política industrial

La política industrial se está adaptando a las crisis, pero sigue siendo difícil de implementar eficazmente

Compartí esta noticia !

Escriben Adam Jakubik, Florence Jaumotte, Samuel Pienknagura y Michele Ruta / FMI – La política industrial, el uso de intervenciones gubernamentales para apoyar o desarrollar empresas e industrias específicas, se ha vuelto más popular en los últimos años, especialmente en respuesta a crisis.

La guerra en Oriente Medio es el último ejemplo, con altos precios de la energía y convulsiones geopolíticas que impulsan la acción. Además de las medidas de apoyo a nivel económico, como los límites de precios del combustible y la reducción de los impuestos especiales, se anunciaron al menos 305 medidas de política industrial atribuidas al conflicto en sus dos primeros meses. Incluían prohibiciones de exportación de energía y fertilizantes, subvenciones a productos de energía verde y apoyo a exportadores.

Estas medidas siguen a un amplio aumento de las acciones de política industrial en los últimos años. El Observatorio de Nueva Política Industrial, que desarrollamos junto con Global Trade Alert, muestra una aceleración notable desde 2020, cuando la COVID-19 desató una oleada de acciones gubernamentales. A diferencia de crisis anteriores, muchas de esas medidas permanecieron vigentes tras la aprobación del estado de emergencia.

Los datos del NIPO, que abarcan más de 52.000 intervenciones en 75 países desde 2009, muestran que el total introducido el año pasado fue 2,5 veces la media previa a la pandemia.

Este crecimiento subraya la necesidad de comprender mejor cómo y por qué está evolucionando la política industrial —y cuándo tiene éxito.

Cambios de prioridades

Nuestro análisis revela un cambio notable en por qué intervienen los gobiernos. La reciente adopción de la política industrial está cada vez más motivada por preocupaciones de resiliencia y seguridad, que probablemente no disminuirán dadas las crecientes tensiones en Oriente Medio.

Después de 2008, las justificaciones dominantes para el apoyo industrial fueron aumentar la competitividad y abordar el cambio climático. Pero desde 2020, están más orientados a la resiliencia de la cadena de suministro, la seguridad nacional y las preocupaciones geopolíticas, según nuestro estudio, que utilizó grandes modelos de lenguaje para clasificar las políticas según su justificación.

Eso demuestra cómo los gobiernos ya no buscan solo construir industrias más fuertes y competitivas. Cada vez quieren depender menos de sus rivales geopolíticos y proteger lo que consideran sectores estratégicos. Esta es una política industrial cualitativamente diferente.

¿Qué funciona?

Nuestro análisis muestra que los resultados son mixtos, con el éxito determinado por el diseño de políticas, como la elección del instrumento utilizado. Pero la situación se vuelve menos alentadora con evidencias más detalladas—específicamente nuestra investigación sobre el impacto económico de las políticas industriales, analizando los patrones comerciales entre países y productos, y cómo responden las empresas de sectores objetivo.

El análisis a nivel de producto muestra que la política industrial tiende a mejorar la competitividad de sectores objetivo, pero con efectos de corta duración. Más importante aún, el impulso se observa principalmente en sectores que ya eran competitivos. Es una consideración importante para los gobiernos que esperan utilizar la política industrial para construir nuevas industrias desde cero.

Las subvenciones a nivel de empresa están asociadas a aumentos sostenidos en la inversión de capital, pero sus efectos en productividad y producción se desvanecen rápidamente e incluso pueden revertirse tras unos años. Los incentivos a la exportación tienen poca repercusión en el rendimiento de las empresas, aunque hay indicios de que pueden reasignar recursos hacia empresas más productivas tras un periodo de ajuste.

Hay puntos brillantes. Muchos están vinculados a algunos de los objetivos políticos más recientes de la industria, como la resiliencia climática y de la cadena de valor. Al dirigirse a sectores con grandes distorsiones de mercado, como generosos margen y dependencia financiera externa, el efecto puede ser hasta cuatro veces mayor. Además, las políticas que apoyan la transición verde muestran mejoras más fuertes y duraderas en la competitividad. Y las intervenciones que se dirigen a componentes para productos finales, conocidas como la parte upstream de la cadena de suministro, parecen más eficaces que aquellas dirigidas directamente a productos finales.

Éxito esquivo

Nuestra conclusión no es que la política industrial esté equivocada. Existen razones económicas sólidas para ello en presencia de fallos de mercado. Más bien, concluimos que es mucho más difícil alcanzar los objetivos previstos de lo que la popularidad política actual de estas acciones podría sugerir. La evidencia no respalda la idea de ciclos de éxito auto-reforzados, donde el apoyo gubernamental fomenta la competencia. En cambio, vemos principalmente ganancias modestas y temporales en sectores que ya eran fuertes.

Estas pruebas plantean una pregunta clave: ¿debería la política industrial ser siquiera el primer paso correcto?

Reformas más amplias y a nivel económico suelen generar mayores ganancias. Las mejoras institucionales y regulatorias pueden aumentar la producción en industrias ineficientes hasta en un 10 por ciento a medio plazo. Esto es cinco veces mayor que el aumento de la producción a medio plazo visto tras la implementación de las políticas industriales. Las reformas financieras especialmente ayudan a las industrias con limitaciones crediticias. En términos más generales, las reformas estructurales benefician a todos los sectores, evitan los riesgos de nombrar ganadores y mejoran las perspectivas de éxito de la política industrial si se aplica.

Efectos de desbordamiento

Los gobiernos a menudo pasan por alto los efectos más amplios a nivel nacional y global. La política industrial suele reasignar recursos a entidades objetivo, lo que puede perjudicar a la economía en su conjunto si se produce a costa de actores más productivos. Además, cuando un país subvenciona un sector estratégico, otros suelen seguirlo, como muestran los datos del NIPO.

El resultado puede ser una costosa carrera armamentística globalmente ineficiente de subvenciones que deje a todos en peor situación. Por último, las medidas de política industrial pueden ser relevantes para los desequilibrios globales cuando afectan a la productividad agregada o se aplican a nivel económico para forzar el ahorro y redirigir recursos hacia superávits externos. Gestionar estos desbordamientos requerirá más cooperación internacional en un momento en que las tensiones geopolíticas dificultan cada vez más dicha cooperación.

Aunque está claro que la política industrial ha vuelto, es más difícil decir si puede aportar beneficios económicos sostenibles o a qué coste. Nuestro análisis sugiere que depende de lo cuidadosamente que se diseñen las políticas, de lo bien gobernadas que estén las instituciones implementadoras, de la fortaleza de los fundamentos de la política macroeconómica de un país y de si el mundo puede coordinarse, no tomar represalias.

Compartí esta noticia !

Cientos de empresarios se acercaron al INTI a expresar su apoyo

Compartí esta noticia !

La crisis del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) escaló esta semana con una convocatoria realizada en el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, impulsada por mandos medios del organismo y acompañada por referentes empresarios, industriales, técnicos y académicos. El encuentro se produjo después de la eliminación de alrededor de 1.000 servicios técnicos que el instituto brindaba a la industria y a la comunidad, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y la supresión del Sistema de Metrología Legal.

A ese escenario se suma la advertencia por más de 700 posibles despidos en la planta del organismo. Desde el inicio de la actual gestión nacional, el INTI ya habría perdido cerca del 30% de su personal, entre retiros voluntarios, no renovación de contratos y otras bajas, un recorte que, según alertaron los participantes, podría volver prácticamente inviable el funcionamiento de la institución.

La actividad estuvo atravesada por un clima de tensión. Según denunciaron los organizadores, las autoridades intentaron impedir el desarrollo del encuentro: primero, rodeando el auditorio con gendarmes; luego, bloqueando el ingreso al predio. Sin embargo, la magnitud de la convocatoria obligó a permitir la realización de la jornada en la puerta del organismo.

Uno de los ejes del debate fue el rol estratégico del INTI en la competitividad industrial. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que los países que logran crecer con movilidad social “están totalmente apoyados en el desarrollo tecnológico e industrial”, y que ese proceso requiere educación y centros técnicos “como el INTI, multiplicados por todo el país”.

En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación ProTejer, advirtió que una matriz industrial diversificada y federal necesita organismos capaces de certificar productos, validar procesos y dar garantías para acceder a mercados internacionales. “Sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación”, afirmó.

Galfione puso como ejemplo la suspensión de ensayos vinculados a fibras de camélidos, una decisión que, según explicó, impide exportar productos que dependen de esas certificaciones. También cuestionó el argumento oficial de reemplazar capacidades públicas por laboratorios privados. “Me hablan de competitividad y me hacen mandar los ensayos a un laboratorio más caro; en muchos casos, esos laboratorios ni siquiera existen en la Argentina”, señaló.

Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, amplió el impacto del recorte: “Sin el INTI no sólo no hay industria; tampoco hay comercio, seguridad ni salud”. La empresaria alertó especialmente por la disolución del área de Metrología Legal, encargada de ensayos y controles sobre instrumentos de medición como balanzas, etilómetros y cinemómetros, utilizados en sectores sensibles de la vida económica y social.

El reclamo también incorporó testimonios de empresas que utilizaron al INTI como plataforma de desarrollo productivo. Juan Cruz López Hamdan, fundador y CEO de Cultura Cárnica & Cultura Smash y director de Agroganadera Los Juanes, relató que el organismo fue clave para transformar producción ganadera en alimentos con valor agregado y estándares internacionales.

“Me acerqué al INTI sin tener idea del sector industrial. Sus especialistas me ayudaron a desarrollar un producto desde cero, con estándares internacionales para Estados Unidos y Europa, y a montar nuestra primera planta”, explicó. Según planteó, la continuidad del instituto es decisiva para terminar un nuevo producto cárnico con destino exportador.

Aldo Lo Russo, CEO de la metalúrgica Baigorria, fue más directo en su diagnóstico: “Hoy nos encontramos con una política industrial inexistente”. Para el empresario, evitar que el entramado productivo quede reducido a “ruinas” exige reconstruir un pacto entre empresas, trabajadores, instituciones técnicas y el Estado.

El economista Paul Segal, profesor del IAE Business School y especialista en desarrollo internacional y economías emergentes, aportó una mirada estructural. Subrayó que el INTI cumple una función clave para que las empresas puedan exportar, al asesorarlas en el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y calidad.

Segal remarcó que el desarrollo productivo exitoso rara vez surge de empresas aisladas. “El sector privado es central: invierte, produce y exporta. Pero las empresas no operan en el vacío. Necesitan capacidades, reglas e instituciones que les permitan invertir, innovar y competir”, sostuvo. Para el académico, la inversión pública en ciencia, técnica y tecnología no es un accesorio: forma parte de las condiciones necesarias para que la industria pueda desarrollarse.

El conflicto por el INTI expone, así, una discusión de fondo sobre el modelo productivo argentino. Para los sectores empresarios y técnicos que participaron del encuentro, el ajuste sobre el organismo no sólo implica una reducción administrativa: compromete servicios críticos para exportar, certificar, medir, controlar calidad, agregar valor y sostener capacidades industriales en todo el país.

Compartí esta noticia !

Ha-Joon Chang: “No hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales de Milei”

Compartí esta noticia !

En un contexto global que vuelve a tensionarse hacia el proteccionismo, el economista surcoreano Ha-Joon Chang reaviva un debate central para la Argentina: qué tipo de modelo económico permite crecer de manera sostenida.

Autor de Patear la escalera, uno de los textos más influyentes de la economía heterodoxa, Chang sostiene que las recetas de liberalización extrema no tienen antecedentes exitosos en la historia económica mundial. Y advierte que el país enfrenta problemas mucho más profundos que la inflación.

“La alta inflación es un problema menor ante las debilidades estructurales de la Argentina a largo plazo”, señaló en un reportaje con Alejandro Rebossio de ElDiarioAr.

El mito del libre mercado

El núcleo del planteo de Chang es histórico: las economías desarrolladas no crecieron bajo esquemas de libre mercado, sino mediante políticas activas del Estado.

“Todos los países ricos de hoy se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar”, describe.

Según el economista, potencias como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur aplicaron durante décadas altos niveles de proteccionismo, subsidios y regulación para consolidar sus industrias. Recién después, ya consolidadas, promovieron el libre comercio a nivel global.

Esa lógica, sintetizada en la metáfora de “patear la escalera”, vuelve hoy a escena en un mundo que abandona progresivamente el consenso liberal de los años noventa.

Para Chang, el escenario internacional actual confirma su tesis. Las economías centrales están reintroduciendo políticas industriales activas ante el avance de China.

“Los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Ya ni siquiera pueden ser hipócritas”, explica.

Sin embargo, advierte que el caso estadounidense presenta debilidades estructurales: la falta de inversión productiva y el predominio de la lógica financiera.

“Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas. Perdieron la capacidad de invertir”, remarca.

“En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en Estados Unidos para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad”, detalla.

Milei y el experimento argentino

El economista es categórico sobre el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei:

No hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei”.

Chang ubica este proceso en una secuencia histórica conocida para América Latina, donde la región ha funcionado como laboratorio de reformas de mercado.

“Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona”.

Incluso desarma el caso de economías consideradas “liberales”, como Singapur, al señalar el fuerte rol estatal en su estructura productiva.

Más allá del debate ideológico, Chang identifica un núcleo estructural que explica la recurrencia de crisis en Argentina: la falta de divisas.

Argentina no desarrolló la capacidad de exportar más allá de commodities primarios”.

El problema, según explica, es cíclico: cada vez que la economía crece, aumenta la necesidad de importar insumos, tecnología y bienes de capital, lo que genera tensiones en la balanza de pagos.

“Apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos”.

Este diagnóstico conecta con una de las restricciones históricas del país y explica por qué las soluciones basadas exclusivamente en estabilización macroeconómica resultan insuficientes.

Sobre el rol de sectores como energía y minería, el economista introduce un matiz clave: pueden aportar divisas en el corto plazo, pero no resuelven el problema estructural.

“En el corto plazo puede ayudar. Pero el petróleo va a ser un activo varado”.

Chang advierte sobre la transición energética global y el desarrollo tecnológico, que podrían reducir la demanda de recursos estratégicos como hidrocarburos e incluso litio.

“Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar”.

Frente a este escenario, el economista plantea que el desarrollo requiere una estrategia activa, focalizada y con condiciones claras.

“La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona”.

El modelo exitoso, según explica, combina protección selectiva, inversión en infraestructura, desarrollo tecnológico y formación de capital humano, con exigencias concretas de desempeño al sector privado.

Chang también describe un cambio profundo en el orden global: el avance de China, el debilitamiento del multilateralismo y la emergencia de un sistema más multipolar.

“Hoy los países en desarrollo tienen diferentes opciones. Si juegan inteligentemente, pueden mejorar sus posiciones”.

Sin embargo, advierte que la Argentina sigue atrapada en debates del pasado.“Me da pena que Argentina esté atrapada en debates de los 80 y 90”, analizó.

Compartí esta noticia !

América Latina crecerá menos en 2026 y reabre el debate sobre el rol del Estado en la inversión

Compartí esta noticia !

América Latina y el Caribe ingresan en 2026 con una previsión de crecimiento del 2,1% del PIB, por debajo del 2,4% registrado en 2025, en un escenario marcado por la incertidumbre global y la debilidad persistente de la inversión. El dato, que surge de un informe económico regional, vuelve a colocar a los gobiernos frente a una disyuntiva conocida: sostener el crecimiento apoyado en el consumo o reconfigurar el esquema productivo para dinamizar la inversión. La pregunta que atraviesa el diagnóstico es si la región está ante un estancamiento estructural o ante una nueva fase de ajuste en su modelo de desarrollo.

El crecimiento moderado no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Se inscribe en una dinámica donde la falta de inversión y las condiciones financieras restrictivas limitan la expansión económica, incluso en contextos donde el consumo privado sigue funcionando como principal motor. En ese equilibrio inestable, la política económica vuelve a quedar bajo presión.

Consumo como sostén, inversión como deuda pendiente

El informe describe una matriz que se repite: el consumo privado sostiene la actividad, mientras la inversión permanece en niveles bajos. Esta combinación, lejos de ser virtuosa, refleja un límite estructural. Sin expansión del capital productivo, el crecimiento pierde capacidad de sostenerse en el tiempo.

Las condiciones de financiamiento, ajustadas por inflación, continúan siendo restrictivas. Esto impacta directamente en las decisiones empresariales y en la capacidad de los Estados para impulsar proyectos de infraestructura o desarrollo. A la vez, la incertidumbre global —tanto económica como geopolítica— actúa como freno adicional.

Las revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países refuerzan ese diagnóstico. No se trata solo de un crecimiento bajo, sino de una tendencia que no logra consolidar un sendero ascendente.

Vuelve la discusión sobre política industrial

En este contexto, la política industrial reaparece en el centro del debate regional. El estancamiento del crecimiento y las dificultades persistentes para generar empleo obligan a los gobiernos a revisar sus estrategias.

El dato no es menor: cuando el mercado no logra traccionar inversión, el rol del Estado vuelve a ser objeto de discusión. La tensión se reconfigura entre modelos que priorizan estabilidad macroeconómica y aquellos que buscan intervenir más activamente para dinamizar sectores estratégicos.

La debilidad en la creación de empleo agrega presión. Sin expansión del trabajo formal, el crecimiento económico pierde traducción social, lo que impacta en la gobernabilidad y en la sostenibilidad de las políticas públicas.

Entre la inercia y la redefinición del modelo

El panorama para 2026 deja más interrogantes que certezas. El crecimiento del 2,1% no implica una crisis inmediata, pero sí evidencia un techo que la región no logra perforar.

En las próximas semanas y meses, el foco estará puesto en cómo los distintos países responden a este escenario: si profundizan estrategias actuales o si avanzan hacia esquemas que intenten reactivar la inversión. También será clave observar si las condiciones globales se estabilizan o si continúan agregando volatilidad.

La región vuelve a enfrentar un dilema recurrente: crecer poco pero de manera estable, o asumir riesgos para modificar su estructura productiva. Esa discusión, lejos de cerrarse, empieza a tomar forma en un contexto donde los márgenes de acción parecen cada vez más estrechos.

Compartí esta noticia !

El Gobierno elimina el antidumping para zapatillas deportivas y redefine la política industrial del sector

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional oficializó el 20 de abril de 2026 un cambio sensible en la política comercial: eliminó el derecho antidumping para las zapatillas deportivas desmontadas importadas desde China. La decisión, plasmada en la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, excluye a estos productos del valor FOB mínimo de US$15,70 por par vigente desde 2021. El movimiento no solo impacta en costos y precios, sino que redefine el equilibrio entre protección industrial y apertura selectiva. La pregunta que queda planteada es si se trata de un giro estructural en la política productiva o de un ajuste puntual para sostener un modelo híbrido de fabricación.

Del proteccionismo al ensamblado: un cambio de enfoque

La medida se apoya en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que detectó un “cambio de circunstancias” en el mercado del calzado, especialmente en el segmento deportivo. El diagnóstico es claro: la industria local mantiene competitividad en cuero y moda urbana, pero enfrenta una brecha tecnológica en productos de alta performance.

Ese desfasaje explica el viraje. En lugar de sostener barreras generalizadas, el Gobierno opta por liberar la importación de kits desmontados —con suela o parte superior distinta del cuero natural— que luego se ensamblan en el país. El esquema no es nuevo, pero ahora recibe un respaldo normativo explícito.

La resolución cierra el examen iniciado en 2025 sobre la medida antidumping vigente desde 2021 y redefine su alcance. El resto del calzado continúa bajo protección, lo que muestra un criterio selectivo más que una apertura total.

La presión desde adentro del sector

El dato político no es menor: el cambio fue impulsado por actores centrales de la industria local. Empresas como Topper Argentina y Puma Sports Argentina promovieron la revisión del esquema, argumentando que el antidumping encarecía insumos clave para su modelo productivo.

El planteo logró respaldo técnico. La CNCE sostuvo que la importación de kits no desplaza producción nacional, sino que la complementa, permitiendo sostener empleo y mejorar la productividad. Según el informe, el ensamblado local genera un valor agregado estimado en torno al 20% y requiere procesos industriales complejos.

La paradoja es evidente: la protección deja de ser demandada por quienes producen y pasa a ser vista como un obstáculo. El Gobierno toma esa señal y ajusta la regulación en línea con una lógica más pragmática.

Impacto en precios, competencia y estructura productiva

La eliminación del valor mínimo de importación tiene un efecto directo sobre los costos. Al reducir el precio de los insumos, las empresas pueden ajustar sus estructuras y, en teoría, trasladar parte de esa baja a los consumidores.

El mercado, además, podría ampliar su oferta. La CNCE señala que el acceso a materiales y tecnologías no disponibles localmente permite mejorar la calidad y durabilidad del producto final. Esto apunta a un segmento masivo, donde la innovación y el precio son variables decisivas.

En paralelo, la medida se alinea con la reducción del Derecho de Importación Extrazona aplicada recientemente a estos productos. La consistencia regulatoria aparece como un objetivo explícito: evitar superposiciones que terminen encareciendo el mercado interno.

Sin embargo, la decisión también reconfigura la competencia dentro del sector. Mientras el calzado deportivo desmontado queda liberado, otros segmentos —como el calzado de cuero o de seguridad— mantienen esquemas de protección. La segmentación puede generar tensiones entre distintos actores de la industria.

Un movimiento táctico con proyección abierta

El Gobierno avanza así en una política comercial más selectiva, donde la protección se combina con aperturas puntuales según el diagnóstico sectorial. El caso del calzado deportivo funciona como testigo de esa estrategia.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las importaciones. En los últimos años, los kits desmontados pasaron de representar el 59% de las compras externas entre 2021 y 2023 a un 24% en el último período. La expectativa oficial es revertir esa caída.

También habrá que observar el impacto en precios y en niveles de actividad. Si la medida logra expandir la oferta sin afectar el empleo, podría consolidarse como modelo para otros sectores con brechas tecnológicas.

Por ahora, el cambio deja una señal clara: la política industrial se mueve hacia esquemas más flexibles, donde el objetivo no es solo proteger, sino redefinir cómo y dónde se genera valor. El alcance real de ese giro dependerá de cómo evolucione el equilibrio entre apertura, producción y mercado interno.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin