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La yerba orgánica proyecta una rentabilidad del 34% muy por encima del modelo convencional

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En un escenario donde la actividad yerbatera atraviesa un proceso de reconfiguración marcado la desregulación, la definición de los precios y el aumento de costos, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones elaboró un estudio comparativo que analiza la rentabilidad proyectada del cultivo hacia 2026. El informe pone en foco dos modelos productivos -convencional y orgánico- y aporta información concreta para la toma de decisiones en un contexto que exige mayor diferenciación.

En principio, los resultados muestran una diferencia estructural significativa entre sistemas. La producción orgánica proyecta un margen bruto positivo de $995.436,19 por hectárea, equivalente a una rentabilidad del 34,27%, mientras que el sistema convencional presenta un margen negativo de -$671.505,77 por hectárea, con una rentabilidad de -19,07% en el escenario 2026.  

Uno de los factores determinantes es el precio de la hoja verde. El modelo orgánico alcanza valores de al menos $600/kg, más del doble del precio de referencia del sistema convencional ($285/kg), lo que permite sostener ingresos superiores aun con menores rendimientos. A su vez, el análisis evidencia que el costo total por hectárea es menor en el sistema orgánico ($2.904.563,81) respecto al convencional ($3.521.505,77), lo que refuerza su eficiencia económica. Esta diferencia está directamente vinculada a la estructura productiva: mientras el modelo tradicional depende de insumos externos, el orgánico se apoya en procesos biológicos y recursos del propio sistema

En este sentido, el informe señala que en el sistema convencional “con los precios de referencia actuales, los costos superan los ingresos del productor, generando márgenes económicos negativos y aumentando el riesgo financiero del establecimiento”,. En contraposición, destaca que el sistema orgánico “presenta menores costos por hectárea, menor dependencia de insumos externos y un precio de venta significativamente superior. Esto permite obtener márgenes brutos positivos y una mayor estabilidad económica en el mediano y largo plazo”.

El estudio incorpora además el punto de equilibrio como variable clave: el sistema orgánico necesita 4.841 kg/ha para cubrir costos, mientras que el convencional requiere 12.357 kg/ha, superando el rendimiento estimado y evidenciando una mayor exigencia productiva.  Actualmente, Misiones cuenta con más de 4.600 hectáreas certificadas como orgánicas, consolidando una transición progresiva hacia modelos productivos más sustentables, con mayor valor agregado y mejores condiciones de inserción en mercados diferenciados.  

El análisis confirma que, aún con rendimientos moderados, el sistema orgánico logra una mayor eficiencia económica y márgenes brutos positivos. “Esto responde a una estructura de menores costos totales por hectárea y a la obtención de un precio de venta diferenciado, lo que reduce la vulnerabilidad del productor frente a la volatilidad del mercado convencional”, concluye el documento al evaluar los resultados comparativos. 

El estudio fue desarrollado por la Dirección General de Yerba Mate y Té, en base a datos relevados en campo y modelos representativos de la zona centro de Misiones. Su objetivo es ofrecer una herramienta técnica que permita evaluar alternativas productivas frente a un escenario donde los márgenes del sistema tradicional se ven cada vez más exigidos, en un contexto de menor previsibilidad para el sector.

De esta manera, el Gobierno de Misiones fortalece el acceso a información estratégica para el sector yerbatero, promoviendo decisiones productivas basadas en evidencia y orientadas a mejorar la rentabilidad, reducir riesgos y consolidar un modelo de desarrollo más sostenible para la provincia.

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Alimentos desaceleran en abril: el NEA registra las menores subas y modera la presión inflacionaria

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Los precios de alimentos y bebidas mostraron una suba del 0,3% durante la segunda semana de abril en cadenas de supermercados a nivel nacional, según un relevamiento privado. El dato relevado por la consultora Analytica consolida una variación promedio de 1,6% en las últimas cuatro semanas y se alinea con una proyección mensual del 2,8% para el nivel general de precios.

El registro introduce una señal de moderación en la dinámica inflacionaria, con diferencias regionales marcadas: el NEA y la Patagonia se ubicaron entre las zonas con menor variación, con subas del 0,2%, mientras que Cuyo lideró los incrementos con un 0,5%.

Precios bajo monitoreo: estabilidad relativa en el corto plazo

El dato semanal confirma una desaceleración en el ritmo de aumentos en alimentos, un componente clave dentro de la inflación general. En términos acumulados, el 1,6% en cuatro semanas refleja una tendencia más contenida respecto a períodos previos, aunque aún dentro de un escenario de subas sostenidas.

La proyección de 2,8% mensual para abril ubica a los alimentos como un factor relevante en la evolución del índice general, pero sin picos abruptos en el corto plazo.

Dispersión por rubros y comportamiento heterogéneo

El análisis por categorías muestra una dinámica desigual. En el promedio de cuatro semanas, los mayores aumentos se registraron en pescados y mariscos (+3,6%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,5%).

En contraste, otros alimentos —que incluyen salsas y snacks— subieron 1,3%, mientras que pan y cereales mostraron un incremento más moderado del 0,9%. El dato distintivo es la baja en frutas (-1,1%), único rubro con variación negativa en el período.

Esta dispersión refleja cambios en los precios relativos dentro de la canasta alimentaria.

Inflación contenida pero aún presente en agenda

El comportamiento de los alimentos sigue siendo un indicador sensible para la política económica. La desaceleración semanal puede leerse como una señal favorable para el Gobierno en términos de expectativas, aunque el nivel de suba mensual proyectado mantiene la inflación como un eje central de la agenda.

El dato regional también aporta una dimensión política: la menor variación en el NEA sugiere una dinámica de precios más contenida en esa zona, aunque sin alterar el cuadro general.

Consumo bajo presión moderada

La evolución de los precios de alimentos tiene un efecto directo sobre el poder adquisitivo. Subas más moderadas pueden aliviar parcialmente la presión sobre el consumo, aunque el impacto depende de la evolución de los ingresos reales.

La caída en frutas y la menor suba en productos básicos como pan y cereales podrían influir en la composición del gasto de los hogares.

El NEA entre las zonas con menor inflación alimentaria

El NEA registró una suba del 0,2% en la semana, ubicándose entre las regiones con menor variación de precios. Sin datos desagregados por provincia, el dato sugiere una menor presión inflacionaria en alimentos respecto a otras zonas del país.

En economías regionales como Misiones, donde el consumo interno tiene un peso significativo, la evolución de estos precios incide directamente en la dinámica comercial.

Inflación en transición

La evolución de abril se mantiene en observación. Entre las variables a seguir se encuentran la continuidad de la desaceleración semanal, la estabilidad en rubros clave y el comportamiento regional.

El dato proyectado del 2,8% mensual marcará el pulso del mes, en un contexto donde la inflación sigue siendo un indicador determinante para la economía y la política.

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YPF congela el precio del combustible por 45 días y busca contener el impacto del petróleo en plena volatilidad global

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Una decisión con impacto político y económico inmediato. Desde este miércoles 1° de abril, YPF puso en marcha una estrategia que trasciende lo comercial: decidió no trasladar al surtidor las variaciones del precio internacional del petróleo durante un plazo de hasta 45 días. El anuncio, realizado por su CEO Horacio Marín, introduce un “buffer” de precios que apunta a sostener cierta estabilidad en los combustibles en un escenario global marcado por la volatilidad del Brent.

El dato es concreto y sensible: en un país donde el precio de la nafta funciona como referencia para toda la estructura de costos, la decisión abre una pregunta de fondo. ¿Es un movimiento táctico para sostener la demanda o una señal más amplia sobre el rol de la principal petrolera en un mercado que se define como libre?

El mecanismo: absorber el shock externo sin alterar el surtidor

La medida se limita a una variable clave: el precio internacional del crudo. Durante los próximos 45 días, YPF absorberá ese componente sin trasladarlo al consumidor, en un intento por amortiguar el impacto de la suba del Brent, influida por el conflicto en Medio Oriente.

La empresa dejó en claro los límites de la decisión. El congelamiento no alcanza a otras variables que componen el precio final, como impuestos o tipo de cambio, que podrían eventualmente generar ajustes. Es decir, el “buffer” no es un congelamiento total, sino una contención parcial del componente más volátil.

El contexto en el que se inscribe la medida también es relevante. Desde la compañía señalaron que la demanda muestra signos de debilidad, especialmente en el interior del país, lo que refuerza la necesidad de evitar nuevos aumentos que profundicen la caída del consumo.

Señales hacia adentro y hacia afuera

La decisión de YPF se ubica en una zona híbrida. Por un lado, la empresa ratifica que opera en una economía de libre mercado, donde las decisiones responden a oferta y demanda. Por otro, introduce un criterio de estabilidad que tiene impacto directo en la dinámica inflacionaria y en el humor social.

En términos de correlación de fuerzas, el movimiento posiciona a la petrolera como un actor que puede moderar, al menos temporalmente, las tensiones de precios en un insumo clave. Esto no es menor en un contexto donde los combustibles inciden en transporte, logística y precios finales.

Al mismo tiempo, la medida marca un contraste implícito con el resto de las variables que no controla la empresa. Al dejar abierta la posibilidad de ajustes por impuestos o tipo de cambio, YPF delimita responsabilidades dentro del esquema económico más amplio.

Que dijo Marín

El CEO de YPF, Horacio Marín indicó en sus redes sociales “desde YPF hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio”.

Explicó que “desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía. Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global. Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes”.

Sostenibilidad y efecto rebote

El “buffer” tiene fecha de vencimiento: 45 días. Ese plazo funciona como ventana de contención, pero también como límite operativo. La incógnita es qué ocurrirá cuando el mecanismo se agote, especialmente si las condiciones internacionales no se estabilizan.

En el corto plazo, la decisión podría sostener el consumo y evitar un traslado inmediato a precios. En el mediano, la acumulación de tensiones podría reconfigurar el escenario.

Lo que queda en juego es más que una política comercial. Es la capacidad de una empresa clave de intervenir —aunque sea parcialmente— en un mercado sensible, sin desdibujar su lógica de funcionamiento. Esa tensión, por ahora, sigue abierta.

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Caputo se alinea con supermercados y pone en la mira a las tasas municipales

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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, encabezó una reunión con representantes de las principales cadenas de supermercados, donde emergió un diagnóstico que trasciende lo sectorial: las tasas municipales aparecen como el principal factor que hoy afecta la actividad. El encuentro, del que también participó el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, instala una tensión política de fondo entre Nación y gobiernos locales. ¿Se trata de un reclamo puntual o del inicio de una disputa más amplia por la presión impositiva en distintos niveles del Estado?

Un reclamo concreto que escala en la agenda económica

Según detalló el propio ministro, los supermercadistas identificaron a las tasas municipales como el principal problema que enfrentan. El cuestionamiento no apunta solo al nivel de carga, sino también a su justificación: sostienen que no existe una contraprestación clara que legitime esos cobros.

El planteo adquiere volumen al incorporar cifras específicas. En algunos municipios, las tasas alcanzan niveles que superan el 6%, con adicionales que elevan la carga total. En otros casos, se suman contribuciones vinculadas a fondos educativos, tasas ambientales o cargos adicionales que impactan directamente en los costos operativos y, por extensión, en los precios al consumidor.

El dato no es menor: el sector supermercadista funciona como termómetro de precios en la economía. Cualquier presión sobre sus costos tiene impacto inmediato en la cadena de consumo.

La dimensión institucional: Nación vs. municipios

El eje del conflicto no se limita a una discusión económica. Introduce un debate institucional sobre la estructura tributaria en Argentina. Mientras el Gobierno nacional avanza con un discurso de reducción de impuestos y costos, los municipios aparecen como un nivel donde la presión fiscal se mantiene o incluso crece.

Caputo fue explícito al señalar que estas tasas “no corresponden” cuando no tienen contraprestación, lo que abre una discusión jurídica y política sobre su legitimidad. En ese marco, la Casa Rosada empieza a construir un argumento que puede escalar más allá del sector supermercadista.

La participación de grandes cadenas —Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto, Día y La Anónima— refuerza el peso del reclamo. No se trata de actores marginales, sino de empresas con fuerte incidencia en el consumo masivo.

Presión sobre intendentes y alineamiento empresario

El encuentro deja ver un alineamiento táctico entre el Gobierno nacional y el sector privado frente a los gobiernos locales. La estrategia parece clara: visibilizar el impacto de las tasas municipales en los precios para trasladar el costo político hacia los intendentes.

En ese esquema, los municipios quedan expuestos como responsables de una parte de la carga que incide en la inflación minorista. Es un movimiento que puede reconfigurar la discusión pública sobre dónde se concentran los costos del sistema impositivo.

Para el oficialismo, el beneficio es doble. Por un lado, canaliza reclamos empresarios. Por otro, refuerza su narrativa de que la presión fiscal no proviene exclusivamente del nivel nacional.

Disputa fiscal y efectos en precios

Lo que sigue dependerá de cómo evolucione esta tensión. Si el Gobierno decide avanzar más allá del diagnóstico, podría impulsar medidas o presionar políticamente para revisar esquemas municipales.

Al mismo tiempo, el impacto en precios será una variable clave. Si las tasas continúan trasladándose a los costos, el conflicto puede adquirir mayor visibilidad en el debate inflacionario.

El encuentro dejó un mensaje político claro, pero también abrió un frente complejo. La discusión sobre quién cobra impuestos —y cuánto— vuelve al centro de la escena, esta vez con actores y niveles de gobierno en tensión.

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Yerba mate: las cooperativas dan señales alcistas para el precio de la hoja verde

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En la antesala del inicio de la cosecha gruesa, el mercado yerbatero sigue en tensión por el precio de la materia prima. Con un mercado desregulado y sin referencias oficiales, distintas empresas comienzan a mover fichas y a instalar valores que buscan captar volumen en un contexto de alta incertidumbre.

La novedad más fuerte llega desde el sector cooperativo: Piporé iniciará la zafra en torno a los 450 pesos por kilo de hoja verde, luego de haber pagado a sus socios cerca de 400 pesos el año pasado.

Sin embargo, desde el propio ámbito cooperativo advierten que este dato debe interpretarse con cautela y no como un piso para la industria.

“Hay que aclarar que el socio de Piporé no es solamente productor. Es productor, secadero y molinero, con marca propia. Es decir, hay una integración vertical”, explicó a Economis Martín Britez, presidente de la cooperativa.

En ese esquema, el socio factura a la cooperativa un único concepto -la hoja verde-, pero ese valor incluye también la rentabilidad de las otras etapas de la cadena, lo que distorsiona la comparación con otras industrias.

“Por eso el valor que recibe el socio de Piporé no es un parámetro válido para la discusión actual del precio de la materia prima”, remarcó el directivo. 

Las Tunas paga a sus asociados 380 pesos por kilo de hoja verde, un valor que supera ampliamente los registros que se venían manejando en las últimas semanas y que vuelve a tensionar la discusión entre productores, secaderos e industriales. Incluso, es más que los 350 pesos que ofreció el empresario sirio Omar Kassab, en Andresito. Sin embargo, la propia cooperativa admite que ese precio complica la rentabilidad de la entidad. 

Los datos de las cooperativas no pueden tomarse como parámetro lineal para toda la industria, pero sí marcan el reconocimiento implícito de que el precio promedio que está pagando el mercado está muy por debajo de los costos de producción. 

Según distintos trabajos que se están realizando en el sector productivo, el costo de producción estimado para un yerbal de alto volumen de producción en 391,2 pesos, lo que, al cargar una rentabilidad mínima del 30 por ciento, daría un precio de 508,56 pesos. El problema es que no todos los yerbales tienen ese volumen, por lo que los costos son variables de acuerdo a la chacra y zona productiva. 

Este movimiento no es aislado. Se suma a una dinámica creciente de ofertas diferenciadas, donde cada actor intenta posicionarse antes del inicio pleno de la zafra, en un mercado atravesado por sobreoferta, caída del consumo interno y dificultades en la exportación.

El precio de la hoja verde se convirtió nuevamente en el eje de conflicto del sector. Mientras algunos industriales advierten que valores altos no son sostenibles en el actual contexto de consumo deprimido, productores y sectores primarios buscan recuperar rentabilidad tras meses de pérdida de poder adquisitivo.

En ese escenario, la aparición de ofertas como la de Las Tunas marca un punto de inflexión: no solo mejora la expectativa de precio, sino que también funciona como referencia implícita para el resto del mercado.

Sin embargo, la heterogeneidad sigue siendo la norma. Hay operadores que aún se mantienen en niveles más bajos o directamente evalúan retrasar el inicio de la cosecha, lo que configura un mapa fragmentado y sin precio de referencia claro.

La desregulación del sector dejó al mercado sin herramientas de referencia institucional, lo que obliga a que los precios se definan exclusivamente por oferta y demanda.

En este contexto, cada dato -como el de Piporé o el de Las Tunas- tiene un impacto inmediato en las expectativas del sector, aunque no necesariamente se traduzca en un nuevo equilibrio de mercado.

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