En la antesala del inicio de la cosecha gruesa, el mercado yerbatero sigue en tensión por el precio de la materia prima. Con un mercado desregulado y sin referencias oficiales, distintas empresas comienzan a mover fichas y a instalar valores que buscan captar volumen en un contexto de alta incertidumbre.
La novedad más fuerte llega desde el sector cooperativo: Piporé iniciará la zafra en torno a los 450 pesos por kilo de hoja verde, luego de haber pagado a sus socios cerca de 400 pesos el año pasado.
Sin embargo, desde el propio ámbito cooperativo advierten que este dato debe interpretarse con cautela y no como un piso para la industria.
“Hay que aclarar que el socio de Piporé no es solamente productor. Es productor, secadero y molinero, con marca propia. Es decir, hay una integración vertical”, explicó a Economis Martín Britez, presidente de la cooperativa.
En ese esquema, el socio factura a la cooperativa un único concepto -la hoja verde-, pero ese valor incluye también la rentabilidad de las otras etapas de la cadena, lo que distorsiona la comparación con otras industrias.
“Por eso el valor que recibe el socio de Piporé no es un parámetro válido para la discusión actual del precio de la materia prima”, remarcó el directivo.
Las Tunas paga a sus asociados 380 pesos por kilo de hoja verde, un valor que supera ampliamente los registros que se venían manejando en las últimas semanas y que vuelve a tensionar la discusión entre productores, secaderos e industriales. Incluso, es más que los 350 pesos que ofreció el empresario sirio Omar Kassab, en Andresito. Sin embargo, la propia cooperativa admite que ese precio complica la rentabilidad de la entidad.
Los datos de las cooperativas no pueden tomarse como parámetro lineal para toda la industria, pero sí marcan el reconocimiento implícito de que el precio promedio que está pagando el mercado está muy por debajo de los costos de producción.
Según distintos trabajos que se están realizando en el sector productivo, el costo de producción estimado para un yerbal de alto volumen de producción en 391,2 pesos, lo que, al cargar una rentabilidad mínima del 30 por ciento, daría un precio de 508,56 pesos. El problema es que no todos los yerbales tienen ese volumen, por lo que los costos son variables de acuerdo a la chacra y zona productiva.
Este movimiento no es aislado. Se suma a una dinámica creciente de ofertas diferenciadas, donde cada actor intenta posicionarse antes del inicio pleno de la zafra, en un mercado atravesado por sobreoferta, caída del consumo interno y dificultades en la exportación.
El precio de la hoja verde se convirtió nuevamente en el eje de conflicto del sector. Mientras algunos industriales advierten que valores altos no son sostenibles en el actual contexto de consumo deprimido, productores y sectores primarios buscan recuperar rentabilidad tras meses de pérdida de poder adquisitivo.
En ese escenario, la aparición de ofertas como la de Las Tunas marca un punto de inflexión: no solo mejora la expectativa de precio, sino que también funciona como referencia implícita para el resto del mercado.
Sin embargo, la heterogeneidad sigue siendo la norma. Hay operadores que aún se mantienen en niveles más bajos o directamente evalúan retrasar el inicio de la cosecha, lo que configura un mapa fragmentado y sin precio de referencia claro.
La desregulación del sector dejó al mercado sin herramientas de referencia institucional, lo que obliga a que los precios se definan exclusivamente por oferta y demanda.
En este contexto, cada dato -como el de Piporé o el de Las Tunas- tiene un impacto inmediato en las expectativas del sector, aunque no necesariamente se traduzca en un nuevo equilibrio de mercado.
Un ajuste técnico con lectura económica En un contexto de presión sobre los precios energéticos, el Gobierno avanzó con una decisión de impacto indirecto pero estratégico: habilitó a las refinadoras a incrementar el contenido de bioetanol en las naftas hasta un 15%. La medida, formalizada el 26 de marzo a través de la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, busca amortiguar el traslado del encarecimiento del petróleo a los surtidores.
El movimiento no modifica el corte obligatorio vigente, pero introduce una flexibilidad clave en la composición del combustible. Para hacerlo viable, el Ejecutivo elevó el límite máximo de oxígeno permitido en naftas al 5,6%, un ajuste técnico que habilita mayor presencia de biocombustibles sin alterar formalmente la estructura regulatoria. La decisión abre una pregunta de fondo: ¿es una herramienta coyuntural para contener precios o el inicio de un rediseño más amplio en la política de combustibles?
Marco regulatorio y lógica de intervención
La resolución se inscribe en el esquema definido por la Ley de Hidrocarburos y la Ley 27.640 de biocombustibles, que establece los porcentajes obligatorios de mezcla. En ese marco, la Secretaría de Energía actúa como autoridad de aplicación y tiene facultades para ajustar las especificaciones técnicas de los combustibles.
El punto central de la norma no está en el porcentaje en sí —que ya estaba contemplado en regulaciones previas— sino en la adecuación del parámetro de oxígeno. Ese indicador resulta determinante para la calidad del combustible y está directamente vinculado con la proporción de bioetanol en la mezcla.
Según los informes técnicos que respaldan la decisión, elevar el contenido de oxígeno mejora la eficiencia de la combustión, incrementa el número de octano y reduce las emisiones de monóxido de carbono. Pero, en términos políticos, el efecto más relevante es otro: habilita a las empresas a sustituir parcialmente componentes derivados del petróleo por biocombustibles, con potencial impacto en los costos.
La resolución aclara un punto sensible: no se incorporan nuevos compuestos oxigenados. Es decir, el cambio se limita a ampliar el margen para el bioetanol, sin alterar la naturaleza del producto final ni imponer nuevas exigencias regulatorias.
Impacto en el mercado y señales a la cadena energética
El Gobierno elige un camino intermedio. No interviene directamente en precios ni modifica los cortes obligatorios, pero introduce una herramienta que puede influir en la estructura de costos de las refinadoras. En un escenario de volatilidad internacional del petróleo, esa flexibilidad puede funcionar como amortiguador.
Para las empresas, la medida abre un margen de decisión: podrán aumentar el contenido de bioetanol hasta el nuevo límite si lo consideran conveniente. No es una obligación, sino una opción habilitada por regulación. Esa lógica preserva el funcionamiento de mercado, pero bajo parámetros redefinidos por el Estado.
Al mismo tiempo, el sector de biocombustibles encuentra una señal implícita de respaldo. Aunque no se modifican los porcentajes mínimos, la ampliación del techo potencial refuerza su rol dentro de la matriz energética. En paralelo, el gasoil mantiene sin cambios su esquema, con mezclas de hasta el 20% de biodiesel ya contempladas.
Entre la coyuntura y la estrategia
La decisión aparece alineada con un objetivo inmediato: reducir el impacto del petróleo en los precios internos. Pero también deja abierta una dimensión más amplia. El uso de biocombustibles como herramienta de política energética no es nuevo, pero su activación como variable de ajuste frente a shocks externos introduce un matiz distinto.
En ese sentido, el Gobierno evita una intervención directa en precios —con alto costo político y fiscal— y opta por un mecanismo técnico que desplaza parte del problema hacia la composición del producto. Es una forma de intervenir sin hacerlo de manera explícita.
Queda por ver hasta qué punto las refinadoras utilizarán esta flexibilidad y cómo impactará en la dinámica de precios. También, si este tipo de medidas se consolidan como parte de una estrategia más amplia o quedan circunscriptas a la coyuntura.
El proceso de desaceleración inflacionaria sumó un nuevo capítulo con matices: el índice de precios mayoristas registró una suba de 1% en febrero de 2026 y acumuló 25,6% interanual, según informó el INDEC el 17 de marzo. El dato, en apariencia contenido, adquiere relevancia política porque mide el pulso de la cadena de formación de precios antes de su traslado al consumidor. En ese punto se abre una pregunta inevitable: ¿la baja en la nominalidad mayorista consolida la estrategia del Gobierno o anticipa tensiones futuras en márgenes y abastecimiento?
Lejos de ser un indicador técnico más, el índice funciona como termómetro adelantado de la inflación minorista y como referencia para sectores productivos que ajustan contratos, listas de precios y expectativas.
Una desaceleración con composición heterogénea
El informe oficial muestra que la variación mensual se explicó por el aumento de 1% en los productos nacionales, mientras que los productos importados registraron una leve baja de -0,3%. Esa diferencia introduce un dato clave: la presión inflacionaria se sostiene más en factores internos que en el componente externo.
Al interior de los productos nacionales, el comportamiento no fue uniforme. Los productos primarios subieron 1,2%, los manufacturados 1% y la energía eléctrica avanzó 0,5%. Esta estructura sugiere que la dinámica de costos sigue atravesada por variables productivas locales, incluso en un contexto de menor volatilidad cambiaria.
La baja en importados, en tanto, aparece como un factor de contención, aunque con impacto acotado en la estructura general del índice. No alcanza por sí sola para compensar la inercia de los precios domésticos.
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) no solo mide variaciones. También anticipa decisiones. Su evolución incide en la política de precios, en la negociación entre proveedores y empresas, y en la construcción de expectativas inflacionarias.
Para el Gobierno, el dato de febrero puede leerse como una señal de estabilización relativa en la cadena de costos. Sin embargo, también expone una limitación: la inflación no desaparece, se redistribuye. Y en ese movimiento, los precios mayoristas siguen mostrando una inercia que condiciona la velocidad de desaceleración general.
En términos institucionales, el índice no tiene impacto directo en normas o contratos como otros indicadores, pero sí influye en la toma de decisiones del sector privado y en la calibración de políticas públicas.
Correlación de fuerzas: márgenes en disputa
El comportamiento de los precios mayoristas también refleja una tensión silenciosa entre sectores productivos. Cuando los costos suben, aunque sea de forma moderada, se activa una disputa por los márgenes a lo largo de la cadena.
El dato de febrero sugiere que esa tensión no desapareció. Se reconfiguró. La estabilidad relativa puede aliviar presiones en el corto plazo, pero no elimina la puja entre productores, distribuidores y comercializadores.
En ese escenario, la política económica queda en una posición delicada: necesita sostener la desaceleración sin generar un estrangulamiento en sectores que dependen de la recomposición de precios para sostener actividad.
Un equilibrio todavía inestable
El registro de 1% mensual marca una desaceleración respecto de períodos anteriores, pero no define una tendencia irreversible. La clave estará en observar si este nivel se consolida o si responde a factores transitorios.
Las próximas mediciones permitirán evaluar si la baja en productos importados se sostiene y si los componentes internos logran moderarse sin intervención adicional. También será relevante analizar cómo impacta esta dinámica en la inflación minorista.
Por ahora, el dato deja una señal ambivalente. La nominalidad cede, pero no se apaga. Y en ese margen, la política económica sigue jugando una partida donde cada punto porcentual redefine el equilibrio.
El precio de la ropa sigue en el centro de la discusión económica argentina, pero detrás de la pregunta aparentemente simple, si vestirse en el país es caro o no, se despliega un entramado mucho más complejo que combina inflación, apertura comercial, caída del poder adquisitivo, importaciones récord y una industria que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
La tensión no es sólo discursiva, ya que los números muestran una paradoja difícil de ignorar. Mientras los precios de la indumentaria y el calzado crecieron muy por debajo de la inflación general, la producción se desplomó, el empleo retrocedió a mínimos históricos y cientos de establecimientos cerraron sus puertas.
El debate se intensificó cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que nunca compró ropa en Argentina porque le parecía “un robo” y sostuvo que los consumidores llegaron a pagar entre dos y diez veces más que en el exterior. En esa misma línea, cuestionó el esquema de protección histórica del sector y defendió la apertura comercial como herramienta para disciplinar precios. “Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa”, indicó, al sugerir que el ahorro en indumentaria podría volcarse a otros consumos, como gastronomía o esparcimiento.
Sin embargo, cuando se observan los datos oficiales, la dinámica reciente no parece confirmar que la ropa haya sido uno de los motores de la inflación. Según cifras del Indec citadas por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), durante 2025 los precios de indumentaria y calzado aumentaron 15,3%, frente a una inflación promedio de 31,5%; es decir, el rubro fue el de menor incremento del año.
Si la comparación se amplía desde noviembre de 2023 -inicio de la actual gestión- la inflación acumulada alcanza el 259,4%, mientras que indumentaria y calzado avanzaron 149,4%. En términos relativos, el sector se abarató 30,6% frente al promedio general y hoy se ubica en su nivel relativo más bajo desde 2016. Desde la industria sostienen que esa moderación no es resultado exclusivo de la apertura, sino de un mercado deprimido y extremadamente sensible al precio.
En esa línea, un informe de la Fundación ProTejer remarca que, en perspectiva histórica, la indumentaria no encabezó la inflación y que incluso en precios mayoristas el crecimiento del segmento textil quedó por debajo del promedio de manufacturas. El documento también advierte que la relación entre mayor importación y menores precios no es automática, hubo años con fuerte ingreso de productos del exterior en los que la ropa subió por encima del índice general y períodos de menor apertura en los que aumentó por debajo.
Aun así, la discusión sobre precios no puede aislarse del contexto macroeconómico. La pérdida de poder adquisitivo y la caída del empleo formal contrajeron el consumo, lo que obligó a las empresas a ajustar márgenes para sostener ventas. En ese escenario, la estabilidad relativa de valores no logró reactivar la demanda. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles de hogar crecieron 23,7% interanual, pero en shoppings el consumo de ropa y marroquinería se mantuvo estable y cayó 2,4% respecto de 2023, con un fuerte desplazamiento hacia productos importados.
El reverso de los precios contenidos aparece con crudeza en la producción. En noviembre de 2025, la actividad textil cayó 36,7% interanual y 47,6% frente a noviembre de 2023. Si la comparación se realiza contra el promedio 2016–2023 (sin pandemia), la producción fue 40% menor en textiles y 18,1% inferior en confecciones y calzado. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 29,2%, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera: siete de cada diez máquinas permanecieron paradas.
Las consecuencias laborales son igualmente contundentes. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 18.333 puestos de trabajo registrados en textiles, confecciones, cuero y calzado, una contracción del 15,1% que marca el piso de la serie iniciada en 2009. En paralelo, cerraron 558 establecimientos textiles. A ello se suma una elevada informalidad, que en confecciones ronda el 72%, lo que amplifica la fragilidad social del sector.
En el caso del calzado, la situación no es menos delicada. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, advirtió sobre una caída del consumo y la producción superior al 30% en los últimos dos años, el cierre de más de 100 fábricas y la pérdida de alrededor de 10.000 empleos. Además, señaló un aumento del 100% en las importaciones y del 400% en compras por plataformas y clientes digitales, junto con un crecimiento del contrabando y la venta de productos falsificados en redes sociales.
El fenómeno importador, de hecho, es uno de los ejes centrales de la reconfiguración del mercado. En 2025, las importaciones de indumentaria y calzado totalizaron 1.506 millones de dólares. Las compras externas de prendas alcanzaron 681 millones de dólares -máximo histórico a precios constantes- y las de calzado y partes sumaron USD 825 millones, apenas por debajo del récord de 2017 (USD 857 millones). Datos de la consultora Analytica señalan que las importaciones crecieron 97,3% interanual en indumentaria, 121,2% en otros textiles y 25,2% en calzado y partes.
Si se amplía la mirada al conjunto del complejo textil, entre enero y diciembre de 2025 se importaron 391.676 toneladas de productos textiles e indumentaria por USD 1.702 millones, lo que implica un aumento de 71% en cantidades y 52% en valores. El hecho de que las cantidades hayan crecido más que los montos indica una caída de los precios unitarios, es decir, un ingreso masivo de mercadería más barata.
El canal courier aceleró esta tendencia. Las importaciones vía envíos puerta a puerta crecieron 274,2% interanual en 2025, impulsadas por plataformas como Shein y Temu. En prendas, las importaciones aumentaron 164% en toneladas, mientras que en confecciones el salto fue de 205%, ambos récords históricos. Para la industria local, estas plataformas operan con estructuras de costos sustancialmente distintas: no pagan alquileres locales, no financian ventas en cuotas y enfrentan cargas impositivas y regulatorias diferentes en origen.
En este punto, otro aspecto clave es la composición del precio final. De acuerdo con estimaciones de ProTejer, menos del 10% del valor de una prenda vendida en centros comerciales corresponde al costo industrial directo. Cerca del 50% son impuestos; alrededor del 30% se explica por alquileres y costos financieros; un 12% corresponde a logística, marketing y márgenes comerciales, y apenas el 8% queda en manos de la industria. Desde esa óptica, el precio final surge de una cadena de costos que excede al fabricante y que incluye una presión fiscal significativa.
La tensión entre el argumento oficial, que pone el foco en la protección y en los márgenes empresariales, y la mirada sectorial, que destaca la carga impositiva y la estructura de costos, configura un conflicto que va más allá de la coyuntura. En el fondo, se discute qué peso debe tener la industria nacional en un mercado crecientemente integrado al comercio global y cómo equilibrar precios accesibles para el consumidor, desde una prenda básica hasta el calzado femenino, con sostenibilidad productiva y empleo.
Experiencias, servicios y un nuevo patrón de consumo
Más allá de la disputa entre funcionarios y empresarios, el trasfondo revela un cambio más amplio en la forma en que los argentinos asignan su ingreso. La fuerte suba de servicios esenciales -tarifas, transporte, alquileres, salud y alimentos- absorbe una porción creciente del presupuesto familiar, lo que deja menos margen para bienes semidurables como la indumentaria. En ese contexto, la ropa pasa a ser un gasto postergable, reemplazable o directamente sustituido por opciones importadas de menor precio.
Al mismo tiempo, se consolida un desplazamiento hacia consumos con mayor carga experiencial. Estudios internacionales como “The Live Effect” de AEG Global Partnerships muestran que el 72% de la Generación Z asistió a al menos un evento de música en vivo en los últimos tres años, y que para muchos jóvenes la emoción asociada a comprar una entrada es comparable a planificar un viaje. El Trend LAB de Youniversal señala que recitales y festivales son la experiencia en vivo más significativa para el 44% de ese segmento, con fuerte presencia en países como Argentina. En ese marco, también gana terreno la lógica del regalo de experiencias -entradas a espectáculos, cenas, escapadas o actividades recreativas- por sobre los obsequios materiales tradicionales.
En contextos de ingresos restringidos, el consumidor prioriza aquello que percibe como generador de valor emocional inmediato. Comer afuera, realizar una escapada breve o asistir a un espectáculo pueden resultar más atractivos que incorporar una prenda adicional al guardarropa. La lógica ya no es acumular bienes, sino maximizar experiencias. Incluso el propio ministro Caputo aludió a esa reasignación potencial del gasto al señalar que el ahorro en ropa podría destinarse a otros sectores.
Este cambio cultural no elimina la necesidad de vestirse, pero sí redefine la elasticidad del gasto en indumentaria. Cuando el ingreso real cae y la oferta importada se expande con precios competitivos, la producción local queda atrapada entre un consumo selectivo y una competencia global intensa.
En definitiva, la situación actual del sector textil y de calzado combina variables macroeconómicas, fiscales y culturales. Los precios crecieron por debajo de la inflación y hoy se encuentran en mínimos relativos, pero la industria opera con niveles históricos de capacidad ociosa y empleo en retroceso. Las importaciones baten récords y el mercado se reconfigura con rapidez.
La pregunta que queda abierta es si este proceso es esencialmente coyuntural, producto de una economía en transición y de un consumo afectado por la pérdida de poder adquisitivo, o si marca un cambio estructural en el patrón productivo y en los hábitos de los consumidores argentinos. De la respuesta dependerá no solo el futuro de miles de empresas y trabajadores, sino también el perfil industrial que el país decida sostener en los próximos años.
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, yo creo que vale la pena”. La frase del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, describe el derrumbe de la economía y se convierte en una definición política de quiebre. Ya no se trata cerrar los números con la gente adentro, sino de un sálvese quien pueda para alcanzar un país “normal”, en el que, por reflejo, no será para todos.
El problema en la frase de Grinman es que ese “algunos” ya involucra a cerca de 22 mil empresas y casi 300 mil empleos perdidos en los últimos dos años. Números que impactan por la velocidad y la magnitud del deterioro. Durante los cuatro años de Cambiemos cerraron 25 mil pymes. Durante el peor gobierno de Alberto Fernández, que atravesó la pandemia y terminó con una feroz recesión, se estima que cerraron 12 mil empresas.
No se trata, como plantea livianamente el diputado libertario Diego Hartfield de que “cierre de empresas hubo siempre”, sino de un plan económico que derrumbó la actividad y que no aparecen señales positivas en el horizonte.
La misma dinámica se puede observar en la yerba mate. Durante los 90, la anterior década desregulada, la crisis tardó en hacer eclosión porque Carlos Menem había logrado congelar los precios. De la hiper se pasó a cero casi sin escalas y los productores pudieron “aguantar”, aunque inexorablemente se producía un éxodo rural y se malvendían chacras por la miseria de los precios de la materia prima. Ahora ese escenario se repite a máxima velocidad: mientras se derrumbó el precio de la hoja verde, los costos de producción no dejaron de subir. El gasoil, insumo esencial de la chacra, aumentó 231,8 por ciento desde que asumió Javier Milei. Ni hace falta sumar electricidad o los alimentos, que en el último año aumentaron por encima del 40 por ciento. La situación se hace insostenible para muchos pequeños productores.
La industria, aunque paga mucho menos que hace dos años por la materia prima, también debe afrontar mayores costos y rentabilidad escasa.Y despide. Un círculo nada virtuoso que la reforma laboral celebrada como un triunfo por el Gobierno, no vendrá a solucionar.
La reforma laboral es la carta que le faltaba al menú libertario. No puede quejarse el Presidente de que haya obstrucción de la oposición, ni culparla por falta de resultados: cada iniciativa considerada clave, contó con respaldo político.
La nueva ley laboral avanza sobre varios pilares sensibles del sistema de relaciones de trabajo en la Argentina. Por un lado, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de despidos mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Ese fondo se nutriría de aportes patronales que hasta ahora tenían como destino la Agencia Nacional de la Seguridad Social, lo que abre un interrogante inevitable: ¿se trata de un mecanismo de previsibilidad para las empresas o de un nuevo factor de desfinanciamiento del sistema previsional?
La iniciativa también redefine el equilibrio de fuerzas entre empleadores y sindicatos. Impone límites más estrictos al derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales -salud, educación, transporte, energía y agua, entre otros-, un alcance tan amplio que, en la práctica, reduce de manera significativa la capacidad de presión gremial. Al mismo tiempo, promueve los acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos por actividad, lo que podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el poder estructural de los sindicatos.
El Gobierno sostiene que la reforma apunta a “modernizar” la legislación laboral y a dinamizar un mercado de trabajo formal que lleva más de una década estancado. Sin embargo, buena parte de los economistas advierte que ninguna modificación normativa, por sí sola, puede revertir esa inercia si la economía no logra salir del ciclo de bajo crecimiento que arrastra desde hace años. La discusión de fondo, entonces, no es solo jurídica ni laboral: es, ante todo, macroeconómica. Sin expansión sostenida, difícilmente haya reforma que alcance.
Misiones perdió más de 10 mil empleos privados desde que asumió Javier Milei -después de un techo de 110 mil registrados en 2023-. La extensa fila -varias cuadras y largas horas de espera desde la madrugada del viernes- de jóvenes y no tanto, para cubrir 20 puestos pedidos por un supermercado familiar de Posadas, exhibe una postal que no era habitual.
Fotos gentileza Primera Edición.
La urgencia por un trabajo atraviesa a toda la sociedad. En la construcción, el derrumbe es histórico, con el volumen de empleo más bajo desde 2007. En diciembre Misiones registró unos 4.636 empleos formales en la construcción, con una baja mensual del 6,3% (-312 empleos) al tiempo que, en la comparación interanual, el empleo se contrajo 10,1% (-521 empleos). Si se toma la evolución desde noviembre 2023 a diciembre 2025, de modo de observar el impacto sobre la construcción de las políticas aplicables por la gestión Milei, Misiones presenta una baja del 40,4%, provocando una pérdida de 3.137 empleos.
No es un problema local. La última encuesta de Zuban & Córdoba revela que la principal preocupación es el bolsillo, pero no en abstracto, sino en una forma concreta y cotidiana: “bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo”, encabeza el ranking con 28,5%. Le siguen “falta de empleo y desocupación” (22,7%), “inflación y aumento de precios” (17,7%).
En la misma línea, la última encuesta de Atlas Intel para Bloomberg vuelve a encender luces amarillas en la Casa Rosada. La desaprobación del presidente Javier Milei trepó al 55,3% y acumula dos meses consecutivos en alza, acercándose al máximo histórico de la serie. La aprobación, en cambio, cayó al 41,5%, también por segundo mes consecutivo, mientras que el 3,3% aún no toma posición. Cuando se analiza la evaluación general del Gobierno, el 53,1% lo califica como malo o muy malo, frente a un 35% que lo considera excelente o bueno y un 11,9% que lo define como regular. Lo llamativo es que, aunque crecen tanto las opiniones positivas (+4,5 puntos) como las negativas (+5,5 puntos), estas últimas alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la serie. La sociedad parece polarizarse, pero con un sesgo creciente hacia la crítica, aunque hasta hace pocas semanas se aplaudía a rabiar la motosierra y el ajuste.
El capítulo laboral es especialmente sensible. Más de la mitad de los argentinos cree que la reforma reducirá derechos (59%) y aumentará la precarización (55%). Un 63% piensa que la informalidad crecerá o no cambiará. Si bien el 40% espera mayor competitividad, el 58% prevé que la oferta de empleo caerá o permanecerá estancada. El mensaje oficial de modernización choca con el temor social a la pérdida de estabilidad.
El trasfondo es económico. El 62% califica la situación del país como mala y apenas el 22% la considera buena. Más contundente aún: el 57% evalúa negativamente la realidad de su propio hogar. A futuro, el 50% cree que la economía empeorará y más de la mitad anticipa un deterioro del mercado laboral. Ese clima condiciona consumo, crédito e inversión, pilares de cualquier recuperación sostenible.
No se trata de una consultora marginal. Atlas Intel fue una de las firmas que mejor proyectó el triunfo de Milei en 2023. Su estudio Latam Pulse Argentina, realizado en febrero de 2026 junto a Bloomberg, ubica la confianza del consumidor en zona negativa y posiciona al país entre los peores registros de la región.
La brecha entre la narrativa oficial de estabilización macroeconómica y la percepción cotidiana de la sociedad aparece como el principal desafío político. Porque aun cuando los números fiscales o inflacionarios muestren mejoras, el humor social se mueve por el empleo, el ingreso disponible y la expectativa de futuro. Y hoy, según estos datos, ese humor está dominado más por la preocupación que por la esperanza.
Las soluciones no pueden ser locales, aunque las provincias tienen que hacerse cargo de las consecuencias. El gobernador Hugo Passalacqua expresó con claridad su prioridad: “Empleo, empleo, empleo”; repitió durante la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones por 5.500 millones, destinado a Pymes y fortalecer el empleo.
También en esa línea se inscribe la reingeniería de la cúpula del Estado que decretó Passalacqua: 144 puestos jerárquicos fueron eliminados como corolario de un proceso que se inició hace varios meses y que continuará en los próximos. “Decreté la eliminación de 114 cargos jerárquicos del ámbito provincial, entre direcciones, secretarías y otras estructuras. Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente. Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, detalló Passalacqua.
Es que las perspectivas no son alentadoras en cuanto a los recursos. En el mes de febrero de 2026 las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,44 billones presentando un nuevo descenso en términos reales1, que esta vez fue de -7,5% respecto a igual mes del 2025; a su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,5% real mensual).
En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 172.603 millones con una variación también negativa del 7,9% interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,7% real. El primer bimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 358.336 millones, que representa un -7,4% en términos reales contra igual período del 2025.
Si la economía no crece es improbable que los recursos lo hagan. Y la economía lejos está de crecer de forma homogénea. Apenas estertores. El estimador económico de diciembre mostró un crecimiento interanual del 3,5% y una suba mensual desestacionalizada del 1,8%. En términos de tendencia-ciclo, el avance fue de apenas 0,3%. A primera vista, el número habilita la palabra “recuperación” y el Gobierno de Javier Milei lo exhibe como señal de éxito, del mismo modo que lo hizo con el superávit comercial.
El 3,48% interanual está fuertemente explicado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 32,2% y aportó 1,91 puntos porcentuales al total. Es decir, más de la mitad de la expansión proviene del agro. La explicación técnica es clara: cosecha récord de trigo y efecto rebote tras la sequía de 2023.
El segundo motor es la intermediación financiera, con un crecimiento del 14,1% y una incidencia de 0,52 puntos. Le sigue explotación de minas y canteras, con 9,1% y 0,36 puntos de aporte. También muestra dinamismo el sector de electricidad, gas y agua.
El patrón es evidente: la expansión se apoya en agro, finanzas y sectores primarios o energéticos.
En contraste, los sectores con mayor encadenamiento productivo y mayor elasticidad empleo-producto siguen mostrando debilidad. La industria manufacturera cayó 3,9% interanual y restó 0,60 puntos al crecimiento. El comercio mayorista y minorista retrocedió 1,3% y restó 0,16 puntos. Hoteles y restaurantes bajaron 1,5%. La administración pública cayó 1,1%.
En términos distributivos y laborales, el dato es aún más relevante. El agro combina alta productividad con baja absorción relativa de empleo. La intermediación financiera tampoco es intensiva en mano de obra. Es posible, entonces, observar crecimiento estadístico sin una mejora proporcional en el salario real ni en el consumo masivo.
Políticamente, el número permite construir la narrativa de la reactivación y alimentar el relato del “éxito económico”. Pero la estructura sectorial revela un patrón de crecimiento apoyado en commodities, energía y valorización financiera, mientras la industria manufacturera -núcleo de densidad tecnológica y empleo- continúa en contracción.
El consumo masivo no rebota: se sigue hundiendo. El adelanto de la consultora Scentia para enero confirma una caída interanual de 1,1% en el total de canales. Pero el promedio esconde el golpe real: el self service total -supermercados de cadena y autoservicios independientes- cae 3,8% frente a enero del año pasado. Dentro de ese universo, los supermercados retroceden 3,3% y los autoservicios 4,2% interanual. Es el consumo cotidiano, el de góndola y barrio, el que sigue en terreno negativo.
El desglose por canales tampoco ofrece consuelo. Contra diciembre, enero muestra desplomes de dos dígitos: supermercados -15,4%, autoservicios -12,5%, mayoristas -14,6% y e-commerce -11%. Farmacias caen 7,8%. Solo Kioscos y Tiendas (K+T) exhiben una leve suba interanual de 2,7%, mientras que el comercio electrónico crece 33% contra enero de 2025, aunque desde una base más acotada y con fuerte volatilidad mensual. Pocas veces se vio un deterioro tan extendido y sostenido en el consumo masivo: cuando caen los canales que venden lo básico, no es un ajuste estadístico, es una señal de enfriamiento profundo del poder adquisitivo.
En Misiones, las ventas en los supermercados volvieron a ser negativas. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $ 29.771 millones en diciembre y en relación con igual mes del 2024 mostraron una caída del 6,0%, la octava baja consecutiva. Fue la provincia con el tercer mayor descenso del país (solo por encima de Corrientes y Tucumán); a su vez, el retroceso también se observó en la comparación mensual desestacionalizada, donde las ventas disminuyeron en 0,2% real (también la tercera más fuerte del país). Misiones cerró el 2025 con una caída acumulada de sus ventas del 3,8% contra 2024 (tercera más fuerte del país). Fue el peor año para este indicador en la provincia, ya que también muestra bajas contra todos los años desde 2017.
Como contraste, los Ahora se transformaron en una herramienta definitiva de sostén de la actividad económica. Los últimos datos de las ventas de los diferentes programas Ahora Misiones revelan un crecimiento exponencial en el consumo interno impulsado por estas herramientas de fomento económico durante los años 2024 y 2025. El impacto económico total en el bienio analizado alcanzó la cifra histórica de $160.945 millones, con un total de ventas en 2024 de $62.287.046.550 y $98.658.577.995 durante 2025, con un incremento nominal del 58,4% sobre las ventas totales.Los programas se han diversificado para cubrir todas las necesidades de las familias misioneras. Se destaca el programas Ahora Misiones, que con un total de $44.090 millones en el año 2025 sigue siendo el pilar del consumo, representando el 50% de las ventas totales del sistema.Sin el programa de financiamiento, la sangría fronteriza sería inaguantable. La presión por el empleo, mucho más asfixiante.
