política fiscal

El Gobierno sale al mercado: Finanzas convoca a una licitación clave de bonos y letras para el 12 de marzo

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional activó una nueva operación de financiamiento que pondrá a prueba la capacidad del Tesoro para sostener su estrategia de deuda en moneda local y captar divisas. La Secretaría de Finanzas convocó a una licitación de instrumentos del Tesoro para el jueves 12 de marzo, con un menú amplio que incluye letras capitalizables (LECAP), bonos y letras ajustadas por CER, instrumentos atados al dólar, títulos a tasa TAMAR y la reapertura del BONAR 2027 en dólares.

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00, mientras que la liquidación está prevista para el lunes 16 de marzo (T+2). En el caso del BONAR 2027 (AO27), el Tesoro habilitará además una segunda vuelta el viernes 13 de marzo entre las 11:00 y las 13:00, con un monto total potencial que podría alcanzar hasta USD 250 millones entre ambas rondas.

Más que una simple operación financiera, la licitación funciona como un termómetro político y económico: mide el nivel de confianza del mercado en la política fiscal y monetaria del Gobierno y su capacidad para renovar vencimientos sin recurrir a asistencia directa.

Un menú de deuda diversificado para captar distintos perfiles de inversores

La licitación incluye once instrumentos distribuidos entre deuda en pesos y en dólares, con estructuras diseñadas para distintos perfiles de riesgo y cobertura.

Entre las principales novedades aparecen dos nuevas Letras del Tesoro capitalizables (LECAP) a tasa fija con vencimiento el 15 de mayo de 2026 y el 30 de septiembre de 2026. Estos instrumentos pagarán una tasa efectiva mensual capitalizable, que será definida en la licitación.

En paralelo, el Tesoro mantiene su estrategia de ofrecer deuda indexada por inflación, mediante letras y bonos ajustados por CER. Allí figuran:

  • LECER con vencimiento 15 de mayo de 2026 (reapertura).
  • LECER con vencimiento 30 de septiembre de 2026 (nueva).
  • BONCER cero cupón con vencimiento 31 de marzo de 2027 (reapertura).
  • BONCER cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2028 (reapertura).

A ese esquema se suman instrumentos a tasa variable TAMAR, vinculados al rendimiento del mercado monetario:

  • Letra TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026.
  • Bono TAMAR con vencimiento 26 de febrero de 2027.

La oferta se completa con instrumentos dólar linked, que permiten cubrirse frente a una eventual devaluación:

  • Letra dólar linked con vencimiento 30 de abril de 2026 (reapertura).
  • Nueva letra dólar linked con vencimiento 30 de septiembre de 2026.

Finalmente, el Tesoro reabrirá el BONAR 2027, un bono en dólares con cupón del 6% y vencimiento el 29 de octubre de 2027, que tendrá un tope de colocación inicial de USD 150 millones en la primera vuelta.

Un mecanismo de licitación que separa inversores minoristas y grandes jugadores

El proceso se realizará mediante licitación pública con indicación de precio, sin bandas mínimas ni máximas, salvo en el caso de las nuevas LECAP, donde los participantes deberán ofertar la tasa efectiva mensual.

El esquema prevé dos tramos diferenciados: Tramo no competitivo, destinado a inversores minoristas que presentan únicamente el monto a suscribir. Tramo competitivo, reservado a inversores institucionales y participantes especializados que deben ofertar precio o tasa.

Para el segmento minorista se establecieron límites claros: Hasta $50.000.000 de valor nominal para instrumentos en pesos. Hasta USD 50.000 para instrumentos en dólares.

Los participantes institucionales, en cambio, podrán presentar ofertas superiores sin límite máximo, siempre que cumplan los mínimos establecidos.

Las ofertas deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados en la CNV, lo que mantiene el circuito tradicional de acceso al mercado de deuda pública.

La señal política detrás de la estrategia de financiamiento

Más allá del detalle técnico, la licitación refleja una arquitectura financiera que el Gobierno viene sosteniendo: diversificar instrumentos para evitar concentraciones de riesgo y captar demanda en distintos segmentos del mercado.

La coexistencia de deuda a tasa fija, ajustada por inflación, variable y vinculada al dólar busca cubrir escenarios macroeconómicos alternativos. En términos políticos, la estrategia apunta a transmitir una señal de manejo activo del financiamiento sin depender exclusivamente de instrumentos indexados.

La reapertura del BONAR 2027 en dólares, además, introduce un elemento sensible: captar divisas directamente del mercado. Aunque el monto inicial es moderado —USD 150 millones en primera vuelta— la posibilidad de ampliarlo hasta USD 250 millones con la segunda ronda sugiere que el Tesoro busca medir el apetito real por títulos en moneda dura.

El resultado de esa colocación será observado con atención por el mercado financiero, porque funciona como indicador del riesgo percibido sobre la deuda soberana en dólares bajo legislación local.

Un test de mercado en medio de la agenda económica

Las licitaciones del Tesoro suelen pasar desapercibidas fuera del circuito financiero, pero cumplen una función central en la gobernabilidad económica: permiten refinanciar vencimientos y sostener el flujo de financiamiento del Estado.

En ese contexto, la subasta del 12 de marzo será leída como una prueba sobre tres frentes simultáneos: la capacidad del Gobierno para sostener el financiamiento en pesos, el interés del mercado en instrumentos indexados o dolarizados, y la demanda real por deuda soberana en dólares.

El resultado no solo definirá cuánto dinero logra captar el Tesoro. También dejará pistas sobre la relación entre el Gobierno y el mercado financiero en un momento donde la administración busca consolidar su estrategia de financiamiento sin alterar el equilibrio monetario.

Las próximas licitaciones, y especialmente el nivel de renovación de vencimientos, terminarán mostrando si esta arquitectura de instrumentos logra estabilizar el frente financiero o si el Tesoro deberá recalibrar su estrategia.

Compartí esta noticia !

Misiones y Nación firman un convenio para avanzar en la regularización de la deuda previsional

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), firmó un convenio con el gobierno de Misiones con el objetivo de avanzar en la regularización de la deuda vinculada al sistema previsional de la provincia. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Hugo Passalacqua en un encuentro con la ministra Sandra Pettovello y el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi.

El entendimiento busca establecer un mecanismo de trabajo para comenzar a normalizar la situación derivada del déficit de la caja previsional misionera -administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS)- que no fue transferida a la órbita nacional durante el proceso de reformas previsionales de la década de 1990.

Como parte del acuerdo, la provincia se compromete a abstenerse de iniciar acciones legales de reclamo mientras se avanza en la revisión técnica de los montos adeudados y en la definición de un esquema de compensación progresiva.

Passalacqua valoró el entendimiento como un paso en la dirección correcta para resolver un conflicto de larga data entre la provincia y la Nación.

“Es para normalizar de a poco la deuda por la caja previsional no transferida a Nación desde los años noventa, que nos deben desde 2018. Buen paso la verdad”, señaló el mandatario en diálogo con Economis.

Una deuda previsional acumulada

Misiones mantiene desde hace años un reclamo ante la ANSES por las transferencias que corresponden al financiamiento de su sistema previsional provincial. La provincia decidió conservar su caja jubilatoria -a diferencia de otras jurisdicciones que la transfirieron al sistema nacional-, lo que habilita la compensación del déficit previsional mediante convenios con el Estado nacional.

De acuerdo con informes oficiales del gobierno misionero, la deuda acumulada por este concepto alcanzaba hacia fines de 2024 los 300.000 millones de pesos, correspondientes principalmente a los déficits registrados entre 2019 y 2024.

La falta de actualización y transferencia de esos fondos impactó en las cuentas públicas provinciales, ya que el financiamiento del sistema previsional debe sostenerse con recursos propios cuando los envíos nacionales se retrasan o no se concretan.

Misiones, bajo la gestión de Passalacqua, viene insistiendo en el cumplimiento de los pactos fiscales firmados entre Nación y las provincias, que establecen mecanismos de compensación para las jurisdicciones que mantuvieron sus sistemas previsionales propios.

En ese marco, el gobierno provincial exige el envío de fondos para el Instituto de Previsión Social, señalando que los retrasos en las transferencias se arrastran desde hace años y continúan incluso bajo la actual administración nacional. Esta situación, advierten desde la provincia, genera presión sobre el financiamiento del sistema de jubilaciones y pensiones provincial.

Frente a este escenario, Misiones intensificó en los últimos meses las gestiones administrativas y la verificación técnica de los datos previsionales para sustentar el reclamo ante la Nación. Incluso, desde el gobierno provincial se llegó a analizar la posibilidad de avanzar con medidas judiciales para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El convenio firmado con la ANSES abre ahora una instancia de revisión técnica de la deuda y establece una mesa de trabajo entre el organismo nacional y el gobierno provincial para auditar los números del sistema previsional y avanzar en un esquema gradual de compensación.

En términos fiscales, la normalización de estas transferencias resulta clave para la provincia, ya que el financiamiento del sistema jubilatorio constituye uno de los compromisos estructurales más relevantes del presupuesto público.

Para Misiones, el acuerdo representa un paso inicial hacia la resolución de un reclamo histórico que afecta de manera directa la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social y el equilibrio de las cuentas provinciales.

Compartí esta noticia !

El BID proyecta que Argentina crecerá 3% en 2026 y superará a Brasil y México

Compartí esta noticia !

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectó que Argentina crecerá 3% en 2026, casi el doble del ritmo previsto para Brasil y México, en un contexto en el que América Latina y el Caribe expandirán su PBI 2,1%, en línea con su promedio histórico. El dato fue presentado este martes en Washington en el informe “Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante” y reconfigura el tablero regional: mientras México sufrió la revisión a la baja más pronunciada —0,5% el año pasado—, el organismo sostiene que Argentina “se está recuperando con fuerza” tras la recesión y crecerá 4,3% en 2025.

La señal tiene peso político. En medio de un escenario global volátil y con debates abiertos sobre reformas estructurales y disciplina fiscal, el BID coloca a la Argentina como una de las economías con mayor dinamismo proyectado. ¿Consolida eso el relato oficial sobre estabilización macro o expone la fragilidad de una recuperación que aún depende de reformas profundas?

Resiliencia macro y advertencias fiscales

El informe destaca que la región navegó la incertidumbre global con resiliencia, apoyada en marcos fiscales y monetarios que contuvieron la inflación y sostuvieron la estabilidad. El riesgo soberano promedio cayó a 209 puntos básicos a fines de 2025, frente a los 268 puntos de 2019. Además, los mercados laborales mejoraron y el desempleo descendió en la mayoría de los países entre junio de 2024 y junio de 2025.

Sin embargo, el BID introduce matices. El crecimiento sigue siendo insuficiente para cerrar brechas de ingresos, la deuda pública permanece elevada y los pagos de intereses presionan sobre las cuentas fiscales y externas. El promedio regional de deuda se ubica en 59% del PIB y podría oscilar entre 57% y 66% hacia 2028, según escenarios base y de estrés.

La economista jefe del organismo, Laura Alfaro Maykall, subrayó que acelerar el crecimiento inclusivo requerirá marcos macroeconómicos sólidos y reformas estructurales ambiciosas, junto con la capacidad de aprovechar oportunidades tecnológicas y energéticas.

En términos políticos, el mensaje es claro: la mejora en indicadores financieros no sustituye la necesidad de consolidación fiscal y aumento de productividad. La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente.

Ventana estratégica: minerales críticos y energía

El informe identifica una oportunidad estructural en los minerales críticos y la transición energética. América Latina concentra casi la mitad de los recursos mundiales de litio, alrededor del 35% de las reservas globales de cobre y más del 20% de las reservas de tierras raras. La demanda global de litio podría aumentar entre 470% y 800% hacia 2050.

El BID advierte, no obstante, que la riqueza natural no garantiza desarrollo sostenido. Para capitalizar esa ventaja comparativa se requieren instituciones sólidas, reglas predecibles, energía limpia y confiable, gobernanza ambiental robusta y marcos fiscales disciplinados. Es un punto que interpela directamente a los gobiernos: sin calidad institucional, la oportunidad puede diluirse.

En paralelo, el organismo remarca que la inteligencia artificial se convirtió en la habilidad digital de mayor crecimiento en la región. Las ofertas laborales que mencionan IA alcanzaron el 7% del total de vacantes hacia mediados de 2025. El desafío pasa por formación y transición hacia empleos de mayor productividad, en un contexto demográfico menos expansivo.

Correlación regional y agenda pendiente

La comparación con Brasil y México no es menor. México registró la revisión negativa más marcada, mientras Argentina aparece como economía en recuperación. Esa fotografía regional influye en flujos de inversión, percepción de riesgo y negociación política en foros multilaterales.

Al mismo tiempo, el organismo advierte que las tasas de interés globales más altas y el uso creciente de activos digitales y en moneda extranjera reconfiguran la política monetaria. Recomienda avanzar hacia una postura neutral —que no estimule ni restrinja la actividad— y desarrollar herramientas para absorber choques externos.

La conclusión implícita es que el crecimiento proyectado para Argentina en 2026 no descansa solo en el rebote cíclico. Dependerá de competencia, integración regional y desarrollo de cadenas de valor más sofisticadas. También de la capacidad de fortalecer finanzas públicas en un escenario donde la consolidación fiscal se debilitó.

El informe ofrece una señal positiva, pero condicionada. La región muestra resiliencia; el desafío es transformarla en expansión sostenida. Para Argentina, el 3% proyectado abre una ventana de oportunidad política y económica. La pregunta que queda abierta es si esa dinámica se consolidará con reformas de fondo o si quedará atada al vaivén de un entorno global cambiante.

Compartí esta noticia !

La recaudación fiscal de febrero cayó 9% real y sufrió su séptima baja consecutiva

Compartí esta noticia !

La recaudación de impuestos volvió a caer en febrero y totalizó $16,2 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Eso implica que los ingresos del fisco crecieron de manera nominal un 20%, pero en términos reales, descontado el efecto de la inflación, la baja fue del orden del 9%.

La recaudación tributaria de febrero alcanzó los $16.231.830 millones y marcó una suba interanual nominal del 20,1%. El dato confirma una recuperación nominal de los ingresos, pero deja al descubierto una tensión estructural: el impacto negativo de la reducción de alícuotas en Derechos de Exportación y la desaceleración de importaciones condicionan la caja en un momento en que el Gobierno necesita sostener recursos sin resignar señales al sector productivo.

El número, informado en el reporte mensual, también refleja un fenómeno menos visible pero relevante en términos fiscales: el fuerte incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, especialmente en IVA y Seguridad Social, que moderó el crecimiento efectivo de la recaudación.

La pregunta de fondo no es cuánto crece la recaudación, sino cuánto margen real conserva el Ejecutivo para administrar ingresos en un esquema de alivio tributario parcial y menor dinamismo del comercio exterior.

IVA y Ganancias sostienen el resultado

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $5.405.501 millones, con una variación interanual de 13,7%. Sin embargo, el comportamiento interno fue dispar.

El IVA Impositivo creció 28,4%, impulsado por menores devoluciones respecto del año pasado, aunque el aumento de planes de pago atenuó el resultado. En cambio, el IVA Aduanero cayó 16,1%, afectado por la desaceleración de importaciones, dos días hábiles menos y el cambio en el régimen de certificados de exclusión que había elevado la base comparativa en febrero de 2025.

El Impuesto a las Ganancias mostró una expansión interanual de 31,2%, con ingresos por $3.432.249 millones. Incidieron mayores anticipos de sociedades tras la modificación del régimen implementada por la RG 5.685/2025 —que elevó la alícuota de cálculo de 8,33% a 11,11% para determinados anticipos— y mayores retenciones.

No obstante, la actualización de parámetros del impuesto en función del IPC del período julio-diciembre 2025 impactó negativamente en la comparación.

En paralelo, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos sumó $1.221.839 millones, con una suba de 22,7%, aunque tres días hábiles menos limitaron el crecimiento potencial.

Retenciones en baja y comercio exterior en retroceso

El punto más sensible del informe aparece en Derechos de Exportación. En febrero ingresaron $434.294 millones, con una caída interanual de 19,7%. La reducción de alícuotas explica el núcleo del retroceso.

Las tasas para porotos de soja pasaron de 33%/26% en febrero de 2025 a 24% en febrero de 2026. Aceite y pellets de soja bajaron de 31%/24,5% a 22,5%. Trigo y cebada descendieron de 12%/9,5% a 7,5%. Maíz y sorgo de 12%/9,5% a 8,5%. Girasol de 5,5% a 4,5%.

La decisión implica un alivio directo al complejo exportador, pero reduce ingresos fiscales en el corto plazo. El tipo de cambio aportó un efecto compensatorio, aunque insuficiente para revertir la caída.

En Derechos de Importación y otros tributos vinculados al comercio exterior se recaudaron $444.088 millones, con una baja interanual de 2,5%. También incidió la menor dinámica importadora y la aplicación de alícuota 0% para teléfonos inteligentes y celulares portátiles, que en febrero de 2025 tributaban 16%.

El frente externo, entonces, dejó de ser un sostén robusto para la caja.

Seguridad Social y combustibles amortiguan el impacto

Los ingresos por Seguridad Social alcanzaron $4.284.520 millones y crecieron 26,2%, impulsados por el aumento de la remuneración bruta promedio. El mayor acogimiento a planes de pago moderó la expansión.

El Impuesto a los Combustibles mostró el salto más pronunciado: $535.964 millones, con una variación interanual de 58%. La actualización del tributo explicó el incremento.

En términos agregados, la recaudación del primer bimestre sumó $34.569.455 millones, con un crecimiento interanual de 21,1%.

Gobernabilidad fiscal en equilibrio inestable

El esquema exhibe un equilibrio delicado. Por un lado, el Gobierno avanza con reducciones de alícuotas en exportaciones y alivios selectivos, enviando señales a sectores productivos estratégicos. Por otro, la menor recaudación asociada al comercio exterior obliga a sostener el resultado fiscal con impuestos internos, anticipos empresariales y actualizaciones tributarias.

La dinámica de planes de pago también merece atención. Si bien mejora la regularización de deuda, difiere ingresos efectivos y puede trasladar presión a los próximos meses.

En marzo impactará la recaudación que no ingresó en febrero por cuestiones operativas en el cobro de cuotas de planes de facilidades. Ese arrastre puede alterar la foto del próximo informe.

Lo que viene

La evolución de las importaciones, el ritmo de liquidación de exportaciones y el comportamiento del tipo de cambio serán variables decisivas en las próximas semanas. También lo será la consistencia entre política tributaria y necesidad de financiamiento del Estado.

Febrero deja una señal ambivalente: crecimiento nominal robusto, pero con fisuras en los componentes ligados al comercio exterior. Si el Gobierno profundiza el esquema de alivio sectorial, deberá compensar con mayor dinamismo económico o ajustes en otras partidas.

La caja resiste. La discusión es cuánto margen conserva para absorber nuevas decisiones tributarias sin reabrir tensiones fiscales.

INFORME RECAUDACIÓN FEBRERO by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

El Gobierno emite deuda por hasta $5 billones y USD 7.650 millones para reforzar el financiamiento 2026

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía salió al mercado con una batería de instrumentos en pesos y dólares que habilita colocaciones por hasta $5 billones y USD 7.650 millones, en el marco del programa financiero 2026. La medida quedó formalizada este 26 de febrero en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 11/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, y entró en vigencia el mismo día de su dictado.

El dato central no es jurídico sino financiero: el Tesoro amplía su menú de deuda en un momento clave del calendario fiscal, combinando letras ajustadas por CER, bonos dólar linked y un bono en dólares al 6% anual, con vencimientos concentrados entre mayo de 2026 y junio de 2028. El objetivo es claro: captar liquidez en pesos, ofrecer cobertura cambiaria y ordenar el perfil de vencimientos dentro de los límites autorizados por el Presupuesto 2026.

Más instrumentos para absorber pesos y ofrecer cobertura cambiaria

La resolución dispone la emisión de una nueva Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER con vencimiento el 15 de mayo de 2026, por hasta $5 billones. Se trata de un instrumento a descuento, con capital indexado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que publica el Banco Central de la República Argentina. El ajuste se calculará entre los diez días hábiles previos a la emisión y los diez anteriores al vencimiento. Amortiza íntegramente al final.

En paralelo, el Tesoro habilitó dos bonos vinculados al dólar estadounidense (dólar linked) cero cupón, con vencimientos el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028, cada uno por hasta USD 3.700 millones. Estos títulos se suscriben en pesos al tipo de cambio de referencia Comunicación “A” 3500 del BCRA y se pagan en pesos al tipo de cambio aplicable previo al vencimiento. Funcionan, en los hechos, como cobertura ante eventuales movimientos del dólar oficial.

A eso se suma un bono en dólares estadounidenses con tasa nominal anual del 6%, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, por hasta USD 250 millones. A diferencia de los dólar linked, este instrumento paga intereses mensuales en moneda dura y amortiza íntegramente al vencimiento.

La estrategia se completa con la ampliación de dos Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER ya emitidas —con vencimientos el 31 de julio y el 30 de noviembre de 2026— también por hasta $5 billones cada una, en función de la demanda que surja en la licitación.

En todos los casos, la colocación se realizará bajo el esquema vigente de licitaciones públicas y los títulos serán negociables en A3 Mercados y en bolsas y mercados del país. Además, mantienen las exenciones impositivas previstas por la normativa vigente.

Marco legal y coordinación financiera

La operación se inscribe dentro de las autorizaciones previstas en la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 y en el régimen de crédito público de la Ley 24.156 de Administración Financiera. El artículo 44 del Presupuesto habilita operaciones de crédito público según los montos y destinos establecidos en planilla anexa, mientras que el artículo 45 autoriza la emisión de Letras del Tesoro reembolsables dentro del mismo ejercicio.

La coordinación corre por cuenta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, que ejercen conjuntamente el rol de órgano responsable del sistema de administración financiera, de acuerdo con el decreto 1344/2007 y su modificatorio.

No hay, en este caso, un cambio normativo estructural. Se trata de la instrumentación concreta del programa financiero aprobado por el Congreso. Sin embargo, el volumen potencial y la diversidad de instrumentos revelan una señal de política financiera: sostener la capacidad de refinanciamiento en moneda local, extender plazos y ofrecer alternativas que contengan expectativas inflacionarias y cambiarias.

Impacto económico: rollover, liquidez y señales al mercado

Desde el punto de vista económico, el paquete cumple varias funciones simultáneas.

En primer lugar, permite absorber excedentes de liquidez en pesos mediante instrumentos CER, lo que contribuye a administrar la presión inflacionaria sin recurrir exclusivamente a política monetaria. Para el mercado, la indexación ofrece cobertura real frente a la inflación.

En segundo término, los bonos dólar linked amplían la oferta de cobertura cambiaria dentro del mercado doméstico. Esto puede reducir la demanda de dólares financieros si los inversores consideran atractiva la paridad ofrecida por el Tesoro.

El bono en dólares al 6% introduce, además, una referencia explícita de tasa en moneda dura bajo ley local, con pagos mensuales. Aunque el monto máximo es sensiblemente menor que el de los dólar linked, funciona como señal de acceso a financiamiento en divisa extranjera en el mercado interno.

En términos de costos, el impacto dependerá del precio de corte que convalide el Tesoro en la licitación. La tasa real implícita en las letras CER y la prima cambiaria de los dólar linked serán claves para evaluar el costo efectivo del financiamiento. No obstante, al estar dentro de los límites presupuestarios, la operación no altera el techo legal de endeudamiento aprobado para 2026.

Para el sector financiero, el menú amplía oportunidades de inversión y arbitraje. Para el Tesoro, el desafío es sostener el rollover en un contexto donde los vencimientos en pesos siguen siendo voluminosos.

Señales políticas y de mercado

La medida no implica un giro en la estrategia de financiamiento, sino continuidad. El Gobierno refuerza la apuesta por el mercado local, prioriza instrumentos bajo ley argentina y mantiene la combinación de deuda indexada y vinculada al dólar como anclas de confianza.

También consolida un esquema centralizado de decisiones en el Ministerio de Economía, que delega la implementación operativa en distintas áreas técnicas de la Oficina Nacional de Crédito Público.

La señal al mercado es doble: por un lado, disciplina dentro del marco presupuestario; por otro, flexibilidad para adaptar la oferta a la demanda en cada licitación.

En los próximos meses habrá que observar el nivel de adhesión, las tasas convalidadas y el grado de participación de bancos y fondos comunes de inversión. Allí se medirá el verdadero termómetro de confianza y el costo real del financiamiento 2026.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin