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Eliminación de anticipos de IIBB: “No va a tener impacto en ventas ni en el consumo”

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La eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en los accesos a Misiones, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua y con vigencia desde el 1 de julio, comenzó a generar las primeras reacciones en el sector comercial. Desde Posadas, el empresario Fernando Vely planteó que la medida no tendrá un impacto directo en los precios en el corto plazo, aunque sí puede mejorar la operatoria entre proveedores y pymes.

En declaraciones a Radio Open 101.7, Vely —comerciante e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas— sostuvo que el cambio responde a un reclamo que el sector venía gestionando desde hace meses, pero llamó a moderar expectativas sobre sus efectos inmediatos.

Una reforma que desarma un esquema de casi dos décadas

La decisión del Gobierno provincial implica el fin del pago a cuenta de Ingresos Brutos en puestos de control como Centinela y El Arco, un sistema vigente desde 2007. La medida se aplicará durante 12 meses como prueba y alcanzará al 95% del padrón de contribuyentes.

Desde el Ejecutivo, se planteó como un paso hacia la simplificación tributaria: los controles quedarán limitados a la verificación documental, mientras que las grandes empresas continuarán con un esquema digital y mensual.

En términos operativos, la exclusión automática del pago a cuenta alcanza a unas 16.500 pymes, lo que modifica la relación fiscal en el ingreso de mercadería a la provincia.

Qué cambia: menos anticipos, pero impacto diferido

Desde la mirada empresaria, la principal modificación no está en el precio final, sino en la dinámica comercial. Vely explicó que el anticipo funcionaba como un costo que los proveedores trasladaban a los precios, aunque no siempre de manera uniforme.

Sin embargo, advirtió que el efecto de la eliminación no será inmediato. “Esto arranca recién en julio y muchas empresas ya hicieron sus compras de temporada”, señaló, aludiendo a la estacionalidad del comercio.

Según detalló, el impacto podría observarse recién en ciclos comerciales posteriores, como la temporada primavera-verano, cuando las nuevas condiciones fiscales comiencen a reflejarse en las listas de precios.

El Gobierno desactiva un eje de conflicto con el sector privado

La medida implica un movimiento político con impacto directo en la relación entre el Gobierno provincial y las cámaras empresarias, que cuestionaban el esquema de anticipos desde hace años.

Al eliminar el cobro en frontera, el Ejecutivo neutraliza uno de los principales reclamos del sector comercial y productivo, al tiempo que busca mejorar el clima para la inversión y la actividad.

En ese contexto, la respuesta empresaria combina respaldo con cautela. Vely reconoció que se trata de una “medida de fondo”, pero insistió en que el problema estructural sigue siendo la carga administrativa y la burocracia.

Alivio operativo más que baja de precios

De acuerdo con lo planteado por el comerciante, el principal beneficio será una mayor fluidez en la relación con proveedores, al eliminar gestiones y anticipos que generaban saldos a favor y tensiones comerciales.

También podría reducirse un recargo puntual —estimado en torno al 3%— en aquellos casos donde el anticipo era trasladado directamente al precio. Sin embargo, ese efecto dependerá de cada proveedor y de si estaba alcanzado por el régimen.

En términos generales, Vely descartó un impacto directo en el bolsillo del consumidor: “No va a tener un impacto en precios”, afirmó.

Uno de los puntos que emerge del análisis es la comparación con mercados cercanos como Corrientes o Chaco. Según el empresario, las diferencias de precios con proveedores de esas provincias estaban, en parte, vinculadas al esquema de anticipos.

La eliminación de ese costo podría contribuir a equiparar condiciones, en un contexto donde el comercio local compite no solo con otras jurisdicciones, sino también con el comercio electrónico.

La presión del e-commerce, según describió, obliga a los comercios a absorber costos para no perder competitividad, lo que limita la capacidad de trasladar cualquier ahorro al precio final.

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Colectivos en crisis en el AMBA: menos unidades, recortes en el servicio y boleto 1200% más caro

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Las paradas repletas, las largas esperas y los colectivos saturados dejaron de ser una postal excepcional para transformarse en parte de la rutina diaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pocos días de aplicarse un nuevo aumento del 5,4% en el boleto, que llevó la tarifa mínima a $753,74, el sistema de transporte público quedó otra vez bajo presión.

Las cámaras empresariales del sector advirtieron que el servicio está al borde de ser declarado en emergencia. La razón es una combinación explosiva: deuda estatal acumulada, suba persistente de costos operativos, falta de actualización en las compensaciones y una flota cada vez más reducida. Según denunciaron, el Estado mantiene una deuda superior a los $128 mil millones en concepto de subsidios y compensaciones pendientes.

A esto se suma la falta de precisiones por parte de Nación y Provincia sobre cómo se cubrirán los mayores costos derivados del incremento del gasoil y otros insumos esenciales para sostener la operación diaria.

Menos colectivos en circulación

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA confirma el deterioro estructural del sistema. En noviembre de 2019 circulaban en el AMBA 19.348 colectivos; en marzo de 2026 esa cifra cayó a 16.989 unidades, lo que implica casi 2.500 micros menos y una reducción cercana al 12%.

La baja no es solo estadística: impacta de manera directa en la frecuencia, en la capacidad de respuesta y en la calidad del servicio. Desde el sector empresario aseguran que durante abril la situación se agravó aún más, cuando se aplicó un recorte del 40% en la circulación como forma de presión ante la falta de respuestas oficiales.

Muchas líneas, según el relevamiento, operan actualmente apenas al 70% de su capacidad habitual.

El boleto subió más de 1200%

Mientras la oferta se achica, el costo para los usuarios se disparó. En poco más de seis años, el boleto de colectivo acumuló un aumento superior al 1200%, incluso en un contexto donde las empresas siguieron recibiendo subsidios, aunque con fuertes recortes y demoras.

El resultado es visible en cada parada: menos frecuencia, mayores tiempos de espera y unidades sobrecargadas, especialmente en horarios pico.

La situación revela una paradoja cada vez más evidente: viajar cuesta mucho más, pero el servicio responde cada vez peor.

Subsidios desordenados y deuda creciente

El informe académico también pone el foco en la compleja estructura de subsidios, repartida entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa superposición de responsabilidades genera desajustes administrativos y dificulta una planificación uniforme del sistema.

El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el principal factor de deterioro fue el fuerte aumento del precio del combustible.

Según señaló, esos mayores costos no fueron compensados de manera inmediata ni vía subsidios ni mediante actualizaciones tarifarias. Además, se acumuló una deuda vinculada al subsidio social destinado a jubilados que rondaría los $80 mil millones.

Flota envejecida y menos kilómetros

Uno de los efectos más directos del desfinanciamiento es la postergación de la renovación de unidades. Cuando faltan recursos, las empresas primero retrasan el recambio de colectivos y luego reducen la cantidad de vehículos activos.

Eso deriva en una flota más vieja, con mayores fallas mecánicas, menor confiabilidad y menos kilómetros recorridos.

Desde 2024, además, el esquema de subsidios se fragmentó aún más al dividirse por jurisdicciones, profundizando las desigualdades operativas y financieras entre empresas.

Paros y conflicto salarial

La fragilidad del sistema también quedó expuesta esta semana con nuevas interrupciones del servicio. Las líneas 707, 333, 407 y 437, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A., dejaron de circular en la zona norte del conurbano bonaerense por un conflicto salarial.

Los trabajadores mantienen un paro por salarios adeudados que ya supera una semana, en una nueva muestra de la tensión financiera que atraviesa el sector.

El antecedente más reciente fue el 9 de abril, cuando la reducción de frecuencias coincidió con un paro de la UTA. Aunque el Gobierno giró un anticipo de subsidios que permitió recomponer parcialmente el funcionamiento, la normalización fue desigual según la situación financiera de cada empresa.

Un sistema cada vez más caro y más frágil

El diagnóstico es claro: sin medidas estructurales, el deterioro continuará.

Menos unidades en la calle, tarifas en alza, subsidios desordenados y empresas con serias dificultades para sostener la operación conforman un escenario crítico para millones de pasajeros que dependen diariamente del transporte público.

El AMBA enfrenta así una ecuación cada vez más difícil de sostener: colectivos más caros, menos frecuentes y un sistema que, lejos de mejorar, parece avanzar hacia una crisis aún más profunda.

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Vicepresidente de Playadito avaló que “el INYM fije precios de referencia” para la yerba

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Orlando Stvass, vicepresidente de la cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, cuya principal marca comercial es Playadito, sorprendió al avalar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiera un precio de referencia, aunque no sea obligatoria, medida que fue rechazada por el resto de la industria y por el presidente del organismo, el libertario Rodrigo Correa. La voz de Stvass tiene peso específico: Playadito es hoy la yerba más vendida dentro de la Argentina. El ejecutivo planteó un diagnóstico crítico sobre la situación del mercado yerbatero: “la sobreoferta de materia prima y la debilidad del consumo están presionando a la baja los precios al productor y no se prevén mejoras en el corto plazo”.

En una entrevista radial en La Red Rural, el referente de la firma que comercializa la marca Playadito describió un escenario de cambio abrupto respecto a años anteriores. “Hoy el mercado está sobreofrecido y eso tira todo para atrás”, explicó, al tiempo que vinculó la situación con el aumento de plantaciones en Misiones y Corrientes y una demanda que no logró expandirse al mismo ritmo.

Comparto que el productor está en una situación difícil, pero la realidad de todo esto es que hubo una oferta enorme. En su momento, con el pleno auge que tuvo la yerba, con eso del ‘oro verde’, vinieron muchos inversores a la zona y muchas plantaciones nuevas”, señaló.

“Corrientes y Misiones plantaron cincuenta y cinco mil hectáreas nuevas, toda alta densidad, alta producción, y el mercado está sobreofrecido. Cuando el mercado está sobreofrecido genera esta situación“, apuntó.

La única solución hoy es que haya algún factor climático, que es lo que pasó anteriormente: hubo tres o cuatro años de sequía y eso fue lo que realmente cambió la situación. Ahí el productor tenía todo el poder para defender el precio”, advirtió.

El rol del INYM en un mercado tensionado

Stvass se refirió al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en medio de cuestionamientos de productores por la falta de regulación efectiva.

Según su visión, el organismo “es una herramienta fundamental” para ordenar el sector, aunque señaló que no logró cumplir plenamente su función de promoción y desarrollo del mercado. En particular, planteó que el instituto debe fijar precios de referencia y fortalecer la estadística y el control de producción, pero advirtió sobre las limitaciones de imponer valores en un contexto de exceso de oferta.

“No me metería en el tema de regular precio, porque el Instituto lo que tiene que fijar es un precio de referencia. Ahí es donde está la competencia del productor. No es bueno en ningún lado fijar un precio por ley. Porque si te falta materia prima, se paga sobre el precio que fija el Instituto. Y cuando sobra materia prima, hay todo un artilugio para no pagar ese precio. El Instituto tiene que cumplir sus funciones: marcar un precio de referencia, hacer la estadística, la promoción, el desarrollo y el control de producción”, describió.

El planteo introduce una tensión con el resto de la industria y la política económica del presidente Javier Milei, que a través del DNU 70/23 le quitó al INYM todas las facultades de regulación de precios y de producción.

Decime qué herramienta puede tener el gobierno nacional o provincial para solucionar un tema de sobreoferta. Nos gustaría que la soja valga 600 dólares, que el maíz valga 300 o 400 dólares, pero cuando tenés un commodity, el mercado te marca el piso y el techo. Yo entiendo a todos los productores, yo soy productor también y a mí me gustaría que la yerba valga por lo menos lo que cubra los costos de producción hoy, pero no se está dando por la sobreoferta”.

El eje del problema, de acuerdo al diagnóstico, es el incremento de la producción. Stvass indicó que se incorporaron unas 55.000 hectáreas nuevas en la región, lo que derivó en un excedente de materia prima.

Ese cambio de escenario generó: dificultades para absorber toda la cosecha (parte no se levantó el año pasado y ahora está sucediendo lo mismo en Misiones), presión a la baja sobre el precio pagado al productor y reducción de márgenes en toda la cadena.

En paralelo, la industria ajustó su estrategia. Según lo informado, se aplicaron bajas de entre 20% y 25% en precios de góndola en años recientes y se redujeron márgenes operativos para sostener la comercialización.

El consumo interno, sin embargo, “no bajó”, aunque se registró una absorción de stocks acumulados en mayoristas y supermercados, lo que también impactó en la dinámica del mercado.

Productores presionan, pero el mercado fija límites

El conflicto expone una puja interna dentro de la cadena yerbatera. Por un lado, productores -especialmente los no integrados- reclaman mejores precios. Por otro, las cooperativas y la industria advierten que el margen de maniobra es limitado.

Stvass, en su doble rol de productor e industrial, reconoció la situación social del sector, pero sostuvo que el problema excede la capacidad de intervención directa. “Cuando hay sobreoferta, el mercado marca el piso y el techo”, planteó.

El escenario descrito combina varios factores económicos: caída del precio de la materia prima. Incremento de costos operativos (energía, impuestos). Endeudamiento elevado en la industria.

Según el dirigente, gran parte de las industrias del sector enfrenta niveles altos de deuda, en un contexto donde anteriormente debían pagar precios elevados por la hoja verde para asegurar abastecimiento. “El productor tenía todo el poder y no te entregaba la materia prima si no pagabas de contado. “Después cambió la política nacional, se cortó la expectativa de suba permanente y los mayoristas empezaron a consumir el sobrestock que tenían. Eso generó una contracción de todo el mercado”, precisó.

Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%. Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%

A esto se suma el impacto impositivo. Entre las medidas sugeridas, mencionó la necesidad de revisar tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, además de avanzar en un fondo anticíclico para amortiguar crisis de sobreproducción.

Presión directa sobre Misiones y Corrientes

El núcleo del problema se concentra en Misiones y Corrientes, donde se expandió la superficie cultivada. La sobreoferta impacta de manera directa en las economías regionales, especialmente en pequeños productores que no están integrados a estructuras cooperativas o industriales.

En ese contexto, las cooperativas aparecen como actores con mayor capacidad de amortiguar la crisis, al capturar valor en toda la cadena productiva.

El corto plazo aparece condicionado por factores que no dependen exclusivamente de decisiones internas del sector. Stvass señaló dos posibles vías de ajuste: un evento climático que reduzca la producción, como ocurrió en años de sequía, o la apertura o consolidación de nuevos mercados de exportación.

También dejó abierta la necesidad de intervención estatal, aunque con herramientas indirectas, como alivio fiscal o instrumentos financieros.

Mientras tanto, el sector transita un período de reacomodamiento, con reuniones entre actores para sostener a los productores más afectados y evitar una salida masiva del sistema.

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Alimentos desaceleran y proyectan inflación de 2,8% en abril

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En la tercera semana de abril, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,5% en supermercados de todo el país, según un relevamiento de la consultora Analytica, consolidando un promedio de 1,2% en las últimas cuatro semanas y una proyección mensual del 2,8%. El dato, que a primera vista sugiere una desaceleración de la inflación respecto de meses previos, se vuelve políticamente relevante porque impacta en el núcleo más sensible del consumo. ¿Se trata de una señal de estabilización o de una pausa transitoria en un contexto aún frágil?

La evolución de los alimentos funciona como termómetro directo del poder adquisitivo y, al mismo tiempo, como indicador de la eficacia del esquema económico. En ese marco, la dinámica de abril introduce un matiz: si bien los incrementos semanales muestran cierta moderación, la dispersión por rubros y regiones expone tensiones que todavía no se resuelven.

Desaceleración con matices: el mapa de precios y sus tensiones

El relevamiento muestra diferencias claras en la composición de aumentos. En términos regionales, la región Pampeana y Cuyo registraron subas del 0,4%, mientras que la Patagonia encabezó los incrementos con 0,8%. Esa brecha sugiere que la desaceleración no es homogénea y que los costos logísticos y de abastecimiento siguen incidiendo en la formación de precios.

Por rubros, el comportamiento también es dispar. En el promedio de cuatro semanas, los mayores aumentos se concentraron en aguas, gaseosas y jugos (+2,3%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,2%). En contraste, pan y cereales y verduras avanzaron apenas 0,6%, mientras que las frutas mostraron una baja de -2,1%.

La lectura institucional de estos datos es directa: la inflación en alimentos no responde a un único factor, sino a una combinación de costos, estacionalidad y dinámica de consumo. La caída en frutas, por ejemplo, puede aliviar el índice general, pero no necesariamente compensa el impacto de categorías con mayor peso en la canasta.

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Yerba desregulada: la producción perdió USD 260 millones y la deuda industrial creció 53%

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En un comercio de Entre Ríos se consiguen cinco paquetes de yerba Soberanía a 13.800 pesos el kilo. La yerba Progreso se ofrece a 800 el medio kilo. En un hipermercado, Playadito se consigue a 3.299 pesos y la Marolio a 1.999. Todos precios que rompen el mercado y que hacen imposible pensar en aumentar el valor de la hoja verde. La “competencia” provocada por la desregulación se está mordiendo la cola y las principales industrias pierden mercado por la irrupción de marcas económicas, beneficiadas con la compra de materia prima barata. Pisar los precios en góndola tiene también un efecto sobre la industria tradicional -las grandes marcas-, que se tiene que acostumbrar a competir con valores que no alcanzan para cubrir los costos de producción y operación, que se dispararon con la economía liberada: energía y combustible son las principales cargas. Básicamente trabajan al costo. 

La maquinaria está bajo presión. Según fuentes del sector industrial, algunos bancos comenzaron a analizar los pedidos de la industria bajo una luz amarilla, de riesgo. Esa calificación perjudica a los molinos y secaderos, que necesitan financiamiento. Lo que antes se conseguía apenas con la marca, ahora es mirado con lupa. Y más caro. Obviamente, esa situación perjudica a toda la cadena y en última instancia a los productores, que están peleando por un mejor precio. 

“Ojalá que a poquito empiece a recomponerse el precio. Creo que nos beneficiamos toda la cadena y todos, desde la estación de servicio, el almacén, toda la comunidad”. La frase no es de un productor, sino de un industrial que comienza a sentir los efectos de la desregulación. 

El cuadro de la cadena yerbatera muestra un descalce extremo entre costos y precios que explica el deterioro del sector productivo. Con un costo estimado por el INYM de $423,99 por kilo y un precio teórico con margen del 30% de $551,19, el productor terminó recibiendo en promedio apenas $240 por kilo, lo que implica una pérdida directa de $311,19 por kilo. Proyectado sobre una producción de 889.253.082 kilos de hoja verde en 2025, el resultado es una transferencia negativa de ingresos de $276.726 millones, equivalentes a unos USD 200 millones.

A marzo de 2026, el deterioro de la ecuación económica se profundiza sin freno. El costo de producción, ajustado por una inflación acumulada del 16,8% entre octubre y marzo, pasa de $423,99 a $495,22 por kilo, lo que eleva el precio teórico con margen al $643,79. Sin embargo, el precio efectivamente pagado al productor se mantiene en torno a los $240, lo que eleva la pérdida a $403,79 por kilo

Proyectado sobre el mismo volumen de producción de 2025 (889 millones de kilos), la transferencia negativa de ingresos asciende a $359.071 millones, equivalentes a unos USD 260 millones. Es decir, lejos de corregirse, el descalce entre costos y precios se agrava, consolidando un esquema en el que el productor absorbe cada vez una mayor porción de la crisis de la cadena. 

El núcleo productivo financió al resto de la cadena absorbiendo más de la mitad del valor potencial de su producción.

En paralelo, los datos del sector industrial refuerzan el cuadro de fragilidad. Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%

Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%. La combinación es clara: caída de ventas y fuerte aumento del endeudamiento. Este patrón revela que la industria no solo enfrenta un mercado más débil, sino que además sostiene su operatoria con mayor apalancamiento financiero, elevando los riesgos de mora y profundizando la inestabilidad de toda la cadena.

Incluso las principales firmas, que exportan y están en números récord, tienen una rentabilidad acotada. El dólar planchado conspira bloquea mejores ingresos, mientras que el precio del combustible o la energía eléctrica se triplicaron. Y nadie puede mover para arriba el dólar exportador, porque la competencia de Brasil o Paraguay, acecha amenazante. 

Un informe del becario del CONICET y egresado de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Guillermo Gering, advierte que, pese al volumen récord exportado en 2025, la Argentina está capturando cada vez menos valor por unidad. Ese año se alcanzaron 58 millones de kilos exportados por 113 millones de dólares, pero con un precio promedio de apenas 1,95 dólares por kilo, el nivel más bajo de los últimos cinco años. Es decir, el crecimiento en volumen no se tradujo en una mejora de rentabilidad, sino más bien en una consolidación de un perfil exportador de bajo valor agregado.

La comparación con Brasil resulta elocuente y expone una brecha creciente en la estrategia productiva. Mientras Argentina colocó más de 58 mil toneladas, Brasil exportó alrededor de 48 mil toneladas, pero generó casi los mismos ingresos en dólares. 

La clave está en el precio: el producto brasileño promedió 2,44 dólares por kilo, un 25% más que el argentino. Según el informe, esto responde a un modelo basado en innovación, desarrollo tecnológico y diversificación de productos -extractos, polvos y derivados- que permiten capturar mayor valor en mercados internacionales cada vez más orientados a la yerba como “superalimento”.

Mientras el mercado global proyecta pasar de 2.400 millones de dólares en 2025 a 4.300 millones en 2035, impulsado por la demanda en Asia y Europa, la Argentina continúa concentrada en la exportación de materia prima para consumo tradicional. En paralelo, los beneficios del crecimiento exportador no se distribuyen en la cadena: “El récord de exportaciones descansa sobre una base de trabajo humano mal remunerado”, advierte Gering.

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