Precio hoja verde

Gustavo Quatrin, CEO de Playadito sobre el precio de la yerba: “Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”

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En la reunión de la mesa yerbatera realizada el 23 de abril en el Ministerio del Agro de Misiones, Gustavo Andrés Quatrin -gerente de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, con su marca Playadito- no pasó desapercibido: es quien conduce la asociación con el rigor de una empresa que hoy lidera el mercado interno con 56,7 millones de kilos vendidos en 2025.

Tras la reunión habló con Economis y marcó un punto de inflexión en el tono del debate. “Somos conscientes de los bajos precios que hoy tiene la producción”, reconoció. “Sabemos que los precios están lejos de lo que hoy desearían los productores y no solo desean, sino que necesitan”.

Sin embargo, al mismo tiempo, defendió la posición de la industria que tiene otros problemas, asociados a los costos y la rentabilidad, “Podemos tener las mejores normativas, pero si no tenemos consumo, no podemos transformar absolutamente nada”, afirmó, en una definición que corre el foco desde la regulación hacia la dinámica del mercado.

Tras más de una década de precios altos, el sector enfrenta ahora un escenario inverso: mayor producción, aumento de stocks y presión a la baja en los valores de la hoja verde. El gerente explicó que el problema central es la sobreoferta acumulada tras años de expansión productiva. “Hay un potencial de producción que supera la demanda en un momento determinado y eso lleva a la situación de precios actual”, sostuvo.

Incluso con un aumento del 37% en las exportaciones, el sistema no logró absorber el excedente. “Los stocks no bajaron, sino que subieron ligeramente”, detalló. Esa afirmación desarma una de las expectativas del sector: que el crecimiento externo pudiera compensar la presión interna por los precios.

En ese contexto, el precio se convierte en la variable de ajuste. Y la explicación que ofrece Quatrin es directa: “Cualquier número superior a cero es mejor que no vender”. Esa dinámica, que antes jugaba a favor del productor -cuando retenía stock esperando mejores precios- ahora opera en sentido inverso.

El cambio coincide con el nuevo esquema del Gobierno nacional desde diciembre de 2023, que modificó las reglas del negocio yerbatero. Sin intervención directa en precios, el mercado quedó expuesto a su propia dinámica. El resultado: una competencia más agresiva y una pérdida de referencia para toda la cadena.

Una cadena tensionada desde adentro

El posicionamiento de Quatrin tiene un peso específico: proviene de una cooperativa que no solo lidera ventas, sino que articula con productores y secaderos desde hace más de 20 años. Por eso, su advertencia evita confrontaciones y apunta a sostener el entramado.

Lo peor que nos puede pasar es pelearnos entre productores y secaderos industriales”, señaló, en un intento por desactivar tensiones en un momento crítico. Los propios productores le reconocen que son la empresa que mejor paga por la yerba canchada a un precio de 1160 pesos el kilo, cuando las demás están pagando por debajo de los 900 pesos.

Sin embargo, también dejó en claro los límites de la industria para recomponer precios. Recordó que la empresa aplicó una baja del 20% cuando sus despachos cayeron “casi a la mitad” en abril de 2024, y que desde entonces no logró recuperar ese nivel de precios, aunque lidera el mercado.

Esa señal impacta en toda la cadena productiva. Si la empresa con mayor espalda financiera y volumen no logra trasladar mejoras, el resto del sector queda condicionado. En especial los productores primarios, que dependen directamente del precio de la hoja.

Aun así, anunció un movimiento reciente: “Hemos hecho un aumento de un 5% para la materia prima y acortamos en 30 días los plazos de pago”. Es un gesto que busca recomponer parcialmente el ingreso del productor, pero también funciona como test para medir la reacción del mercado.

Consumo estancado y exportaciones insuficientes

Otro eje central de su análisis fue el comportamiento del consumo. Quatrin lo definió como estructuralmente limitado: “La demanda es inelástica”. Es decir, aunque bajen los precios, el volumen consumido no crece de manera significativa.

En paralelo, el ingreso de productos importados con mayor precio en góndola agrega una distorsión adicional. No compiten directamente en formato, pero sí en percepción de valor, tensionando la lógica del mercado local.

El gerente, además, relativizó el impacto del mercado externo. “El crecimiento de las exportaciones no supera el 2% del total en cantidad (del volumen comercializado por su empresa”, explicó, pese a que la cooperativa exporta a más de 20 países.

Incluso en mercados grandes, como China, el desafío es cultural. “Lograr que el mundo incorpore una infusión nueva es una tarea compleja, de altísimo costo”, sostuvo. Explicó que desde la cooperativa están trabajando en ese mercado hace 10 años y aun así el volumen comercializado en el 2025 fue de 60 mil kilos y es solamente hoja, porque se exporta para infusionar con formato de tés.

Además, Quatrin fue claro al explicar que el aumento de exportaciones se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks que han acumulado las empresas no bajaron y eso sigue condicionando los valores.

Esa combinación -consumo interno estable y exportaciones limitadas- refuerza la presión sobre los precios locales y deja a la cadena sin una válvula de escape inmediata.

Quatrin deja entrever un cambio más profundo: el sector yerbatero atraviesa una transición donde las herramientas tradicionales ya no alcanzan y el mercado aún no encuentra equilibrio.

El gerente lo resumió con una frase que busca ordenar el debate sin personalizar responsabilidades: “Éramos los mismos cuando los precios eran espectaculares. Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”.

Esa lectura introduce una variable incómoda: el problema no responde a decisiones aisladas, sino a ciclos productivos y expectativas acumuladas.

Hacia adelante, la expectativa es moderada. “Esperemos que hayamos tocado los pisos de precio”, expresó. Pero la definición no es categórica. Dependerá de cómo evolucione la reposición, el nivel de stocks y la capacidad del mercado para absorber la producción.

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Misiones retoma la mesa yerbatera en busca de un acuerdo de precios en un mercado sin regulación

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El Gobierno de Misiones reunió este jueves en Posadas a productores, cooperativas, secaderos e industrias yerbateras en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio del Agro y la Producción, con un objetivo: destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario. Según lo expuesto en la reunión, el valor actual de la hoja verde se ubica alrededor de un 50% por debajo de los costos, lo que implica una pérdida de rentabilidad cercana al 70% para los productores.

El sector ya no cuenta con la herramienta que permitía fijar precios mínimos -atribución que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)– y la provincia solo puede tomar un rol de mediación. Pero el dato es que la Industria acudió casi en pleno y escuchó y expuso su posición en un diálogo abierto aunque no exento de tensión con los productores.

Durante el encuentro, los productores plantearon la necesidad de contar con precios de referencia que otorguen previsibilidad a la actividad, mientras que los representantes de los trabajadores rurales expusieron la compleja situación que atraviesa el sector, señalando el impacto directo de la desregulación sobre sus condiciones laborales y de ingresos. Se compartió un diagnóstico generalizado sobre las dificultades que atraviesan especialmente los sectores primarios de la cadena.

Los representantes de la industria misionera manifestaron su disposición a trasladar el planteo a sus respectivas cámaras y federaciones, con el objetivo de avanzar en una propuesta concreta que permita ordenar la discusión de precios. Desde el sector industrial con presencia en Corrientes -particularmente de la cooperativa de Colonia Liebig- se expusieron los valores actualmente abonados por la materia prima, destacando el vínculo con productores misioneros y reconociendo que la situación responde a múltiples factores que inciden sobre la rentabilidad del sector.

Del precio regulado a la negociación entre privados

El ministro del Agro, Facundo Sartori, explicitó en dialogo con Economis ese límite: la provincia no fija precios, pero intenta ordenar el conflicto. “Hoy los valores que se están pagando no cubren los costos”, advirtió, al tiempo que describió un mercado con fuerte asimetría: muchos productores frente a pocos molinos que concentran la capacidad de fijación de precios.

La dinámica actual, según se planteó, responde a un cambio estructural. La oferta de materia prima creció en los últimos años, mientras la demanda no acompañó en igual proporción. Esa combinación, en un esquema sin precios sostén, presiona a la baja el valor de la hoja verde.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tiene antecedentes previos a la creación del INYM, y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector. Asimismo, advirtió que los períodos de libre mercado han sido históricamente los más adversos para el conjunto de los actores de la cadena.

Desde la industria, el diagnóstico no difiere en lo general, aunque incluye sus propios problemas. Gustavo Quatrin, de la Cooperativa Liebig, señaló a Economis que el aumento de exportaciones -que llegó a crecer un 37% interanual- se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks no bajaron y eso sigue condicionando los valores.

Qué se discute: precios, plazos y poder de mercado

El eje concreto de la negociación pasa por el precio de la materia prima y las condiciones de pago. La cooperativa Liebig anunció un incremento del 5% en los valores que paga por hoja verde y una reducción en el plazo de pago de 30 días, movimiento que fue leído por el Gobierno como un gesto inicial, aunque insuficiente.

Los productores cuestionaron que los precios actuales que ofrece la industria están entre 180 y 250 pesos por kilo, valores que, según afirmaron, no solo eliminan margen sino que generan pérdidas. “Cosechar es entrar en deuda”, sintetizó uno de los referentes.

La posibilidad de medidas de fuerza sigue latente. Algunos sectores ya evalúan sostener la no cosecha e incluso avanzar en cortes para interrumpir la circulación de materia prima, aunque la mayoría pretende seguir el camino de la negociación y el Gobierno busca evitar mediante la mediación. El dato político es que la Industria se sentó a la mesa y sus representantes no bloquearon la discusión. La producción, incluso los más exaltados, también mantuvo una posición negociadora.

El diagnóstico industrial hizo foco en otro dato: el mercado interno mantiene una demanda relativamente estable -definida como inelástica-, lo que limita la capacidad de absorber mayores volúmenes incluso con precios más bajos.

Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado externo enfrenta barreras culturales y de escala. Quatrin explicó que la Cooperativa Liebig aunque exporta a más de veinte países, la participación sobre el total sigue siendo marginal, inferior al 2% en volumen. La expansión internacional, entonces, aparece como una estrategia de largo plazo, pero sin capacidad de resolver la sobreoferta inmediata.

El corrimiento del INYM como fijador de precios reconfigura el equilibrio de poder dentro de la cadena. Los molinos basan su capacidad de negociación en un contexto de sobreoferta, mientras los productores quedan están expuestos a la dinámica de mercado.

El Gobierno provincial, sin herramientas regulatorias directas, intenta ocupar un rol de articulador. La mesa de diálogo funciona como espacio de contención institucional, pero su efectividad depende de la voluntad de las partes de ceder posiciones.

La convocatoria a un cuarto intermedio por parte de las cámaras molineras marca el próximo punto de inflexión: deberán definir si avanzan hacia un precio común o sostienen estrategias individuales.

Ingreso rural en riesgo y tensión social

La caída de precios en la hoja verde impacta de forma directa en el ingreso de las familias productoras, que constituyen la base social de la actividad en Misiones. La pérdida de rentabilidad no solo compromete la cosecha actual, sino también la sostenibilidad de las chacras en el mediano plazo.

En paralelo, el encarecimiento del financiamiento -con tasas positivas- limita la capacidad de la industria para sostener stocks y pagar mejores precios, lo que complejiza aún más la ecuación.

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APAM denuncia “destrucción de la familia agraria” y lleva la disputa por el modelo productivo al terreno político

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En el arranque de una nueva zafra, la discusión por el precio de la hoja verde escaló a un conflicto de poder que trasciende lo sectorial. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, acusó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei de impulsar, a través de la desregulación del mercado yerbatero, un proceso de “destrucción de la familia agraria”.

Con precios que hoy oscilan entre $180 y $450 por kilo, y un reclamo sectorial que fija en $700 el valor “justo”, los productores no solo cuestionan el esquema económico: preparan una presentación judicial para frenar el decreto que eliminó el marco de negociación institucional. La tensión de fondo es otra: qué modelo productivo va a prevalecer en Misiones y quién define sus reglas.

De la regulación al mercado: el quiebre del esquema de precios

El punto de inflexión que marca APAM es la desarticulación del sistema que permitía acordar precios dentro de un ámbito institucional. Sand explicó a Economis que allí, productores e industria exponían costos y márgenes bajo reglas formales, con intervención estatal en caso de no alcanzar consenso. Ese mecanismo garantizaba, según el sector primario, un valor “sustentable”.

La irrupción del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 modificó ese equilibrio. Sin ese espacio, el precio quedó sujeto a la negociación directa, en un mercado donde la dispersión refleja asimetrías: desde $180 hasta $450 en casos puntuales como el de Piporé, con cooperativas que sostienen valores cercanos a $380 para sus socios.

El impacto económico aparece con cifras concretas. APAM calcula que el primer año de desregulación (2024) implicó una transferencia de $200.000 millones desde los productores hacia la industria, producto de la brecha entre un precio esperado de $500 y uno efectivo cercano a $200. La tendencia, aseguran, se repitió en el segundo año y proyecta continuidad en la zafra que dio inicio.

En ese contexto, Sand remarca que el reclamo de $700 por kilo de hoja verde se apoya en dos variables: la equivalencia histórica de 0,50 dólares y la actualización inflacionaria sobre referencias previas de $500–$510. Incluso los costos de $460 registrados en septiembre pasado ya no se cubren, lo que deja al pequeño productor operando sin margen.

Judicialización y respaldo provincial: la política entra en escena

La novedad no es solo económica. Es institucional. APAM, junto a asociaciones, cooperativas y Fedecoop, avanzó en un pedido formal de apoyo al gobierno provincial para impulsar una acción judicial que declare la inconstitucionalidad del DNU.

El movimiento redefine el conflicto. Ya no se trata únicamente de precios, sino del alcance del poder regulatorio del Estado nacional sobre una economía regional. La provincia, cuya estructura productiva depende en gran medida de la yerba mate, aparece como un actor que podría tensionar ese esquema.

Para los productores, el decreto representa un “avasallamiento” que desarticula un sistema de equilibrio interno. Para el Gobierno nacional, en cambio, forma parte de una lógica de desregulación más amplia. En ese cruce, la Justicia se convierte en el próximo escenario de disputa.

Modelo productivo: agroecología versus concentración

El debate por el precio abre una discusión más profunda. Sand vincula la caída de ingresos con un proceso de descapitalización que, según su lectura, favorece la concentración de tierras y recursos estratégicos como el agua.

En ese marco, cuestiona propuestas que promueven el avance de monocultivos intensivos —como el maíz— en la provincia. Para APAM, ese camino no solo es económicamente inviable para el pequeño productor, sino que implica riesgos ambientales estructurales: erosión del suelo, pérdida de fertilidad y aumento de temperaturas.

La alternativa que plantea Sand para el sector es un modelo agroecológico, adaptado a la lógica de la selva misionera. La propuesta apunta a reinsertar la yerba mate en sistemas con cobertura arbórea, reducir el uso de insumos externos y aprovechar mecanismos biológicos propios del ecosistema.

La discusión, en términos políticos, no es técnica. Es estratégica. Enfrenta un esquema basado en escala, commodities y precios internacionales con otro centrado en producción regional, sustentabilidad y arraigo.

Quién gana y quién pierde

El escenario deja expuestos intereses divergentes. La industria, con mayor capacidad de fijación de precios en un mercado desregulado, aparece como el actor fortalecido. Los pequeños productores, en cambio, enfrentan márgenes negativos y pérdida de capital.

La intervención del gobierno provincial introduce un factor de equilibrio, pero también abre un frente político con la Nación. La judicialización puede alterar la correlación de fuerzas si logra reinstalar un marco regulatorio; de lo contrario, consolidará el esquema actual.

En paralelo, la discusión sobre el modelo productivo suma actores: desde sectores que promueven la diversificación con cultivos intensivos hasta quienes defienden una matriz centrada en la yerba mate.

Un conflicto que redefine la agenda productiva

La ofensiva judicial y el debate sobre el modelo productivo colocan a la yerba mate en el centro de la agenda política de Misiones. No se trata solo de un cultivo, sino de una estructura social y económica que involucra a buena parte de la provincia.

En las próximas semanas, la evolución de la causa judicial y las definiciones políticas marcarán el rumbo. También habrá que observar si el reclamo logra traducirse en medidas concretas o si el mercado termina imponiendo su lógica.

La tensión sigue abierta. Entre regulación y desregulación, entre agroecología y monocultivo, entre producción familiar y concentración, Misiones discute algo más que el precio de la hoja verde. Discute su modelo de desarrollo.

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Yerba mate: cooperativas sostienen precios, pero advierten que el mercado “aplasta” al productor

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En pleno inicio de zafra y con el precio de la hoja verde en caída, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP), Gustavo Hein, puso en evidencia el límite estructural del sistema cooperativo frente al nuevo escenario de mercado: aun sosteniendo mejores valores para sus socios, la competencia con operadores que compran más barato termina “aplastando” los precios.

El dato central es contundente: mientras el costo de producción ronda los 465 pesos (dato brindado por el INYM en septiembre de 2025), el mercado paga entre 210 y 250 pesos, con plazos de hasta 120 días. La tensión queda planteada: ¿puede el cooperativismo resistir en un esquema donde el precio lo fija el eslabón con mayor poder de compra?

El cooperativismo como amortiguador: hasta dónde alcanza

El planteo que Hein brindó a Economis no se limita a una queja coyuntural. Expone una dinámica que atraviesa a toda la cadena yerbatera. Las cooperativas, explicó, intentan trasladar la mayor cantidad de beneficios al productor, evitando intermediación y sosteniendo valores más altos para sus socios. Así quedó observado en los precios que pagan Las Tunas o la cooperativa que produce la marca Piporé que marcan los precios más elevados de la región entre 380 y 450

Ese esquema, que históricamente funcionó como regulador informal del mercado, hoy muestra fisuras. La razón es simple: “cuando otros actores acceden a materia prima más barata, logran competir con ventaja en la góndola”. Esa diferencia termina presionando a la baja los precios generales, explicó Hein.

El mecanismo es progresivo. “Primero cae el precio de referencia. Luego se reduce la capacidad de las cooperativas para sostener valores diferenciales. Finalmente, aparece la pérdida de mercado”.

Costos, precios y ecuación inviable

Los números que describe el sector muestran una brecha crítica. El último costo de producción sin rentabilidad se ubicaba en torno a los 465 pesos por kilo de hoja verde. A ese valor debería sumarse entre un 25% y un 30% de margen para alcanzar un precio sustentable, cercano a los 700 pesos.

Sin embargo, el mercado opera muy por debajo. En términos generales, los productores reciben entre 210 y 250 pesos. En algunos casos, incluso menos. Esto también se observa en la comercialización de yerba canchada que es otra opción que usan algunas cooperativas o pequeños molinos, allí el valor de comercialización oscila en los 800 pesos por kilo de canchada, cuando el valor no debería ser inferior a los 1440 pesos.

El problema no es solo el precio, sino la estructura de costos. Para producir un kilo de yerba canchada se requieren tres kilos de hoja verde, a lo que se suman los costos de secanza. Con valores deprimidos en origen, la ecuación se vuelve directamente inviable.

A eso se agrega otro factor crítico: los plazos de pago. La extensión a 120 días traslada la carga financiera al productor, que debe sostener costos sin ingresos inmediatos.

Gustavo Hein, presidente de Fedecoop

Competencia desigual y pérdida de referencia

El análisis de Hein introduce un concepto clave: la competencia desleal dentro del propio mercado. No se trata solo de diferencias de eficiencia, sino de estructuras de compra que permiten acceder a materia prima a valores más bajos.

Ese diferencial se traslada a la comercialización. Quien compra más barato puede vender más barato. Y quien intenta sostener precios más altos pierde competitividad (o mercados).

El efecto es sistémico. Las cooperativas, aun con voluntad de sostener precios justos, quedan atrapadas en una lógica de mercado que no controlan. El resultado es una pérdida progresiva de referencia en los valores.

Un modelo en tensión y un debate abierto

La situación del cooperativismo yerbatero refleja una discusión más amplia sobre el funcionamiento del mercado en las economías regionales. Sin herramientas de regulación, el precio se define por la capacidad de compra, no por los costos de producción.

En ese contexto, el sistema cooperativo intenta sostener un equilibrio que se vuelve cada vez más frágil. La zafra en curso será una prueba concreta de hasta dónde puede resistir ese modelo.

Las próximas semanas estarán marcadas por dos variables: la evolución de los precios en plena cosecha y la capacidad del sector para sostener estrategias colectivas frente a la presión del mercado.

El interrogante no es solo económico. También es político: si el precio deja de ser una variable acordada y pasa a ser una imposición de mercado, el rol de cada actor dentro de la cadena vuelve a quedar en discusión.

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El INYM rechazó sugerir un precio de referencia y profundiza la tensión en la cadena yerbatera

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El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) resolvió rechazar la posibilidad de sugerir un precio de referencia para la hoja verde, en una decisión que vuelve a exponer la fractura interna del sector y profundiza la incertidumbre de cara a la zafra 2026.

Según fuentes oficiales, el rechazo al precio sugerido se sustentó en un dictamen técnico que consideró que la implementación de valores orientativos “va en contra del Decreto 812 del Gobierno nacional”, al entender que “distorsiona el mercado y afecta la competencia del sector privado”. La postura fue respaldada por la presidencia del organismo, en manos del libertario Rodrigo Correa, la representación de Corrientes y la mayoría de los sectores industriales, secaderos y cooperativas.

En la votación, dos representantes del sector productivo y el director por Misiones, Ricardo Maciel, se pronunciaron a favor de avanzar con una referencia de precios, mientras que un representante productivo y la UATRE optaron por la abstención. La correlación de fuerzas dejó sin efecto la iniciativa, en un escenario donde la pérdida de facultades regulatorias del INYM ya había debilitado su capacidad de intervención.

El documento sostiene que no resulta jurídicamente factible que el Instituto publique un precio de referencia, ya que cualquier señal institucional en ese sentido sería considerada una intervención en el mercado.

El argumento central se apoya en la modificación del marco normativo tras la desregulación. En particular, el dictamen cita el artículo 8° del Decreto 1240/2002 —modificado por el Decreto 812/2025—, que prohíbe expresamente al INYM “dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda”.

Pero el punto más sensible es otro: el dictamen advierte que incluso un precio “indicativo” podría funcionar como señal de mercado. En un sector caracterizado como oligopsónico -como sostiene Misiones-, esa referencia institucional podría derivar en una coordinación indirecta de precios entre actores privados, lo que chocaría con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

En ese marco, la asesoría legal fue contundente: publicar un precio, bajo cualquier denominación, podría interpretarse como una práctica restrictiva equivalente a “concertar directa o indirectamente el precio de venta o compra”.

El dictamen se apoya en el cambio de rol del INYM. Tras el DNU 70/2023, el organismo dejó de tener como objetivo la “sustentabilidad de la cadena” y pasó a enfocarse en “proteger el carácter competitivo de la industria”, eliminando además la facultad de acordar precios entre los distintos sectores.

Esto implica que cualquier intento de reconstruir mecanismos de referencia -aunque sean informativos- podría exceder las funciones actuales del Instituto.

Otro de los argumentos del dictamen apunta a desarmar la comparación con otros mercados. Según el texto, las referencias de precios en granos o hacienda (como las de la Bolsa de Comercio o mercados ganaderos) no son fijaciones institucionales, sino simples publicaciones de operaciones ya realizadas entre privados.

En cambio, si el INYM difundiera un precio, aun como promedio o referencia, estaría emitiendo una señal institucional con capacidad de influir en la formación de precios, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

El dictamen también advierte sobre las consecuencias de avanzar en ese camino:

  • Posibles sanciones por violación de la Ley de Defensa de la Competencia
  • Riesgo de impugnación y nulidad del acto administrativo
  • Eventuales observaciones de la Secretaría de Agricultura de la Nación, bajo cuya órbita funciona el INYM

Incluso la publicación de costos de producción es puesta en discusión. El dictamen señala que determinar un único costo promedio podría distorsionar el mercado, ya que no refleja la heterogeneidad productiva del sector (tecnología, escala, logística, mano de obra).

La posición de Misiones

Hace apenas un mes, Maciel había formalizado el planteo mediante una nota dirigida al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, en la que solicitaba avanzar en la construcción de una “pizarra” de precios para la hoja verde y la yerba canchada antes del inicio de la cosecha.

El documento, fechado el 12 de febrero en Posadas, partía de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del mercado tras la desregulación. Allí, el funcionario reconocía que el INYM ya no cuenta con herramientas para fijar precios obligatorios, pero advertía sobre las consecuencias que esa pérdida tuvo en las últimas campañas.

“No hace falta redundar en la pérdida de facultades para fijar precios, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que esa decisión generó en el sector productivo primario”, señalaba.

El eje central del planteo de Misiones giró en torno a la estructura del negocio yerbatero, caracterizada como un mercado “oligopsónico”, donde pocos compradores concentran la demanda y tienen capacidad para incidir en los valores que perciben los productores.

La advertencia apuntaba a una asimetría estructural: unos 12.500 productores frente a un número reducido de molinos. En ese contexto, sin precios de referencia ni herramientas regulatorias, el eslabón primario queda sujeto a negociaciones individuales, con fuerte dispersión de valores.

“El libre mercado no existe o es injusto en este escenario”, sostenía el documento, al tiempo que reclamaba información oficial que contemple costos de mano de obra, energía, combustibles y fertilizantes, además de un margen mínimo de rentabilidad.

La discusión no es teórica. Hoy el mercado está pagando alrededor de 220 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo de los costos estimados por el sector productivo y lo que empiezan a pagar a sus asociados las cooperativas, como Las Tunas -380 pesos- o Piporé -450-.

Distintos trabajos técnicos indican que el costo de producción para un yerbal de alto rendimiento ronda los 391,2 pesos por kilo. Si se incorpora una rentabilidad mínima del 30%, el precio debería ubicarse en torno a los 508,56 pesos.

La brecha es significativa y, según advierten los productores, se amplifica en explotaciones de menor escala, donde los costos son aún más elevados por menor productividad.

Un conflicto que excede lo productivo

El planteo de Maciel introducía una definición que atraviesa el actual conflicto: “La yerba mate no está en crisis; lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

La negativa del INYM a establecer siquiera una referencia de precios deja al descubierto el cambio de paradigma tras la desregulación nacional: de un esquema con intervención estatal a uno donde predomina la lógica de mercado, en un sector históricamente regulado.

Mientras la industria sostiene que el mercado debe autorregularse, el sector productivo y el Gobierno de Misiones insisten en la necesidad de mecanismos que compensen las asimetrías y eviten una mayor concentración.

Con la zafra 2026 a punto de comenzar, la decisión del Directorio implica que la actividad se desarrollará sin precios orientativos oficiales, en un contexto de alta volatilidad y tensión en la cadena.

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