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Los ciclos del ajuste
El manotazo al Fondo Federal Solidario puso en alerta a los intendentes y gobernadores de todo el país. Como pocas veces antes, provocó la unidad de los 76 intendentes misioneros que estamparon su firma en un duro documento de reclamo al Gobierno de Mauricio Macri por la eliminación compulsiva de los recursos sojeros. El “mazazo”, como definió el gobernador Hugo Passalacqua, modificó también el escenario político, que hasta ahora tenía a la gobernabilidad como elemento pacificador.
Intendentes y gobernadores, perciben que el ajuste permanente termina afectando la gobernabilidad local. El problema no es de la Nación, si no que estalla en la comarca transformado la urgencia individual en un problema colectivo. Un municipio que deba paralizar una obra que financiaba con los recursos de la soja, tendrá automáticamente un puñado de desocupados y una cadena económica cortada desde el eslabón más débil.
Esa urgencia obliga a “apelar a la creatividad con políticas activas para hacer frente al tsunami que estamos viviendo”, como sintetizó Passalacqua la presentación del Ahora Patentes, la última versión del Ahora Misiones, el programa diseñado para sostener el consumo y la actividad. Ese programa y algunas otras medidas tomadas por el Gobierno provincial, más la decidida intervención del Estado en la economía, permiten que Misiones todavía sostenga algunos indicadores positivos, mientras que los de la Nación se derrumban con una caída de la actividad que llegó a 6,7 por ciento en relación a julio de 2017. Semejante descalabro no se veía desde la crisis de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en 2009.
El documento de San Ignacio, firmado por los intendentes llegó a destino. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo recibió casi al instante, ya que llegó a Posadas apenas después de culminada la cumbre en la ciudad de las antiguas Misiones Jesuíticas. El enviado de Macri mantuvo una reunión con el Gobernador, el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán y algunos de los principales dirigentes de Cambiemos -el radicalismo estuvo ausente- para comenzar a delinear el Presupuesto nacional. Passalacqua le ratificó la postura de Misiones de acompañar la sanción del Presupuesto, como herramienta de gestión fundamental, pero al mismo tiempo, que no se puede cargar con el peso de más recortes, mientras que la Provincia es una de las más ordenadas en sus finanzas.
“Siempre lo hemos apoyado y lo seguiremos haciendo, inclusive el año que viene; después el Gobierno tendrá que rendirle cuenta a la gente sobre cómo aplica esa herramienta que le dimos. Lo que no podemos es negarle, como pido que no nos nieguen, herramientas para poder gobernar; después la gente juzgará si el trayecto, el rumbo tomado con ese presupuesto es bueno o malo, dio o no resultado, pero eso es posterior. Esto es anterior y desde la oposición nosotros vamos a tener ese acto de coherencia política”, dijo Passalacqua. Lo que no quita que los diputados tengan vía libre para discutir punto por punto el Presupuesto de Macri para evitar males mayores a Misiones y conseguir lo que se pueda conseguir.
Esa coherencia ¿se replicará en la Legislatura?
En paralelo, queda claro que la gobernabilidad dada no significa justificar el rumbo. El ajuste, los recortes y sus consecuencias, corren por cuenta de quien los ejecuta.
Según trascendió, Frigerio prometió que no habrá mayores recortes y que los recursos comprometidos, llegarán a destino. Pero esa promesa no pudo ser sostenida por el equipo económico nacional ante los ministros provinciales en el primer escarceo por el Presupuesto. Los funcionarios de Macri insistieron en que el ajuste debe llegar a los cien mil millones de pesos y los ministros provinciales, en que el recorte es responsabilidad política de la Nación.
Quedaron descartadas varias de las demandas del Gobierno nacional en las semanas previas, como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Nacional de Viviendas. También se descartó que las provincias cedan 5% de la coparticipación de IVA que reciben del Estado para financiar la Anses y perder Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que según admitieron en el Ejecutivo tienen un acumulado de unos 40 mil millones de pesos que no fueron repartidos por la Rosada en el último cuarto de siglo. Lo que quedó claro es que las provincias no quieren soportar ni justificar más recortes.
El ajuste va más allá del Fondo de la Soja o la quita de reintegros a las exportaciones de las economías regionales que eran prioritarias en los spots de campaña. El ajuste irreversible es mucho más complejo aunque no sea tan visible. Es la falta de recursos para la vacuna de la meningitis, es la falta de presupuesto para la educación universitaria, que excede del salario de los docentes. Ese ajuste tiene consecuencias que después, en el tiempo, reconfiguran contextos socioeconómicos y modifican vidas. En una década, se hablará de provincias “atrasadas” en programas de televisión porteños que hoy se muestran consternados con los cuadernos de la corrupción.
El Gobierno apostó a que las denuncias contra Cristina Fernández sirvan para eclipsar el mal momento económico. Los cálculos de los PBIes robados justifican las flaquezas actuales en ingeniosas lecturas hechas por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne y hasta por el propio Macri. Sin embargo, las encuestas marcan que las escandalosas denuncias de corrupción no logran cambiar el malhumor social por los problemas de bolsillo. En cualquier instancia, si Cristina sufre en su capital político, Macri no logra capitalizar ese descontento. Por el contrario, la política comienza a andar por el peligroso camino del descreimiento. No está mal querer flan. No en el ahora. Siempre. Es una signo de movilidad social ascendente. Lo que está mal es que el flan sea para unos pocos.
No debe sorprender. El ajuste va por etapas y busca justificarse. El diputado nacional Luis Pastori, contador de profesión, argumentó que el refuerzo de los 11 años de la vacuna contra la meningitis “a esta altura no tiene ningún sentido, ningún valor, ningún efecto, de modo que no se justifica seguir manteniéndolo”. Los pediatras misioneros no coinciden. La falta de vacuna supondrá que los chicos de 11 años, aunque no contraigan la enfermedad, podrán contagiarla. Las consecuencias son la muerte o daños neurológicos irreversibles.
La también radical Anita Minder, primera generación de universitarios en su familia, negó los recortes presupuestarios y aseguró que todo se resume en un problema de negociación salarial. “La universidad no está en riesgo y no se ha recortado el presupuesto”, aseguró a la hora de argumentar su voto en contra de la solidaridad legislativa ante las tres semanas de paro docente. “No podemos hablar de la privatización de la universidad ni que se pararon obras”, insistió.
Ahora se puso de moda poner la lupa sobre “el costo de la política”. Se enumeran hasta el escándalo los gastos de legislaturas, diputados y senadores. Nada nuevo. Durante el breve paso de la Alianza por la Casa Rosada, también se discutía cuanto se le pagaba a un diputado, mientras que se hacía malabares para cumplir con las, oh casualidad, exigencias de un Fondo Monetario Internacional, por entonces perverso y exigente cobrador. No como el de ahora.
El diputado de Cambiemos, José Rocholl, justificó el ajuste nacional y las promesas incumplidas porque “permanentemente se fueron moviendo las variables”. El legislador reclamó que Misiones imite el recorte de empleados estatales porque “hay una superpoblación, hay demasiados funcionarios en cada ente de la administración provincial”.
Estas voces, sin embargo, no son las únicas en Cambiemos. Cada vez hay más descontentos, sobre todo en el radicalismo, que no creen en las promesas de los históricos, que son los que están consolidados en algún cargo dentro del Gobierno. Pastori apeló a echar la culpa en quienes cuestionan las políticas oficiales: “No vayas a comprar todo lo que aparece en los medios, especialmente en los medios de Misiones que sabés, todos, absolutamente todos, están comprados. Todos nos tiran mierda, todos los días”, le contestó a un veterano militante que le pedía explicaciones por el ajuste en la salud.
La política no es buena o mala en sí misma. Depende de la orientación. De qué priorice, del rumbo que marque. En estos días, que empieza el debate del presupuesto provincial, podrá apreciarse cuál es el destino de los recursos que prioriza el Estado misionero. La Educación se mantiene al tope de las prioridades, con más de 20 mil millones de pesos, seguida por la salud y el desarrollo social y el desarrollo económico. El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad recorre la provincia de punta a punta para mantener actualizadas las necesidades de cada lugar donde sea necesaria una asistencia ante la crisis y la capacitación laboral es una de las principales demandas.
El Gobierno provincial no desdeña del rol del Estado en la economía. El Ahora Misiones y el Ahora Patente recién lanzado y los otros Ahora, vigentes y que vendrán, como el Ahora Góndola -en estudio para la comprar alimentos-, son herramientas que le sacan el jugo a los recursos para minimizar los daños. El Ahora Patentes, por ejemplo, busca mejorar la recaudación de los municipios y al mismo tiempo, poner al día a los contribuyentes. Hay casi 200 millones de pesos en mora en el pago de patentes, que son vitales para cubrir el vacío dejado por el Fondo de la Soja.
Passalacqua: “Acompañar el presupuesto nacional es dar una herramienta de gestión”
Este viernes, el gobernador Hugo Passalacqua brindó precisiones sobre su anunciada posición favorable a la aprobación del Presupuesto de la Nación. “Nosotros estamos siendo coherentes con nuestra posición: somos un gobierno opositor, hay cosas que no nos gusta del Gobierno de la Nación, pero así como yo como gobernador pido a los diputados de la Cámara, más allá de los colores políticos, que apoyen el presupuesto porque es la herramienta para gobernar, no podemos negar apoyo hacia arriba. La respuesta está en lo que yo dije ya hace dos años y medio: ‘gobernabilidad con gobernabilidad se paga” expresó en su contundente respuesta ante los medios presentes en la Sala de Situación en Casa de Gobierno.
Passalacqua explicó que “nosotros no podemos negarle al Gobierno nacional herramientas para gobernar. Después el Gobierno tendrá que rendirle cuentas a la gente de como uso esa herramienta”.
Indicó que la premisa “Gobernabilidad, con Gobernabilidad se paga”, significa darle estas herramientas de gestión. Planteó que si en la provincia se solicita a los diputados provinciales de todos los espacios acompañar el presupuesto misionero, este es un gesto de coherencia política votarle el presupuesto a la Nación.
“Esto es coherencia política, es algo que hicimos todos los años el votarle el presupuesto a la Nación. Después en particular habrá discusiones. Hay que recordar que son dos tipos de discusiones, una general y otra en particular”, expresó el mandatario. Se mostró sorprendido porque se ponga en duda esta actitud que se ha venido dando año a año.
“Nosotros no podemos negarle las herramientas para gobernar. Después la gente juzgara si el trayecto tomado con ese presupuesto fue bueno o malo. Esto no es un esfuerzo, sino un símbolo de coherencia política”, afirmó Passalacqua. Quien aprovechó para pedirle a los 40 diputados misioneros que tengan el mismo gesto de acompañar el Presupuesto provincial que fue girado por el Ejecutivo a la Legislatura y comenzó a debatirse.
A partir del próximo lunes 27, funcionarios expondrán ante la Legislatura la previsión de fondos de su sector para el año 2019
Las reuniones serán los lunes, a partir de las 9, y los martes, desde las 10:30, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones. Ministros, secretarios y presidentes de entes descentralizados, autárquicos y organismos de la Constitución participarán del análisis del Presupuesto provincial para el próximo año. También asistirán representantes de los poderes Judicial y Legislativo, éste último, con presupuesto propio-.
El lunes 27, a las 9, expondrá el ministro del Agro y la Producción, José Luis Garay; a las 09.30, lo hará el de Industria, Luis Lichowski; a las 10.30, Rafael Morgenstern, ministro de Deporte.
En tanto, el martes 28 se presentarán, a las 10.30, el presidente del IFAI, Ricardo Maciel; a las 11.15, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla; y a las 12, la ministra de Acción Cooperativa, Élida Vigo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Marcelo Rodríguez, destacó que la Legislatura de Misiones “es la única en el país que tiene más de 30 reuniones en la comisión, donde viene la totalidad de la cartera a exponer los destinos que tienen los fondos públicos en el presupuesto para el 2019”.
Precisó que el total de las erogaciones previstas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo asciende a 67.225.000.000 pesos, e incorpora los requerimientos del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Cuentas.
El legislador expresó que, el gobernador, en el expediente remitido, afirma que “la Renovación hace políticas públicas de inclusión social, es la mayor aspiración que todos los misioneros tengan libertad de oportunidades para construir su futuro, por eso en este presupuesto la inversión social que se hace en la educación pública, en salud pública y en desarrollo social suman casi el 58% del presupuesto, con una cifra récord que es la educación, ya que se está destinando un 30,57%“.
“El gasto de personal es una de las principales erogaciones que tiene este presupuesto y refleja la política salarial del Gobierno con el objetivo de proteger fundamentalmente la fuente de trabajo de nuestros empleados públicos, y para no alterar el equilibrio de las finanzas provinciales; se recomponen los salarios por etapas en funciones a las reales posibilidades del tesoro en forma seria y también en forma responsable”, indicó Rodríguez.
La última cuestión que resaltó el legislador es que “se le da mucho énfasis de vuelta a la obra pública, que es la entidad económica que mayor efecto multiplicador tiene sobre la economía y realiza la mayor ocupación de mano de obra, creando miles de puestos de trabajo para nuestros hermanos misioneros, que cumple una función social y proporciona trabajo genuino en toda la provincia y tiene una asignación porcentual en este presupuesto del 21,85% del total proyectado para el 2019”.
“La provincia no tiene déficit, tenemos un presupuesto equilibrado donde todo lo que se recauda se vuelca a la gente”, concluyó.
El ajuste, punto de inflexión
La eliminación del Fondo Solidario de la Soja supone una reconfiguración del equilibrio político y el pacto de gobernabilidad entre Provincias y la Nación. El ajuste sin aviso dejó descolocados a los gobernadores y con mayores urgencias a los intendentes de todo el país que usaban esos recursos para financiar obras de infraestructura y sostener el empleo en sus comunas.
El manotazo del equipo económico de Mauricio Macri le dio un golpe que habrá que ver si es definitivo, al acuerdo tácito de gobernabilidad. La Nación traslada el ajuste a las provincias para cumplir con las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pero la asfixia económica tiene efecto directo lejos de la Casa Rosada: los problemas siempre son locales, cercanos, aunque respondan a decisiones tomadas en los despachos del microcentro porteño.
En plena preocupación empresaria por la economía, con un dólar por encima de los 30 pesos, la inflación que se encamina a superar la meta del 32% que se pactó con el FMI, tasas altas, la acumulación de datos negativos en distintas actividades y el consumo, entre otras cuestiones, el Presidente apuesta a que las denuncias de corrupción distraigan la atención.
Los intendentes no ocultan su fastidio con el Gobierno nacional. Los gobernadores son un poco más cautos, por aquello de no echar nafta al fuego. Pero el descontento por el manejo de la Rosada es proporcional al recorte sufrido. Misiones recibió el año pasado 605 millones de pesos, un tercio de lo cual se repartió directamente entre los municipios. Para muchos significaba una herramienta única para poder hacer obras y sostener el empleo. Para ciudades como Posadas, el recorte equivale a una masa salarial entera.
“Para nosotros es un mazazo y es en definitiva el pueblo misionero el que sufre ese mazazo”, definió el gobernador Hugo Passalacqua. “Ese dinero iba parte al Gobierno provincial y otra parte a los municipios. Estamos hablando de cientos de millones de pesos al año, que se traduce en escuelas, en patrulleros, en insumos y de lo que iba a los municipios, iba para empedrado, al cordón cuneta, potabilizar el agua, las plazas”, enumeró.
El mandatario misionero ratificó la relación respetuosa con la Nación -no con este Gobierno, sino con cualquier gobierno-, pero advirtió que “debe haber un tipo de respuesta” por parte de la alianza gobernante.
En eso trabaja el equipo de Passalacqua, quien trazó una metáfora “misionerista” para definir el impacto del ajuste: “Estamos cuesta arriba en la topada, con tierra colorada y mucho barro, se va a hacer difícil”.
Para la Nación, en cambio, el ajuste se justifica en que “gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional”, las Provincias han pasado a recibir un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”, según la interpretación de Nicolás Dujove. Ese es el argumento central de justificación: que las provincias reciben más coparticipación. Lo que no dicen es que el flujo es volátil y depende del andar de la economía y que el aumento obedece mucho más a la inflación que a actividad económica real. Cada peso recibido, además, vale hoy 50 por ciento menos que hace apenas seis meses.
Dujovne insistió en que la reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de recaudación coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de ingresos de las Provincias. El ahorro fiscal para la Nación es de $ 8.500 millones en 2018 y $ 26.500 millones en 2019.
Sin embargo, Rogelio Frigerio admitió que el ajuste se hizo “para dar señales claras al mercado”. “Tenemos que tomar medidas porque necesitamos que nos sigan financiando. Y por eso tuvimos que anticipar esta iniciativa (la eliminación de este Fondo) que pensábamos tomar el próximo año”, enfatizó.
La ruptura del equilibrio en la balanza de la gobernabilidad se ratificó horas después en la Legislatura provincial. Apenas comenzó la sesión, a instancias de la Renovación y del partido Agrario y Social, llovieron las críticas al ajuste permanente del Gobierno nacional que ahoga a provincias y municipios. El presidente del bloque renovador, Marcelo Rodríguez llevó la voz cantante del reclamo que se trasladará al Congreso nacional.
Rodríguez, quien además preside la comisión de Presupuesto, advirtió que la eliminación unilateral del Fondo de la Soja decretó la defunción del Pacto Fiscal firmado en noviembre pasado, ya que cambiaron las condiciones económicas que le daban algún grado de certeza al acuerdo. Es que una de las condiciones que puso la Nación para seguir recibiendo el Fondo Solidario era que las provincias firmen el pacto fiscal. Las provincias firmaron, pero el fondo desapareció igual. El diputado recordó que otra de las promesas incumplidas de la Nación tiene que ver con el crecimiento económico del 3,5 por ciento proyectado para este año, que, terminará, en cambio, con una profunda recesión de la que todavía no se conoce el fin.
La mirada irritada de una veintena de legisladores obligó a los diputados de la alianza Cambiemos a acompañar el reclamo para que la Nación genere alguna compensación. Se instruye a los legisladores misioneros a proponer en el Congreso “la revisión” del Pacto Fiscal y la coparticipación de un porcentaje mayor del impuesto al cheque y de la recaudación del IVA, “para, de esta manera, compensar” las pérdidas del Fondo de la Soja.
Sin poder ejercer alguna defensa de sus políticas, los diputados de Cambiemos intentaron contraatacar con el caballito de batalla de Mauricio Macri: el combate a la corrupción. Pero el efecto fue el contrario.
La diputada Alba Nilsson citó palabras del Presidente contra ese flagelo y despertó carcajadas de todo el recinto. La empresa Iecsa, cuando estaba bajo el mando del Presidente, aparece mencionada en los cuadernos Gloria, con los que Nilsson pretendía dar cátedra.
Los argumentos de la legisladora, con el dedo acusador contra Oscar Thomas, quien no se presentó ante la Justicia, quedaron sepultados por la réplica del peronista Rafael Pereyra Pigerl, quien cuestionó que exhibiera información confidencial que, lejos de aportar claridad, podría entorpecer el accionar de la justicia en la justicia, ya que contenía datos del ex director de Yacyretá, como direcciones y teléfonos.
Silvana Giménez, de la Renovación, también advirtió que “la corrupción no tiene signo político, ni ficha de afiliación”.
“Si nos limitamos a tirar los corruptos por la cabeza, damos lástima. No se deben invadir competencias del Estado, las medidas que deban tomarse en estos asuntos las definirá la Justicia”, espetó. Y, finalmente, recordó que la propia alianza Cambiemos en Misiones tiene problemas similares a los denunciados en Buenos Aires, donde la campaña se financió con numerosos aportantes truchos.
“Las personas que cobran planes sociales, tan despreciadas por la derecha liberal, le han servido para esconder aportantes poderosos, que sin dudas, no pusieron plata desinteresadamente”, dijo Giménez y trajo a colación el caso de María del Carmen Sussini, la jubilada misionera que rechazó ante la jueza federal con competencia electoral, Verónica Skanata, haber aportado diez mil pesos para la campaña de Cambiemos en Misiones. El contador de la alianza jura que se trata de una confusión de nombres y que la verdadera vive en Virasoro, Corrientes.
Pero en el fondo, queda en evidencia una maniobra similar a la usada en Buenos Aires. Acceso a la base de datos de la Anses y nombres que aparecen sin poder justificar siquiera los ingresos necesarios para los aportes que podrían encubrir plata negra de empresas que no pueden aparecer públicamente.
“Los paladines de la transparencia, los campeones de la lucha anticorrupción parecen estar inmersos en la misma mugre que dicen combatir”, cuestionó Giménez.
El radicalismo también intentó salir del brete del ajuste reclamando en la Legislatura la celeridad de algunas obras “paralizadas”. Pero tuvieron que masticar bronca cuando le hicieron saber que las obras que estaban cuestionando dependen de financiamiento nacional, que, como el fondo de la soja, se esfumó.
En el aire quedó la sensación de que el escándalo de los cuadernos no llega a ocultar los problemas reales de la economía. Ni siquiera los dirigentes de la alianza Cambiemos en Misiones confían en que las horas de televisión con los detalles escabrosos de presuntos hechos de corrupción, alcancen a tapar los problemas de gestión y el fracaso en promesas centrales como derrotar a la inflación y bajar la pobreza.
Por eso aparecen cada vez más díscolos en Cambiemos. El radicalismo tiene a varios dirigentes jóvenes que se animan a cuestionar los dictados de Nación. El economista Federico Villagra salió al ruedo y cosecha muchas adhesiones, sobre todo en el interior. Olimpio Vega, concejal de Garuhapé cuestionó con dureza el silencio del radicalismo misionero ante los problemas de gestión y que el partido avale el recorte del Fondo de la Soja.
Los jóvenes de Podemos también aprovechan el momento para hacer política por un sinuoso camino del medio. Pero flota la pregunta ¿a qué juegan? El líder del grupo, Facundo Sartori se mostró con la radical Anita Mander y con el ex diputado agrario, Héctor “Cacho” Barbaro mientras que se habla de un acuerdo con la Renovación.
El plan de ajuste del Gobierno nacional sirve para contrastar políticas y pensar en 2019. El mensaje del gobernador Hugo Passalacqua en la presentación del Presupuesto que ahora se conoció en su totalidad, expresa con claridad que el concepto del misionerismo se mantiene con la inclusión como premisa.
La inversión social domina el reparto, con la Educación como prioridad con el 30,57 por ciento de los recursos, además de 13,86 por ciento para la salud pública y un 12,34 por ciento al desarrollo social. La obra pública sigue siendo un “motor del desarrollo económico”. Se invertirán 14.691.328.000 pesos, el equivalente al 21,85 por ciento del total. “Nuestro Gobierno orienta esta actividad hacia la ejecución de obras de contenido social, con miles de viviendas, escuelas, hospitales. La obra pública es la actividad económica con mayor efecto multiplicador y la de mayor ocupación de mano de obra”, define Passalacqua.
