política fiscal

La recaudación crece 26,2% pero pierde contra la inflación y acumula ocho meses de caída real

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La recaudación tributaria de marzo volvió a encender una señal de alerta en el frente fiscal: aunque alcanzó los $16.071.028 millones y mostró un crecimiento interanual del 26,2%, el dato quedó por debajo de la inflación estimada en torno al 33% en los últimos doce meses. El resultado no sólo implica una nueva caída en términos reales, sino que extiende a ocho meses consecutivos la contracción del ingreso tributario ajustado por precios, en un contexto donde el Gobierno sostiene su estrategia de alivio impositivo y enfrenta tensiones crecientes en la relación con las provincias.

El dato, informado el 1 de abril de 2026 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), confirma una moderación en el ritmo de expansión de los recursos fiscales y abre un interrogante central: ¿hasta qué punto la baja de impuestos y la desaceleración de la actividad condicionan la capacidad de financiamiento del Estado?

Menos ingresos reales y señales de enfriamiento fiscal

El número de marzo no sólo quedó por debajo de la inflación interanual, sino también del registro de febrero, cuando la recaudación había alcanzado $16,2 billones. En términos acumulados, el primer trimestre cerró con ingresos por $50.640.483 millones, con una suba del 22,7% interanual, consolidando una dinámica de crecimiento nominal pero con pérdida de poder real.

Desde el organismo recaudador explicaron que el resultado estuvo afectado por la ausencia de ingresos clave: “no hubo ingresos de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio de diciembre (el más importante del año) ni anticipo de Ganancias de personas humanas”. Este factor puntual amplificó una tendencia más estructural: la desaceleración de la recaudación en términos reales.

En paralelo, el efecto de la baja de impuestos y retenciones también incidió en el resultado final, reduciendo el flujo de recursos disponibles. Este punto introduce un componente político relevante, ya que la política tributaria no sólo impacta en la macroeconomía, sino también en la distribución de recursos entre Nación y provincias.

IVA y Seguridad Social sostienen, Ganancias se rezaga

El desempeño de los principales tributos mostró un comportamiento heterogéneo. El IVA neto se consolidó como el principal sostén de la recaudación, con ingresos por $5.619.607 millones y un crecimiento interanual del 28,7%. Dentro de este tributo, el componente impositivo avanzó 32,5%, mientras que el IVA aduanero creció 19,1%, evidenciando una brecha entre el mercado interno y el comercio exterior.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias recaudó $2.609.519 millones, con una suba del 17,1%, claramente por debajo del promedio general. La dinámica del tributo refleja tanto la ausencia de anticipos como una menor tracción relativa frente a otros ingresos.

El impuesto a los Débitos y Créditos mostró uno de los mayores incrementos, con $1.304.386 millones y una suba del 38,4%, mientras que los recursos de la Seguridad Social alcanzaron $4.451.245 millones, con un crecimiento del 28,5%, en línea con la evolución de los salarios formales.

A nivel agregado, el subtotal de impuestos avanzó 31,8%, mientras que los recursos aduaneros crecieron apenas 9,5%, confirmando el menor dinamismo del sector externo frente a la actividad interna.

Tensión fiscal y reparto de recursos

La caída real de la recaudación introduce una variable clave en la dinámica política: el margen fiscal del Gobierno se vuelve más estrecho justo cuando necesita sostener equilibrio en las cuentas públicas y, al mismo tiempo, administrar demandas territoriales.

En este escenario, la menor recaudación impacta directamente en la masa coparticipable, lo que tiende a tensar la relación con las provincias. La combinación de baja de impuestos, menor ingreso real y desaceleración económica configura un triángulo complejo para la gobernabilidad fiscal.

Al mismo tiempo, el comportamiento dispar de los tributos refuerza una lectura estructural: el consumo interno —reflejado en el IVA— sigue siendo el principal sostén, mientras que el comercio exterior y los impuestos más vinculados a resultados empresariales muestran menor dinamismo.

RECAUDACIÓN MARZO by CristianMilciades

Un equilibrio en construcción

La dinámica de marzo no redefine por sí sola el rumbo fiscal, pero sí marca un punto de atención. La continuidad de caídas reales en la recaudación obliga a observar de cerca dos variables: la evolución de la inflación y el impacto efectivo de la política tributaria sobre la actividad.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en si esta tendencia se consolida o si aparecen factores estacionales o económicos que permitan revertirla. En un escenario donde cada punto de recaudación cuenta, la tensión entre alivio impositivo y sostenibilidad fiscal seguirá en el centro del tablero.

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El Gobierno vuelve a postergar el impuesto a los combustibles

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El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles y trasladó al 1° de mayo de 2026 la aplicación de incrementos que debían regir desde abril. La medida quedó formalizada el 31 de marzo mediante el Decreto 217/2026, que modifica el esquema vigente y extiende el diferimiento de los tributos sobre naftas y gasoil.

El dato central no es solo la prórroga —que ya suma varias instancias desde 2024— sino su timing: el Ejecutivo opta por evitar un ajuste en precios en el corto plazo, aun cuando se trata de impuestos que se actualizan automáticamente por inflación. La pregunta que se abre es si esta decisión refuerza la estrategia de desaceleración inflacionaria o si acumula presión fiscal hacia adelante.

Un esquema legal que se aplica, pero no se ejecuta

El marco normativo es claro desde hace años. La Ley 23.966 establece montos fijos para los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, con actualizaciones trimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. A su vez, el Decreto 501/2018 reglamentó el mecanismo y fijó el calendario de ajustes en enero, abril, julio y octubre.

Sin embargo, la práctica se fue apartando de la regla. Distintos decretos —incluido el 617/2025 y sus sucesivas modificaciones— vienen difiriendo la aplicación efectiva de esos incrementos. El resultado es un esquema donde la actualización existe en términos técnicos, pero su traslado a precios se administra políticamente.

El nuevo decreto profundiza esa lógica. Sustituye el período originalmente previsto entre el 1° y el 31 de marzo de 2026 y lo extiende hasta el 30 de abril. Además, desplaza la entrada en vigencia de los aumentos remanentes —correspondientes a las actualizaciones de 2024 y 2025— al 1° de mayo.

En términos concretos, el Estado sigue acumulando ajustes impositivos pendientes mientras decide cuándo trasladarlos al surtidor.

Equilibrio delicado entre recaudación y precios

La decisión tiene implicancias directas en dos frentes sensibles: la recaudación y la inflación. Por un lado, el diferimiento implica resignar ingresos inmediatos derivados de tributos que, por diseño, deberían ajustarse automáticamente. Por otro, evita un impacto directo en los precios de los combustibles, con efecto indirecto sobre toda la estructura de costos de la economía.

En ese equilibrio se mueve la estrategia oficial. El decreto menciona explícitamente la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una formulación que traduce una tensión clásica: sostener la actividad sin desanclar las cuentas públicas.

Desde la perspectiva política, la medida otorga margen al Ejecutivo para administrar uno de los precios más sensibles del sistema económico. El combustible no solo afecta al consumidor final; también incide en transporte, logística y producción. Postergar el impuesto es, en los hechos, intervenir sobre esa variable.

Pero la contracara es clara: los incrementos no desaparecen, se acumulan. Y cuanto más se difieren, mayor es el ajuste potencial futuro.

Una secuencia de prórrogas que se vuelve política de Estado

El Decreto 217/2026 no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de decisiones que incluyen múltiples prórrogas desde 2025. La reiteración convierte lo excepcional en regla: el mecanismo automático de actualización queda subordinado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Ese patrón redefine el rol del instrumento impositivo. Deja de ser un componente técnico de la estructura fiscal para transformarse en una herramienta de gestión macroeconómica de corto plazo.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento no abre un conflicto inmediato con otros actores institucionales —no requiere intervención legislativa—, pero sí condiciona la dinámica fiscal futura. Cada diferimiento reduce presión en el presente y la traslada hacia adelante.

Acumulación y decisiones pendientes

El nuevo plazo fija una referencia clara: el 1° de mayo. Allí deberían converger los incrementos postergados, salvo que una nueva decisión vuelva a reprogramarlos. Esa es la variable a observar en las próximas semanas.

También será clave seguir cómo evoluciona la brecha entre los valores impositivos teóricos —actualizados por IPC— y los efectivamente aplicados. Esa distancia define el volumen del ajuste pendiente.

El Gobierno eligió, una vez más, ganar tiempo. La incógnita es cuánto margen queda para seguir difiriendo sin que el costo se traslade, tarde o temprano, a precios o a las cuentas públicas.

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El Gobierno reabre la negociación de deudas con provincias y extiende plazos hasta 2027

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El Gobierno nacional decidió reabrir el esquema de negociación de deudas con las provincias y extender sus plazos clave hasta fines de 2027. La medida quedó formalizada este 23 de marzo mediante el Decreto 171/2026, que modifica el régimen creado en 2024 para extinguir obligaciones recíprocas entre Nación y distritos.

El dato político es doble: por un lado, se habilita un nuevo plazo de 60 días hábiles para que provincias que no habían adherido puedan sumarse; por otro, se amplía significativamente el horizonte para presentar documentación y cerrar acuerdos. En un escenario de tensión fiscal y necesidad de ordenamiento de cuentas, la decisión abre una pregunta central: ¿es una herramienta de saneamiento o un nuevo canal de negociación política con las provincias?

Un régimen que se estira: más tiempo y mayor flexibilidad

El esquema había sido creado por el Decreto 969/2024 como una herramienta para compensar deudas cruzadas entre el Estado nacional y las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, mediante mecanismos como conciliaciones, transacciones o remisiones.

Ahora, el nuevo decreto introduce cambios que modifican su alcance operativo: Las jurisdicciones que no ingresaron inicialmente podrán hacerlo en un plazo de 60 días hábiles administrativos, con posibilidad de prórroga. Se fija como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para presentar la documentación que respalde las deudas o acreencias. Se establece un plazo de 180 días hábiles para negociar diferencias entre Nación y provincias cuando existan divergencias en los montos o criterios.

El rediseño no es menor. La extensión de plazos y la reapertura del régimen sugieren que el proceso original no agotó su capacidad de captar acuerdos, o que quedaron pendientes reclamos que el Gobierno busca canalizar.

Además, el decreto incorpora un elemento clave: cada parte será responsable de validar las deudas que propone incluir, lo que desplaza el eje hacia una lógica más bilateral y negociada.

Menos intervención de organismos de control y mayor margen político

Otro cambio relevante está en la intervención institucional. El nuevo esquema limita la participación de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación únicamente a casos donde existan litigios judiciales o arbitrales en los que el Estado reconozca derechos en disputa.

En términos políticos, esto implica reducir instancias de control previo en acuerdos que no estén judicializados, acelerando potencialmente los procesos de cierre.

Al mismo tiempo, se mantiene el rol central de la Secretaría de Hacienda como autoridad de aplicación, con capacidad para evaluar informes técnicos, coordinar negociaciones y validar los acuerdos finales.

El régimen ya había sido utilizado para firmar convenios con distintas jurisdicciones y avanzar en el saneamiento parcial de cuentas públicas. Sin embargo, la necesidad de extender plazos y reabrir la adhesión sugiere que el universo de deudas a compensar sigue abierto y en disputa.

Federalismo fiscal en negociación permanente

La herramienta funciona como un mecanismo de ordenamiento financiero, pero también como un espacio de negociación política entre Nación y provincias.

La posibilidad de incluir dación en pago de bienes del Estado nacional —habilitada en normas previas— agrega una dimensión adicional: no solo se trata de números, sino también de activos.

En ese contexto, la reapertura del régimen puede reconfigurar vínculos entre el Gobierno nacional y los distritos, especialmente aquellos que no habían adherido en la primera etapa o que mantienen reclamos cruzados.

Para las provincias, el esquema ofrece una vía para regularizar deudas o discutir acreencias. Para la Nación, representa una herramienta para ordenar pasivos, reducir conflictos y eventualmente alinear posiciones fiscales.

Un proceso abierto, con impacto en la gobernabilidad

La decisión de extender el régimen hasta 2027 y habilitar nuevas adhesiones no cierra el capítulo: lo amplía.

En las próximas semanas será clave observar qué provincias deciden ingresar al esquema, bajo qué condiciones y con qué tipo de reclamos. También, cómo evolucionan las negociaciones en casos donde existen diferencias en la cuantificación de las deudas.

El decreto fija reglas más flexibles y plazos más largos. Pero deja intacto el núcleo del problema: la compleja red de obligaciones cruzadas entre Nación y provincias, donde lo técnico y lo político suelen superponerse.

El resultado final no dependerá solo de los números. También de la capacidad de las partes para convertir este régimen en acuerdos concretos en un escenario fiscal que sigue siendo dinámico.

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El Gobierno sale al mercado: Finanzas convoca a una licitación clave de bonos y letras para el 12 de marzo

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El Gobierno nacional activó una nueva operación de financiamiento que pondrá a prueba la capacidad del Tesoro para sostener su estrategia de deuda en moneda local y captar divisas. La Secretaría de Finanzas convocó a una licitación de instrumentos del Tesoro para el jueves 12 de marzo, con un menú amplio que incluye letras capitalizables (LECAP), bonos y letras ajustadas por CER, instrumentos atados al dólar, títulos a tasa TAMAR y la reapertura del BONAR 2027 en dólares.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00, mientras que la liquidación está prevista para el lunes 16 de marzo (T+2). En el caso del BONAR 2027 (AO27), el Tesoro habilitará además una segunda vuelta el viernes 13 de marzo entre las 11:00 y las 13:00, con un monto total potencial que podría alcanzar hasta USD 250 millones entre ambas rondas.

Más que una simple operación financiera, la licitación funciona como un termómetro político y económico: mide el nivel de confianza del mercado en la política fiscal y monetaria del Gobierno y su capacidad para renovar vencimientos sin recurrir a asistencia directa.

Un menú de deuda diversificado para captar distintos perfiles de inversores

La licitación incluye once instrumentos distribuidos entre deuda en pesos y en dólares, con estructuras diseñadas para distintos perfiles de riesgo y cobertura.

Entre las principales novedades aparecen dos nuevas Letras del Tesoro capitalizables (LECAP) a tasa fija con vencimiento el 15 de mayo de 2026 y el 30 de septiembre de 2026. Estos instrumentos pagarán una tasa efectiva mensual capitalizable, que será definida en la licitación.

En paralelo, el Tesoro mantiene su estrategia de ofrecer deuda indexada por inflación, mediante letras y bonos ajustados por CER. Allí figuran:

  • LECER con vencimiento 15 de mayo de 2026 (reapertura).
  • LECER con vencimiento 30 de septiembre de 2026 (nueva).
  • BONCER cero cupón con vencimiento 31 de marzo de 2027 (reapertura).
  • BONCER cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2028 (reapertura).

A ese esquema se suman instrumentos a tasa variable TAMAR, vinculados al rendimiento del mercado monetario:

  • Letra TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026.
  • Bono TAMAR con vencimiento 26 de febrero de 2027.

La oferta se completa con instrumentos dólar linked, que permiten cubrirse frente a una eventual devaluación:

  • Letra dólar linked con vencimiento 30 de abril de 2026 (reapertura).
  • Nueva letra dólar linked con vencimiento 30 de septiembre de 2026.

Finalmente, el Tesoro reabrirá el BONAR 2027, un bono en dólares con cupón del 6% y vencimiento el 29 de octubre de 2027, que tendrá un tope de colocación inicial de USD 150 millones en la primera vuelta.

Un mecanismo de licitación que separa inversores minoristas y grandes jugadores

El proceso se realizará mediante licitación pública con indicación de precio, sin bandas mínimas ni máximas, salvo en el caso de las nuevas LECAP, donde los participantes deberán ofertar la tasa efectiva mensual.

El esquema prevé dos tramos diferenciados: Tramo no competitivo, destinado a inversores minoristas que presentan únicamente el monto a suscribir. Tramo competitivo, reservado a inversores institucionales y participantes especializados que deben ofertar precio o tasa.

Para el segmento minorista se establecieron límites claros: Hasta $50.000.000 de valor nominal para instrumentos en pesos. Hasta USD 50.000 para instrumentos en dólares.

Los participantes institucionales, en cambio, podrán presentar ofertas superiores sin límite máximo, siempre que cumplan los mínimos establecidos.

Las ofertas deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados en la CNV, lo que mantiene el circuito tradicional de acceso al mercado de deuda pública.

La señal política detrás de la estrategia de financiamiento

Más allá del detalle técnico, la licitación refleja una arquitectura financiera que el Gobierno viene sosteniendo: diversificar instrumentos para evitar concentraciones de riesgo y captar demanda en distintos segmentos del mercado.

La coexistencia de deuda a tasa fija, ajustada por inflación, variable y vinculada al dólar busca cubrir escenarios macroeconómicos alternativos. En términos políticos, la estrategia apunta a transmitir una señal de manejo activo del financiamiento sin depender exclusivamente de instrumentos indexados.

La reapertura del BONAR 2027 en dólares, además, introduce un elemento sensible: captar divisas directamente del mercado. Aunque el monto inicial es moderado —USD 150 millones en primera vuelta— la posibilidad de ampliarlo hasta USD 250 millones con la segunda ronda sugiere que el Tesoro busca medir el apetito real por títulos en moneda dura.

El resultado de esa colocación será observado con atención por el mercado financiero, porque funciona como indicador del riesgo percibido sobre la deuda soberana en dólares bajo legislación local.

Un test de mercado en medio de la agenda económica

Las licitaciones del Tesoro suelen pasar desapercibidas fuera del circuito financiero, pero cumplen una función central en la gobernabilidad económica: permiten refinanciar vencimientos y sostener el flujo de financiamiento del Estado.

En ese contexto, la subasta del 12 de marzo será leída como una prueba sobre tres frentes simultáneos: la capacidad del Gobierno para sostener el financiamiento en pesos, el interés del mercado en instrumentos indexados o dolarizados, y la demanda real por deuda soberana en dólares.

El resultado no solo definirá cuánto dinero logra captar el Tesoro. También dejará pistas sobre la relación entre el Gobierno y el mercado financiero en un momento donde la administración busca consolidar su estrategia de financiamiento sin alterar el equilibrio monetario.

Las próximas licitaciones, y especialmente el nivel de renovación de vencimientos, terminarán mostrando si esta arquitectura de instrumentos logra estabilizar el frente financiero o si el Tesoro deberá recalibrar su estrategia.

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Misiones y Nación firman un convenio para avanzar en la regularización de la deuda previsional

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El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), firmó un convenio con el gobierno de Misiones con el objetivo de avanzar en la regularización de la deuda vinculada al sistema previsional de la provincia. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Hugo Passalacqua en un encuentro con la ministra Sandra Pettovello y el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi.

El entendimiento busca establecer un mecanismo de trabajo para comenzar a normalizar la situación derivada del déficit de la caja previsional misionera -administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS)- que no fue transferida a la órbita nacional durante el proceso de reformas previsionales de la década de 1990.

Como parte del acuerdo, la provincia se compromete a abstenerse de iniciar acciones legales de reclamo mientras se avanza en la revisión técnica de los montos adeudados y en la definición de un esquema de compensación progresiva.

Passalacqua valoró el entendimiento como un paso en la dirección correcta para resolver un conflicto de larga data entre la provincia y la Nación.

“Es para normalizar de a poco la deuda por la caja previsional no transferida a Nación desde los años noventa, que nos deben desde 2018. Buen paso la verdad”, señaló el mandatario en diálogo con Economis.

Una deuda previsional acumulada

Misiones mantiene desde hace años un reclamo ante la ANSES por las transferencias que corresponden al financiamiento de su sistema previsional provincial. La provincia decidió conservar su caja jubilatoria -a diferencia de otras jurisdicciones que la transfirieron al sistema nacional-, lo que habilita la compensación del déficit previsional mediante convenios con el Estado nacional.

De acuerdo con informes oficiales del gobierno misionero, la deuda acumulada por este concepto alcanzaba hacia fines de 2024 los 300.000 millones de pesos, correspondientes principalmente a los déficits registrados entre 2019 y 2024.

La falta de actualización y transferencia de esos fondos impactó en las cuentas públicas provinciales, ya que el financiamiento del sistema previsional debe sostenerse con recursos propios cuando los envíos nacionales se retrasan o no se concretan.

Misiones, bajo la gestión de Passalacqua, viene insistiendo en el cumplimiento de los pactos fiscales firmados entre Nación y las provincias, que establecen mecanismos de compensación para las jurisdicciones que mantuvieron sus sistemas previsionales propios.

En ese marco, el gobierno provincial exige el envío de fondos para el Instituto de Previsión Social, señalando que los retrasos en las transferencias se arrastran desde hace años y continúan incluso bajo la actual administración nacional. Esta situación, advierten desde la provincia, genera presión sobre el financiamiento del sistema de jubilaciones y pensiones provincial.

Frente a este escenario, Misiones intensificó en los últimos meses las gestiones administrativas y la verificación técnica de los datos previsionales para sustentar el reclamo ante la Nación. Incluso, desde el gobierno provincial se llegó a analizar la posibilidad de avanzar con medidas judiciales para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El convenio firmado con la ANSES abre ahora una instancia de revisión técnica de la deuda y establece una mesa de trabajo entre el organismo nacional y el gobierno provincial para auditar los números del sistema previsional y avanzar en un esquema gradual de compensación.

En términos fiscales, la normalización de estas transferencias resulta clave para la provincia, ya que el financiamiento del sistema jubilatorio constituye uno de los compromisos estructurales más relevantes del presupuesto público.

Para Misiones, el acuerdo representa un paso inicial hacia la resolución de un reclamo histórico que afecta de manera directa la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social y el equilibrio de las cuentas provinciales.

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