resulta central: se trata de uno de los principales ingresos corrientes de Corrientes y su retracción impacta de manera directa en la masa salarial, que constituye uno de los componentes más relevantes del gasto público provincial.

Presión sindical y educación en el centro del conflicto

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un encuentro clave con la ministra de Educación, quien venía de reunirse con entidades sindicales del sector. En esa instancia, los gremios reclamaron el inicio inmediato de la discusión salarial, con especial énfasis en la situación de los docentes.

El reclamo adquiere mayor peso político y social ante la cercanía del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el 2 de marzo. La falta de definiciones concretas sobre los salarios mantiene en vilo a los trabajadores estatales, particularmente al sector educativo, históricamente sensible a los retrasos en la negociación paritaria.

Equilibrio fiscal, límites políticos y expectativas a corto plazo

Valdés intentó equilibrar el mensaje entre la prudencia fiscal y la contención política. Si bien insistió en que la provincia mantiene sus finanzas ordenadas, dejó en claro que el escenario macroeconómico y la relación financiera con la Nación reducen el margen de maniobra para otorgar aumentos salariales.

En términos de proyección, el reconocimiento explícito de la falta de margen fiscal anticipa un escenario de negociaciones tensas con los gremios estatales en las próximas semanas. La evolución de la coparticipación y una eventual definición sobre la deuda reclamada a la Nación aparecen como variables clave para destrabar, o no, la discusión salarial en Corrientes.

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Economía avanzó con un canje de LELINK y estiró vencimientos hasta junio de 2026

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El Ministerio de Economía formalizó un canje de deuda pública que permitió postergar vencimientos concentrados a fines de enero de 2026, mediante la conversión de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de enero de 2026 (LELINK D30E6) por nuevos instrumentos con vencimientos en febrero, abril y junio del mismo año.

La operación, oficializada a través de la Resolución Conjunta 4/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del viernes 23 de enero, permitió reprogramar el 59,50% del valor nominal original en circulación de ese instrumento, de acuerdo con los resultados informados por la Secretaría de Finanzas tras la licitación realizada el jueves 22 de enero.

El canje se inscribe dentro de las facultades otorgadas por el artículo 45 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 y apunta a ordenar el perfil de vencimientos en moneda vinculada al dólar, reduciendo tensiones financieras de corto plazo dentro del programa financiero del Tesoro.

Reprogramación de vencimientos y ampliación de emisiones autorizadas

La operación tuvo como objetivo central diferir los pagos de la LELINK D30E6, originalmente emitida mediante la Resolución Conjunta 51/2025, habilitando a sus tenedores a optar por uno o una combinación de los siguientes instrumentos:

  • LELINK D27F6, con vencimiento el 27 de febrero de 2026
  • LELINK D30A6, con vencimiento el 30 de abril de 2026
  • BONAD TZV26, con vencimiento el 30 de junio de 2026

Para viabilizar el canje, el Poder Ejecutivo autorizó la ampliación de la emisión de las letras dólar linked con vencimiento en febrero y abril por hasta USD 4.500 millones de valor nominal original cada una. En el caso del BONAD TZV26, se dispuso la afectación de un saldo emitido y no colocado por USD 4.094.357.417, junto con una ampliación adicional de hasta USD 410 millones.

Según establece la norma, estas emisiones se realizan bajo las normas de procedimiento de la Resolución Conjunta 9/2019, y en el marco del artículo 11 del Decreto 331/2022, modificado por el DNU 846/2024, que habilita suscripciones de instrumentos de deuda con títulos públicos independientemente de su moneda de denominación, quedando excluidas de las restricciones del artículo 65 de la Ley 24.156.

Resultados de la licitación y comportamiento de los inversores

De acuerdo con la información oficial, en la licitación del 22 de enero se recibieron 170 ofertas, logrando adjudicar un monto equivalente al 59,50% del VNO en circulación de la LELINK D30E6.

Los resultados por instrumento fueron los siguientes:

  • LELINK D27F6 (febrero 2026)
    • VNO ofertado: USD 2.816 millones
    • VNO adjudicado: USD 2.266 millones
    • Precio de corte: USD 995 por cada VNO USD 1.000
    • VNO rescatado de la LELINK D30E6: USD 2.456 millones
  • LELINK D30A6 (abril 2026)
    • VNO ofertado: USD 202 millones
    • VNO adjudicado: USD 179 millones
    • Precio de corte: USD 987,50
  • BONAD TZV26 (junio 2026)
    • VNO ofertado: USD 28 millones
    • VNO adjudicado: USD 22 millones
    • Precio de corte: USD 986

Todos los montos están expresados en millones de dólares de valor nominal original. La liquidación de las operaciones fue fijada para el martes 27 de enero de 2026 (T+3), mientras que la transferencia de los títulos elegibles debía realizarse antes de las 17 horas del lunes 26 de enero (T+2) a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la CRYL del BCRA.

Marco legal, condiciones técnicas y efectos financieros

La resolución detalla las fórmulas de conversión, los mecanismos de redondeo y las condiciones de penalización en caso de incumplimiento en la entrega de los títulos elegibles. En ese caso, la liquidación se efectúa mediante un débito en pesos, calculado sobre el valor del nuevo instrumento, con un factor de penalidad del 20% y el tipo de cambio de referencia del BCRA conforme a la Comunicación “A” 3500.

Desde el punto de vista financiero, la operación permite al Tesoro aliviar la carga de vencimientos inmediatos en instrumentos dólar linked, desplazándolos hacia meses posteriores del primer semestre de 2026, sin incrementar el stock total autorizado más allá de los límites presupuestarios vigentes.

El canje impacta directamente sobre inversores institucionales y tenedores de deuda pública en dólares vinculados al tipo de cambio, al tiempo que refuerza la estrategia oficial de administración activa de pasivos, en un contexto de estricta coordinación entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, que actúan conjuntamente como órgano responsable de la administración financiera del Estado nacional.

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Argentina logró dos años consecutivos de superávit por primera vez desde 2009

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El Sector Público Nacional No Financiero cerró 2025 con un superávit fiscal primario de 1,4% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB, pese a haber registrado en diciembre el primer déficit primario del año. Según el balance fiscal elaborado por la consultora Ecolatina, se trata de un hecho inédito en la historia reciente: es la primera vez desde el período 2008–2009 que la Argentina acumula dos años consecutivos de superávit fiscal, consolidando un cambio de régimen en la dinámica de las cuentas públicas.

El resultado se apoyó en el fuerte ajuste del gasto realizado en 2024 y sostenido durante 2025, junto con una estrategia financiera que contuvo el pago explícito de intereses. Sin embargo, el informe advierte sobre tensiones subyacentes en la estructura de ingresos, el perfil de vencimientos de deuda y los desafíos que plantea el escenario fiscal y financiero de cara a 2026.

Déficit en diciembre, pero superávit en el acumulado anual

En el último mes de 2025, el Sector Público Nacional No Financiero registró un déficit primario de $2,8 billones. Al incorporar pagos de intereses por $0,4 billones, el resultado financiero fue negativo en $3,3 billones. Se trató del primer déficit primario del año y superó en 68% al rojo observado en diciembre de 2024.

De acuerdo con Ecolatina, este desempeño respondió a una combinación de factores: por un lado, un crecimiento real interanual del gasto primario de 1,7%, explicado en gran medida por la estacionalidad típica del cierre del año; por otro, una caída real interanual de 7% en los ingresos totales, reflejo de la desaceleración de la recaudación tributaria hacia el final de 2025.

No obstante, el “colchón fiscal” acumulado durante el resto del año permitió compensar el desliz de diciembre. Así, el resultado primario anual cerró con un superávit equivalente al 1,4% del PIB, apenas 0,4 puntos porcentuales por debajo de 2024, mientras que el resultado financiero fue superavitario en 0,2% del PIB, 0,1 puntos menos que el año previo.

Desde una perspectiva histórica, el dato resulta relevante: no se registraban dos años consecutivos de superávit fiscal desde 2008–2009, siendo 2009 el último año con resultado positivo. A partir de entonces, la política fiscal estuvo signada por un crecimiento del gasto primario por encima de los ingresos, dando lugar a déficits persistentes hasta el punto de inflexión alcanzado en 2024.

Ingresos en mínimos históricos y una nueva composición del ajuste

El informe destaca que, en 2025, los ingresos totales del SPN cayeron 2,6% interanual real y se ubicaron en 15,9% del PIB, lo que implicó una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto de 2024 y marcó el nivel más bajo desde 2005.

Este resultado estuvo condicionado por una elevada base de comparación, ya que en 2024 habían estado vigentes el Impuesto PAIS, ingresos extraordinarios del blanqueo y recursos excepcionales vinculados a Ganancias y Bienes Personales. A ello se sumó un deterioro de la recaudación tributaria hacia el cierre del año, tras un inicio más dinámico impulsado por la recuperación de la actividad y el mayor aporte del sector externo.

En términos agregados, los ingresos tributarios cerraron 2025 con una contracción real de 2,5% interanual. Al interior, el IVA neto mostró una evolución prácticamente estable (+0,9% i.a. real), mientras que las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 13,8% i.a. real, traccionadas por la mejora de la remuneración bruta promedio y consolidándose como uno de los pocos rubros con desempeño claramente positivo.

En contraste, el impuesto a las Ganancias registró una caída real de 6,8% interanual, explicada en gran medida por la base de comparación de 2024 asociada a la devaluación de diciembre de 2023. Una dinámica aún más marcada se observó en Bienes Personales, cuya recaudación se redujo 34,2% interanual real, afectada tanto por ingresos extraordinarios del año previo como por la reducción de alícuotas.

El aporte del comercio exterior también fue de mayor a menor. Los Derechos de Exportación se contrajeron 15,7% interanual real, mientras que los Derechos de Importación crecieron 22,6% interanual real, en un contexto de apreciación cambiaria y elevados volúmenes de importación.

Gasto en mínimos y el rol de los instrumentos capitalizables

Por el lado del gasto, el gasto primario representó en 2025 apenas 14,5% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, muy por debajo del 19,1% del PIB alcanzado en 2023. Con un gasto ya fuertemente comprimido, el margen para profundizar el ajuste fue limitado, por lo que el gasto mostró una variación prácticamente neutra, con un aumento real de 0,4% interanual.

El informe subraya un cambio en la composición del ajuste. El gasto social creció 6% interanual real, impulsado por la nueva fórmula de movilidad que indexa las prestaciones a la inflación del mes previo. En particular, las jubilaciones y pensiones contributivas, que concentran el 64% del gasto social, aumentaron 15% i.a. real, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se expandió 23,2% i.a. real, alcanzando un máximo histórico en términos reales y ubicándose cerca de 70% por encima de los niveles de 2023.

En sentido opuesto, las asignaciones familiares y otros programas sociales —incluyendo Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo, Programa 1000 Días y bonos de suma fija— registraron una caída cercana al 30% interanual real.

El ajuste continuó concentrándose fuera del gasto social, especialmente en los Subsidios Económicos, que se redujeron 31% interanual real, con un recorte más profundo en Energía (−38%) y una baja más moderada en Transporte (−7%). El Gasto de Capital se mantuvo en niveles históricamente bajos: 0,4% del PIB, sin cambios respecto de 2024 y muy lejos del 2,7% del PIB registrado en la década pasada.

En paralelo, las Transferencias a Provincias crecieron 25% interanual real, aunque permanecen casi 60% por debajo de 2023, mientras que los Salarios públicos cayeron 7% interanual real y se mantienen 27% por debajo de los niveles previos al ajuste.

Desde el punto de vista financiero, Ecolatina remarca la estrategia adoptada desde mediados de 2024 y profundizada en 2025, basada en la emisión de instrumentos capitalizables (Lecaps y Boncaps). Este esquema permitió contener el pago de intereses explícitos y mejorar el resultado financiero observado. Sin embargo, tuvo efectos no neutros por debajo de la línea, con amortizaciones en moneda local en máximos históricos en relación con el PIB.

Si se imputara el componente de capitalización como intereses devengados, el pago de intereses de 2025 ascendería a 3,9% del PIB, transformando el superávit financiero en un déficit cercano a 3,7% del PIB. El informe aclara que se trata de un escenario extremo y que el resultado real se ubica en un punto intermedio entre ambos extremos.

Perspectivas fiscales y financieras para 2026

Con el Presupuesto 2026 aprobado, el Gobierno cuenta con una hoja de ruta que fija como ancla fiscal un superávit primario de alrededor del 1,5% del PIB, además de un mayor respaldo político para avanzar en una agenda legislativa más amplia, que incluye la reforma laboral actualmente en tratamiento en el Congreso y una eventual reforma tributaria.

En materia de ingresos, la reducción de alícuotas de los derechos de exportación anticipa un menor aporte del comercio exterior, que podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos vía importaciones. En este contexto, la sostenibilidad fiscal dependerá en gran medida del desempeño de la actividad económica y del consumo. No obstante, la reforma laboral introduce riesgos a la baja en el corto plazo, especialmente por un potencial desfinanciamiento de la seguridad social y tensiones en la coparticipación, dado que contempla reducciones en Ganancias e impuestos internos.

Del lado del gasto, el margen de maniobra seguirá siendo acotado: cerca del 70% de las erogaciones están indexadas por inflación. Se espera una profundización del recorte de subsidios bajo el nuevo esquema tarifario, con impacto sobre el ingreso disponible de los hogares y la inflación, lo que podría moderar la recuperación económica. En cuanto al gasto de capital, existe margen para una recomposición gradual, aunque dependerá de las prioridades del Ejecutivo.

Finalmente, el programa financiero aparece como uno de los principales desafíos. El perfil de vencimientos de 2026 es exigente y obligará a sostener elevados niveles de rollover, posiblemente con tasas de interés altas, aun en un contexto de inflación en descenso. En este marco, la estrategia de financiamiento y el uso de instrumentos capitalizables serán claves para evaluar la sostenibilidad de la deuda.

Con todo, el informe concluye que el resultado primario continuaría siendo superavitario en 2026, en magnitudes similares a las observadas en los últimos dos años, consolidando el cambio de régimen fiscal iniciado en 2024.

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