política industrial

Cientos de empresarios se acercaron al INTI a expresar su apoyo

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La crisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) escaló esta semana con una convocatoria realizada en el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, impulsada por mandos medios del organismo y acompañada por referentes empresarios, industriales, técnicos y académicos. El encuentro se produjo después de la eliminación de alrededor de 1.000 servicios técnicos que el instituto brindaba a la industria y a la comunidad, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y la supresión del Sistema de Metrología Legal.

A ese escenario se suma la advertencia por más de 700 posibles despidos en la planta del organismo. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el INTI ya habría perdido cerca del 30% de su personal, entre retiros voluntarios, no renovación de contratos y otras bajas, un recorte que, según alertaron los participantes, podría volver prácticamente inviable el funcionamiento de la institución.

La actividad estuvo atravesada por un clima de tensión. Según denunciaron los organizadores, las autoridades intentaron impedir el desarrollo del encuentro: primero, rodeando el auditorio con gendarmes; luego, bloqueando el ingreso al predio. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria obligó a permitir la realización de la jornada en la puerta del organismo.

Uno de los ejes del debate fue el rol estratégico del INTI en la competitividad industrial. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que los países que logran crecer con movilidad social “están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico e industrial”, y que ese proceso requiere educación y centros técnicos “como el INTI, multiplicados por todo el país”.

En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación ProTejer, advirtió que una matriz industrial diversificada y federal necesita organismos capaces de certificar productos, validar procesos y dar garantías para acceder a mercados internacionales. “Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación”, afirmó.

Galfione puso como ejemplo la suspensión de ensayos vinculados a fibras de camélidos, una decisión que, según explicó, impide exportar productos que dependen de esas certificaciones. También cuestionó el argumento oficial de reemplazar capacidades públicas por laboratorios privados. “Me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro; en muchos casos, esos laboratorios ni siquiera existen en la Argentina”, señaló.

Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, amplió el impacto del recorte: “Sin el INTI no sólo no hay industria; tampoco hay comercio, seguridad ni salud”. La empresaria alertó especialmente por la disolución del área de Metrología Legal, encargada de ensayos y controles sobre instrumentos de medición como balanzas, etilómetros y cinemómetros, utilizados en sectores sensibles de la vida económica y social.

El reclamo también incorporó testimonios de empresas que utilizaron al INTI como plataforma de desarrollo productivo. Juan Cruz López Hamdan, fundador y CEO de Cultura Cárnica & Cultura Smash y director de Agroganadera Los Juanes, relató que el organismo fue clave para transformar producción ganadera en alimentos con valor agregado y estándares internacionales.

“Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial. Sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero, con estándares internacionales para Estados Unidos y Europa, y a montar nuestra primera planta”, explicó. Según planteó, la continuidad del instituto es decisiva para terminar un nuevo producto cárnico con destino exportador.

Aldo Lo Russo, CEO de la metalúrgica Baigorria, fue más directo en su diagnóstico: “Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente”. Para el empresario, evitar que el entramado productivo quede reducido a “ruinas” exige reconstruir un pacto entre empresas, trabajadores, instituciones técnicas y el Estado.

El economista Paul Segal, profesor del IAE Business School y especialista en desarrollo internacional y economías emergentes, aportó una mirada estructural. Subrayó que el INTI cumple una función clave para que las empresas puedan exportar, al asesorarlas en el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y calidad.

Segal remarcó que el desarrollo productivo exitoso rara vez surge de empresas aisladas. “El sector privado es central: invierte, produce y exporta. Pero las empresas no operan en el vacío. Necesitan capacidades, reglas e instituciones que les permitan invertir, innovar y competir”, sostuvo. Para el académico, la inversión pública en ciencia, técnica y tecnología no es un accesorio: forma parte de las condiciones necesarias para que la industria pueda desarrollarse.

El conflicto por el INTI expone, así, una discusión de fondo sobre el modelo productivo argentino. Para los sectores empresarios y técnicos que participaron del encuentro, el ajuste sobre el organismo no sólo implica una reducción administrativa: compromete servicios críticos para exportar, certificar, medir, controlar calidad, agregar valor y sostener capacidades industriales en todo el país.

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Ha-Joon Chang: “No hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales de Milei”

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En un contexto global que vuelve a tensionarse hacia el proteccionismo, el economista surcoreano Ha-Joon Chang reaviva un debate central para la Argentina: qué tipo de modelo económico permite crecer de manera sostenida.

Autor de Patear la escalera, uno de los textos más influyentes de la economía heterodoxa, Chang sostiene que las recetas de liberalización extrema no tienen antecedentes exitosos en la historia económica mundial. Y advierte que el país enfrenta problemas mucho más profundos que la inflación.

“La alta inflación es un problema menor ante las debilidades estructurales de la Argentina a largo plazo”, señaló en un reportaje con Alejandro Rebossio de ElDiarioAr.

El mito del libre mercado

El núcleo del planteo de Chang es histórico: las economías desarrolladas no crecieron bajo esquemas de libre mercado, sino mediante políticas activas del Estado.

“Todos los países ricos de hoy se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar”, describe.

Según el economista, potencias como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur aplicaron durante décadas altos niveles de proteccionismo, subsidios y regulación para consolidar sus industrias. Recién después, ya consolidadas, promovieron el libre comercio a nivel global.

Esa lógica, sintetizada en la metáfora de “patear la escalera”, vuelve hoy a escena en un mundo que abandona progresivamente el consenso liberal de los años noventa.

Para Chang, el escenario internacional actual confirma su tesis. Las economías centrales están reintroduciendo políticas industriales activas ante el avance de China.

“Los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Ya ni siquiera pueden ser hipócritas”, explica.

Sin embargo, advierte que el caso estadounidense presenta debilidades estructurales: la falta de inversión productiva y el predominio de la lógica financiera.

“Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas. Perdieron la capacidad de invertir”, remarca.

“En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en Estados Unidos para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad”, detalla.

Milei y el experimento argentino

El economista es categórico sobre el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei:

No hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei”.

Chang ubica este proceso en una secuencia histórica conocida para América Latina, donde la región ha funcionado como laboratorio de reformas de mercado.

“Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona”.

Incluso desarma el caso de economías consideradas “liberales”, como Singapur, al señalar el fuerte rol estatal en su estructura productiva.

Más allá del debate ideológico, Chang identifica un núcleo estructural que explica la recurrencia de crisis en Argentina: la falta de divisas.

Argentina no desarrolló la capacidad de exportar más allá de commodities primarios”.

El problema, según explica, es cíclico: cada vez que la economía crece, aumenta la necesidad de importar insumos, tecnología y bienes de capital, lo que genera tensiones en la balanza de pagos.

“Apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos”.

Este diagnóstico conecta con una de las restricciones históricas del país y explica por qué las soluciones basadas exclusivamente en estabilización macroeconómica resultan insuficientes.

Sobre el rol de sectores como energía y minería, el economista introduce un matiz clave: pueden aportar divisas en el corto plazo, pero no resuelven el problema estructural.

“En el corto plazo puede ayudar. Pero el petróleo va a ser un activo varado”.

Chang advierte sobre la transición energética global y el desarrollo tecnológico, que podrían reducir la demanda de recursos estratégicos como hidrocarburos e incluso litio.

“Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar”.

Frente a este escenario, el economista plantea que el desarrollo requiere una estrategia activa, focalizada y con condiciones claras.

“La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona”.

El modelo exitoso, según explica, combina protección selectiva, inversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y formación de capital humano, con exigencias concretas de desempeño al sector privado.

Chang también describe un cambio profundo en el orden global: el avance de China, el debilitamiento del multilateralismo y la emergencia de un sistema más multipolar.

“Hoy los países en desarrollo tienen diferentes opciones. Si juegan inteligentemente, pueden mejorar sus posiciones”.

Sin embargo, advierte que la Argentina sigue atrapada en debates del pasado.“Me da pena que Argentina esté atrapada en debates de los 80 y 90”, analizó.

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América Latina crecerá menos en 2026 y reabre el debate sobre el rol del Estado en la inversión

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América Latina y el Caribe ingresan en 2026 con una previsión de crecimiento del 2,1% del PIB, por debajo del 2,4% registrado en 2025, en un escenario marcado por la incertidumbre global y la debilidad persistente de la inversión. El dato, que surge de un informe económico regional, vuelve a colocar a los gobiernos frente a una disyuntiva conocida: sostener el crecimiento apoyado en el consumo o reconfigurar el esquema productivo para dinamizar la inversión. La pregunta que atraviesa el diagnóstico es si la región está ante un estancamiento estructural o ante una nueva fase de ajuste en su modelo de desarrollo.

El crecimiento moderado no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Se inscribe en una dinámica donde la falta de inversión y las condiciones financieras restrictivas limitan la expansión económica, incluso en contextos donde el consumo privado sigue funcionando como principal motor. En ese equilibrio inestable, la política económica vuelve a quedar bajo presión.

Consumo como sostén, inversión como deuda pendiente

El informe describe una matriz que se repite: el consumo privado sostiene la actividad, mientras la inversión permanece en niveles bajos. Esta combinación, lejos de ser virtuosa, refleja un límite estructural. Sin expansión del capital productivo, el crecimiento pierde capacidad de sostenerse en el tiempo.

Las condiciones de financiamiento, ajustadas por inflación, continúan siendo restrictivas. Esto impacta directamente en las decisiones empresariales y en la capacidad de los Estados para impulsar proyectos de infraestructura o desarrollo. A la vez, la incertidumbre global —tanto económica como geopolítica— actúa como freno adicional.

Las revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países refuerzan ese diagnóstico. No se trata solo de un crecimiento bajo, sino de una tendencia que no logra consolidar un sendero ascendente.

Vuelve la discusión sobre política industrial

En este contexto, la política industrial reaparece en el centro del debate regional. El estancamiento del crecimiento y las dificultades persistentes para generar empleo obligan a los gobiernos a revisar sus estrategias.

El dato no es menor: cuando el mercado no logra traccionar inversión, el rol del Estado vuelve a ser objeto de discusión. La tensión se reconfigura entre modelos que priorizan estabilidad macroeconómica y aquellos que buscan intervenir más activamente para dinamizar sectores estratégicos.

La debilidad en la creación de empleo agrega presión. Sin expansión del trabajo formal, el crecimiento económico pierde traducción social, lo que impacta en la gobernabilidad y en la sostenibilidad de las políticas públicas.

Entre la inercia y la redefinición del modelo

El panorama para 2026 deja más interrogantes que certezas. El crecimiento del 2,1% no implica una crisis inmediata, pero sí evidencia un techo que la región no logra perforar.

En las próximas semanas y meses, el foco estará puesto en cómo los distintos países responden a este escenario: si profundizan estrategias actuales o si avanzan hacia esquemas que intenten reactivar la inversión. También será clave observar si las condiciones globales se estabilizan o si continúan agregando volatilidad.

La región vuelve a enfrentar un dilema recurrente: crecer poco pero de manera estable, o asumir riesgos para modificar su estructura productiva. Esa discusión, lejos de cerrarse, empieza a tomar forma en un contexto donde los márgenes de acción parecen cada vez más estrechos.

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El Gobierno elimina el antidumping para zapatillas deportivas y redefine la política industrial del sector

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El Gobierno nacional oficializó el 20 de abril de 2026 un cambio sensible en la política comercial: eliminó el derecho antidumping para las zapatillas deportivas desmontadas importadas desde China. La decisión, plasmada en la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, excluye a estos productos del valor FOB mínimo de US$15,70 por par vigente desde 2021. El movimiento no solo impacta en costos y precios, sino que redefine el equilibrio entre protección industrial y apertura selectiva. La pregunta que queda planteada es si se trata de un giro estructural en la política productiva o de un ajuste puntual para sostener un modelo híbrido de fabricación.

Del proteccionismo al ensamblado: un cambio de enfoque

La medida se apoya en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que detectó un “cambio de circunstancias” en el mercado del calzado, especialmente en el segmento deportivo. El diagnóstico es claro: la industria local mantiene competitividad en cuero y moda urbana, pero enfrenta una brecha tecnológica en productos de alta performance.

Ese desfasaje explica el viraje. En lugar de sostener barreras generalizadas, el Gobierno opta por liberar la importación de kits desmontados —con suela o parte superior distinta del cuero natural— que luego se ensamblan en el país. El esquema no es nuevo, pero ahora recibe un respaldo normativo explícito.

La resolución cierra el examen iniciado en 2025 sobre la medida antidumping vigente desde 2021 y redefine su alcance. El resto del calzado continúa bajo protección, lo que muestra un criterio selectivo más que una apertura total.

La presión desde adentro del sector

El dato político no es menor: el cambio fue impulsado por actores centrales de la industria local. Empresas como Topper Argentina y Puma Sports Argentina promovieron la revisión del esquema, argumentando que el antidumping encarecía insumos clave para su modelo productivo.

El planteo logró respaldo técnico. La CNCE sostuvo que la importación de kits no desplaza producción nacional, sino que la complementa, permitiendo sostener empleo y mejorar la productividad. Según el informe, el ensamblado local genera un valor agregado estimado en torno al 20% y requiere procesos industriales complejos.

La paradoja es evidente: la protección deja de ser demandada por quienes producen y pasa a ser vista como un obstáculo. El Gobierno toma esa señal y ajusta la regulación en línea con una lógica más pragmática.

Impacto en precios, competencia y estructura productiva

La eliminación del valor mínimo de importación tiene un efecto directo sobre los costos. Al reducir el precio de los insumos, las empresas pueden ajustar sus estructuras y, en teoría, trasladar parte de esa baja a los consumidores.

El mercado, además, podría ampliar su oferta. La CNCE señala que el acceso a materiales y tecnologías no disponibles localmente permite mejorar la calidad y durabilidad del producto final. Esto apunta a un segmento masivo, donde la innovación y el precio son variables decisivas.

En paralelo, la medida se alinea con la reducción del Derecho de Importación Extrazona aplicada recientemente a estos productos. La consistencia regulatoria aparece como un objetivo explícito: evitar superposiciones que terminen encareciendo el mercado interno.

Sin embargo, la decisión también reconfigura la competencia dentro del sector. Mientras el calzado deportivo desmontado queda liberado, otros segmentos —como el calzado de cuero o de seguridad— mantienen esquemas de protección. La segmentación puede generar tensiones entre distintos actores de la industria.

Un movimiento táctico con proyección abierta

El Gobierno avanza así en una política comercial más selectiva, donde la protección se combina con aperturas puntuales según el diagnóstico sectorial. El caso del calzado deportivo funciona como testigo de esa estrategia.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las importaciones. En los últimos años, los kits desmontados pasaron de representar el 59% de las compras externas entre 2021 y 2023 a un 24% en el último período. La expectativa oficial es revertir esa caída.

También habrá que observar el impacto en precios y en niveles de actividad. Si la medida logra expandir la oferta sin afectar el empleo, podría consolidarse como modelo para otros sectores con brechas tecnológicas.

Por ahora, el cambio deja una señal clara: la política industrial se mueve hacia esquemas más flexibles, donde el objetivo no es solo proteger, sino redefinir cómo y dónde se genera valor. El alcance real de ese giro dependerá de cómo evolucione el equilibrio entre apertura, producción y mercado interno.

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Argentina tuvo el segundo peor desempeño industrial del mundo

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La frase histórica de la Unión Industrial Argentina volvió a resonar en medio del deterioro del sector manufacturero: “sin industria no hay país”. El diagnóstico se refuerza con los datos internacionales más recientes: Argentina registró el segundo peor desempeño industrial del mundo entre 56 economías en los últimos dos años.

El dato surge de un informe de la consultora Audemus, que midió la evolución de la actividad industrial entre 2023 y 2025. En ese período, la producción manufacturera argentina cayó en promedio 7,9%, ubicándose solo por encima de Hungría, donde el retroceso fue de 8,2%.

La dinámica local contrasta con lo ocurrido en gran parte del mundo y también en América Latina, donde varios países lograron sostener expansiones industriales o caídas mucho más moderadas.

País Variación industrial (%) Tendencia
Hungría -8,2% Caída
Argentina -7,9% Caída
Bulgaria -6,7% Caída
Alemania -6,3% Caída
Canadá -5,2% Caída
Italia -4,8% Caída
Países Bajos -3% Caída
Taiwán +32,3% Crecimiento
Vietnam +23,8% Crecimiento
Egipto +19,5% Crecimiento
Costa Rica +16,3% Crecimiento
China +13,3% Crecimiento
Rusia +13% Crecimiento
Singapur +12,8% Crecimiento

Una crisis con causas internas

Según el estudio, el retroceso industrial argentino no responde principalmente a factores externos.

Mientras en Europa el deterioro manufacturero se explica por el shock energético, la competencia china en la industria automotriz y las tensiones comerciales con Estados Unidos, en Argentina el informe apunta a factores de política económica doméstica.

Entre ellos se destacan un tipo de cambio apreciado que reduce la competitividad, una apertura comercial acelerada y la ausencia de instrumentos de política industrial activa.

La comparación regional también resulta desfavorable. En el mismo período:

  • Brasil expandió su industria 3,5%
  • Chile creció 5,2%
  • Perú avanzó 6,5%
  • Uruguay registró +3,7%

Incluso países que mostraron retrocesos, como México (-0,4%) o Colombia (-0,7%), tuvieron caídas marginales frente al desplome argentino.

El contraste más evidente aparece con Brasil, que comparte el Mercosur con Argentina pero implementó políticas industriales activas, como el programa automotriz Mover, además de sostener un tipo de cambio más competitivo.

Cierre de empresas y caída del empleo

El deterioro del sector no solo se refleja en los índices de producción. También impacta en el entramado empresarial y en el empleo.

En los últimos dos años, 2.436 empresas industriales dejaron de realizar aportes al sistema de ART, un indicador que suele reflejar cierres o una reducción significativa de la actividad. Esa cifra representa casi el 5% del total de firmas industriales del país.

Las empresas que continúan operando también atraviesan un escenario complejo. El uso de la capacidad instalada se ubica en 57,9%, el nivel más bajo de la última década, excluyendo la pandemia.

En términos de empleo, desde 2023 se perdieron 72.955 puestos de trabajo industriales, lo que implica una contracción cercana al 6% del empleo manufacturero.

El deterioro del sector se da en medio de un fuerte debate político sobre el rol de la industria en la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó recientemente la pérdida de empleo industrial y sostuvo que la rotación laboral es parte del funcionamiento normal del mercado de trabajo.

Por su parte, el presidente Javier Milei cuestionó en el Congreso lo que definió como el “fetiche industrialista”, al afirmar que durante décadas se sostuvo un esquema basado en subsidios y protecciones.

Tras esas declaraciones, tanto la Unión Industrial Argentina como la Asociación Empresaria Argentina reclamaron respeto institucional y un diálogo constructivo entre el sector público y el privado, advirtiendo sobre la necesidad de políticas que permitan sostener la producción y el empleo.

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