presión impositiva

La UIA presentó a Caputo un plan para reactivar la economía y aliviar la presión fiscal

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La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para acercarle un conjunto de propuestas orientadas a reactivar la actividad, aliviar los costos productivos y fortalecer la competitividad de la industria nacional en un contexto de estancamiento y creciente presión importadora.

El encuentro se produjo en medio de señales de preocupación dentro del empresariado. “Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal”, deslizó uno de los principales hombres de negocios del país, reflejando un malestar que, aunque en voz baja, se repite en distintos sectores.

Tras la reunión, Caputo destacó el diálogo con el titular de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Señaló que conversaron sobre la reforma laboral -en particular el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)-, la reducción de los costos vinculados a la litigiosidad laboral, el régimen de nuevo empleo que baja los aportes patronales al 2% durante cuatro años y el RIMI para PyMES.

El ministro consideró que estos cambios, sumados a la ley de Inocencia Fiscal, serán “fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, con foco en creación de empleo, mejora salarial y mayor apertura comercial. También subrayó la necesidad de reducir la carga impositiva “principalmente en provincias y municipios” para mejorar la competitividad industrial.

Un escenario de estancamiento

La reunión se dio en un contexto complejo para la actividad. Según Eco Go, la economía se estancó en 2025: los niveles de noviembre se ubicaron en línea con los de un año atrás y diciembre habría vuelto a caer. Si bien el promedio anual mostró un crecimiento de 4,1%, ese resultado respondió en gran parte al arrastre estadístico de 2024.

En la industria, la utilización de la capacidad instalada fue del 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado doce meses antes, un nivel ya considerado bajo por el sector.

Las propuestas de la UIA

La central fabril trabaja en un proyecto de ley orientado a reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad. Entre las principales iniciativas presentadas al ministro se destacan:

  • Rebaja de costos laborales no salariales, incluyendo la posibilidad de computar aportes patronales a cuenta del IVA, complementando el incentivo del 4% previsto en la nueva legislación laboral para nuevos empleos.
  • Sistema de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al Ahora 12 pero sin subsidio estatal.
  • Medidas para fomentar exportaciones, como la eliminación de derechos de exportación pendientes y el aumento de reintegros, especialmente para manufacturas de origen industrial y alimentos.
  • Incentivos para la construcción, mediante devolución del IVA en compras de insumos realizadas con tarjeta de crédito y débito.
  • Alivio financiero para PyMES, incluyendo el uso de fondos del FAL y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.
  • Refuerzo de controles ante subfacturación de importaciones, en un contexto de sobrecapacidad global y desvíos de comercio.
  • Agilización en la devolución de saldos acumulados y suspensión de embargos para PyMES, como herramientas de alivio fiscal.

Uno de los ejes centrales es la reducción integral de la carga tributaria, tanto a nivel nacional como provincial. Los industriales sostienen que, sin una baja coordinada de impuestos, la apertura económica podría acelerar la pérdida de competitividad y fomentar la relocalización de empresas en países con menor presión fiscal. Como ejemplo, mencionan la dificultad para desarrollar un polo audiovisual local frente a incentivos más atractivos en Uruguay o Colombia.

Desde Economía se comprometieron a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico.

Sectores en tensión

La preocupación empresarial responde a una realidad concreta en varias ramas industriales.

El sector textil es uno de los más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo. Desde la actividad sostienen que la elevada presión impositiva, en una cadena de valor extensa, distorsiona precios y resta competitividad frente a productos extranjeros o a circuitos informales.

En la siderurgia, fuentes sectoriales reportan caídas de hasta 50% en ventas, producto de la combinación entre apertura y retracción de la demanda interna. En neumáticos, estimaciones privadas indican que las importaciones ya representarían cerca del 85% del mercado.

El consumo masivo tampoco escapa a esta dinámica, con una competencia importada que comienza a desplazar producción nacional en distintos rubros.

En este contexto, la UIA busca instalar una agenda de reformas que combine reducción de costos, alivio impositivo y estímulos al consumo y la exportación, con el objetivo de evitar que el estancamiento derive en una crisis más profunda del entramado productivo.

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Celulares: la quita del arancel no se refleja en los precios y la baja promedio fue de apenas 2,1% en enero

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La eliminación del arancel del 8% a la importación de celulares prometía un fuerte alivio en los precios finales, pero el impacto real en el bolsillo fue limitado, desigual y todavía insuficiente. Según un informe privado, durante enero los valores bajaron en promedio solo 2,1%, muy lejos del recorte esperado, en un mercado atravesado por diferencias por segmento, marca y nivel de stock.

La medición fue realizada por la Fundación Ecosur, vinculada a la Bolsa de Comercio de Córdoba, que relevó la evolución de precios desde principios de enero y detectó un escenario fragmentado: algunas marcas aplicaron bajas significativas, otras casi no modificaron sus listas y varias, incluso, registraron aumentos, pese a la quita del impuesto.

Una baja menor y muy dispar según el segmento

El informe muestra que el descenso promedio del 2,1% esconde comportamientos muy distintos según el tipo de equipo. Los celulares de gama baja fueron los que más ajustaron, con una reducción promedio del 2,6%, mientras que los equipos de gama alta apenas retrocedieron 0,8%.

El dato más llamativo apareció en la gama media, donde los precios subieron 1,3%, una dinámica que contradice la lógica de un mercado que acaba de recibir un alivio impositivo. En términos concretos, de los 320 modelos relevados, solo 92 registraron bajas, 108 aumentaron y 120 se mantuvieron sin cambios, lo que refuerza la idea de un traslado parcial y heterogéneo de la medida.

Diferencias por marca y el peso de la importación

Cuando el análisis se desagrega por marca, las asimetrías se profundizan. Apple encabezó el ranking de bajas: los iPhone mostraron una caída promedio del 6,5%, posicionándose como los principales beneficiados del cambio normativo. Detrás se ubicaron Samsung, con una reducción cercana al 3%, y Motorola, con una baja promedio del 1,6%.

En sentido contrario, Xiaomi fue la marca que más aumentó, con una suba promedio del 4,2% entre principios y fines de enero. Este comportamiento alimentó la percepción de que no todas las empresas reaccionaron de la misma manera frente a la quita del arancel y que la estructura de costos y abastecimiento sigue siendo determinante.

Desde Ecosur explicaron que, en ausencia de otros factores, la eliminación del arancel del 8% debería haber generado una baja cercana al 7% en los precios de los celulares importados. Además, por efecto competencia, ese movimiento tendría que haber arrastrado también a los equipos de fabricación nacional. “Eso no ocurrió”, señalaron los especialistas.

Una de las razones centrales es que el ajuste inicial se concentró en los equipos íntegramente importados, mientras que los celulares de producción nacional todavía no reflejaron plenamente el cambio. No es casual, en ese sentido, que Apple haya liderado las caídas.

Stock, carga tributaria y un efecto retardo

Otro factor clave es el stock de los comercios. Una parte significativa de los celulares que hoy se venden fue importada cuando el arancel aún estaba vigente. En ese contexto, los menores costos de reposición todavía no impactaron en los precios finales. Este fenómeno genera un efecto retardo: las bajas impositivas no se trasladan de inmediato, sino de manera gradual, a medida que se renuevan los inventarios.

Si esta dinámica se consolida, los analistas no descartan que los precios de los celulares de producción local comiencen a corregirse a la baja en los próximos meses. En paralelo, se suma otro elemento al mercado: ARCA subasta más de 300 celulares, una señal que podría influir en la oferta disponible y en las expectativas de precios.

Aunque el arancel fue eliminado, los celulares importados siguen alcanzados por múltiples tributos: IVA, impuesto interno, tasa de estadística, Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales. Aun así, la carga de impuestos nacionales se redujo de forma significativa entre principios de 2025 y la actualidad.

Por cada USD 100 de precio internacional, a comienzos de 2025 se pagaban alrededor de USD 74 en impuestos nacionales. Hoy, ese monto ronda los USD 40. En términos relativos, la presión impositiva pasó de representar cerca del 42% del precio final a aproximadamente el 29%, un recorte relevante que, por ahora, no se refleja plenamente en las góndolas.

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La UIA advierte que la presión impositiva absorbe hasta el 50% de los costos industriales

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La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a advertir que la elevada presión impositiva es el principal factor que explica la pérdida de competitividad de la producción local, en un contexto marcado por la apertura de importaciones y la persistencia de un esquema tributario que, según el sector, se mantiene sin cambios estructurales desde hace una década. El diagnóstico impacta de lleno en la discusión económica e institucional sobre costos, precios y capacidad exportadora de la industria nacional.

Una estructura de costos condicionada por la carga tributaria

Desde la UIA insisten en que la presión impositiva continúa siendo el principal obstáculo para que la industria argentina compita en igualdad de condiciones con los mercados externos. En declaraciones a Radio Rivadavia, Mauricio Badaloni, integrante de la mesa de la entidad por la región de Cuyo, sostuvo que la Argentina “mantiene la misma presión impositiva desde hace diez años”, un dato que, para el sector, explica buena parte de las dificultades estructurales que enfrenta la producción local.

Según el dirigente industrial, la estructura de costos de las empresas se encuentra fuertemente afectada por una carga estatal distribuida entre los niveles nacional, provincial y municipal, que encarece los procesos productivos y se traslada de manera directa al precio final de los bienes y servicios.

Las estimaciones del sector industrial son contundentes: entre el 40% y el 50% del costo de cualquier estructura productiva es absorbido por el Estado, a través de impuestos, tasas y contribuciones. Este nivel de incidencia fiscal, advierten desde la UIA, no solo reduce márgenes, sino que también limita las posibilidades de inversión, expansión y generación de empleo.

Apertura de importaciones y pérdida de competitividad

El reclamo de la UIA se da en un escenario de mayor apertura de importaciones, que expone con mayor crudeza las asimetrías de costos entre la producción local y los bienes provenientes del exterior. Desde la entidad sostienen que, sin una revisión profunda del sistema tributario, la industria nacional queda en desventaja frente a competidores que operan con menores cargas fiscales y estructuras más livianas.

Badaloni remarcó que esta situación impacta directamente en la capacidad exportadora y en el desarrollo de nuevos emprendimientos, al elevar los precios y reducir la competitividad sistémica. En ese marco, el debate sobre impuestos deja de ser sectorial para convertirse en un eje central de la política económica, con implicancias sobre el entramado productivo y el saldo comercial.

La preocupación industrial apunta a que la presión impositiva no solo afecta a grandes empresas, sino también a pymes y proyectos emergentes, que enfrentan mayores dificultades para absorber costos y sostener operaciones en un mercado cada vez más abierto y competitivo.

Críticas a la intervención estatal y el debate por la competitividad

Al referirse al caso Techint, Badaloni cuestionó la intervención del Gobierno en disputas comerciales entre privados, y planteó que el eje del problema no se encuentra en el comportamiento empresario, sino en el sistema tributario vigente. Según el directivo, la falta de competitividad es una consecuencia directa de un esquema impositivo que no fue corregido en la última década y que continúa gravando de manera excesiva a la producción.

Desde la UIA, el planteo se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado, la presión fiscal y la necesidad de generar condiciones macroeconómicas e institucionales que permitan a la industria recuperar competitividad, ampliar exportaciones y sostener el empleo.

El mensaje del sector industrial vuelve a poner sobre la mesa un reclamo histórico: sin una reducción efectiva de la carga impositiva y una simplificación del sistema tributario, la apertura comercial profundiza las desventajas estructurales de la producción local, con impacto directo en precios, inversión y desarrollo productivo.

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