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Preocupación de Cámaras Federales por recorte presupuestario al Poder Judicial

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Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Consejo de la Magistratura, al advertir que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% en términos generales y del 74% en el rubro Bienes de Uso.

A través de un comunicado, los magistrados alertaron que, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que calificaron como un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En ese sentido, remarcaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones “indispensables” para asegurar la efectiva independencia judicial, y advirtieron que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.

El pronunciamiento también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos para avanzar en la modernización del sistema judicial. Ypara garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal. 

Según señalaron, la fuerte reducción en el presupuesto para Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”. Considerados elementos claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial. Y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, concluyeron los jueces. En defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”. 

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Automatización que sí rinde en 12 a 18 meses para el presupuesto público

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La digitalización dejó de ser promesa para convertirse en contabilidad dura. En municipios, ministerios y empresas estatales, proyectos pequeños pero bien escogidos permiten recuperar la inversión en uno o dos ejercicios fiscales. La clave está en atacar cuellos de botella visibles y medibles en tres frentes cotidianos: colas, licencias y compras.

Al diseñar mejoras, conviene observar prácticas de alto tráfico en el sector privado. Plataformas que gestionan picos de demanda, como Whalebet, optimizan turnos, verificación y pagos con algoritmos simples y tableros en tiempo real. Ese mismo enfoque, traducido a trámites públicos, agiliza filas, reduce tiempos ociosos y disminuye costos de atención. La experiencia del usuario mejora y los números cierran.

Dónde están las ganancias rápidas

Los casos con retorno acelerado comparten tres rasgos. Tienen alto volumen de transacciones, procesos repetibles y costos ocultos en esperas, retrabajos y errores manuales. Con un alcance acotado y métricas claras, el retorno aparece temprano y financia la siguiente iteración.

Casos con retorno en menos de 18 meses

  • turnero digital en hospitales y oficinas de documentación con recordatorios automáticos
  • licencias de conducir y habilitaciones comerciales con firma, pagos y retiro programado
  • expedientes electrónicos con plantillas, validaciones y notificaciones por etapas
  • compras recurrentes por catálogo con acuerdos marco y órdenes automáticas
  • conciliación de facturas con OCR y reglas que detectan diferencias de precio o cantidad

La matemática es sencilla. Menos minutos por trámite multiplicados por miles de gestiones al mes se convierten en horas liberadas. Menos ventanillas abiertas durante más tiempo significa energía y personal redirigido a casos complejos. Menos papel y menos traslados significan gastos operativos más bajos.

Cómo medir el retorno sin magia

El retorno en 12 a 18 meses depende de una línea base honesta. Antes de automatizar, se recomienda medir tiempo de punta a punta, tasa de ausentismo a turnos, reimpresiones, rechazos por errores y costo total por trámite. Luego, con una prueba piloto de ocho a doce semanas, se comparan métricas y se proyecta el ahorro anual.

Un modelo financiero prudente incluye licencias, integración, capacitación y soporte. También contempla el costo del cambio organizacional. Con ese nivel de detalle, la discusión deja de ser tecnológica y pasa a ser presupuestaria. Si el ahorro anual excede el 70 por ciento del costo total del proyecto, el retorno en 18 meses es alcanzable.

Compras públicas sin fricción

Automatizar no exige plataformas complejas. Muchas soluciones de fila virtual, formularios inteligentes y gestión de expedientes se ofrecen como servicio y cobran por uso. Para acelerar, conviene usar catálogos, estándares y pliegos tipo, con cláusulas de desempeño y salidas claras si no se cumplen metas.

Entre cada avance técnico se debe proteger la transparencia. Tableros abiertos que muestren tiempos de cola, cantidad de trámites resueltos y ahorros estimados construyen confianza. La ciudadanía valida con datos y sugiere mejoras. La administración gana legitimidad y margen para escalar.

Reglas para comprar bien y rápido

  • definir objetivos con métricas de servicio y costo por transacción
  • priorizar soluciones interoperables con APIs y estándares abiertos
  • exigir pilotos medibles y cláusulas de niveles de servicio
  • elegir modelos por uso para alinear incentivos y evitar sobredimensionar
  • planificar capacitación y soporte como parte del contrato

Estas reglas evitan sobrecostos y bloqueos. La interoperabilidad permite sumar módulos con el tiempo y evitar reescrituras. El pago por uso facilita ajustar capacidad en temporada alta de trámites y reducirla en meses valle.

Gestión del cambio que no cuesta de más

La mejor tecnología fracasa si la adopción no existe. Para que el retorno llegue, el equipo debe dominar el flujo digital y comunicarlo con claridad. Tutoriales cortos, asistentes en salas de espera y mensajes por WhatsApp reducen dudas. El diseño debe anticipar excepciones y ofrecer rutas alternativas para poblaciones sin conectividad o con baja alfabetización digital.

El efecto cultural también es positivo. Con menos tareas repetitivas, las personas se dedican a casos que requieren criterio. La satisfacción interna mejora, baja el ausentismo y suben los indicadores de servicio. Ese círculo virtuoso no se compra, se diseña.

Hoja de ruta en tres pasos

La aceleración se logra con foco. Primer paso, inventario de trámites según volumen y costo por operación. Segundo, piloto con metas simples en una oficina con liderazgo comprometido. Tercero, escala progresiva con métricas públicas y ajustes trimestrales. Cada ciclo financia el siguiente con los propios ahorros.

La digitalización rentable es una práctica, no un proyecto aislado. Cuando colas, licencias y compras se vuelven flujos predecibles, el presupuesto respira. En 12 a 18 meses la diferencia se ve en filas más cortas, balances más ordenados y una ciudadanía que siente que el tiempo vale. Esa es la victoria rápida que abre espacio para reformas más profundas.

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El Gobierno confirmó que las sesiones extraordinarias serán desde el 10 al 31 de diciembre

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El Gobierno confirmó este miércoles que las sesiones extraordinarias del Congreso tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, período en que se tratarán el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo había conseguido este martes el dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y buscará demorar la aprobación de esa iniciativa hasta diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y La Libertad Avanza (LLA) pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del cuerpo parlamentario.

El dictamen de la Libertad Avanza (LLA) reunió 20 firmas, mientras que el dictamen de Unión por la Patria (UcxP) consiguió la misma cantidad, pero al haber habido un empate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, hizo uso de su voto doble para desempatar a favor del oficialismo.

La decisión de dilatar los tiempos le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

Desde diciembre, LLA tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

El dictamen de mayoría mantiene sin cambios el proyecto de Presupuesto oficial que proyecta un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10%; un dólar de 1,423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. que se toman fuera de los organismos de gestión que establece la Constitución”.

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El oficialismo consiguió dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 con apoyo misionero

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El oficialismo y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, su tratamiento en el recinto aún no tiene fecha cierta: no están garantizados los votos y el Gobierno apuesta a postergar el debate para después del 10 de diciembre.

Aunque un sector de la oposición no descarta un eventual consenso entre los dictámenes alternativos, la Casa Rosada -y el flamante ministro del Interior designado, Diego Santilli- enfrentará el desafío de negociar con los gobernadores para asegurar la aprobación.

El dictamen de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reunió 21 firmas -incluida la del presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, que desempató con su doble rúbrica- y reproduce sin modificaciones el texto enviado por el Poder Ejecutivo, que sostiene el déficit cero como eje central.

Al oficialismo lo acompañaron, con disidencias parciales, diputados del PRO, la UCR, la Liga del Interior y legisladores que responden a sus gobernadores, como Carlos Fernández, de Innovación Federal por Misiones; Pamela Calletti, de Salta; y Nancy Picón Martínez, de San Juan.

El dictamen contó también con el voto positivo de los siete diputados nacionales por Misiones, un bloque clave dentro del espacio federal, lo que consolidó el apoyo del NEA a la versión oficial del Presupuesto.

El segundo dictamen, impulsado por Unión por la Patria (UP), obtuvo también 20 firmas, pero no logró mayoría. En tanto, Encuentro Federal presentó un texto propio con seis rúbricas, que propone un superávit más moderado y contempla la incorporación de leyes vetadas, como las emergencias pediátrica y en discapacidad, y el financiamiento universitario.

Por último, el Frente de Izquierda presentó su propio despacho de rechazo, a través de Christian Castillo.

De los 49 miembros de la comisión, solo Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) no firmaron ningún dictamen.

El proyecto oficial proyecta un crecimiento del 2,5% del PBI, una inflación anual del 70% y un tipo de cambio promedio de $1.300 por dólar. Las estimaciones mantienen un resultado fiscal equilibrado, con gasto público ajustado en términos reales, y una reducción del gasto primario del 1,3% del PBI.

El documento prevé además una fuerte caída en subsidios energéticos y de transporte, con una mayor transferencia de costos a las provincias y usuarios, y una disminución del gasto en obra pública, que se limitará a proyectos estratégicos o con financiamiento internacional.

A su vez, se prevé una recaudación tributaria equivalente al 21,7% del PBI, impulsada por una mayor recaudación de IVA e impuestos internos, aunque con menor peso de Bienes Personales y Ganancias, tras las modificaciones del año pasado.

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Bernardo de Irigoyen aprobó un presupuesto de $4.518 millones para 2026

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El Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen aprobó la Ordenanza N° 31, que establece el Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026, fijado en 4.518 millones de pesos. La norma fue sancionada el 15 de octubre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre.

El presupuesto prevé igual monto de recursos y gastos, garantizando equilibrio financiero. Según el detalle anexo, los ingresos municipales se estiman en 1.461 millones de pesos, provenientes principalmente de tasas y derechos locales (1.103,9 millones), otros ingresos municipales (357 millones) y contribuciones de mejoras.
En tanto, los aportes de otras jurisdicciones, principalmente por coparticipación de impuestos provinciales y nacionales, totalizan 3.057 millones de pesos, lo que representa más del 67% del total de los recursos proyectados.

Estructura del gasto

El Presupuesto de Gastos también se fija en 4.518 millones de pesos, con una distribución que prioriza el funcionamiento municipal, la inversión pública y la asistencia social.
Las erogaciones corrientes alcanzan 4.247 millones, de los cuales:

  • 1.320 millones corresponden a personal,
  • 978 millones a bienes de consumo,
  • 378 millones a servicios,
  • 377 millones a transferencias corrientes,
  • y 95 millones al funcionamiento del Concejo Deliberante.

A su vez, las erogaciones de capital ascienden a 271 millones de pesos, destinados a obras públicas, bienes de capital y amortización de deuda.

Facultades del Ejecutivo

La ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a:

  • realizar compensaciones de partidas y utilizar créditos adicionales para reforzar rubros insuficientes;
  • incorporar convenios, aportes o superávits durante el ejercicio mediante resoluciones, informando al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas;
  • y efectuar aportes municipales complementarios cuando los fondos nacionales o provinciales resulten insuficientes para completar obras o programas.

También se habilita al Ejecutivo a disponer de los créditos de la partida “Transferencias Corrientes”, sin perjuicio de las subvenciones que determine el Concejo.

El esquema de ahorro e inversión presentado prevé un balance financiero preventivo sin déficit, con recursos y erogaciones equivalentes y un resultado estimado en cero.
El ahorro corriente proyectado alcanza los 271 millones de pesos, lo que otorga al municipio cierto margen de maniobra ante contingencias o ampliaciones de obra pública.

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