Cayó el capítulo fiscal del Presupuesto y desde Casa Rosada advierten que el texto “no sirve”
Presupuesto 2026: el Gobierno advierte que la media sanción “vulnera el déficit cero” y evalúa frenar o vetar el proyecto
El Gobierno nacional considera que el Presupuesto 2026 aprobado en Diputados ya no le sirve porque, tras el rechazo del Capítulo XI, pone en riesgo el objetivo de déficit cero. En la Casa Rosada sostienen que la eliminación de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario fuerza al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, escenario que el oficialismo califica de inaceptable. Ante ese cuadro, evalúan demorar el envío al Senado, reabrir la discusión o incluso vetar la ley.
El punto de quiebre fiscal: cayó el capítulo clave del Presupuesto
La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con 132 votos afirmativos en la votación general. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, considerado central por el Poder Ejecutivo, que incluía la derogación de normas que el Gobierno juzga incompatibles con el ahorro fiscal.
Ese capítulo fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones, tras una estrategia parlamentaria que buscó votar por capítulos —y no por artículos— para blindar el paquete fiscal. La apuesta no prosperó y dejó al Ejecutivo con un texto que, según fuentes oficiales, “vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”.
Para la administración nacional, el debate excede lo técnico: es político y económico. Déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. En esa lectura, mantener vigentes las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario genera obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit. Desde la Casa Rosada lo sintetizan con una cifra: “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”.
Estrategias en evaluación: demorar, reescribir o vetar
Con el texto que se enviaría al Senado, el Gobierno cree que queda forzado a administrar sin superávit, algo que rechaza de plano. Por eso, en los despachos oficiales se analizan alternativas:
Demorar el envío al Senado y ganar tiempo para intentar un reordenamiento de prioridades legislativas, incluso priorizando la Modernización Laboral.
Reabrir la redacción para reincorporar el Capítulo XI, lo que implicaría que el proyecto vuelva a Diputados, aunque el oficialismo no tiene los números para insistir con su versión.
Vetar el Presupuesto, opción que gana terreno ante los incentivos de los bloques opositores para que la ley salga tal como está.
En paralelo, el Ejecutivo recuerda que, pese a fallos judiciales, no está aplicando fondos de las leyes cuestionadas al amparo de la falta de partidas presupuestarias. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten. En ese marco, en el oficialismo ven con mejores ojos sostener en 2026 un manejo discrecional de las partidas por parte de Hacienda: “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizan.
Gobernadores, votos y el nuevo mapa político
El rechazo del capítulo fiscal profundizó tensiones con gobernadores. En el Gobierno señalan a mandatarios de la oposición dialoguista que habían anticipado el voto en contra, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Pero el mayor impacto político provino de dos cambios de última hora que sorprendieron a los negociadores oficiales: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). En el caso chaqueño, la decisión llamó la atención porque había sido aliado electoral de LLA en octubre; en Neuquén, por una relación previa cordial con los libertarios.
La sesión también marcó un hito institucional: es la primera media sanción presupuestaria que consigue el oficialismo y el debut de la nueva composición de la Cámara, donde LLA cuenta con 95 bancas y es primera minoría. Aun así, el resultado dejó al Gobierno ante una disyuntiva compleja: avanzar con un Presupuesto que no cumple su ancla fiscal o bloquearlo para preservar el mandato de superávit.
