Precio hoja verde

Crisis en la yerbatera de Puerta: despidos, salarios atrasados y menor actividad

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La crisis de la cadena yerbatera de Misiones comienza a trasladarse con mayor intensidad desde las chacras hacia las plantas industriales y el empleo. En San José, Yerbatera Misiones SRL, vinculada a la familia del exgobernador Ramón Puerta, concretó ocho despidos sobre una plantilla de 35 trabajadores y atraviesa dificultades financieras que afectan el pago de salarios, aguinaldos y la compra de materia prima.

La situación adquiere una dimensión mayor por el lugar que ocupa la planta dentro de la cadena de valor según informa el sitio iProfesional. La empresa realiza tareas de secado, canchado y empaque a fasón para grandes compañías y, según la información aportada por fuentes sindicales, desde sus instalaciones se procesan productos de Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, dos marcas de fuerte presencia en el mercado argentino.

El ajuste laboral podría profundizarse. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sostienen que la empresa proyectaría reducir su dotación hasta unos 15 trabajadores. De concretarse, significaría una reducción de casi el 60% de los puestos directos actuales y convertiría a la planta en uno de los focos más visibles del deterioro que atraviesa la industria yerbatera.

El problema no se limita a los despidos. El atraso en la liquidación de sueldos y aguinaldos se combina con una severa restricción de liquidez que habría interrumpido la adquisición de hoja verde a productores de la zona. “Hoy la fábrica está paralizada porque no hay hoja verde para procesar”, señalaron voceros sindicales.

La falta de materia prima constituye, en este contexto, una consecuencia directa de una crisis que atraviesa distintos eslabones simultáneamente. Cuando el productor no encuentra un precio que permita cubrir sus costos, el secadero pierde volumen, la industria reduce su actividad y la menor producción termina impactando sobre el empleo. La dificultad de una planta industrial deja así de ser un problema exclusivamente empresarial y pasa a comprometer el funcionamiento de una cadena productiva regional.

El cambio regulatorio y el nuevo escenario para la cadena yerbatera

El trasfondo se encuentra en la transformación del esquema de regulación del mercado yerbatero. Los cambios impulsados por el Gobierno nacional redujeron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), incluyendo la capacidad de establecer precios de referencia para la hoja verde y la materia prima canchada.

En el nuevo escenario, los productores quedaron expuestos a una mayor presión negociadora de los compradores. La caída de los valores pagados por la materia prima, combinada con costos productivos elevados, redujo el margen disponible en las chacras y tensionó progresivamente la relación entre productores, secaderos y molinos.

El problema se trasladó también al funcionamiento del propio sistema de fiscalización. Los cambios en la estructura del INYM y la reducción de personal vinculada a las tareas de control agregaron otro elemento de incertidumbre para una actividad cuya cadena requiere seguimiento sobre volúmenes, origen y condiciones comerciales.

La advertencia de la Provincia apunta precisamente a ese efecto dominó. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, señaló que sin un piso de referencia para la hoja verde “el pequeño productor no puede cosechar y los secaderos se quedan sin volumen de procesamiento”.

La ecuación industrial se vuelve todavía más compleja cuando se incorporan los costos energéticos y financieros. Las plantas yerbateras necesitan electricidad para sostener procesos de secado, molienda, transporte interno y empaque. Con tarifas más elevadas y dificultades para acceder a crédito a tasas razonables, una empresa con menor volumen de ventas tiene menos margen para absorber aumentos de costos fijos.

A esa presión se suma la evolución de la demanda. El consumo de yerba mate atraviesa un período de debilidad y las empresas de distribución habrían extendido los plazos de pago hacia las industrias, llevando operaciones a períodos de 90 y 120 días. Para una planta con problemas de liquidez, esa extensión transforma una caída comercial en un problema financiero.

De la crisis de precios al riesgo de concentración

El caso de Yerbatera Misiones SRL expone una de las principales consecuencias potenciales del actual escenario: la posibilidad de que la crisis termine acelerando la concentración de la actividad industrial.

Una industria con menor capacidad financiera enfrenta dificultades para comprar materia prima, sostener el empleo, financiar capital de trabajo y afrontar costos energéticos mientras espera el cobro de sus ventas. Si esa combinación persiste, las empresas de menor escala pierden capacidad para competir y aumenta la posibilidad de que el procesamiento quede progresivamente concentrado en actores con mayor espalda financiera.

La señal es especialmente relevante para Misiones porque la yerba mate no constituye solamente una actividad agropecuaria. Es una cadena territorial que articula productores, secaderos, molinos, transportistas, trabajadores industriales, comercios y proveedores de servicios. Una interrupción en un eslabón puede multiplicar sus efectos sobre los demás.

Por eso, el desafío de corto plazo no pasa solamente por evitar nuevos despidos en una planta determinada. La discusión de fondo es cómo preservar el entramado productivo mientras se atraviesa una etapa de menor consumo, precios deprimidos de la materia prima, costos industriales elevados y restricciones financieras.

La respuesta, en términos de política productiva, requiere actuar sobre varios frentes al mismo tiempo: recuperar previsibilidad en la relación entre productores e industria, facilitar capital de trabajo para las empresas, reducir el impacto de los costos críticos y sostener mecanismos eficaces de fiscalización. La eventual declaración de emergencia en las zonas más afectadas o medidas de alivio fiscal que evalúa la Provincia aparecen dentro de ese debate.

El caso de San José funciona así como una señal de alerta para toda la cadena. Los ocho despidos ya concretados son el dato inmediato, pero el riesgo mayor está en que la crisis deje de ser un episodio puntual y se convierta en una dinámica de cierre de plantas, pérdida de empleo y concentración industrial.

En una economía regional donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la yerba mate, sostener la actividad no implica únicamente preservar empresas. Significa evitar que el deterioro de un precio en origen termine transformándose, varios eslabones después, en menos trabajo, menor capacidad industrial y una estructura productiva más concentrada y vulnerable.

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Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector

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La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.

El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.

Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.

“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.

Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.

Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.

“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.

La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.

El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.

En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.

Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.

Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.

Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.

El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.

Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

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El Congreso analizará proyecto para devolver al INYM la facultad de fijar el precio de la yerba

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La disputa por el futuro de la regulación yerbatera llegó nuevamente al Congreso de la Nación. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, figura como cofirmante de un proyecto de ley que busca restituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de acordar y fijar semestralmente un precio mínimo para la hoja verde, una atribución eliminada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Roxana Monzón y plantea incorporar nuevamente a la Ley 25.564 la potestad del INYM para establecer un precio mínimo obligatorio para la materia prima yerbatera, tomando como referencia los costos reales de producción y garantizando una rentabilidad mínima del 30% para el productor.

El proyecto se inscribe en un contexto de fuerte crisis de rentabilidad para el sector yerbatero. Desde la eliminación de las facultades regulatorias del INYM, productores de Misiones y Corrientes vienen denunciando una fuerte caída en los precios pagados por la hoja verde, mientras los costos de producción continúan en aumento.

La posición de Misiones en el Congreso

La firma de Herrera Ahuad no es un dato menor. El ex gobernador de Misiones se convierte así en uno de los legisladores nacionales que respaldan explícitamente el reclamo histórico de productores, cooperativas y entidades rurales de la provincia para recuperar el mecanismo de concertación de precios.

La discusión trasciende la cuestión sectorial. Para buena parte de la dirigencia misionera, la eliminación de las facultades del INYM dejó a más de 13 mil productores frente a un mercado altamente concentrado, donde pocas empresas compradoras tienen capacidad para imponer condiciones comerciales.

El proyecto sostiene precisamente que la actividad yerbatera presenta una estructura de mercado asimétrica, con miles de pequeños productores enfrentados a un reducido número de grandes compradores y molinos, situación que en términos económicos configura un oligopsonio.

El texto busca recuperar un esquema que funcionó durante más de dos décadas y que fue uno de los pilares de la institucionalidad yerbatera desde la creación del instituto en 2002.

Los argumentos del proyecto

Los fundamentos del proyecto sostienen que la desregulación produjo un fuerte deterioro en los ingresos de los productores. Según los datos citados en la iniciativa, el precio máximo pagado por la hoja verde en marzo de 2026 rondó los 220 pesos por kilo, mientras que los costos de producción informados por el propio INYM superaban los 424 pesos por kilo, sin contemplar impuestos ni margen de ganancia.

La iniciativa también señala que la participación del productor dentro del precio final de la yerba cayó a niveles históricamente bajos y advierte sobre fenómenos como el endeudamiento creciente, los pagos diferidos y el aumento de cheques rechazados en la cadena comercial.

Además, el texto cuestiona los resultados de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, al afirmar que no mejoró la competitividad ni las exportaciones y que terminó favoreciendo a los sectores más concentrados de la actividad en detrimento del productor primario.

Una discusión que vuelve al centro de la agenda

La presentación del proyecto vuelve a instalar en el debate nacional una de las principales demandas del sector yerbatero de Misiones. Mientras la Corte Suprema aún no se expide sobre la causa vinculada a las facultades regulatorias del INYM, el Congreso abre un nuevo frente político para intentar revertir uno de los cambios más cuestionados del DNU 70/2023.

La participación de Herrera Ahuad como cofirmante refuerza la posición histórica de Misiones en defensa de la regulación del mercado yerbatero y anticipa que la discusión sobre el precio de la hoja verde volverá a ocupar un lugar central en la agenda productiva de la provincia..

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Safrán detalló el alivio financiero para la yerba y alertó por la caída de recursos: “Misiones pierde cerca de $40.000 millones por mes”

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El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán aseguró que la provincia atraviesa un escenario financiero complejo por la caída de la coparticipación federal, la baja en la recaudación propia y la desaceleración general de la actividad económica, mientras busca sostener sectores estratégicos como la yerba mate con nuevas herramientas financieras.

En una entrevista con Open1017, Safrán explicó el funcionamiento de la nueva línea de descuento de cheques a tasa cero en Banco Macro para productores, secaderos y molinos yerbateros, destinada a mejorar el precio de la hoja verde y dar liquidez a toda la cadena productiva.

La operatoria comenzó a regir desde el miércoles 6 de mayo y permite descontar cheques de entre 60 y 90 días sin costo financiero, siempre que se respeten precios mínimos de referencia: 301 pesos por kilo de hoja verde y 1.160 pesos por kilo de canchada.

“Quien descuenta el cheque no tiene ningún tipo de descuento por motivos financieros, lo cobra a su valor nominal”, explicó el ministro.

Safrán reconoció que esos valores no representan el ideal pretendido por el sector, pero señaló que funcionan como un piso para ordenar el mercado.

“Sabemos que en algunos lugares se está pagando más. En la zona norte algunos ya están pagando 350 pesos la hoja verde, en la zona centro hasta 380, pero también hay lugares donde pagan menos de 300”, detalló. En Andresito, Kabour, uno de los principales compradores subió el precio a 265 pesos. 

El objetivo principal es evitar que productores y operadores yerbateros se vean obligados a malvender su producción por falta de liquidez en plena cosecha gruesa.

“Queremos que no se vean obligados a entregar la hoja verde o vender la canchada a un precio que no conviene solo para hacerse de liquidez”, sostuvo.

Además, este año se incorporó una nueva herramienta: los molinos que paguen el precio mínimo de la canchada también podrán descontar los cheques provenientes de supermercados por la venta de yerba elaborada.

De ese modo, según explicó, toda la cadena gana oxigenación financiera: el molino puede comprar canchada, el secadero puede comprar hoja verde y el productor puede sostener la cosecha.

La crisis fiscal

Safrán fue contundente al describir la situación de las finanzas provinciales.

“Todas las provincias están atravesando un momento financiero complicado”, afirmó, y explicó que tanto la coparticipación como la recaudación provincial crecen por debajo de la inflación.

Aunque abril mostró una leve mejora, indicó que los recursos siguen deteriorándose en términos reales.

“En promedio por mes, en el caso de Misiones tenemos una pérdida de recursos cercana a los 40.000 millones de pesos”, señaló.

Ese cálculo surge de comparar la evolución de la coparticipación y la recaudación propia con el ritmo de inflación y el crecimiento de los costos del Estado: medicamentos, salud pública, comedores escolares, salarios y servicios esenciales.

“Los costos del Estado crecieron con la inflación, pero los recursos no. Eso genera este desbalance”, explicó.

Frente a ese escenario, sostuvo que la provincia debe profundizar la austeridad y priorizar únicamente los programas más necesarios.

El reclamo que vuelve al centro

En ese contexto, Misiones volvió a insistir con un régimen diferencial impositivo por su condición de provincia fronteriza.

Safrán recordó que Misiones enfrenta una situación única en la Argentina por su contacto permanente con Brasil y Paraguay y el enorme flujo de personas y mercaderías.

“El puente Posadas-Encarnación o el de Puerto Iguazú tiene más movimiento que el aeropuerto de Ezeiza”, afirmó.

Con un dólar barato y fuerte competencia externa, el ministro insistió en que la provincia necesita una zona aduanera especial o una reducción de impuestos nacionales que permita competir. “Si el planteo del Gobierno nacional es bajar impuestos, entonces hagámoslo con los impuestos nacionales aquí en Misiones para poder ser competitivos con Brasil y Paraguay”, remarcó.

Según explicó, el planteo actual es muy similar al que Misiones impulsó en 2020 y que llegó a aprobarse en el Congreso, aunque luego no prosperó plenamente tras el veto de Alberto Fernández.

Para Safrán, la crisis actual tiene tres causas principales: tasas de interés elevadas, atraso cambiario y apertura indiscriminada de importaciones.

El año pasado llegamos a tener tasas del 120 por ciento nominal para créditos cuando la inflación estaba en 30. Quien tomó crédito se endeudó y se sobreendeudó”, señaló.

A eso sumó el impacto de un dólar bajo, que golpea a las economías regionales y reduce competitividad exportadora, además del ingreso de productos importados terminados que compiten con ventajas sobre la industria local.

“Muchos tienen dumping o subsidios y compiten injustamente con los productos locales”, advirtió.

Según el ministro, cuando se consulta a las empresas, la mayoría habla de caídas de ventas de entre 30 y 40 por ciento.

“¿Cómo sostenés una estructura de personal y funcionamiento cuando tus ventas cayeron 30 por ciento?”, planteó.

Safrán advirtió que la recesión comenzó a sentirse con fuerza desde marzo del año pasado y que todavía no aparecen señales claras de recuperación.

“Estamos esperando la recuperación económica, pero hasta el momento no llega”, resumió.

Mientras tanto, la provincia busca sostener su actividad económica con herramientas puntuales para sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la producción y la exportación.

En ese escenario, la yerba mate vuelve a ocupar el centro de la estrategia económica misionera.

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Adrián Núñez, presidente de la Libertad Avanza en Misiones sobre la yerba: “Es innegable que hay un eslabón que la está pasando mal”

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Casi al pasar, por primera vez, el presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, reconoció públicamente que uno de los eslabones de la cadena yerbatera atraviesa una situación crítica tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional con el DNU 70/23. En una entrevista concedida al programa Dólar Blue, el dirigente libertario admitió que “es innegable que hay un eslabón del sector que la está pasando mal”, aunque ratificó la política aplicada por el presidente Javier Milei y descartó que se vaya a fijar precios mínimos. 

La declaración marca un giro discursivo dentro del espacio oficialista, que hasta ahora había defendido sin matices la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), especialmente en lo referido a la fijación de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.

A pesar de admitir que la producción primaria atraviesa una situación crítica, Núñez sostuvo que la política nacional sigue siendo la correcta.

La frase cobra especial relevancia en una provincia donde la yerba mate no solo representa identidad productiva, sino también una de las principales economías regionales. Misiones concentra el 85% de la producción nacional de hoja verde, con más de 11 mil productores, de los cuales el 75% son pequeños y medianos con explotaciones de hasta 50 hectáreas.

Durante la entrevista, los periodistas remarcaron el fuerte desequilibrio estructural del mercado yerbatero: pocos compradores frente a miles de productores atomizados.

“Son tres molinos y 13 mil productores”, inquirió el cronista. Núñez respondió con una defensa conceptual de la desregulación, aunque terminó admitiendo la dificultad concreta del esquema.

“No, bueno, esas son particularidades de la actividad, pero de ninguna manera…”, intentó justificar, cuando le marcaron que el yerbatero es “un mercado imperfecto”. “Es innegable que hay un eslabón del sector que está pasando mal, lo sabemos y se está trabajando en ese sentido”, respondió. Consultado sobre cuáles eran esas medidas, mencionó acciones paliativas y un convenio con ANMAT para controles de calidad, aunque evitó profundizar.

Uno de los puntos más sensibles expuestos en la entrevista fue la forma de pago.

“Están pagando con cheque a 90 días a los tareferos y productores. No tienen para mantener ni siquiera la chacra”, remarcaron los conductores. Núñez no lo negó.

La respuesta dejó en evidencia una de las principales críticas del sector: la falta de herramientas concretas para sostener financieramente a los pequeños productores mientras el mercado se acomoda a la nueva lógica.

El problema no es menor. Desde la desregulación, los precios pagados al productor quedaron librados a la negociación privada en un contexto de enorme asimetría. Mientras algunos secaderos arrancaron pagando entre 260 y 300 pesos por kilo de hoja verde, productores reclamaban valores mínimos de entre 390 y 450 pesos para cubrir costos y sostener la actividad.

En Andresito, por ejemplo, la oferta inicial fue de 350 pesos por kilo; algunas cooperativas superaron los 400 pesos, mientras que la Cooperativa Piporé llegó a pagar 450 pesos a sus asociados. Sin embargo, la referencia dominante del mercado siguió muy por debajo de esos valores.

La Provincia, en cambio, reclama un mínimo de 700 pesos para la hoja verde, lo que equivale a 50 centavos dólar. El Gobierno provincial prepara para las próximas horas una batería de medidas con el objetivo de elevar el precio de la materia prima.

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