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Alimentos desaceleran y proyectan inflación de 2,8% en abril

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En la tercera semana de abril, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,5% en supermercados de todo el país, según un relevamiento de la consultora Analytica, consolidando un promedio de 1,2% en las últimas cuatro semanas y una proyección mensual del 2,8%. El dato, que a primera vista sugiere una desaceleración de la inflación respecto de meses previos, se vuelve políticamente relevante porque impacta en el núcleo más sensible del consumo. ¿Se trata de una señal de estabilización o de una pausa transitoria en un contexto aún frágil?

La evolución de los alimentos funciona como termómetro directo del poder adquisitivo y, al mismo tiempo, como indicador de la eficacia del esquema económico. En ese marco, la dinámica de abril introduce un matiz: si bien los incrementos semanales muestran cierta moderación, la dispersión por rubros y regiones expone tensiones que todavía no se resuelven.

Desaceleración con matices: el mapa de precios y sus tensiones

El relevamiento muestra diferencias claras en la composición de aumentos. En términos regionales, la región Pampeana y Cuyo registraron subas del 0,4%, mientras que la Patagonia encabezó los incrementos con 0,8%. Esa brecha sugiere que la desaceleración no es homogénea y que los costos logísticos y de abastecimiento siguen incidiendo en la formación de precios.

Por rubros, el comportamiento también es dispar. En el promedio de cuatro semanas, los mayores aumentos se concentraron en aguas, gaseosas y jugos (+2,3%) y en azúcar, dulces y chocolates (+2,2%). En contraste, pan y cereales y verduras avanzaron apenas 0,6%, mientras que las frutas mostraron una baja de -2,1%.

La lectura institucional de estos datos es directa: la inflación en alimentos no responde a un único factor, sino a una combinación de costos, estacionalidad y dinámica de consumo. La caída en frutas, por ejemplo, puede aliviar el índice general, pero no necesariamente compensa el impacto de categorías con mayor peso en la canasta.

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Yerba desregulada: la producción perdió USD 260 millones y la deuda industrial creció 53%

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En un comercio de Entre Ríos se consiguen cinco paquetes de yerba Soberanía a 13.800 pesos el kilo. La yerba Progreso se ofrece a 800 el medio kilo. En un hipermercado, Playadito se consigue a 3.299 pesos y la Marolio a 1.999. Todos precios que rompen el mercado y que hacen imposible pensar en aumentar el valor de la hoja verde. La “competencia” provocada por la desregulación se está mordiendo la cola y las principales industrias pierden mercado por la irrupción de marcas económicas, beneficiadas con la compra de materia prima barata. Pisar los precios en góndola tiene también un efecto sobre la industria tradicional -las grandes marcas-, que se tiene que acostumbrar a competir con valores que no alcanzan para cubrir los costos de producción y operación, que se dispararon con la economía liberada: energía y combustible son las principales cargas. Básicamente trabajan al costo. 

La maquinaria está bajo presión. Según fuentes del sector industrial, algunos bancos comenzaron a analizar los pedidos de la industria bajo una luz amarilla, de riesgo. Esa calificación perjudica a los molinos y secaderos, que necesitan financiamiento. Lo que antes se conseguía apenas con la marca, ahora es mirado con lupa. Y más caro. Obviamente, esa situación perjudica a toda la cadena y en última instancia a los productores, que están peleando por un mejor precio. 

“Ojalá que a poquito empiece a recomponerse el precio. Creo que nos beneficiamos toda la cadena y todos, desde la estación de servicio, el almacén, toda la comunidad”. La frase no es de un productor, sino de un industrial que comienza a sentir los efectos de la desregulación. 

El cuadro de la cadena yerbatera muestra un descalce extremo entre costos y precios que explica el deterioro del sector productivo. Con un costo estimado por el INYM de $423,99 por kilo y un precio teórico con margen del 30% de $551,19, el productor terminó recibiendo en promedio apenas $240 por kilo, lo que implica una pérdida directa de $311,19 por kilo. Proyectado sobre una producción de 889.253.082 kilos de hoja verde en 2025, el resultado es una transferencia negativa de ingresos de $276.726 millones, equivalentes a unos USD 200 millones.

A marzo de 2026, el deterioro de la ecuación económica se profundiza sin freno. El costo de producción, ajustado por una inflación acumulada del 16,8% entre octubre y marzo, pasa de $423,99 a $495,22 por kilo, lo que eleva el precio teórico con margen al $643,79. Sin embargo, el precio efectivamente pagado al productor se mantiene en torno a los $240, lo que eleva la pérdida a $403,79 por kilo

Proyectado sobre el mismo volumen de producción de 2025 (889 millones de kilos), la transferencia negativa de ingresos asciende a $359.071 millones, equivalentes a unos USD 260 millones. Es decir, lejos de corregirse, el descalce entre costos y precios se agrava, consolidando un esquema en el que el productor absorbe cada vez una mayor porción de la crisis de la cadena. 

El núcleo productivo financió al resto de la cadena absorbiendo más de la mitad del valor potencial de su producción.

En paralelo, los datos del sector industrial refuerzan el cuadro de fragilidad. Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%

Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%. La combinación es clara: caída de ventas y fuerte aumento del endeudamiento. Este patrón revela que la industria no solo enfrenta un mercado más débil, sino que además sostiene su operatoria con mayor apalancamiento financiero, elevando los riesgos de mora y profundizando la inestabilidad de toda la cadena.

Incluso las principales firmas, que exportan y están en números récord, tienen una rentabilidad acotada. El dólar planchado conspira bloquea mejores ingresos, mientras que el precio del combustible o la energía eléctrica se triplicaron. Y nadie puede mover para arriba el dólar exportador, porque la competencia de Brasil o Paraguay, acecha amenazante. 

Un informe del becario del CONICET y egresado de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Guillermo Gering, advierte que, pese al volumen récord exportado en 2025, la Argentina está capturando cada vez menos valor por unidad. Ese año se alcanzaron 58 millones de kilos exportados por 113 millones de dólares, pero con un precio promedio de apenas 1,95 dólares por kilo, el nivel más bajo de los últimos cinco años. Es decir, el crecimiento en volumen no se tradujo en una mejora de rentabilidad, sino más bien en una consolidación de un perfil exportador de bajo valor agregado.

La comparación con Brasil resulta elocuente y expone una brecha creciente en la estrategia productiva. Mientras Argentina colocó más de 58 mil toneladas, Brasil exportó alrededor de 48 mil toneladas, pero generó casi los mismos ingresos en dólares. 

La clave está en el precio: el producto brasileño promedió 2,44 dólares por kilo, un 25% más que el argentino. Según el informe, esto responde a un modelo basado en innovación, desarrollo tecnológico y diversificación de productos -extractos, polvos y derivados- que permiten capturar mayor valor en mercados internacionales cada vez más orientados a la yerba como “superalimento”.

Mientras el mercado global proyecta pasar de 2.400 millones de dólares en 2025 a 4.300 millones en 2035, impulsado por la demanda en Asia y Europa, la Argentina continúa concentrada en la exportación de materia prima para consumo tradicional. En paralelo, los beneficios del crecimiento exportador no se distribuyen en la cadena: “El récord de exportaciones descansa sobre una base de trabajo humano mal remunerado”, advierte Gering.

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Los argentinos comen 5 kilos menos de carne al año y más del 25% de los precios siguen siendo impuestos

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El precio de los alimentos es una de las mayores preocupaciones del día a día y puede hacer que el plato de las familias cambie. Así lo revela el informe Composición de precios que dio a conocer FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina). Desde el último año, comemos cinco kilos menos de carne de vaca: pasamos de consumir 49 kilos y medio a 44 kilos y medio por año por persona. Por otro lado, consumimos un kilo y medio más de carne de cerdo, ahora comemos 19 kilos y 300 gramos. “La suba de los precios cambia los hábitos de consumo: en el último año se registró una inflación del 33%. La carne de vaca aumentó 64% y la de cerdo 25%. Esta diferencia, entre otros motivos, causó que muchas familias opten por el cerdo como una alternativa más amigable con sus bolsillos”, explica Antonella Semadeni, economista FADA. También consumimos 7% más de lácteos, puede deberse a que el aumento en el último año fue del 13%, por debajo de la inflación. 

La guerra en Medio 0riente empieza a impactar en las góndolas. Actualmente, los costos son: el 51% del precio de la carne, el 61% del pan y el 71% de la leche y podrían pesar más por el aumento del combustible y la urea que se utiliza para los cultivos. “Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, detalla Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, afirma la economista.

Pan, leche y carne: ¿Por qué suben?

Desde el campo hasta la mesa, cada etapa incorpora costos de producir, tiene ganancias y paga impuestos que se van acumulando a lo largo del proceso y dan como resultado el precio que pagamos en la góndola, no es algo azaroso o arbitrario

En cualquiera de los 3 productos, $1 de cada $4 que pagamos, son impuestos”, revela María Luz Silvetti, economista FADA. “En otras palabras, cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”, agrega. ¿Cuáles son esos impuestos? Los que se destacan son: el IVA a nivel nacional, ingresos brutos en lo provincial y las tasas a industrias y comercios a nivel municipal”, detalla Silvetti. Del total de los impuestos que se pagan en estos productos, más del 70% corresponden a nivel nacional.

Cambios en los costos o en los impuestos pueden hacer que los precios suban y las ganancias disminuyan, con mayor o menor impacto. “Por ejemplo, una variación en el precio de los granos impacta en los siguientes eslabones. Sin embargo, dentro del precio final, el maíz representa sólo el 12% del precio final de la carne de cerdo, 13% en carne aviar, 6% en carne de vaca y 4% en leche. El trigo es sólo el 10% del precio final del pan francés”, expresa Semadeni. “De esta forma se deduce que los granos no influyen tan fuertemente ya que alrededor del 90% de los costos son otros”, agrega la economista.

El precio empieza mucho antes de la góndola

Al analizar por alimento, vemos que del precio de la carne, un 51% son los costos, 28% los impuestos y 21% la ganancia. “Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad, la alimentación, el transporte, el personal”, explica Fiorella Savarino, economista FADA. Al examinarlo en orden, se ve que en el precio de la carne de vaca el 35% es la cría, 16% el feedlot, 1% frigorífico, 20% carnicería y 28% impuestos.

En el caso del pan el 61% son costos de producir, el 24% impuestos y el 15% la ganancia. “Este precio se construye a lo largo de toda la cadena. Si lo vemos por eslabones, cronológicamente, la producción del trigo en el campo es el 7% del precio del pan, el molino el 4% y la panadería el 65%, el otro 24% son los impuestos.

En la leche 71% son costos, 26% son impuestos y sólo un 3% son ganancias. Del valor que pagamos al comprar un sachet, el tambo es el 27%, 24% la industria, 23% el comercio y 26% los impuestos.

“COMPOSICIÓN DE PRECIOS” EN NÚMEROS

CARNE

  • Comemos 5 kilos menos de carne de vaca y un kilo y medio más de cerdo.
  • Consumíamos 49 kilos y medio de carne de vaca, ahora 44 kilos y medio.
  • Nos comemos un cuarto kilo de impuestos por cada kilo de carne.
  • 28% son impuestos, el 51% son costos y 21% ganancia.
  • El maíz representa sólo 6% del precio final de la carne.
  • Precio carne por eslabones: la cría representa el 35%, el feedlot 16%, frigorífico 1%, carnicería el 20% y los impuestos el 28%.

LECHE

  • Consumimos 7% más de lácteos, en el último año.
  • Nos tomamos un vaso de impuestos por cada sachet de leche.
  • 71% son costos de producción, 26% impuestos y 3% ganancia.
  • El maíz representa el 4% del precio del sachet al consumidor.
  • Precio leche por eslabones: el tambo representa el 27%, la industria el 24%, el comercio 23% e impuestos el 26%.

PAN

  • Precio del pan: el 61% son costos, el 24% impuestos y el 16% la ganancia. 
  • El trigo representa sólo el 10% del precio.
  • Cada 4 bollitos de pan, nos comemos 1 de impuestos. 
  • Precio pan en eslabones: el trigo representa el 7%, el molino el 4%, la panadería el 65% y los impuestos el 23%.
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El Gobierno elimina el antidumping para zapatillas deportivas y redefine la política industrial del sector

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El Gobierno nacional oficializó el 20 de abril de 2026 un cambio sensible en la política comercial: eliminó el derecho antidumping para las zapatillas deportivas desmontadas importadas desde China. La decisión, plasmada en la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, excluye a estos productos del valor FOB mínimo de US$15,70 por par vigente desde 2021. El movimiento no solo impacta en costos y precios, sino que redefine el equilibrio entre protección industrial y apertura selectiva. La pregunta que queda planteada es si se trata de un giro estructural en la política productiva o de un ajuste puntual para sostener un modelo híbrido de fabricación.

Del proteccionismo al ensamblado: un cambio de enfoque

La medida se apoya en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que detectó un “cambio de circunstancias” en el mercado del calzado, especialmente en el segmento deportivo. El diagnóstico es claro: la industria local mantiene competitividad en cuero y moda urbana, pero enfrenta una brecha tecnológica en productos de alta performance.

Ese desfasaje explica el viraje. En lugar de sostener barreras generalizadas, el Gobierno opta por liberar la importación de kits desmontados —con suela o parte superior distinta del cuero natural— que luego se ensamblan en el país. El esquema no es nuevo, pero ahora recibe un respaldo normativo explícito.

La resolución cierra el examen iniciado en 2025 sobre la medida antidumping vigente desde 2021 y redefine su alcance. El resto del calzado continúa bajo protección, lo que muestra un criterio selectivo más que una apertura total.

La presión desde adentro del sector

El dato político no es menor: el cambio fue impulsado por actores centrales de la industria local. Empresas como Topper Argentina y Puma Sports Argentina promovieron la revisión del esquema, argumentando que el antidumping encarecía insumos clave para su modelo productivo.

El planteo logró respaldo técnico. La CNCE sostuvo que la importación de kits no desplaza producción nacional, sino que la complementa, permitiendo sostener empleo y mejorar la productividad. Según el informe, el ensamblado local genera un valor agregado estimado en torno al 20% y requiere procesos industriales complejos.

La paradoja es evidente: la protección deja de ser demandada por quienes producen y pasa a ser vista como un obstáculo. El Gobierno toma esa señal y ajusta la regulación en línea con una lógica más pragmática.

Impacto en precios, competencia y estructura productiva

La eliminación del valor mínimo de importación tiene un efecto directo sobre los costos. Al reducir el precio de los insumos, las empresas pueden ajustar sus estructuras y, en teoría, trasladar parte de esa baja a los consumidores.

El mercado, además, podría ampliar su oferta. La CNCE señala que el acceso a materiales y tecnologías no disponibles localmente permite mejorar la calidad y durabilidad del producto final. Esto apunta a un segmento masivo, donde la innovación y el precio son variables decisivas.

En paralelo, la medida se alinea con la reducción del Derecho de Importación Extrazona aplicada recientemente a estos productos. La consistencia regulatoria aparece como un objetivo explícito: evitar superposiciones que terminen encareciendo el mercado interno.

Sin embargo, la decisión también reconfigura la competencia dentro del sector. Mientras el calzado deportivo desmontado queda liberado, otros segmentos —como el calzado de cuero o de seguridad— mantienen esquemas de protección. La segmentación puede generar tensiones entre distintos actores de la industria.

Un movimiento táctico con proyección abierta

El Gobierno avanza así en una política comercial más selectiva, donde la protección se combina con aperturas puntuales según el diagnóstico sectorial. El caso del calzado deportivo funciona como testigo de esa estrategia.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las importaciones. En los últimos años, los kits desmontados pasaron de representar el 59% de las compras externas entre 2021 y 2023 a un 24% en el último período. La expectativa oficial es revertir esa caída.

También habrá que observar el impacto en precios y en niveles de actividad. Si la medida logra expandir la oferta sin afectar el empleo, podría consolidarse como modelo para otros sectores con brechas tecnológicas.

Por ahora, el cambio deja una señal clara: la política industrial se mueve hacia esquemas más flexibles, donde el objetivo no es solo proteger, sino redefinir cómo y dónde se genera valor. El alcance real de ese giro dependerá de cómo evolucione el equilibrio entre apertura, producción y mercado interno.

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El INDEC revela que criar a un hijo ya supera los $500.000 mensuales y presiona sobre el ingreso familiar

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El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a registrar un salto en marzo y superó el medio millón de pesos en todos los tramos etarios, según datos oficiales del INDEC. El informe indica que mantener a un menor de 1 año demandó $515.236 mensuales, mientras que para niños de entre 6 y 12 años el gasto ascendió a $676.431.

La actualización se conoce en un contexto de inflación mensual del 3,4% y acumulada del 9,4% en el primer trimestre de 2026, lo que reaviva el debate sobre el poder adquisitivo y la sostenibilidad económica de los hogares, especialmente en sectores medios y trabajadores formales.

Cómo se compone el costo de criar

La medición oficial incorpora dos dimensiones: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes; por otro, el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

En términos concretos, los valores informados para marzo fueron:

  • Menores de 1 año: $515.236
  • Niños de 1 a 3 años: $616.046
  • Niños de 4 a 5 años: $538.587
  • Niños de 6 a 12 años: $676.431

El componente de bienes y servicios se calcula en base a la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, transporte, educación, salud, vestimenta y vivienda. A eso se suma el costo del cuidado, estimado a partir del tiempo requerido según cada edad y valorizado con el salario de referencia del personal de casas particulares.

Qué cambia en la dinámica económica familiar

El dato central no es solo el monto, sino su velocidad de actualización frente a ingresos que, según distintas mediciones oficiales, avanzan con rezagos o en línea inferior a la inflación en algunos sectores.

La canasta de crianza funciona como un indicador indirecto del costo de reproducción social de los hogares. En ese sentido, el hecho de que todos los tramos etarios superen el medio millón de pesos mensuales marca un piso elevado de gasto estructural para las familias.

Además, el peso del componente de cuidado introduce una variable clave: no todo el costo es monetario directo, pero sí representa tiempo de trabajo que, en muchos casos, limita la generación de ingresos adicionales.

Entre la macro y la economía real

El informe del INDEC se inscribe en un escenario donde el Gobierno sostiene el orden macroeconómico como eje de gestión, mientras los indicadores de consumo y capacidad de gasto siguen bajo presión.

La evolución de la canasta de crianza expone una tensión estructural: el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria conviven con un nivel de costos de vida que condiciona la economía cotidiana.

En ese marco, los hogares —especialmente aquellos con niños— quedan en el centro de la ecuación, con menor margen para absorber aumentos sostenidos en servicios, alimentos y gastos asociados al desarrollo infantil.

Impacto económico concreto

El aumento de la canasta de crianza impacta directamente en: La planificación del consumo familiar. La capacidad de ahorro. La demanda de crédito para gastos corrientes. Y la participación laboral, especialmente en tareas de cuidado

También condiciona decisiones de mediano plazo, como ampliación del hogar o inversión en educación.

Presión extendida en economías del NEA

Si bien la medición se basa en valores del Gran Buenos Aires, el impacto es extrapolable a provincias como Misiones, donde las economías regionales enfrentan ingresos más ajustados y mayores costos logísticos.

En estos contextos, el peso relativo de la canasta de crianza sobre el ingreso puede ser incluso mayor, lo que profundiza las restricciones al consumo y al desarrollo económico local.

Hacia adelante, la evolución de este indicador dependerá de dos variables clave: la dinámica inflacionaria y la recuperación —o no— de los ingresos reales.

Si los costos continúan creciendo por encima de los salarios, la presión sobre los hogares podría intensificarse. Por el contrario, una convergencia entre ingresos y precios podría aliviar parcialmente el impacto.

En ese equilibrio se juega no solo el bienestar familiar, sino también la capacidad de sostener el consumo interno como motor de actividad.

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