política fiscal

Gobierno emite deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones

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El Gobierno autorizó una emisión de deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones para financiar el Tesoro en 2025

El Ministerio de Economía avanzó con una de las operaciones de financiamiento más relevantes del año al autorizar la emisión y ampliación de instrumentos de deuda pública por un monto superior a los $32 billones y US$3.500 millones. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, se enmarca en el programa financiero del Tesoro Nacional y busca cubrir necesidades presupuestarias del ejercicio 2025 a través de una estrategia diversificada de colocaciones en pesos y dólares, con distintos mecanismos de indexación.

La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial del 15 de diciembre y respalda la licitación realizada el 11 de diciembre, habilitando tanto la emisión de nuevos títulos como la ampliación de instrumentos ya existentes. El esquema combina letras y bonos capitalizables, instrumentos ajustados por inflación (CER), deuda a tasa TAMAR y títulos vinculados al dólar estadounidense, lo que refleja una estrategia de cobertura frente a distintos escenarios macroeconómicos.

Un menú amplio de instrumentos para captar financiamiento en pesos y dólares

La resolución autoriza la emisión de cinco nuevos instrumentos de deuda pública, tres de ellos capitalizables en pesos y dos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En conjunto, estos títulos pueden alcanzar hasta $28 billones de valor nominal original.

Entre los instrumentos destacados se encuentra la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta $8 billones, con intereses a tasa efectiva mensual capitalizable, a determinar en licitación. A ella se suman dos emisiones adicionales: una letra con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y un bono con vencimiento el 31 de mayo de 2027, ambas por hasta $5 billones cada una, también capitalizables en pesos y con amortización íntegra al vencimiento.

El paquete se completa con dos instrumentos indexados por inflación: una Letra del Tesoro ajustada por CER con vencimiento en noviembre de 2026 y un Bono del Tesoro en pesos cero cupón con ajuste CER a mayo de 2027, cada uno por hasta $5 billones. En estos casos, el capital se ajusta según el CER informado por el Banco Central, conforme a lo establecido en el decreto 214/2002, y los intereses se estructuran bajo la modalidad de descuento o cero cupón.

Todos los títulos serán negociables en A3 Mercados SA y en los mercados de valores del país, contarán con exenciones impositivas vigentes y se emitirán mediante certificados globales registrados en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos del BCRA.

Ampliaciones de emisiones previas y refuerzo del financiamiento en dólares

Además de las nuevas colocaciones, la Resolución Conjunta 63/2025 autoriza ampliaciones significativas de emisiones ya vigentes, lo que eleva el volumen total de endeudamiento autorizado a más de $32 billones en pesos y US$3.555 millones.

En pesos, se amplían la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 hasta $4,3 billones, la Letra ajustada por CER al mismo vencimiento hasta $5,09 billones, y la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 hasta $4,8 billones. Estas ampliaciones refuerzan el perfil de deuda en moneda local y buscan captar demanda de inversores con distintos apetitos de riesgo y cobertura.

En paralelo, el Gobierno habilitó una ampliación clave en moneda extranjera: la Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026, que podrá alcanzar hasta US$3.555.982.900. Este instrumento ofrece cobertura cambiaria y se posiciona como una opción para inversores que buscan reducir exposición al peso sin salir del esquema de financiamiento del Tesoro.

Marco legal, programa financiero y efectos sobre el mercado

Desde el punto de vista institucional, la medida se apoya en un entramado normativo amplio. Las emisiones se realizan bajo las facultades conferidas por la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 27.701 de Presupuesto —vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la ley 24.156— y una serie de decretos que ajustaron los límites y condiciones del financiamiento público entre 2023 y 2024.

Los considerandos de la resolución destacan que todas las operaciones se encuentran dentro de los límites autorizados por el Presupuesto y cuentan con intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía. Además, se dispone la imputación presupuestaria de un bono CER con vencimiento en junio de 2028, emitido previamente, por un monto de $5 billones, reforzando la consistencia contable del esquema.

En términos de impacto, la estrategia apunta a sostener el financiamiento del Tesoro sin recurrir exclusivamente a un solo tipo de instrumento, diversificando riesgos entre inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Para el mercado financiero, la licitación ofrece un abanico de opciones que puede influir en la curva de rendimientos en pesos, en la demanda de instrumentos indexados y en la dinámica de cobertura cambiaria.

La magnitud de la emisión también anticipa un rol activo del Estado en el mercado de deuda durante 2025, con potenciales efectos sobre la liquidez, la tasa de interés y las decisiones de inversión institucional. En ese contexto, la capacidad del Tesoro para renovar y colocar estos instrumentos será un factor central para la estabilidad financiera y la ejecución del programa económico.

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Ganancias a sociedades: una baja que beneficia a 144 empresas y recorta $1,7 billones a las provincias

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Baja del Impuesto a las Ganancias a sociedades, el 56% del beneficio quedará en manos de 144 grandes empresas

La ley de Modernización Laboral incorpora una reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades que tendrá un fuerte impacto fiscal y distributivo. Según un informe legislativo, la medida implicará un costo anual de $3,1 billones —equivalente a 0,3 puntos del PBI— y beneficiará de manera concentrada a solo 144 grandes empresas, mientras recortará $1,7 billones de recursos coparticipables a las provincias.

Una reforma tributaria de alto impacto incluida en la ley laboral

El artículo 191 de la ley de Modernización Laboral introduce una modificación sustancial en el esquema del Impuesto a las Ganancias para sociedades, al reducir las alícuotas de los tramos más altos del tributo. En concreto, la reforma establece que las empresas con ganancias netas imponibles entre $101,7 millones y $1.016,8 millones pasarán de tributar del 30% al 27%, mientras que aquellas con utilidades superiores a $1.016,8 millones verán reducida su carga del 35% al 31,5%.

De acuerdo con el informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la decisión tendrá un impacto fiscal estimado en 0,3 puntos del Producto Bruto Interno, lo que equivale a una merma anual de $3,1 billones en la recaudación nacional. El análisis se basa en datos oficiales del organismo recaudador, tomados del cuadro 2.3.3.3.1 de “Impuesto a las Ganancias Sociedades”, publicado por ARCA (ex AFIP).

La inclusión de esta rebaja impositiva dentro de una norma orientada a la modernización del régimen laboral generó cuestionamientos políticos e institucionales, al tratarse de una modificación estructural del sistema tributario que excede el ámbito de las relaciones de trabajo.

Concentración del beneficio y pérdida de recursos fiscales

El informe expone una alta concentración del beneficio fiscal. De las 163.587 sociedades que presentaron declaración jurada con impuesto determinado en 2024, apenas 144 empresas —el 0,1% del total— concentran el 56,4% de la recaudación del tributo y, en consecuencia, serán las principales beneficiarias de la rebaja de alícuotas.

En contraste, 146.257 sociedades, que representan el 89,4% del total de contribuyentes, explican solo el 7,9% del impuesto determinado, mientras que 1.856 empresas —el 1,1%— concentran el 76,3% de la recaudación. “Solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del beneficio fiscal”, advierte el documento legislativo.

Según proyecciones oficiales citadas por Agencia Noticias Argentinas, el Presupuesto 2026 prevé recaudar $48,4 billones por Impuesto a las Ganancias, equivalente a 4,48 puntos del PBI, de los cuales el 71% corresponde a sociedades, es decir, $34,3 billones. Con la reforma, ese monto se reduciría a $31,7 billones, consolidando una caída de $3,1 billones.

Impacto en provincias y críticas al esquema fiscal

Uno de los efectos más relevantes de la medida se registra en el esquema de Coparticipación Federal. Del total de la pérdida recaudatoria, $1,7 billones dejarán de transferirse a las provincias, lo que implica un recorte promedio de $144.000 millones mensuales durante 2026.

Las jurisdicciones más afectadas serán la provincia de Buenos Aires, con una pérdida anual estimada en $366.557 millones; Santa Fe, con $148.698 millones; y Córdoba, con $145.240 millones. También se proyectan recortes significativos para Chaco y Entre Ríos, con $81.265 millones cada una, y para Tucumán, con $79.536 millones. Incluso provincias de menor tamaño, como Tierra del Fuego, registrarían una merma de $22.478 millones anuales.

Michel planteó una serie de interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de la iniciativa:
¿El Gobierno cómo piensa compensar la caída de 0,3 puntos del PBI? ¿Cómo se achica el gasto en el presupuesto para mantener el superávit de 1,5 puntos del PBI? ¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?”.

El legislador cuestionó además que se trate de “una decisión de política fiscal donde el Estado decide destinar un beneficio de manera concentrada a 144 sociedades”, un universo que, según el informe, coincide con los contribuyentes que ya se beneficiaron del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y de la baja extraordinaria a 0% de los derechos de exportación aplicada en septiembre, también con un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI.

Debate abierto en el Congreso

La incorporación de esta rebaja impositiva dentro del proyecto de Modernización Laboral, que actualmente se debate en el Congreso Nacional, abrió un frente de discusión sobre la pertinencia de introducir cambios fiscales de esta magnitud en una ley con otro objeto principal. “Esta baja intempestiva de la alícuota del impuesto a las ganancias incluida en una reforma laboral genera varios interrogantes”, advirtió Michel, quien reclamó un análisis específico y separado de la medida.

El debate legislativo se encamina así a poner en tensión los objetivos de alivio tributario para grandes empresas con la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y el impacto directo sobre las finanzas provinciales.

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Recaudación tributaria: IVA y Ganancias sostienen el mes, mientras exportaciones caen 59%

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La recaudación tributaria de noviembre creció 19,7% interanual, afectada por la alta base de comparación del año pasado

La recaudación tributaria nacional alcanzó en noviembre $15,598.232 millones, lo que representa una variación interanual de 19,7%, según el informe oficial elaborado por ARCA. Sin embargo, ese aumento quedó condicionado por la extraordinaria base de comparación de noviembre de 2024, cuando ingresaron montos excepcionales vinculados a la moratoria de la Ley 27.743, anticipos de Ganancias y Bienes Personales y el Impuesto PAIS —que ya no se encuentra vigente—. Sin esos efectos, el crecimiento real habría rondado el 29%, lo que cambia la lectura macrofiscal y el pulso de la recaudación en pleno cierre del año.

Un noviembre condicionado: impacto de la moratoria 27.743 y de los ingresos excepcionales de 2024

La dinámica de noviembre volvió a estar atravesada por los ingresos extraordinarios registrados un año atrás. Según ARCA, en noviembre de 2024 ingresaron. Pagos de la moratoria de la Ley 27.743, tanto el pago a cuenta del régimen amplio con condonación del 20% de intereses como cuotas de adhesiones realizadas entre agosto y octubre de ese año. Anticipos de Ganancias y Bienes Personales – Personas Humanas correspondientes al período fiscal 2024, afectados por el corrimiento del calendario de vencimientos. Recaudación del Impuesto PAIS, hoy sin vigencia. Ingresos por el Impuesto de Regularización de Activos, correspondientes al pago adelantado del 75% del Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1). Aportes del Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP), por el vencimiento del pago inicial del 75% para bienes exteriorizados en la Etapa I.

Estas particularidades explican por qué la comparación interanual se ve distorsionada y por qué la variación real —sin ingresos no recurrentes— superaría el 29%.

En el acumulado enero–noviembre, la recaudación llegó a $166.581.948 millones, con un incremento de 440,8% interanual.

Desempeño por impuestos: IVA y Ganancias impulsan, mientras Exportaciones continúa en caída

IVA: crecimiento sostenido, aunque moderado por factores técnicos

El IVA neto recaudó $5.461.513 millones, con una suba del 27,9% interanual. El IVA Impositivo avanzó 24,4%, mientras que el IVA Aduanero creció 19,6%.

Entre los factores que limitaron el crecimiento del IVA Impositivo se destacan la moratoria vigente en 2024 y un mayor acogimiento a planes de pago. En el caso del IVA Aduanero, los ingresos crecieron por el aumento del tipo de cambio y de las importaciones, aunque fueron moderados por la derogación de la suspensión de certificados de exclusión y la menor cantidad de días hábiles.

Ganancias: aumento del 27,7%, sostenido por cambios normativos

El impuesto a las Ganancias alcanzó $3.355.886 millones, con un crecimiento interanual del 27,7%. Impactó de manera positiva. La modificación del Régimen de Anticipos (RG 5.685/2025), que elevó la alícuota del sexto anticipo de 8,33% a 11,11%. Mayores retenciones y un mejor cumplimiento por parte de sociedades con cierre junio, el segundo vencimiento de mayor peso anual.

Créditos y Débitos: avance del 24,4%

El tributo registró $1.249.678 millones, con una suba del 24,4%, moderada por la menor cantidad de días hábiles.

Seguridad Social: suba del 29,8%, impulsada por salarios

Los ingresos del sistema previsional crecieron 29,8%, hasta $3.825.861 millones, motorizados por el aumento de la remuneración bruta promedio.

Exportaciones: caída del 59,3% por baja de alícuotas y anticipos

Los Derechos de Exportación registraron uno de los desempeños más débiles del mes: $240.207 millones, lo que implica una contracción del 59,3% interanual.

Entre los factores que explican este desplome: Baja de aranceles del Decreto 526/2025. Adelantamiento de pagos durante la baja temporal de alícuotas del Decreto 38/2025 (vigente hasta el 30 de junio). Suspensión de alícuotas por Decreto 682/2025, que llevó a que operaciones habituales de noviembre se liquidaran alícuota cero en septiembre. Menos días hábiles.

Importaciones: fuerte crecimiento del 59,6%

Los Derechos de Importación y otros alcanzaron $598.429 millones, con un salto del 59,6%, explicado por el aumento del tipo de cambio y de las importaciones respecto al año previo.

Bienes Personales: reducción del 52,6%

Con apenas $58.174 millones, Bienes Personales volvió a mostrar una caída pronunciada, explicada por los ingresos excepcionales de 2024 vinculados al REIBP y a la moratoria.

Impuesto a los combustibles: crecimiento del 53,7%

En Impuesto a los Combustibles ingresaron$ 446.536 millones con una variación interanual de 53,7%. El incremento se explica en mayor medida por las actualizaciones del impuesto.

Señales mixtas para el cierre del año fiscal

La foto de noviembre muestra un sistema recaudatorio que crece en términos reales pero aún condicionado por distorsiones del año anterior. Las áreas más dinámicas estuvieron vinculadas al mercado interno (IVA, Ganancias, Seguridad Social), mientras que los recursos asociados al sector externo mostraron un desempeño dispar: fuerte caída en Exportaciones y fuerte alza en Importaciones.

En términos políticos, el Gobierno nacional busca exhibir estos números como evidencia de un sendero de estabilización fiscal progresivo, en un contexto en el que la recaudación es clave para cumplir con las metas de equilibrio. Sin embargo, la fuerte dependencia de factores normativos excepcionales, ajustes técnicos y volatilidad cambiaria muestra que la consolidación no está exenta de riesgos.

En paralelo, la recuperación del consumo —reflejada en el IVA— y del empleo formal —visible en Seguridad Social— aparece como un dato relevante para las provincias, ya que una parte significativa de esos tributos se coparticipa. Para los gobernadores, la señal es positiva, aunque persiste la preocupación por la contracción en los impuestos asociados al comercio exterior.

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Impuestos a los combustibles: qué cambia desde el 1° de diciembre y qué sube en enero

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El Gobierno nacional vuelve a postergar la suba plena de impuestos a los combustibles y fija aumentos parciales desde diciembre

Mediante el Decreto 840/2025, publicado el 27 de noviembre, el Poder Ejecutivo dispuso un nuevo diferimiento en la aplicación total de los incrementos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) para naftas y gasoil. La medida introduce aumentos acotados desde el 1° de diciembre y traslada la actualización completa al 1° de enero de 2026. El objetivo oficial: sostener la actividad y moderar el impacto inflacionario del ajuste tributario.

Un nuevo diferimiento tributario para contener el impacto en precios

El Decreto 840/2025 modifica el Decreto 617/2025 y vuelve a intervenir sobre el esquema de actualización trimestral de los impuestos a los combustibles previsto por la Ley 23.966 (Título III, Capítulos I y II).

La normativa recuerda que: El artículo 4° (ICL), el artículo 11 (IDC) y el artículo 7°, inciso d) (tratamiento diferencial del gasoil para la Patagonia y zonas asociadas) contienen montos fijos actualizables por IPC, acumulado desde enero de 2018. El Decreto 501/2018 estableció que la ARCA (ex-AFIP) debe actualizar esos montos en enero, abril, julio y octubre, con efectos desde el primer día del segundo mes siguiente.

Sin embargo, esa actualización automática fue parcial o totalmente diferida en múltiples oportunidades, incluidos los Decretos 617/2025, 699/2025 y 782/2025.

El nuevo Decreto 840/2025 reconoce esa secuencia y dispone una postergación adicional, argumentada en que: “Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes”.

Aumentos parciales en diciembre y vigencia plena desde enero de 2026

La resolución introduce un nuevo cronograma:

Incrementos parciales entre el 1° y el 31 de diciembre de 2025

El decreto incorpora un inciso c. al artículo 1° del Decreto 617/2025, fijando montos específicos de aumento para el período diciembre:

ProductoICL – Art. 4° (incremento)ICL diferencial – Art. 7° inc. d)IDC – Art. 11 (incremento)
Nafta sin plomo (hasta y más de 92 RON) y nafta virgen$16,377$1,003
Gasoil$13,546$7,335$1,544

Estos valores corresponden a remanentes de las actualizaciones del primer, segundo y tercer trimestre de 2024, según lo establecido en el Decreto 501/2018.

Actualización total desde el 1° de enero de 2026

El artículo 3° sustituido establece: “El incremento total… surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de enero de 2026, inclusive”.

Esto implica que recién desde esa fecha comenzará a aplicarse la totalidad de las actualizaciones acumuladas de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025.

Precios, recaudación y señales al mercado

La decisión del Ejecutivo se inscribe en una tensión permanente entre dos objetivos: Evitar un salto brusco en los precios minoristas de combustibles, que podrían presionar sobre el índice de inflación. Restablecer progresivamente la recaudación tributaria asociada al ICL y al IDC, claves para provincias y para el financiamiento nacional.

    Efecto sobre los precios

    Si bien el decreto no determina el impacto exacto en surtidores —que dependerá de costos, márgenes y ajustes propios del sector—, el reconocimiento explícito de aumentos parciales sugiere un incremento moderado en diciembre y uno más significativo en enero.

    Impacto territorial

    El tratamiento diferencial del gasoil para: Patagonia, Partido de Patagones, Malargüe, se mantiene vigente, y la tabla detallada establece de manera explícita el incremento particular para esa zona, conforme al artículo 7°, inciso d) de la Ley 23.966.

    Reacciones esperadas

    Aunque el decreto no incluye declaraciones oficiales, el sector hidrocarburífero, las estaciones de servicio y las distribuidoras suelen seguir con atención estas postergaciones. Porque: alteran flujos de caja, impactan en la recaudación por litro vendido, y condicionan las estrategias de actualización de precios.

    También las provincias analizan la incidencia, dado que la estructura del ICL y del IDC alimenta fondos coparticipables.

    Un esquema que acumula tensiones desde 2018

    El decreto recuerda que los montos fijos de los combustibles debían actualizarse trimestralmente por IPC desde 2018. Pero fueron sucesivamente postergados, lo que generó: distorsiones frente al atraso de los impuestos, diferenciales frente a la inflación acumulada, y tensiones fiscales prolongadas.

    La “normalización” del tributo fue un objetivo recurrente, pero su ejecución siempre se evaluó en función del contexto inflacionario y político. El Decreto 840/2025 continúa esa línea de intervenciones secuenciales.

    Vigencia

    El artículo 4° establece “Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2025”.

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    Superávit financiero: el Gobierno cerró octubre con $517.672 millones y acumula 0,5% del PIB

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    El Sector Público Nacional cerró octubre con un superávit financiero de $517.672 millones, tras un resultado primario de $823.925 millones y pagos de intereses por $306.253 millones. Con este desempeño, el Gobierno acumula un superávit equivalente al 0,5% del PIB y ratifica la estrategia fiscal que sostiene su programa económico.

    Ingresos en alza y efecto de tributos clave en la recaudación

    Según los datos oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) alcanzaron en octubre $11.987.193 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 28,1%. Los recursos tributarios exhibieron un incremento del 24,4% i.a., impulsado por variaciones significativas en impuestos ligados al comercio exterior y al movimiento económico.

    Entre los tributos con mayor crecimiento se destacaron:

    • Derechos de Importación: +65,7% i.a.
    • Impuesto a las Ganancias: +41,8% i.a.
    • Débitos y Créditos Bancarios: +41,2% i.a.
    • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +35,9% i.a.
    • IVA neto de reintegros: +31,5% i.a.

    El informe advierte que la comparación interanual se encuentra influida por la vigencia del Impuesto PAIS, la exteriorización de activos y los ingresos generados por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), factores que ampliaron la base recaudatoria en 2025.

    Este desempeño consolidó la capacidad del Tesoro para sostener el superávit primario, que acumula aproximadamente 1,4% del PIB al décimo mes del año.

    Gasto primario: prestaciones sociales y subsidios económicos marcan el ritmo

    En paralelo, los gastos primarios ascendieron en octubre a $11.163.268 millones, con un incremento interanual del 29,6%, ritmo levemente por encima del crecimiento de los ingresos.

    El componente más relevante volvió a ser el de prestaciones sociales, que sumaron $6.891.369 millones (+31,5% i.a.), impulsadas por la actualización de haberes y programas de asistencia asociados a la cobertura social.

    Las remuneraciones del sector público alcanzaron $1.416.199 millones (+21,9% i.a.), variación atribuida a los incrementos salariales acordados y a “las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, según detalla el informe.

    Las transferencias corrientes totalizaron $4.131.125 millones (+15,1% i.a.):

    • Al sector privado: +16,7% i.a. (+$453.927,6 millones).
    • Al sector público: +13,4% i.a. (por $957.908,3 millones en el mes).

    Los subsidios económicos ascendieron a $1.041.225 millones, con un incremento del 27,1% i.a.. Dentro del rubro, se observaron variaciones similares en:

    • Energía: +28,2% i.a.
    • Transporte: +27,3% i.a.

    En conjunto, estos componentes determinaron un gasto primario todavía elevado, pero compatible con el objetivo fiscal planteado por el Gobierno para 2025.

    Implicancias económicas y políticas: una señal al mercado en un contexto de ajuste

    El resultado de octubre refuerza la estrategia del oficialismo de sostener un ancla fiscal firme como pilar del programa económico. La continuidad del superávit financiero acumulado —equivalente al 0,5% del PIB— constituye un mensaje dirigido tanto a los mercados como a los organismos multilaterales, en un contexto de tensiones políticas y discusiones sobre el alcance futuro del gasto público.

    El crecimiento de la recaudación por comercio exterior, el mayor aporte de impuestos transaccionales y el efecto de los regímenes especiales dieron margen adicional al Tesoro. Sin embargo, la evolución de subsidios, prestaciones sociales y remuneraciones seguirá siendo determinante para evaluar la sostenibilidad del superávit en los meses finales del año.

    Hacia adelante, la política económica deberá conciliar la continuidad del equilibrio fiscal con las demandas de sectores productivos, provincias y actores sociales afectados por la reducción del gasto público y la recomposición de tarifas.

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