Precio hoja verde

Productores y tareferos presentaron en Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera

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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentaron este miércoles por la mañana ante la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, una iniciativa construida por organizaciones del sector como respuesta a la crisis que atraviesa la actividad y al debilitamiento de los mecanismos nacionales de regulación.

La propuesta ingresó formalmente a la Legislatura a través de la banca de la diputada Arabela Soler, quien recibió a los representantes de la producción a las 10 en el Poder Legislativo. El proyecto obtuvo el acompañamiento de los bloques “Movimiento por lo que viene”, del “Partido Agrario y Social” (PAyS) y de “Encuentro Misionero”. De esta manera, el proyecto tomó estado parlamentario y quedó habilitado para continuar su recorrido institucional hacia las comisiones correspondientes.

“Es un día que quiere dar cuenta a la sociedad de que hay un grupo organizado que está atravesando una situación muy compleja y tiene la posibilidad de hacer ingresar un proyecto”, sostuvo Soler durante la presentación, al remarcar que la iniciativa fue trabajada durante meses por distintas asociaciones de productores.

La legisladora destacó especialmente que el proyecto surgió desde el propio sector productivo y no como una propuesta diseñada exclusivamente desde la estructura política. “Es un logro fantástico saber que todavía hay personas que se comprometen con las causas, que saben que si las cosas se hacen bien y trabajan, no se quedan solamente en la idea”, señaló.

El proyecto plantea declarar durante 360 días la emergencia de toda la cadena productiva yerbatera, con un alcance específico para los productores que posean hasta 50 hectáreas cultivadas. Según explicó Soler, ese universo representa aproximadamente el 90% de los productores de la provincia, por lo que la herramienta apunta principalmente a preservar la estructura de pequeñas explotaciones familiares.

El eje económico de la iniciativa se encuentra en la creación de herramientas para avanzar hacia un precio mínimo de sostén para la hoja verde, con el objetivo de mejorar la capacidad de negociación de los pequeños productores frente a secaderos e industrias de mayor escala.

La propuesta no plantea establecer un precio único para toda la cadena, sino generar un piso por debajo del cual la materia prima no pueda ser comercializada. El valor debería contemplar los costos de una producción eficiente, las obligaciones laborales, previsionales y fiscales y un margen de rentabilidad para el productor.

El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización, regularización y sanciones para garantizar el cumplimiento del esquema. La lógica planteada es que el precio mínimo tenga respaldo institucional y que el Estado provincial disponga de herramientas concretas para intervenir cuando se produzcan operaciones por debajo de ese umbral.

La iniciativa fue elaborada por los propios productores junto con su asesor jurídico, Federico Padolsky, y había sido socializada previamente durante la reunión que representantes del sector mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio. En ese encuentro, los productores expusieron la situación de la actividad y el contenido de la propuesta que posteriormente fue llevada al Parlamento.

El trasfondo de la iniciativa es el cambio producido en el esquema nacional de regulación de la yerba mate. La fundamentación del proyecto cuestiona el impacto del DNU 70/23, que modificó las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dejó al sector primario con menores herramientas para incidir sobre el precio de la materia prima.

Frente a ese escenario, los impulsores de la ley sostienen que la Provincia conserva competencias constitucionales para promover el desarrollo productivo, proteger el trabajo rural y adoptar políticas destinadas a preservar una economía regional estratégica para Misiones.

Para Soler, el desafío consiste ahora en transformar la propuesta elaborada por los productores en una herramienta legislativa viable. El proyecto será analizado en comisión, donde podrá incorporar aportes de otros legisladores y de especialistas vinculados con la actividad.

La diputada también destacó el acompañamiento del legislador Cristian Castro durante el proceso de elaboración de la iniciativa y remarcó que el objetivo de esta etapa no es cerrar el debate, sino abrirlo institucionalmente para alcanzar soluciones concretas.

“Esto sale y se sanciona, hay que ver qué letras se le agregan de parte de otros diputados”, explicó Soler, al plantear que el paso por las comisiones permitirá discutir los mecanismos de aplicación y fortalecer el texto antes de una eventual sanción.

La presentación representa así un intento de trasladar al ámbito institucional una discusión que durante los últimos meses se desarrolló con fuerte intensidad dentro de la cadena yerbatera: cómo recuperar capacidad de negociación para el productor primario cuando el mercado concentra el poder de compra y los mecanismos nacionales de regulación perdieron capacidad de intervención.

En ese sentido, la emergencia propuesta no apunta únicamente a una declaración política, sino a dotar al Ejecutivo provincial de instrumentos de intervención sobre el mercado, con un plazo definido y mecanismos de control. El resultado dependerá ahora del debate legislativo y de la capacidad de convertir esas herramientas en una política efectiva para sostener la producción primaria.

Para una provincia cuya economía tiene en la yerba mate una de sus principales actividades regionales, el desafío es evitar que la caída de rentabilidad termine trasladándose a la estructura productiva de menor escala. La discusión que comenzó este miércoles en la Legislatura buscará precisamente determinar si una respuesta provincial puede generar ese piso de protección y contribuir a preservar a miles de productores que sostienen la actividad desde el territorio.

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Productores y tareferos llevan a Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera

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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentarán mañana, miércoles 2 de septiembre, el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera” ante la Cámara de Diputados, en Posadas.

Los trabajadores de la yerba mate serán recibidos por la diputada Arabela Soler a las 10 horas en el Poder Legislativo, oportunidad en la que se formalizará el ingreso de la propuesta al Parlamento misionero.

La iniciativa es impulsada por los propios productores y fue elaborada por su asesor jurídico, el abogado Federico Padolsky. Fue socializada en la reunión que mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio pasado, de quien recibieron respaldo.

El documento surge como una respuesta institucional ante la grave crisis que atraviesa la principal economía regional de la provincia. Su fundamentación técnica, jurídica y económica detalla el impacto negativo del DNU 70/23 del Gobierno nacional, el cual quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios de la materia prima.

Frente al debilitamiento del organismo nacional, el texto advierte que Misiones conserva las competencias constitucionales para promover la producción, el desarrollo regional, la protección del trabajo rural y la defensa del interés público.

Los ejes del proyecto: control, sanciones y rentabilidad

La normativa propuesta faculta al Ejecutivo provincial a fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde que cubra los costos de producción eficiente, las cargas laborales, previsionales y fiscales, garantizando, además, un margen de ganancia para los productores.

“No se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, detalla el escrito.

Para garantizar su cumplimiento, la ley incorpora herramientas de fiscalización, regularización de operaciones y sanciones administrativas. Todo lo recaudado por multas se destinará exclusivamente al fortalecimiento de los controles y a la asistencia técnica del sector.

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Crisis en la yerbatera de Puerta: despidos, salarios atrasados y menor actividad

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La crisis de la cadena yerbatera de Misiones comienza a trasladarse con mayor intensidad desde las chacras hacia las plantas industriales y el empleo. En San José, Yerbatera Misiones SRL, vinculada a la familia del exgobernador Ramón Puerta, concretó ocho despidos sobre una plantilla de 35 trabajadores y atraviesa dificultades financieras que afectan el pago de salarios, aguinaldos y la compra de materia prima.

La situación adquiere una dimensión mayor por el lugar que ocupa la planta dentro de la cadena de valor según informa el sitio iProfesional. La empresa realiza tareas de secado, canchado y empaque a fasón para grandes compañías y, según la información aportada por fuentes sindicales, desde sus instalaciones se procesan productos de Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, dos marcas de fuerte presencia en el mercado argentino.

El ajuste laboral podría profundizarse. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sostienen que la empresa proyectaría reducir su dotación hasta unos 15 trabajadores. De concretarse, significaría una reducción de casi el 60% de los puestos directos actuales y convertiría a la planta en uno de los focos más visibles del deterioro que atraviesa la industria yerbatera.

El problema no se limita a los despidos. El atraso en la liquidación de sueldos y aguinaldos se combina con una severa restricción de liquidez que habría interrumpido la adquisición de hoja verde a productores de la zona. “Hoy la fábrica está paralizada porque no hay hoja verde para procesar”, señalaron voceros sindicales.

La falta de materia prima constituye, en este contexto, una consecuencia directa de una crisis que atraviesa distintos eslabones simultáneamente. Cuando el productor no encuentra un precio que permita cubrir sus costos, el secadero pierde volumen, la industria reduce su actividad y la menor producción termina impactando sobre el empleo. La dificultad de una planta industrial deja así de ser un problema exclusivamente empresarial y pasa a comprometer el funcionamiento de una cadena productiva regional.

El cambio regulatorio y el nuevo escenario para la cadena yerbatera

El trasfondo se encuentra en la transformación del esquema de regulación del mercado yerbatero. Los cambios impulsados por el Gobierno nacional redujeron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), incluyendo la capacidad de establecer precios de referencia para la hoja verde y la materia prima canchada.

En el nuevo escenario, los productores quedaron expuestos a una mayor presión negociadora de los compradores. La caída de los valores pagados por la materia prima, combinada con costos productivos elevados, redujo el margen disponible en las chacras y tensionó progresivamente la relación entre productores, secaderos y molinos.

El problema se trasladó también al funcionamiento del propio sistema de fiscalización. Los cambios en la estructura del INYM y la reducción de personal vinculada a las tareas de control agregaron otro elemento de incertidumbre para una actividad cuya cadena requiere seguimiento sobre volúmenes, origen y condiciones comerciales.

La advertencia de la Provincia apunta precisamente a ese efecto dominó. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, señaló que sin un piso de referencia para la hoja verde “el pequeño productor no puede cosechar y los secaderos se quedan sin volumen de procesamiento”.

La ecuación industrial se vuelve todavía más compleja cuando se incorporan los costos energéticos y financieros. Las plantas yerbateras necesitan electricidad para sostener procesos de secado, molienda, transporte interno y empaque. Con tarifas más elevadas y dificultades para acceder a crédito a tasas razonables, una empresa con menor volumen de ventas tiene menos margen para absorber aumentos de costos fijos.

A esa presión se suma la evolución de la demanda. El consumo de yerba mate atraviesa un período de debilidad y las empresas de distribución habrían extendido los plazos de pago hacia las industrias, llevando operaciones a períodos de 90 y 120 días. Para una planta con problemas de liquidez, esa extensión transforma una caída comercial en un problema financiero.

De la crisis de precios al riesgo de concentración

El caso de Yerbatera Misiones SRL expone una de las principales consecuencias potenciales del actual escenario: la posibilidad de que la crisis termine acelerando la concentración de la actividad industrial.

Una industria con menor capacidad financiera enfrenta dificultades para comprar materia prima, sostener el empleo, financiar capital de trabajo y afrontar costos energéticos mientras espera el cobro de sus ventas. Si esa combinación persiste, las empresas de menor escala pierden capacidad para competir y aumenta la posibilidad de que el procesamiento quede progresivamente concentrado en actores con mayor espalda financiera.

La señal es especialmente relevante para Misiones porque la yerba mate no constituye solamente una actividad agropecuaria. Es una cadena territorial que articula productores, secaderos, molinos, transportistas, trabajadores industriales, comercios y proveedores de servicios. Una interrupción en un eslabón puede multiplicar sus efectos sobre los demás.

Por eso, el desafío de corto plazo no pasa solamente por evitar nuevos despidos en una planta determinada. La discusión de fondo es cómo preservar el entramado productivo mientras se atraviesa una etapa de menor consumo, precios deprimidos de la materia prima, costos industriales elevados y restricciones financieras.

La respuesta, en términos de política productiva, requiere actuar sobre varios frentes al mismo tiempo: recuperar previsibilidad en la relación entre productores e industria, facilitar capital de trabajo para las empresas, reducir el impacto de los costos críticos y sostener mecanismos eficaces de fiscalización. La eventual declaración de emergencia en las zonas más afectadas o medidas de alivio fiscal que evalúa la Provincia aparecen dentro de ese debate.

El caso de San José funciona así como una señal de alerta para toda la cadena. Los ocho despidos ya concretados son el dato inmediato, pero el riesgo mayor está en que la crisis deje de ser un episodio puntual y se convierta en una dinámica de cierre de plantas, pérdida de empleo y concentración industrial.

En una economía regional donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la yerba mate, sostener la actividad no implica únicamente preservar empresas. Significa evitar que el deterioro de un precio en origen termine transformándose, varios eslabones después, en menos trabajo, menor capacidad industrial y una estructura productiva más concentrada y vulnerable.

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Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector

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La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.

El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.

Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.

“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.

Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.

Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.

“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.

La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.

El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.

En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.

Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.

Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.

Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.

El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.

Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

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El Congreso analizará proyecto para devolver al INYM la facultad de fijar el precio de la yerba

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La disputa por el futuro de la regulación yerbatera llegó nuevamente al Congreso de la Nación. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, figura como cofirmante de un proyecto de ley que busca restituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de acordar y fijar semestralmente un precio mínimo para la hoja verde, una atribución eliminada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Roxana Monzón y plantea incorporar nuevamente a la Ley 25.564 la potestad del INYM para establecer un precio mínimo obligatorio para la materia prima yerbatera, tomando como referencia los costos reales de producción y garantizando una rentabilidad mínima del 30% para el productor.

El proyecto se inscribe en un contexto de fuerte crisis de rentabilidad para el sector yerbatero. Desde la eliminación de las facultades regulatorias del INYM, productores de Misiones y Corrientes vienen denunciando una fuerte caída en los precios pagados por la hoja verde, mientras los costos de producción continúan en aumento.

La posición de Misiones en el Congreso

La firma de Herrera Ahuad no es un dato menor. El ex gobernador de Misiones se convierte así en uno de los legisladores nacionales que respaldan explícitamente el reclamo histórico de productores, cooperativas y entidades rurales de la provincia para recuperar el mecanismo de concertación de precios.

La discusión trasciende la cuestión sectorial. Para buena parte de la dirigencia misionera, la eliminación de las facultades del INYM dejó a más de 13 mil productores frente a un mercado altamente concentrado, donde pocas empresas compradoras tienen capacidad para imponer condiciones comerciales.

El proyecto sostiene precisamente que la actividad yerbatera presenta una estructura de mercado asimétrica, con miles de pequeños productores enfrentados a un reducido número de grandes compradores y molinos, situación que en términos económicos configura un oligopsonio.

El texto busca recuperar un esquema que funcionó durante más de dos décadas y que fue uno de los pilares de la institucionalidad yerbatera desde la creación del instituto en 2002.

Los argumentos del proyecto

Los fundamentos del proyecto sostienen que la desregulación produjo un fuerte deterioro en los ingresos de los productores. Según los datos citados en la iniciativa, el precio máximo pagado por la hoja verde en marzo de 2026 rondó los 220 pesos por kilo, mientras que los costos de producción informados por el propio INYM superaban los 424 pesos por kilo, sin contemplar impuestos ni margen de ganancia.

La iniciativa también señala que la participación del productor dentro del precio final de la yerba cayó a niveles históricamente bajos y advierte sobre fenómenos como el endeudamiento creciente, los pagos diferidos y el aumento de cheques rechazados en la cadena comercial.

Además, el texto cuestiona los resultados de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, al afirmar que no mejoró la competitividad ni las exportaciones y que terminó favoreciendo a los sectores más concentrados de la actividad en detrimento del productor primario.

Una discusión que vuelve al centro de la agenda

La presentación del proyecto vuelve a instalar en el debate nacional una de las principales demandas del sector yerbatero de Misiones. Mientras la Corte Suprema aún no se expide sobre la causa vinculada a las facultades regulatorias del INYM, el Congreso abre un nuevo frente político para intentar revertir uno de los cambios más cuestionados del DNU 70/2023.

La participación de Herrera Ahuad como cofirmante refuerza la posición histórica de Misiones en defensa de la regulación del mercado yerbatero y anticipa que la discusión sobre el precio de la hoja verde volverá a ocupar un lugar central en la agenda productiva de la provincia..

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