Ni Una Menos volvió a las calles de Misiones en medio de la conmoción por los casos de Dulce Candia y Agostina Vega
A once años de la irrupción de Ni Una Menos en la agenda pública argentina, cientos de personas volvieron a ocupar las calles de Posadas para reclamar políticas efectivas contra la violencia de género y exigir justicia por las víctimas de femicidio. La movilización de este 3 de junio estuvo atravesada por la conmoción generada por los recientes asesinatos de Dulce María Beatriz Candia, en Eldorado, y de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, dos casos que reactivaron el debate sobre la capacidad del Estado para prevenir situaciones extremas de violencia.
La marcha misionera se desarrolló en paralelo a las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país, en una fecha que ya forma parte del calendario político y social argentino. Sin embargo, el contexto actual le otorgó una carga simbólica particular. Los nombres de Dulce y Agostina estuvieron presentes en carteles, pancartas y discursos, junto al reclamo histórico que dio origen al movimiento en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez.
La concentración comenzó en el Mástil de la avenida Uruguay y avanzó hacia la Plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto central. Durante el recorrido, las organizaciones feministas realizaron intervenciones frente a organismos públicos vinculados a la salud, la seguridad y la asistencia social, señalando la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención y acompañamiento de víctimas.
Las fotografías de Dulce Candia y de Soledad Machuca, víctima de femicidio en febrero de 2025, encabezaron parte de la movilización. Familiares de Machuca fueron los primeros en tomar la palabra en una jornada marcada por testimonios, reclamos y críticas a los retrocesos que, según las organizaciones convocantes, se registran en materia de políticas de género.
Una década de movilización y una problemática persistente
Las cifras difundidas por el Observatorio Nacional de las Violencias de Género “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá reflejan que, pese a la visibilización alcanzada por el movimiento, la violencia letal contra mujeres y diversidades continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país.
Entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina, equivalente a una mujer asesinada cada 35 horas. El informe incluye 80 femicidios directos, cinco femicidios vinculados, tres trans-travesticidios, cinco suicidios femicidas, cinco muertes violentas asociadas al género, un crimen de odio y doce casos relacionados con contextos de narcotráfico y crimen organizado.
La dimensión del fenómeno se amplía al considerar los 420 intentos de femicidio registrados durante el mismo período y otros 14 casos que permanecen bajo investigación judicial. Desde la primera marcha del 3 de junio de 2015 hasta mayo de este año, el observatorio contabilizó 3.096 femicidios en todo el país.
Misiones, entre los focos de preocupación
Dentro del escenario nacional, Misiones exhibe indicadores que generan preocupación tanto en organizaciones sociales como en organismos estatales. En lo que va de 2026 se registraron dos femicidios y un travesticidio, mientras que los intentos de femicidio ascienden a 51 casos.
La provincia además arrastra un antecedente alarmante. Durante 2025 se contabilizaron once femicidios, la cifra más alta de los últimos seis años. Paralelamente, se registraron 31.432 denuncias por violencia familiar y de género, un promedio de 86 por día.
La tendencia no muestra señales de reversión. Solo entre enero y mayo de este año se registraron 14.003 denuncias, lo que representa cerca de 93 presentaciones diarias ante organismos competentes.
Desde Mumalá advierten que existe una creciente desconfianza hacia los mecanismos institucionales de protección. Según la organización, muchas víctimas optan por no denunciar porque consideran insuficientes las respuestas estatales o temen represalias. En paralelo, desde el Gobierno provincial sostienen que también persiste un déficit de compromiso social para reportar situaciones de violencia, pese a que la legislación vigente permite realizar denuncias con reserva de identidad.
El rostro detrás de las estadísticas
El informe nacional también permite identificar patrones que se repiten en gran parte de los casos. El 60% de los femicidios fue cometido por parejas, ex parejas o familiares. El 67% ocurrió dentro de la vivienda de la víctima y un tercio de las mujeres convivía con su agresor al momento del crimen.
La edad promedio de las víctimas fue de 39 años, mientras que los agresores tenían en promedio 41 años. Cuatro de cada diez mujeres asesinadas eran madres y al menos 73 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre durante los primeros cinco meses del año.
Uno de los datos más sensibles es el vinculado al acceso a los sistemas de protección. Apenas el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el porcentaje más bajo desde que comenzaron los registros sistemáticos hace once años. Entre quienes sí habían denunciado, tres de cada cuatro contaban con medidas de restricción y solo una minoría disponía de botón antipánico.
“Hoy levantamos la voz por Dulce y por Agostina”
Durante el acto central en Posadas, Carla Talavera, referente provincial de Mumalá, recordó que el movimiento nació tras el femicidio de Chiara Páez y señaló que, pese a los avances logrados durante la última década, persisten situaciones que evidencian falencias estructurales.
“Hoy levantamos la voz por Dulce, por Agostina y por todas las pibas que nos arrebató la violencia machista”, expresó ante los manifestantes.
La dirigente remarcó además que el observatorio de la organización continúa siendo una herramienta clave para visibilizar una problemática que, según sostuvo, algunos sectores intentan relativizar. “Sabemos que en lo que va de 2026 hubo tres femicidios y 51 intentos de femicidio en Misiones. Son 51 vidas que hoy están en riesgo”, afirmó.
Una disputa política que también atraviesa la agenda de género
La conmemoración de los once años de Ni Una Menos se produjo además en un contexto de creciente polarización política sobre las políticas de género. Mientras las organizaciones feministas reclamaron la restitución de recursos destinados a prevención, asistencia y protección de víctimas, desde sectores del oficialismo nacional defendieron la estrategia de seguridad basada en el endurecimiento de las penas y cuestionaron la orientación de las políticas implementadas durante los últimos años.
La discusión refleja una disputa más profunda sobre el rol del Estado frente a la violencia de género y sobre la eficacia de los instrumentos creados desde 2015. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, los números continúan imponiendo una realidad difícil de ignorar.
A once años de aquella movilización que transformó para siempre la conversación pública sobre la violencia machista en Argentina, las calles volvieron a expresar un reclamo que sigue vigente. Los nombres cambian, los casos se acumulan y las estadísticas crecen. Pero el mensaje permanece inalterable: que ninguna mujer más sea asesinada por razones de género. Que el “Ni Una Menos” deje de ser una consigna y se convierta, finalmente, en una realidad.
