Precio hoja verde

La Soberana, otra yerba que nace al calor de la crisis

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En medio de la crisis que atraviesa la cadena yerbatera por la desregulación del mercado y la caída del precio de la hoja verde, más de 200 pequeños productores de Misiones nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) y comunidades de pueblos originarios lanzaron “La Soberana”, una nueva marca de yerba mate con la que buscan garantizar un precio justo para los colonos, evitar el quebranto productivo y sostener el trabajo rural.

La iniciativa surge como respuesta directa al deterioro del sector primario tras la pérdida de poder regulador del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en un contexto donde los productores denuncian que los valores actuales no alcanzan siquiera para cubrir los costos de producción y donde la cosecha, lejos de generar rentabilidad, implica trabajar a pérdida.

El proyecto fue impulsado por la UTT junto a Productores Independientes de Piray (PIP) y otras organizaciones territoriales, con el objetivo de avanzar hacia una integración más directa en la cadena comercial, reduciendo intermediarios y fortaleciendo el modelo asociativo.

Una de las referentes del proceso es Miriam Pena, productora misionera e integrante de PIP, quien explicó que el principal objetivo es “que haya un precio justo para los productores, los tareferos y todos los servicios que rodean a esta economía”, en referencia a una actividad que moviliza miles de familias en la provincia.

De la protesta a la marca propia

La crisis del sector no solo derivó en tractorazos, protestas y reclamos por mejores precios en distintos puntos de Misiones. También empujó a los productores a buscar alternativas propias para sostener la actividad.

“Se está pagando muy poco la hoja verde y se está esclavizando la mano de obra. Eso es lo que buscamos cambiar con La Soberana”, resumió Pena, al explicar el espíritu del proyecto.

Hace dos años, los socios comenzaron a trabajar en conjunto. En la primera cosecha lograron reunir 17.000 kilos de yerba mate; actualmente ya alcanzan los 23.000 kilos, que fueron industrializados gracias a un acuerdo con el secadero Pérez Hermanos, de San Pedro.

Ese volumen permitió avanzar en el envasado y la distribución inicial de la nueva marca, que ya comenzó a presentarse en distintos espacios de alto valor simbólico y comercial.

Uno de los primeros desembarcos fue en La Plata, durante la inauguración del Centro Cultural Amaranto, donde se distribuyeron los primeros paquetes y se organizó una gran mateada. Luego, la marca llegó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de un trabajo conjunto que sostienen desde hace tiempo con esa casa de estudios.

Una respuesta al derrumbe de precios

El trasfondo económico es contundente. Tras casi dos años sin precios de referencia oficiales, los productores denuncian una fuerte pérdida de rentabilidad y una creciente concentración en favor de grandes actores industriales.

Según los testimonios recogidos en el lanzamiento, el precio que hoy ofrece buena parte del sector molinero ronda los 160 pesos por kilo de hoja verde, un valor muy por debajo de los costos reales de producción. Frente a eso, La Soberana busca construir una alternativa comercial que mejore la retribución al productor y fortalezca el arraigo rural.

La experiencia también pone en discusión el modelo de comercialización tradicional y revaloriza el esquema cooperativo como herramienta de defensa económica.

“Nos costó mucho, pero nos da la certeza de que vamos por el camino correcto y eso nos fortalece mucho. Estamos muy felices”, sostuvo Pena.

Más que yerba: un modelo de soberanía alimentaria

El objetivo no termina en la yerba mate. Los productores ya proyectan extender la marca “La Soberana” a otros alimentos que forman parte de su red productiva, como harinas, panificados y conservas.

Además, el acuerdo con el secadero prevé al menos dos años de producción asegurada, mientras avanzan en la incorporación de nuevos asociados y en la consolidación de una red comercial más estable.

Para los impulsores, la experiencia representa mucho más que una marca: es una estrategia de supervivencia económica y una apuesta política por la soberanía alimentaria.

“Es muy triste lo que está pasando y genera mucha bronca, pero el camino es trabajar en conjunto, de manera organizada y comprometida. Así el sector le va a ir encontrando la vuelta. No todo está perdido”, concluyó la referente.

En un escenario donde la crisis yerbatera sigue profundizando tensiones entre productores, secaderos, molinos y exportadores, La Soberana aparece como una señal de resistencia desde la base productiva: una marca nacida en la chacra para disputar precio, mercado y futuro.

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Correa niega una crisis en la yerba y defiende la desregulación: “Hay un cambio de modelo”

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En medio de un escenario de protestas, reclamos por precios y advertencias de una “crisis terminal” en el sector yerbatero, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, trazó una lectura diametralmente distinta: negó que se trate de una crisis estructural y sostuvo que la actividad atraviesa una transición derivada de la desregulación.

“Hay un cambio de modelo (…) la desregulación trajo buenas noticias, como por ejemplo, el frente exportadores creció, tuvo récord, el consumo interno se estabilizó (…) pero hay variables que se están corrigiendo”, señaló en una entrevista concedida a Radio Rivadavia. Sin embargo, los datos no convalidan esa tesis. Si bien hubo un récord de exportaciones, el consumo interno está por debajo de 2023, el último año con el mercado regulado, que cerró con 285.430.373 de kilos, el volumen más alto de la historia. El año pasado se vendieron en el mercado interno 266 millones de kilos. 

Lejos de convalidar el diagnóstico de los productores, Correa encuadró el momento actual como un proceso de ajuste tras años de intervención estatal.

El funcionario apuntó directamente al esquema previo de regulación de precios como origen de los desequilibrios actuales.

“Venimos de un proceso de intervención estatal (…) donde el Estado intervenía mediante la fijación de un precio. Eso trajo a colación que muchos oportunistas se metieran en el rubro porque el Estado les garantizaba una rentabilidad”, argumentó.

Según su mirada, esa lógica distorsionó el mercado. “Eso benefició a algunos y a la gran mayoría de los argentinos le trajo un perjuicio, sobre todo al productor genuino (…) porque eso trajo sobreproducción de yerba mate”.

Correa detalló que “del 2016 al 2025 crecieron casi un 40% de las superficies implantadas de yerba mate. Eso denota el oportunismo”. Ante esa expansión el INYM había emitido la resolución 170, que limitaba las nuevas plantaciones a cinco hectáreas por productor, pero las grandes industrias, de Corrientes y de Misiones lograron que la Justicia frene esa medida. 

Correa en cambio, sin identificar actores puntuales, remarcó que las nuevas plantaciones pertenecen a “nuevos jugadores” atraídos por un negocio con rentabilidad asegurada.

Correa defendió el nuevo esquema sin intervención estatal, donde los valores se determinan entre privados. “Estamos en un modelo que se rige por oferta y demanda y ahí se establecen los precios”, resaltó en defensa del DNU presidencial que provocó un desplome del valor de la hoja verde, que se paga hoy menos que hace dos años. 

Y fue enfático respecto al rol del organismo: “EI Instituto hoy no cuenta con facultades para intervenir en los precios (…) y yo como representante del Ejecutivo nacional apoyo esa idea”.

Para el titular del INYM, la caída del precio de la hoja verde responde a un reacomodamiento tras la sobreoferta generada en años previos.

Cuando las cosas iban bien, no se quejaron y hoy día (…) al establecer los precios entre privados hay resistencia y la distribución se modificó”, remarcó. 

En respuesta a los reclamos de los sectores productivos, Correa también relativizó la dimensión del universo afectado. “Tenemos registrados productores por 14.200, pero en los últimos 6 años entregaron hoja verde 9.200 (…) pequeños productores no tenemos más de 5.000”, criticó. 

“Cuando digo pequeños productores, digo productores que van de 5 hasta 10 hectáreas (…) y hasta 15 hectáreas”, diferenció. 

En línea con la política de desregulación que emana del Gobierno, el presidente del INYM planteó que la solución pasa por expandir el consumo. “La solución acá es trabajar en la demanda de producto, es aumentar la demanda”.

Y vinculó directamente la desregulación con un cambio en la estructura comercial. “Históricamente las exportaciones representaban un 10% (…) hoy representan cercano al 20% a dos años de implementación”.

“Eso nos está mostrando el camino por donde debemos encauzar esta situación”, aseguró. Sin embargo, las principales industrias advierten que el aumento de las exportaciones no es sinónimo de rentabilidad, afectada por la suba de tarifas y el combustible. De hecho, Argentina exporta a un valor menor por tonelada que Brasil, el principal competidor global.  

Correa planteó que el futuro del sector no pasa sólo por el consumo tradicional, sino que “tenemos que ir detrás de las necesidades del mundo y abrir otros rubros como el energizante, cosmético, farmacéutico”.

En paralelo, propuso una transformación del rol del productor que “tiene que integrar todo el ciclo productivo y eso se está dando con pequeñas marcas”.

Sobre el debate por los costos, cuestionó los esquemas homogéneos: “Hay una resolución (…) que establece una única modal productiva y eso es lo que nos oponemos (…) debería haber tantas modalidades productivas como productores haya”.

Para Correa, la eficiencia individual será clave en los nuevos tiempos de la yerba. “Va a depender el costo real de cuán eficiente es cada productor”.

Finalmente, el titular del INYM dejó en claro que no espera soluciones inmediatas: “Acá no hay soluciones de la noche a la mañana. Acá es trabajo y tenemos que incrementar la demanda”.

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Gustavo Quatrin, CEO de Playadito sobre el precio de la yerba: “Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”

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En la reunión de la mesa yerbatera realizada el 23 de abril en el Ministerio del Agro de Misiones, Gustavo Andrés Quatrin -gerente de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, con su marca Playadito- no pasó desapercibido: es quien conduce la asociación con el rigor de una empresa que hoy lidera el mercado interno con 56,7 millones de kilos vendidos en 2025.

Tras la reunión habló con Economis y marcó un punto de inflexión en el tono del debate. “Somos conscientes de los bajos precios que hoy tiene la producción”, reconoció. “Sabemos que los precios están lejos de lo que hoy desearían los productores y no solo desean, sino que necesitan”.

Sin embargo, al mismo tiempo, defendió la posición de la industria que tiene otros problemas, asociados a los costos y la rentabilidad, “Podemos tener las mejores normativas, pero si no tenemos consumo, no podemos transformar absolutamente nada”, afirmó, en una definición que corre el foco desde la regulación hacia la dinámica del mercado.

Tras más de una década de precios altos, el sector enfrenta ahora un escenario inverso: mayor producción, aumento de stocks y presión a la baja en los valores de la hoja verde. El gerente explicó que el problema central es la sobreoferta acumulada tras años de expansión productiva. “Hay un potencial de producción que supera la demanda en un momento determinado y eso lleva a la situación de precios actual”, sostuvo.

Incluso con un aumento del 37% en las exportaciones, el sistema no logró absorber el excedente. “Los stocks no bajaron, sino que subieron ligeramente”, detalló. Esa afirmación desarma una de las expectativas del sector: que el crecimiento externo pudiera compensar la presión interna por los precios.

En ese contexto, el precio se convierte en la variable de ajuste. Y la explicación que ofrece Quatrin es directa: “Cualquier número superior a cero es mejor que no vender”. Esa dinámica, que antes jugaba a favor del productor -cuando retenía stock esperando mejores precios- ahora opera en sentido inverso.

El cambio coincide con el nuevo esquema del Gobierno nacional desde diciembre de 2023, que modificó las reglas del negocio yerbatero. Sin intervención directa en precios, el mercado quedó expuesto a su propia dinámica. El resultado: una competencia más agresiva y una pérdida de referencia para toda la cadena.

Una cadena tensionada desde adentro

El posicionamiento de Quatrin tiene un peso específico: proviene de una cooperativa que no solo lidera ventas, sino que articula con productores y secaderos desde hace más de 20 años. Por eso, su advertencia evita confrontaciones y apunta a sostener el entramado.

Lo peor que nos puede pasar es pelearnos entre productores y secaderos industriales”, señaló, en un intento por desactivar tensiones en un momento crítico. Los propios productores le reconocen que son la empresa que mejor paga por la yerba canchada a un precio de 1160 pesos el kilo, cuando las demás están pagando por debajo de los 900 pesos.

Sin embargo, también dejó en claro los límites de la industria para recomponer precios. Recordó que la empresa aplicó una baja del 20% cuando sus despachos cayeron “casi a la mitad” en abril de 2024, y que desde entonces no logró recuperar ese nivel de precios, aunque lidera el mercado.

Esa señal impacta en toda la cadena productiva. Si la empresa con mayor espalda financiera y volumen no logra trasladar mejoras, el resto del sector queda condicionado. En especial los productores primarios, que dependen directamente del precio de la hoja.

Aun así, anunció un movimiento reciente: “Hemos hecho un aumento de un 5% para la materia prima y acortamos en 30 días los plazos de pago”. Es un gesto que busca recomponer parcialmente el ingreso del productor, pero también funciona como test para medir la reacción del mercado.

Consumo estancado y exportaciones insuficientes

Otro eje central de su análisis fue el comportamiento del consumo. Quatrin lo definió como estructuralmente limitado: “La demanda es inelástica”. Es decir, aunque bajen los precios, el volumen consumido no crece de manera significativa.

En paralelo, el ingreso de productos importados con mayor precio en góndola agrega una distorsión adicional. No compiten directamente en formato, pero sí en percepción de valor, tensionando la lógica del mercado local.

El gerente, además, relativizó el impacto del mercado externo. “El crecimiento de las exportaciones no supera el 2% del total en cantidad (del volumen comercializado por su empresa”, explicó, pese a que la cooperativa exporta a más de 20 países.

Incluso en mercados grandes, como China, el desafío es cultural. “Lograr que el mundo incorpore una infusión nueva es una tarea compleja, de altísimo costo”, sostuvo. Explicó que desde la cooperativa están trabajando en ese mercado hace 10 años y aun así el volumen comercializado en el 2025 fue de 60 mil kilos y es solamente hoja, porque se exporta para infusionar con formato de tés.

Además, Quatrin fue claro al explicar que el aumento de exportaciones se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks que han acumulado las empresas no bajaron y eso sigue condicionando los valores.

Esa combinación -consumo interno estable y exportaciones limitadas- refuerza la presión sobre los precios locales y deja a la cadena sin una válvula de escape inmediata.

Quatrin deja entrever un cambio más profundo: el sector yerbatero atraviesa una transición donde las herramientas tradicionales ya no alcanzan y el mercado aún no encuentra equilibrio.

El gerente lo resumió con una frase que busca ordenar el debate sin personalizar responsabilidades: “Éramos los mismos cuando los precios eran espectaculares. Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”.

Esa lectura introduce una variable incómoda: el problema no responde a decisiones aisladas, sino a ciclos productivos y expectativas acumuladas.

Hacia adelante, la expectativa es moderada. “Esperemos que hayamos tocado los pisos de precio”, expresó. Pero la definición no es categórica. Dependerá de cómo evolucione la reposición, el nivel de stocks y la capacidad del mercado para absorber la producción.

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Misiones retoma la mesa yerbatera en busca de un acuerdo de precios en un mercado sin regulación

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El Gobierno de Misiones reunió este jueves en Posadas a productores, cooperativas, secaderos e industrias yerbateras en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio del Agro y la Producción, con un objetivo: destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario. Según lo expuesto en la reunión, el valor actual de la hoja verde se ubica alrededor de un 50% por debajo de los costos, lo que implica una pérdida de rentabilidad cercana al 70% para los productores.

El sector ya no cuenta con la herramienta que permitía fijar precios mínimos -atribución que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)– y la provincia solo puede tomar un rol de mediación. Pero el dato es que la Industria acudió casi en pleno y escuchó y expuso su posición en un diálogo abierto aunque no exento de tensión con los productores.

Durante el encuentro, los productores plantearon la necesidad de contar con precios de referencia que otorguen previsibilidad a la actividad, mientras que los representantes de los trabajadores rurales expusieron la compleja situación que atraviesa el sector, señalando el impacto directo de la desregulación sobre sus condiciones laborales y de ingresos. Se compartió un diagnóstico generalizado sobre las dificultades que atraviesan especialmente los sectores primarios de la cadena.

Los representantes de la industria misionera manifestaron su disposición a trasladar el planteo a sus respectivas cámaras y federaciones, con el objetivo de avanzar en una propuesta concreta que permita ordenar la discusión de precios. Desde el sector industrial con presencia en Corrientes -particularmente de la cooperativa de Colonia Liebig- se expusieron los valores actualmente abonados por la materia prima, destacando el vínculo con productores misioneros y reconociendo que la situación responde a múltiples factores que inciden sobre la rentabilidad del sector.

Del precio regulado a la negociación entre privados

El ministro del Agro, Facundo Sartori, explicitó en dialogo con Economis ese límite: la provincia no fija precios, pero intenta ordenar el conflicto. “Hoy los valores que se están pagando no cubren los costos”, advirtió, al tiempo que describió un mercado con fuerte asimetría: muchos productores frente a pocos molinos que concentran la capacidad de fijación de precios.

La dinámica actual, según se planteó, responde a un cambio estructural. La oferta de materia prima creció en los últimos años, mientras la demanda no acompañó en igual proporción. Esa combinación, en un esquema sin precios sostén, presiona a la baja el valor de la hoja verde.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tiene antecedentes previos a la creación del INYM, y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector. Asimismo, advirtió que los períodos de libre mercado han sido históricamente los más adversos para el conjunto de los actores de la cadena.

Desde la industria, el diagnóstico no difiere en lo general, aunque incluye sus propios problemas. Gustavo Quatrin, de la Cooperativa Liebig, señaló a Economis que el aumento de exportaciones -que llegó a crecer un 37% interanual- se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks no bajaron y eso sigue condicionando los valores.

Qué se discute: precios, plazos y poder de mercado

El eje concreto de la negociación pasa por el precio de la materia prima y las condiciones de pago. La cooperativa Liebig anunció un incremento del 5% en los valores que paga por hoja verde y una reducción en el plazo de pago de 30 días, movimiento que fue leído por el Gobierno como un gesto inicial, aunque insuficiente.

Los productores cuestionaron que los precios actuales que ofrece la industria están entre 180 y 250 pesos por kilo, valores que, según afirmaron, no solo eliminan margen sino que generan pérdidas. “Cosechar es entrar en deuda”, sintetizó uno de los referentes.

La posibilidad de medidas de fuerza sigue latente. Algunos sectores ya evalúan sostener la no cosecha e incluso avanzar en cortes para interrumpir la circulación de materia prima, aunque la mayoría pretende seguir el camino de la negociación y el Gobierno busca evitar mediante la mediación. El dato político es que la Industria se sentó a la mesa y sus representantes no bloquearon la discusión. La producción, incluso los más exaltados, también mantuvo una posición negociadora.

El diagnóstico industrial hizo foco en otro dato: el mercado interno mantiene una demanda relativamente estable -definida como inelástica-, lo que limita la capacidad de absorber mayores volúmenes incluso con precios más bajos.

Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado externo enfrenta barreras culturales y de escala. Quatrin explicó que la Cooperativa Liebig aunque exporta a más de veinte países, la participación sobre el total sigue siendo marginal, inferior al 2% en volumen. La expansión internacional, entonces, aparece como una estrategia de largo plazo, pero sin capacidad de resolver la sobreoferta inmediata.

El corrimiento del INYM como fijador de precios reconfigura el equilibrio de poder dentro de la cadena. Los molinos basan su capacidad de negociación en un contexto de sobreoferta, mientras los productores quedan están expuestos a la dinámica de mercado.

El Gobierno provincial, sin herramientas regulatorias directas, intenta ocupar un rol de articulador. La mesa de diálogo funciona como espacio de contención institucional, pero su efectividad depende de la voluntad de las partes de ceder posiciones.

La convocatoria a un cuarto intermedio por parte de las cámaras molineras marca el próximo punto de inflexión: deberán definir si avanzan hacia un precio común o sostienen estrategias individuales.

Ingreso rural en riesgo y tensión social

La caída de precios en la hoja verde impacta de forma directa en el ingreso de las familias productoras, que constituyen la base social de la actividad en Misiones. La pérdida de rentabilidad no solo compromete la cosecha actual, sino también la sostenibilidad de las chacras en el mediano plazo.

En paralelo, el encarecimiento del financiamiento -con tasas positivas- limita la capacidad de la industria para sostener stocks y pagar mejores precios, lo que complejiza aún más la ecuación.

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APAM denuncia “destrucción de la familia agraria” y lleva la disputa por el modelo productivo al terreno político

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En el arranque de una nueva zafra, la discusión por el precio de la hoja verde escaló a un conflicto de poder que trasciende lo sectorial. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, acusó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de impulsar, a través de la desregulación del mercado yerbatero, un proceso de “destrucción de la familia agraria”.

Con precios que hoy oscilan entre $180 y $450 por kilo, y un reclamo sectorial que fija en $700 el valor “justo”, los productores no solo cuestionan el esquema económico: preparan una presentación judicial para frenar el decreto que eliminó el marco de negociación institucional. La tensión de fondo es otra: qué modelo productivo va a prevalecer en Misiones y quién define sus reglas.

De la regulación al mercado: el quiebre del esquema de precios

El punto de inflexión que marca APAM es la desarticulación del sistema que permitía acordar precios dentro de un ámbito institucional. Sand explicó a Economis que allí, productores e industria exponían costos y márgenes bajo reglas formales, con intervención estatal en caso de no alcanzar consenso. Ese mecanismo garantizaba, según el sector primario, un valor “sustentable”.

La irrupción del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 modificó ese equilibrio. Sin ese espacio, el precio quedó sujeto a la negociación directa, en un mercado donde la dispersión refleja asimetrías: desde $180 hasta $450 en casos puntuales como el de Piporé, con cooperativas que sostienen valores cercanos a $380 para sus socios.

El impacto económico aparece con cifras concretas. APAM calcula que el primer año de desregulación (2024) implicó una transferencia de $200.000 millones desde los productores hacia la industria, producto de la brecha entre un precio esperado de $500 y uno efectivo cercano a $200. La tendencia, aseguran, se repitió en el segundo año y proyecta continuidad en la zafra que dio inicio.

En ese contexto, Sand remarca que el reclamo de $700 por kilo de hoja verde se apoya en dos variables: la equivalencia histórica de 0,50 dólares y la actualización inflacionaria sobre referencias previas de $500–$510. Incluso los costos de $460 registrados en septiembre pasado ya no se cubren, lo que deja al pequeño productor operando sin margen.

Judicialización y respaldo provincial: la política entra en escena

La novedad no es solo económica. Es institucional. APAM, junto a asociaciones, cooperativas y Fedecoop, avanzó en un pedido formal de apoyo al gobierno provincial para impulsar una acción judicial que declare la inconstitucionalidad del DNU.

El movimiento redefine el conflicto. Ya no se trata únicamente de precios, sino del alcance del poder regulatorio del Estado nacional sobre una economía regional. La provincia, cuya estructura productiva depende en gran medida de la yerba mate, aparece como un actor que podría tensionar ese esquema.

Para los productores, el decreto representa un “avasallamiento” que desarticula un sistema de equilibrio interno. Para el Gobierno nacional, en cambio, forma parte de una lógica de desregulación más amplia. En ese cruce, la Justicia se convierte en el próximo escenario de disputa.

Modelo productivo: agroecología versus concentración

El debate por el precio abre una discusión más profunda. Sand vincula la caída de ingresos con un proceso de descapitalización que, según su lectura, favorece la concentración de tierras y recursos estratégicos como el agua.

En ese marco, cuestiona propuestas que promueven el avance de monocultivos intensivos —como el maíz— en la provincia. Para APAM, ese camino no solo es económicamente inviable para el pequeño productor, sino que implica riesgos ambientales estructurales: erosión del suelo, pérdida de fertilidad y aumento de temperaturas.

La alternativa que plantea Sand para el sector es un modelo agroecológico, adaptado a la lógica de la selva misionera. La propuesta apunta a reinsertar la yerba mate en sistemas con cobertura arbórea, reducir el uso de insumos externos y aprovechar mecanismos biológicos propios del ecosistema.

La discusión, en términos políticos, no es técnica. Es estratégica. Enfrenta un esquema basado en escala, commodities y precios internacionales con otro centrado en producción regional, sustentabilidad y arraigo.

Quién gana y quién pierde

El escenario deja expuestos intereses divergentes. La industria, con mayor capacidad de fijación de precios en un mercado desregulado, aparece como el actor fortalecido. Los pequeños productores, en cambio, enfrentan márgenes negativos y pérdida de capital.

La intervención del gobierno provincial introduce un factor de equilibrio, pero también abre un frente político con la Nación. La judicialización puede alterar la correlación de fuerzas si logra reinstalar un marco regulatorio; de lo contrario, consolidará el esquema actual.

En paralelo, la discusión sobre el modelo productivo suma actores: desde sectores que promueven la diversificación con cultivos intensivos hasta quienes defienden una matriz centrada en la yerba mate.

Un conflicto que redefine la agenda productiva

La ofensiva judicial y el debate sobre el modelo productivo colocan a la yerba mate en el centro de la agenda política de Misiones. No se trata solo de un cultivo, sino de una estructura social y económica que involucra a buena parte de la provincia.

En las próximas semanas, la evolución de la causa judicial y las definiciones políticas marcarán el rumbo. También habrá que observar si el reclamo logra traducirse en medidas concretas o si el mercado termina imponiendo su lógica.

La tensión sigue abierta. Entre regulación y desregulación, entre agroecología y monocultivo, entre producción familiar y concentración, Misiones discute algo más que el precio de la hoja verde. Discute su modelo de desarrollo.

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