Precio hoja verde

Yerba mate: cooperativas sostienen precios, pero advierten que el mercado “aplasta” al productor

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En pleno inicio de zafra y con el precio de la hoja verde en caída, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP), Gustavo Hein, puso en evidencia el límite estructural del sistema cooperativo frente al nuevo escenario de mercado: aun sosteniendo mejores valores para sus socios, la competencia con operadores que compran más barato termina “aplastando” los precios.

El dato central es contundente: mientras el costo de producción ronda los 465 pesos (dato brindado por el INYM en septiembre de 2025), el mercado paga entre 210 y 250 pesos, con plazos de hasta 120 días. La tensión queda planteada: ¿puede el cooperativismo resistir en un esquema donde el precio lo fija el eslabón con mayor poder de compra?

El cooperativismo como amortiguador: hasta dónde alcanza

El planteo que Hein brindó a Economis no se limita a una queja coyuntural. Expone una dinámica que atraviesa a toda la cadena yerbatera. Las cooperativas, explicó, intentan trasladar la mayor cantidad de beneficios al productor, evitando intermediación y sosteniendo valores más altos para sus socios. Así quedó observado en los precios que pagan Las Tunas o la cooperativa que produce la marca Piporé que marcan los precios más elevados de la región entre 380 y 450

Ese esquema, que históricamente funcionó como regulador informal del mercado, hoy muestra fisuras. La razón es simple: “cuando otros actores acceden a materia prima más barata, logran competir con ventaja en la góndola”. Esa diferencia termina presionando a la baja los precios generales, explicó Hein.

El mecanismo es progresivo. “Primero cae el precio de referencia. Luego se reduce la capacidad de las cooperativas para sostener valores diferenciales. Finalmente, aparece la pérdida de mercado”.

Costos, precios y ecuación inviable

Los números que describe el sector muestran una brecha crítica. El último costo de producción sin rentabilidad se ubicaba en torno a los 465 pesos por kilo de hoja verde. A ese valor debería sumarse entre un 25% y un 30% de margen para alcanzar un precio sustentable, cercano a los 700 pesos.

Sin embargo, el mercado opera muy por debajo. En términos generales, los productores reciben entre 210 y 250 pesos. En algunos casos, incluso menos. Esto también se observa en la comercialización de yerba canchada que es otra opción que usan algunas cooperativas o pequeños molinos, allí el valor de comercialización oscila en los 800 pesos por kilo de canchada, cuando el valor no debería ser inferior a los 1440 pesos.

El problema no es solo el precio, sino la estructura de costos. Para producir un kilo de yerba canchada se requieren tres kilos de hoja verde, a lo que se suman los costos de secanza. Con valores deprimidos en origen, la ecuación se vuelve directamente inviable.

A eso se agrega otro factor crítico: los plazos de pago. La extensión a 120 días traslada la carga financiera al productor, que debe sostener costos sin ingresos inmediatos.

Gustavo Hein, presidente de Fedecoop

Competencia desigual y pérdida de referencia

El análisis de Hein introduce un concepto clave: la competencia desleal dentro del propio mercado. No se trata solo de diferencias de eficiencia, sino de estructuras de compra que permiten acceder a materia prima a valores más bajos.

Ese diferencial se traslada a la comercialización. Quien compra más barato puede vender más barato. Y quien intenta sostener precios más altos pierde competitividad (o mercados).

El efecto es sistémico. Las cooperativas, aun con voluntad de sostener precios justos, quedan atrapadas en una lógica de mercado que no controlan. El resultado es una pérdida progresiva de referencia en los valores.

Un modelo en tensión y un debate abierto

La situación del cooperativismo yerbatero refleja una discusión más amplia sobre el funcionamiento del mercado en las economías regionales. Sin herramientas de regulación, el precio se define por la capacidad de compra, no por los costos de producción.

En ese contexto, el sistema cooperativo intenta sostener un equilibrio que se vuelve cada vez más frágil. La zafra en curso será una prueba concreta de hasta dónde puede resistir ese modelo.

Las próximas semanas estarán marcadas por dos variables: la evolución de los precios en plena cosecha y la capacidad del sector para sostener estrategias colectivas frente a la presión del mercado.

El interrogante no es solo económico. También es político: si el precio deja de ser una variable acordada y pasa a ser una imposición de mercado, el rol de cada actor dentro de la cadena vuelve a quedar en discusión.

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El INYM rechazó sugerir un precio de referencia y profundiza la tensión en la cadena yerbatera

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El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) resolvió rechazar la posibilidad de sugerir un precio de referencia para la hoja verde, en una decisión que vuelve a exponer la fractura interna del sector y profundiza la incertidumbre de cara a la zafra 2026.

Según fuentes oficiales, el rechazo al precio sugerido se sustentó en un dictamen técnico que consideró que la implementación de valores orientativos “va en contra del Decreto 812 del Gobierno nacional”, al entender que “distorsiona el mercado y afecta la competencia del sector privado”. La postura fue respaldada por la presidencia del organismo, en manos del libertario Rodrigo Correa, la representación de Corrientes y la mayoría de los sectores industriales, secaderos y cooperativas.

En la votación, dos representantes del sector productivo y el director por Misiones, Ricardo Maciel, se pronunciaron a favor de avanzar con una referencia de precios, mientras que un representante productivo y la UATRE optaron por la abstención. La correlación de fuerzas dejó sin efecto la iniciativa, en un escenario donde la pérdida de facultades regulatorias del INYM ya había debilitado su capacidad de intervención.

El documento sostiene que no resulta jurídicamente factible que el Instituto publique un precio de referencia, ya que cualquier señal institucional en ese sentido sería considerada una intervención en el mercado.

El argumento central se apoya en la modificación del marco normativo tras la desregulación. En particular, el dictamen cita el artículo 8° del Decreto 1240/2002 —modificado por el Decreto 812/2025—, que prohíbe expresamente al INYM “dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda”.

Pero el punto más sensible es otro: el dictamen advierte que incluso un precio “indicativo” podría funcionar como señal de mercado. En un sector caracterizado como oligopsónico -como sostiene Misiones-, esa referencia institucional podría derivar en una coordinación indirecta de precios entre actores privados, lo que chocaría con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

En ese marco, la asesoría legal fue contundente: publicar un precio, bajo cualquier denominación, podría interpretarse como una práctica restrictiva equivalente a “concertar directa o indirectamente el precio de venta o compra”.

El dictamen se apoya en el cambio de rol del INYM. Tras el DNU 70/2023, el organismo dejó de tener como objetivo la “sustentabilidad de la cadena” y pasó a enfocarse en “proteger el carácter competitivo de la industria”, eliminando además la facultad de acordar precios entre los distintos sectores.

Esto implica que cualquier intento de reconstruir mecanismos de referencia -aunque sean informativos- podría exceder las funciones actuales del Instituto.

Otro de los argumentos del dictamen apunta a desarmar la comparación con otros mercados. Según el texto, las referencias de precios en granos o hacienda (como las de la Bolsa de Comercio o mercados ganaderos) no son fijaciones institucionales, sino simples publicaciones de operaciones ya realizadas entre privados.

En cambio, si el INYM difundiera un precio, aun como promedio o referencia, estaría emitiendo una señal institucional con capacidad de influir en la formación de precios, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

El dictamen también advierte sobre las consecuencias de avanzar en ese camino:

  • Posibles sanciones por violación de la Ley de Defensa de la Competencia
  • Riesgo de impugnación y nulidad del acto administrativo
  • Eventuales observaciones de la Secretaría de Agricultura de la Nación, bajo cuya órbita funciona el INYM

Incluso la publicación de costos de producción es puesta en discusión. El dictamen señala que determinar un único costo promedio podría distorsionar el mercado, ya que no refleja la heterogeneidad productiva del sector (tecnología, escala, logística, mano de obra).

La posición de Misiones

Hace apenas un mes, Maciel había formalizado el planteo mediante una nota dirigida al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, en la que solicitaba avanzar en la construcción de una “pizarra” de precios para la hoja verde y la yerba canchada antes del inicio de la cosecha.

El documento, fechado el 12 de febrero en Posadas, partía de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del mercado tras la desregulación. Allí, el funcionario reconocía que el INYM ya no cuenta con herramientas para fijar precios obligatorios, pero advertía sobre las consecuencias que esa pérdida tuvo en las últimas campañas.

“No hace falta redundar en la pérdida de facultades para fijar precios, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que esa decisión generó en el sector productivo primario”, señalaba.

El eje central del planteo de Misiones giró en torno a la estructura del negocio yerbatero, caracterizada como un mercado “oligopsónico”, donde pocos compradores concentran la demanda y tienen capacidad para incidir en los valores que perciben los productores.

La advertencia apuntaba a una asimetría estructural: unos 12.500 productores frente a un número reducido de molinos. En ese contexto, sin precios de referencia ni herramientas regulatorias, el eslabón primario queda sujeto a negociaciones individuales, con fuerte dispersión de valores.

“El libre mercado no existe o es injusto en este escenario”, sostenía el documento, al tiempo que reclamaba información oficial que contemple costos de mano de obra, energía, combustibles y fertilizantes, además de un margen mínimo de rentabilidad.

La discusión no es teórica. Hoy el mercado está pagando alrededor de 220 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo de los costos estimados por el sector productivo y lo que empiezan a pagar a sus asociados las cooperativas, como Las Tunas -380 pesos- o Piporé -450-.

Distintos trabajos técnicos indican que el costo de producción para un yerbal de alto rendimiento ronda los 391,2 pesos por kilo. Si se incorpora una rentabilidad mínima del 30%, el precio debería ubicarse en torno a los 508,56 pesos.

La brecha es significativa y, según advierten los productores, se amplifica en explotaciones de menor escala, donde los costos son aún más elevados por menor productividad.

Un conflicto que excede lo productivo

El planteo de Maciel introducía una definición que atraviesa el actual conflicto: “La yerba mate no está en crisis; lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

La negativa del INYM a establecer siquiera una referencia de precios deja al descubierto el cambio de paradigma tras la desregulación nacional: de un esquema con intervención estatal a uno donde predomina la lógica de mercado, en un sector históricamente regulado.

Mientras la industria sostiene que el mercado debe autorregularse, el sector productivo y el Gobierno de Misiones insisten en la necesidad de mecanismos que compensen las asimetrías y eviten una mayor concentración.

Con la zafra 2026 a punto de comenzar, la decisión del Directorio implica que la actividad se desarrollará sin precios orientativos oficiales, en un contexto de alta volatilidad y tensión en la cadena.

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Las Tunas busca sostener a 380 el kilo de hoja verde pese a la crisis del sector yerbatero

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La cooperativa yerbatera Las Tunas queda en el centro de una discusión que atraviesa a toda la cadena: cómo sostener el precio al productor en un mercado que empuja hacia abajo.

En ese marco, su gerente, José Luis “Joselo” Semienchuk, planteó en una entrevista con Economis una decisión que no es menor: intentar mantener los $380 por kilo de hoja verde en el inicio de la cosecha, aun cuando el resto del mercado paga menos.

El dato, más que técnico, es político dentro del sector: ¿puede una cooperativa sostener un precio de referencia sin quedar fuera de competencia?

Sostener el precio en un mercado que presiona a la baja

La definición surge de una reunión interna reciente del consejo de la cooperativa. Allí, según explicó Semienchuk, no hubo una resolución cerrada, pero sí una tensión clara: mantener los $380 aunque eso implica perder competitividad en góndola.

“El problema es que nosotros estamos pagando trescientos ochenta y casi nadie en la provincia ni en el país está pagando ese precio. Entonces se nos complica con el producto final”, advirtió. La ecuación es directa: materia prima cara, paquete que no se puede encarecer y consumidores que migran al precio más bajo.

Ese desfasaje, explicó, se agrava en un contexto donde “todos los otros insumos están subiendo”, desde energía hasta combustible, mientras la hoja verde se abarata a modo de fusible. El resultado es un sistema invertido donde el productor cobra menos y la estructura de costos sube.

Cooperativismo en tensión: entre el socio y el mercado

El planteo abre una discusión más profunda sobre el rol de las cooperativas en el esquema actual. Semienchuk fue explícito: “La cooperativa es del socio, él es el que tiene que poner el precio”, pero al mismo tiempo reconoció que muchas entidades no sostienen valores altos.

“Allí está la contradicción: hablamos de fijar referencia, pero terminamos tirando el precio para abajo”, señaló. Reconoció que otras cooperativas pagaron la cosecha anterior $380 la hoja verde a sus socios, pero ahora bajaron el precio y se han observado ofertas de $230 a 240 por kilo, cuando los costos de producción han subido.

La situación no es menor. En su diagnóstico, si las cooperativas actuaran coordinadamente podrían establecer un piso distinto. Sin embargo, describió un escenario fragmentado donde incluso entidades venden materia prima a grandes actores, debilitando la lógica cooperativa.

Costos, sobreoferta y una economía que no cierra

El trasfondo es productivo, pero también estructural. Semienchuk confirmó la existencia de sobreoferta: “Hay yerba suficiente”, afirmó, tanto en planta como en stock, lo que presiona aún más los precios.

En paralelo, la alternativa de vender yerba canchada tampoco resulta viable. Según explicó, con una hoja verde a $380, el valor lógico de la canchada debería ser de $1.440, pero el mercado ofrece apenas $800. “Si salimos a vender a ese precio, fundimos la cooperativa”, sintetizó.

Esa distorsión empuja a sostener la molienda propia como única vía para acercarse al costo real, aunque sin margen suficiente.

Competencia externa y cambio de paradigma

Otro eje que introduce tensión es la competencia con productos importados o adaptados a otros mercados. Semienchuk cuestionó que yerbas de estilo uruguayo o brasileño se vendan a valores superiores, mientras la producción local pierde precio.

Pero el punto más relevante es estratégico: la dificultad para insertar el producto en el mundo bajo el formato tradicional. “El mate no siempre entra en otros países”, reconoció, y valoró los intentos de exportar en otros formatos, como bebidas, alimentos o incluso como infusión o mate cocido. Destacó el paso que dio la cooperativa de Dos de Mayo llevando yerba para infusión a China y dijo que es un inicio para ingresar al mercado y que a largo plazo podríamos pensar en llevar el mate

En esa línea, dejó una definición que interpela al sector: “Muchas veces queremos imponer el mate, pero el mercado internacional no consume así”. El productor es consiente que podemos vender más yerba al extranjero, pero hay que abrir el juego a otras presentaciones que sean pensadas en la demanda de los nuevos consumidores y no solo en el mate tradicional.

Escala, estructura y límites del modelo

Las limitaciones también son internas. La cooperativa trabaja con pequeños productores —unos 84 socios, de los cuales cerca de 40 son activos— y un volumen que ronda entre 1,3 y 1,4 millones de kilos anuales. Esa escala condiciona cualquier estrategia.

“No tenemos espalda para comprar más hoja verde”, explicó, y anticipó una decisión defensiva: sostener el precio actual, pero sin incorporar nuevos proveedores. “Vamos a mantenernos con lo que estamos”, dijo.

Un equilibrio inestable

La posición de Las Tunas expone una tensión que excede a una sola cooperativa. Sostener precios más altos protege al productor, pero puede dejar fuera del mercado. Bajar precios permite competir, pero deteriora la base productiva.

En el medio, el sistema yerbatero enfrenta una discusión que aún no encuentra síntesis: cómo equilibrar mercado, rentabilidad y sostenibilidad en un contexto donde la oferta sobra, los costos suben y las reglas no parecen alinearse.

El inicio de la cosecha será el primer test. Y también un indicador de hasta dónde el sector puede sostener sus propias referencias sin romper su equilibrio interno.

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Yerba mate: el Gobierno analiza financiamiento y cambios de fondo para recomponer la cadena

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Apenas unas horas después de que Omar Kassab sacudiera el mercado con la promesa de pagar 350 pesos por kilo de hoja verde, el Gobierno provincial recibió a referentes de cooperativas de Andresito para analizar la situación del mercado y evaluar posibles medidas para mejorar el valor de la materia prima y la sustentabilidad de la cadena. Los productores pidieron repetir el esquema de financiamiento que se utilizó el año pasado para evitar descuentos de cheques a largo plazo y cobrar al valor nominal. El planteo será analizado, según confiaron en el Gobierno. Pero además, apareció una propuesta alternativa que implicaría una revalorización de la yerba mate, a través de una distinción entre el producto “puro” y el compuesto. Para eso, se trabajará en una modificación del Código Alimentario Argentino y también en normativas provinciales. 

En un contexto de fuerte tensión en la cadena yerbatera, productores, cooperativas, molinos y funcionarios del Gobierno de Misiones mantuvieron una reunión clave en el ministerio de Hacienda para analizar la situación de precios de la hoja verde y delinear herramientas que permitan mejorar el valor de la materia prima. Del encuentro participaron el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el jefe de Gabinete, Carlos Sartori, y el ministro del Agro, Facundo Sartori, junto a referentes del sector productivo, entre los que estaban Mauricio Bogado, Juan Carlos Amann, Sergio Freiberger y Hugo Krawzuk por la Cooperativa Andresito; Iván Rafael Zagurak y Cristian Freiberger por la Cooperativa Verde; Mariela Pettersson en representación de la Cooperativa Unión; y Carlos Bruera, de Bruera Hermanos, además del intendente Bruno Beck, entre otros. 

El eje del encuentro fue la necesidad de recuperar rentabilidad en la actividad, en un escenario atravesado por la desregulación del mercado y la ausencia de precios oficiales fijados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Uno de los planteos principales de los productores fue la necesidad de herramientas financieras que permitan sostener la cosecha sin convalidar precios bajos. En ese sentido, Safrán explicó que el sector productivo solicitó avanzar en mecanismos de descuento de cheques y facturas, tanto con entidades bancarias como no bancarias, con el objetivo de generar liquidez en plena zafra.

“Pidieron volver a la operatoria de descuento de cheques y agregar el descuento de facturas, para dar liquidez a la cosecha pero con precios mínimos de referencia”, señaló el ministro.

La propuesta busca recrear esquemas utilizados en otros momentos del sector, donde el acceso al financiamiento estaba atado al cumplimiento de determinados valores de compra de la hoja verde, evitando así la presión a la baja sobre los precios.

El “efecto Kassab”

En paralelo, el mercado comenzó a mostrar señales de reacción tras el anuncio del empresario Omar Kassab, quien comunicó la decisión de pagar $350 por kilo de hoja verde.

Según Safrán, la medida tuvo un impacto inmediato: “El comunicado de Omar Kassab de salir a comprar a $350 revolucionó el mercado. Ya hay secaderos y molinos que están reformulando sus precios hacia arriba desde ayer”.

Este movimiento aparece como un punto de inflexión en el inicio de la zafra, marcando una referencia que podría empujar al alza al resto de los actores industriales.

Otro de los ejes estratégicos abordados fue la elaboración de un proyecto para modificar el Código Alimentario Argentino, con el objetivo de diferenciar claramente la yerba mate pura de la denominada “yerba mate compuesta”.

“La idea es que la yerba mate compuesta no se llame yerba mate, tenga otra denominación, porque tiene 80% de otros productos y solo 20% de yerba”, explicó el jefe de Gabinete, Carlos Sartori.

Sartori remarcó la necesidad de avanzar en esta diferenciación normativa: “Trabajar en una ley que distinga la yerba mate de la yerba compuesta, que tiene apenas un 20% de materia prima y el resto son derivados”.

Sin embargo, el jefe de Gabinete introdujo una aclaración clave sobre la viabilidad del proceso: “Habría que trabajar con una ley nacional y una ley provincial, obviamente, pero en principio estaríamos trabajando con el Ministerio de Salud en todas las cuestiones relacionadas en el área de sanidad y salud, y desde ahí avanzar en la norma”.

El planteo abre una doble vía: por un lado, una estrategia legislativa de mayor alcance, y por otro, un abordaje inicial desde lo sanitario y regulatorio que permita avanzar más rápidamente en la diferenciación del producto.

Desde el sector productivo destacaron el valor del encuentro, no solo por los temas abordados sino por la confluencia de actores que históricamente no venían trabajando en conjunto.

Mauricio Bogado, uno de los organizadores, subrayó que “fue una reunión muy fructífera, donde se unificó el pensamiento de los distintos sectores cooperativos, privados y molinos”.

Entre los puntos destacados, mencionó:

  • La necesidad de financiar cheques diferidos con tasas subsidiadas
  • La construcción de un precio de referencia para la hoja verde
  • El acceso a líneas de crédito para mejoras productivas y energéticas, como la incorporación de paneles solares
  • La articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para potenciar inversiones y abrir nuevos mercados

Además, se valoró especialmente el hecho de haber logrado reunir a todos los sectores de Andresito, en un contexto previo de fragmentación interna.

Durante la reunión también se presentaron herramientas para reducir costos estructurales. Entre ellas, líneas de financiamiento vinculadas a la denominada “línea verde” del CFI, que permiten invertir en eficiencia energética.

Según detalló Sartori, estas iniciativas apuntan a disminuir el costo de producción mediante la incorporación de tecnologías como paneles solares, un factor clave para mejorar la competitividad del sector.

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La FARM respalda con matices al precio de referencia para la yerba mate

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La discusión por la implementación de un precio de referencia para la hoja verde de yerba mate suma apoyos, pero también diferencias de enfoque dentro de la cadena productiva. La Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) expresó su acompañamiento a la iniciativa impulsada desde el Gobierno provincial y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), aunque planteó la necesidad de incorporar herramientas que aporten mayor transparencia al mercado.

Desde la entidad, el dirigente Darío Bruera confirmó que el sector ve con buenos ojos la creación de un esquema orientativo de precios, pero con una lógica distinta a la propuesta oficial. “Se está hablando de hacer una pizarra de precios, nosotros acompañamos esa moción. Esta iniciativa salió del seno del directorio del INYM y nosotros acompañamos”, explicó.

Sin embargo, la FARM considera que ese mecanismo debería ir más allá de un valor promedio y transformarse en un sistema dinámico de información. La propuesta apunta a que exista un “tablero” que permita conocer en tiempo real cuánto está pagando la industria en cada zona productiva, de modo que el productor pueda tomar decisiones comerciales con mayor libertad.

“Esa pizarra se haría con los valores que surjan de las operaciones de las distintas zonas. No es que fijamos nosotros. Es publicar los valores que ponen las empresas en diferentes zonas. Entonces el productor cuando va a vender sabe que “acá está tanto y allá está tanto”. Los valores de referencia no son fijados arbitrariamente, sino que son los valores que se toman del mercado”, precisó Bruera en diálogo con Economis. 

No es la misma posición que tiene el Gobierno, que ya discutió el tema con la industria y sugirió adaptar un tablero de control de la propia industria y trabajar con un precio de referencia. 

La postura de la FARM introduce un matiz clave respecto de la visión del Gobierno de Misiones y de parte del directorio del INYM. Según explicó Ricardo Maciel, representante de la provincia en el organismo, la intención oficial es avanzar en la definición de un precio promedio de referencia basado en los costos de producción.

“Está muy bueno poder, junto con el precio referencial, saber qué industria se aproxima a ese valor”, planteó Maciel, al destacar la importancia de transparentar las diferencias territoriales en los precios efectivamente pagados.

“La idea es tener un precio de referencia promedio para toda la zona y, a partir de allí, hacer un seguimiento para ver qué se está pagando en cada región y si está cerca o lejos de ese valor”, señaló.

En este esquema, el precio no sería obligatorio, sino una guía para ordenar el mercado y aportar previsibilidad. La herramienta buscaría evitar distorsiones, mejorar la transparencia y ofrecer una referencia clara tanto para productores como para industriales.

No obstante, dentro del propio INYM existen resistencias. Según trascendió, tanto el presidente del organismo como sectores de la industria plantearon objeciones, incluso con la elaboración de un dictamen jurídico que cuestionaría la viabilidad del mecanismo.

A pesar de ello, desde el sector que impulsa la iniciativa remarcan que se trata de un precio “no vinculante”, lo que habilitaría su implementación como herramienta informativa y sin contradecir el DNU presidencial, que suprimió la posibilidad de fijar un precio. Ahora sería una sugerencia no vinculante. 

“Es un precio referencial a partir de un costo estimado, y a partir de allí cada uno toma el valor que surja”, explicaron.

El eje de la discusión, entonces, no pasa por la necesidad de ordenar el mercado -consenso que parece generalizado-, incluso por sectores afines a la desregulación, sino por el instrumento a utilizar.

Mientras el Gobierno y parte del INYM apuntan a un valor promedio que sirva como referencia general, la FARM propone un sistema de monitoreo territorial que exponga el comportamiento real de la industria.

La definición de este esquema será clave en un contexto de alta tensión en la cadena yerbatera, donde los precios de la materia prima, la rentabilidad del productor y la capacidad de pago de la industria siguen siendo variables en disputa.

Hoy, los valores que comienzan a circular -entre $210 y $240 por kilo de hoja verde, según condiciones de pago- no logran conformar a nadie. “Esos 240 pesos nos quedan caros a la industria para pagar y al productor tampoco le sirve. Es malo para toda la cadena”, sintetizó el dueño de una de las principales yerbateras. La frase resume con crudeza el momento: no hay precio de equilibrio.

El contraste con años recientes evidencia un deterioro progresivo. En abril de 2024, en el primer ciclo sin precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei, el mercado operó con referencias de entre $290 y $370 por kilo, aunque con fuerte tensión frente a productores que reclamaban cifras mucho más altas. En 2025, los valores se estabilizaron en torno a los $300, todavía lejos de las expectativas del sector primario. En comparación con 2024, los valores ofrecidos ahora son 35 por ciento más bajos, mientras que la inflación fue de 270 por ciento desde que asumió Milei.

La discusión continuará en el directorio del INYM la semana próxima, donde se buscará avanzar -o no- en un consenso que permita implementar algún tipo de referencia que ordene el mercado sin generar nuevas distorsiones.

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