PRESUPUESTO NACIONAL

Actualizan los montos del plan nacional de Inversiones Públicas desde 2026

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La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), actualizó los montos máximos de los programas y proyectos de inversión pública que pueden ser aprobados directamente por los organismos ejecutores para su incorporación al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). La medida quedó formalizada mediante la Disposición 1/2025, dictada el 23 de diciembre de 2025 y con vigencia a partir del 1° de enero de 2026.

La norma redefine los umbrales de aprobación en función de la variación del presupuesto anual de inversión pública nacional, con impacto directo sobre la planificación, evaluación y priorización de proyectos financiados con recursos del Sector Público Nacional. En concreto, se elevó a $3.045 millones el monto máximo para la aprobación directa por parte del organismo iniciador y se fijó en $30.459 millones el umbral a partir del cual será obligatorio presentar un Documento Analítico Complementario ante la DNIP.

El encuadre normativo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas

La disposición se inscribe en el marco de la Ley N° 24.354, que creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), cuyo objetivo central es mantener un inventario actualizado de proyectos de inversión pública y formular y gestionar el Plan Nacional de Inversiones Públicas. El SNIP establece criterios técnicos para asegurar la consistencia, eficiencia y racionalidad del gasto de capital del Estado nacional.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 24.354, el monto máximo de un programa o proyecto que puede ser aprobado directamente por el organismo iniciador no puede superar el UNO POR MIL (1‰) del presupuesto anual de inversión pública nacional correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Ese criterio fue operacionalizado por la Resolución N° 1/2021 de la entonces Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, que fijó como base de cálculo los gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional.

En ese marco, la DNIP, como órgano responsable del SNIP, tiene la función de comunicar periódicamente los montos máximos actualizados y de proponer modificaciones a las normas que regulan el sistema, tal como lo estableció el Decreto N° 1.103/2024.

Nuevos umbrales y exigencias técnicas para los proyectos

La Disposición 1/2025 fija dos valores clave para la gestión de inversiones públicas a partir de 2026. Por un lado, establece en $3.045.000.000 el monto máximo de los programas o proyectos que podrán ser aprobados directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el PNIP, sin necesidad de instancias adicionales de evaluación centralizada.

Por otro lado, determina que los proyectos cuyo monto supere los $30.459.000.000 deberán presentar obligatoriamente un Documento Analítico Complementario ante la Dirección Nacional de Inversión Pública, conforme a los requisitos previstos en el Anexo 2 de la Resolución 1/2021. Ese documento deberá ser presentado antes del 15 de junio de 2026, respetando los plazos fijados por el artículo 7° del Decreto N° 720/95, que establece como fecha límite el 15 de junio del año anterior al ejercicio presupuestario en el que se pretende incorporar el proyecto.

Para calcular estos montos, la DNIP solicitó a la Oficina Nacional de Presupuesto el dato actualizado de los gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional. Dicha oficina informó que, en virtud de la prórroga del Presupuesto 2023 dispuesta por el Decreto N° 1.131/2024, se consideraron las proyecciones incluidas en el Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que estiman los gastos de capital de 2025 en $3.045.964,5 millones.

Impacto institucional y en la planificación de la obra pública

La actualización de estos umbrales tiene implicancias directas sobre la dinámica de aprobación y evaluación de la inversión pública nacional. Al redefinir los montos máximos, la norma ajusta los mecanismos de control técnico a la nueva escala presupuestaria, evitando que la inflación o la expansión nominal del gasto de capital distorsionen los criterios de aprobación establecidos por el SNIP.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Inversión Pública como órgano rector del sistema y ordena el proceso de incorporación de proyectos al PNIP, al tiempo que deroga la Disposición DNIP N° 1/2024, que había fijado los montos vigentes hasta el cierre de 2025.

Para los organismos ejecutores, el nuevo esquema redefine los márgenes de autonomía en la aprobación de proyectos y eleva las exigencias técnicas para las iniciativas de mayor envergadura, lo que anticipa un mayor énfasis en la evaluación económica y financiera de los grandes proyectos de inversión pública a partir del ejercicio 2026.

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Economía emite nuevos bonos CER, dólar linked y TAMAR y amplía deuda por más de $26 billones

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El Ministerio de Economía aprobó, mediante la Resolución Conjunta 60/2025, una de las operaciones de financiamiento más significativas del año, emite y amplía deuda por más de $26 billones y USD 6.000 millones.

La medida habilita la emisión de cuatro nuevos instrumentos de deuda y la ampliación de cinco títulos ya existentes, con vencimientos entre 2026 y 2027. La decisión se inscribe en el marco normativo de la Ley 24.156 y la Ley de Presupuesto vigente, y responde a la necesidad de cubrir la demanda de la licitación convocada para el 26 de noviembre.

Un paquete de financiamiento respaldado por normativa presupuestaria y de crédito público

La Resolución Conjunta 60/2025 —firmada el 26 de noviembre de 2025 en Buenos Aires— se fundamenta en el sistema de crédito público previsto en la Ley 24.156 y en las autorizaciones otorgadas por el artículo 37 de la Ley 27.701 de Presupuesto, que continúa vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, y a los decretos 436/2023, 56/2023, 23/2024, 280/2024, 594/2024, 1104/2024 y 1131/2024.

El texto recuerda que el artículo 60 de la Ley 24.156 impide realizar operaciones de crédito público no contempladas en el presupuesto o en leyes específicas. En ese marco, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda actúan como Órgano Responsable de la coordinación del sistema financiero del sector público, según el decreto 1344/2007 (modificado por el decreto 820/2020).

La resolución autoriza una licitación por efectivo y establece el detalle técnico de los instrumentos que serán utilizados. Las colocaciones se rigen por el “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública” aprobado por la resolución conjunta 9/2019.

Emisión de nuevos instrumentos: CER, TAMAR y dólar linked

El Gobierno dispuso la emisión de cuatro títulos públicos con condiciones y objetivos complementarios. El límite máximo autorizado para cubrir la demanda del mercado supera los $14 billones y USD 3.000 millones, según el valor nominal original especificado.

1. Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER (vto. 29/05/2026)

  • Monto máximo: VNO $ 5.000.000.000.000
  • Emisión: 28/11/2025
  • Amortización: íntegra al vencimiento
  • Intereses: a descuento
  • Ajuste: Coeficiente CER (Decreto 214/2002)

La Oficina Nacional de Crédito Público actuará como Agente de Cálculo y su determinación será “final y válida para todas las partes, salvo error manifiesto”.

2. Bono del Tesoro en pesos cero cupón ajustado por CER (vto. 30/04/2027)

  • Monto máximo: VNO $ 4.000.000.000.000
  • Intereses: cero cupón
  • Ajuste: CER desde 10 días hábiles previos a emisión hasta 10 días previos al pago.

3. Bono del Tesoro vinculado al dólar (vto. 30/11/2026)

  • Monto máximo: VNO USD 3.000.000.000
  • Suscripción: en pesos
  • Pago: en pesos, según tipo de cambio Comunicación “A” 3500 del BCRA
  • Intereses: cero cupón

Se trata de un instrumento dólar linked cuyo rendimiento se ajusta a variaciones cambiarias de referencia, lo que suele atraer cobertura del sector privado.

4. Letra del Tesoro a tasa TAMAR (vto. 30/04/2026)

  • Monto máximo: VNO $ 5.000.000.000.000
  • Interés: tasa TAMAR TEM, capitalizable mensualmente
  • Fórmula: ajustada según la tasa promedio de depósitos mayores a $1.000 millones, publicada por el BCRA.
    El margen que se sumará a la tasa será determinado en la licitación del 26/11/2025.

Ampliación de instrumentos vigentes: continuidad del programa de deuda interna

Además de las nuevas emisiones, la resolución amplía cinco títulos ya colocados previamente, por un total superior a $16 billones y USD 3.000 millones, siempre “por hasta la suma de valor nominal necesaria para cubrir la demanda del proceso de licitación”.

Las ampliaciones aprobadas son:

  • Letra Capitalizable en pesos (vto. 30/04/2026): hasta VNO $4.500.000.000.000
  • Letra Capitalizable en pesos (vto. 30/10/2026): hasta VNO $4.700.000.000.000
  • Bono Capitalizable en pesos (vto. 30/04/2027): hasta VNO $4.800.000.000.000
  • Bono cero cupón ajustado por CER (vto. 30/10/2026): hasta VNO $2.624.394.620.396
  • Letra vinculada al dólar cero cupón (vto. 30/04/2026): hasta VNO USD 3.000.000.000

Todas las operaciones cuentan con exenciones impositivas previstas en la normativa vigente y con asistencia operativa del Banco Central, que administrará pagos y actuará como agente de registro a través del CRYL.

Una estrategia para cubrir vencimientos y sostener liquidez

La resolución confirma que los vencimientos de los instrumentos “operan en ejercicios futuros” y se encuentran dentro de los límites de endeudamiento de la planilla anexa al artículo 37 de la Ley 27.701.

Desde el punto de vista operativo y fiscal, la estrategia cumple tres objetivos: Renovar y refinanciar vencimientos próximos, evitando tensiones de corto plazo. Ampliar el menú de instrumentos, combinando CER, dólar linked y tasas de mercado (TAMAR). Sostener liquidez del Tesoro, mediante emisiones ajustadas a la demanda del mercado.

La medida tiene impacto directo en bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y administradores de portafolio que operan regularmente con títulos públicos, además del sistema financiero del sector público.

Asimismo, refuerza la posición del Ministerio de Economía de administrar el crédito público dentro del marco legal vigente, destacando explícitamente la intervención del servicio jurídico y la observancia de límites presupuestarios.

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Informe CEPA: fuerte recorte en áreas sociales mientras crece el presupuesto de inteligencia y deuda

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Entre enero y agosto, el gasto ejecutado por la Administración Pública Nacional se redujo un 31% en términos reales frente a 2023. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el ajuste impacta con fuerza en áreas sociales clave, mientras se incrementa el presupuesto destinado a inteligencia y se consolida el peso de la deuda.

El gobierno nacional encara 2025 con una estrategia de consolidación fiscal inédita en magnitud. Según el informe de CEPA, la contracción del gasto público es el correlato de una política de ajuste estructural que busca equilibrar las cuentas en medio de un escenario de recesión económica, inflación desacelerada pero persistente y tensiones políticas tras el veto presidencial a leyes de transferencias provinciales.

El dato más llamativo es la caída del 31% interanual en el gasto primario real durante los primeros ocho meses del año, lo que configura un recorte de dimensiones históricas. El impacto atraviesa múltiples sectores: salud, educación, ciencia y tecnología, seguridad social, programas sociales y obra pública.

En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 9% del gasto total, mostrando un reordenamiento de prioridades en la estructura presupuestaria.

Ejecución presupuestaria en detalle

El recorte se refleja con particular crudeza en áreas sociales:

  • Salud: la Superintendencia de Servicios de Salud redujo un -56% su ejecución, los hospitales nacionales entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán un -26% y la ANMAT un -27%. Programas de atención y prevención muestran caídas de hasta -100%, salvo el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció un +41%.
  • Seguridad social y programas sociales: ANSES ajustó un -7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un -72% y el INAES un -75%. Los Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), el programa de Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social (-100%) quedaron virtualmente desfinanciados.
  • Educación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecución nula (-100%). El fortalecimiento edilicio de jardines infantiles cayó -88% y las becas y programas de formación docente entre -77% y -79%.
  • Ciencia y tecnología: el CONICET recortó un -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y la promoción de la investigación e innovación -83%.
  • Producción y energía: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ajustó un -76%. La CNEA cayó -39%, el ENRE -24% y el ENARGAS -26%.
  • Obra pública y transporte: ejecución prácticamente nula, con bajas de -89% a -100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias también se redujeron entre -98% y -100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense.
  • Defensa y seguridad: las fuerzas federales sufrieron recortes de entre -29% y -32%, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea reducciones de entre -17% y -21%.

El informe del CEPA advierte que el ajuste compromete la continuidad de programas esenciales en un momento de alta vulnerabilidad social. La caída en partidas vinculadas a alimentación, salud preventiva, educación inicial y obra pública afecta directamente a provincias y municipios, que ven limitada su capacidad de respuesta.

En paralelo, el incremento del gasto en inteligencia y deuda revela un cambio en el enfoque de prioridades del Gobierno nacional: fortalecer el control institucional y garantizar la sostenibilidad financiera por encima de la inversión social y productiva.

En términos políticos, el ajuste profundiza las tensiones entre Nación y provincias, particularmente tras el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Gobiernos subnacionales reclaman compensaciones que hasta ahora no han tenido respuesta.

De cara a lo que resta del año, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad social y política de un ajuste que, según CEPA, golpea los cimientos de áreas estratégicas. Mientras el Ejecutivo defiende la disciplina fiscal como clave para estabilizar la economía, especialistas advierten que la contracción simultánea en inversión pública, programas sociales y apoyo productivo podría profundizar la recesión y erosionar la gobernabilidad.

En el corto plazo, el desafío radica en sostener el delicado equilibrio entre la reducción del déficit y la necesidad de contener las demandas sociales y provinciales. El debate en torno al Presupuesto 2026 será un test decisivo para medir hasta qué punto el ajuste puede sostenerse sin generar mayores costos políticos e institucionales.

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El Gobierno Nacional amplía el presupuesto de este año en $ 1,3 billones

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El Gobierno amplió el presupuesto nacional de este año en $ 1,3 billones, de los cuales $ 1,1 billones serán para operaciones de crédito público, a través del decreto 829/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El mismo estableció una partida de $ 69.802.050.728 destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y retiradas y pensionados y pensionadas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

Además, destinó $ 72.577.242.261 como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Asimismo, prorrogó el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por $ 48.000 millones, con el objeto de continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado nacional.

Al respecto, el Ministerio de Transporte destacó que “luego de que la oposición no aprobara el Presupuesto para el ejercicio 2022 y las dificultades generadas a raíz de esto, el Gobierno extiende el monto del Fondo Compensador al interior del país”.

“Esta normativa permite que el Ministerio avance en el esquema de pago restante para el corriente año, con el objetivo de brindar asistencia económica al sector y garantizar mayor conectividad a todos los argentinos y argentinas”, indicó el área que conduce Diego Giuliano.

Remarcó que “para el próximo año se fijó el presupuesto de $ 85.000 millones para el Fondo Compensador en el interior del país, llegando a incrementar el monto un 1.280% con respecto a 2019, cuando la anterior gestión había destinado solamente $ 6.161 millones”.

Por otra parte, el decreto también incrementó en $ 5.500 millones el monto destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la Anses, quedando en consecuencia determinado en $ 84.777 millones.

En otro orden, se determinó que los ministerios del Interior, de Economía y de Turismo, y Jefatura de Gabinete deberán constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por $ 82.000 millones, $ 7.000 millones, $ 6.000 millones y $ 75.000 millones.

A efectos de su instrumentación, el decreto dispuso la emisión de pagarés del Gobierno a esos organismos, por los mismos montos, con fecha de emisión el 15 de diciembre próximo, y vencimiento el 15 de marzo de 2023.

Por otra parte, se determinó un incremento por $ 1,1 billones para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días.

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