Las industrias vinculadas a la producción y transformación de mandioca en Misiones tendrán un alivio sobre uno de sus costos operativos durante los próximos 15 meses. Aguas de las Misiones S.E. y las empresas y cooperativas nucleadas en la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera acordaron suspender temporalmente el cobro del canon por el uso del recurso hídrico a los establecimientos del sector.
El acuerdo fue formalizado durante una reunión realizada en Puerto Rico y establece que la suspensión tendrá vigencia desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.
La medida busca atender los planteos formulados por el sector productivo en torno al impacto del canon sobre los costos de funcionamiento de las industrias, particularmente entre establecimientos pequeños y medianos que utilizan agua como un insumo relevante dentro de sus procesos.
Las gestiones comenzaron a partir de un planteo realizado por empresarios del sector al intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, quien se comprometió a llevar la inquietud ante otros intendentes de la zona, legisladores provinciales y el Gobierno de Misiones.
El proceso desembocó finalmente en el entendimiento entre Aguas de las Misiones y la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera.
La suspensión, sin embargo, tendrá carácter transitorio. Durante ese período, la empresa estatal avanzará en una propuesta para reformular la normativa vigente sobre el uso económico del recurso hídrico, con la intención de generar un esquema que contemple la situación de los pequeños y medianos actores de distintos sectores de la economía provincial.
De esta manera, el acuerdo con el sector mandioquero funciona también como un puente hacia una discusión más amplia sobre el régimen que regula el canon por utilización del agua en actividades productivas.
Uso eficiente y reutilización del agua
La exención temporal estará acompañada por una serie de obligaciones para las empresas y cooperativas adheridas.
La Cámara y cada uno de los establecimientos beneficiarios asumieron el compromiso de desarrollar acciones orientadas al uso racional, responsable, eficiente y sustentable del recurso hídrico.
Entre las medidas previstas se encuentran evitar pérdidas y consumos innecesarios de agua, mantener adecuadamente las instalaciones utilizadas para su captación y aprovechamiento y avanzar en mejoras que permitan incrementar la eficiencia de los procesos productivos.
También deberán implementar progresivamente, siempre que resulte técnica y económicamente posible, sistemas de recuperación, recirculación y reutilización del agua, además de participar en acciones de concientización y preservación impulsadas conjuntamente con Aguas de las Misiones.
El acuerdo combina así un alivio económico inmediato para las industrias de la mandioca con una contraprestación vinculada a la eficiencia ambiental y al aprovechamiento sustentable de un recurso estratégico.
La discusión sobre el uso del glifosato en Misiones dejó de ser solamente un debate ambiental para convertirse en una señal política hacia quienes producen, invierten y generan empleo. Así lo planteó Enrique Juan Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), al respaldar la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para modificar el artículo 7 de la Ley VIII-103, que establecía la prohibición del herbicida.
“Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”, definió Bongers durante una entrevista con El Noticiero de Canal 12. La frase sintetizó el posicionamiento de la entidad forestoindustrial, pero también buscó marcar un punto de inflexión en una relación que, según advirtió, llevaba demasiado tiempo atravesada por la falta de diálogo y la ausencia de los temas productivos en la agenda legislativa.
AMAYADAP formalizó su respaldo mediante un comunicado institucional. Para Bongers, la revisión del artículo cuestionado representa una decisión pragmática: avanzar hacia una producción más sustentable sin imponer plazos ni prohibiciones que desconozcan las herramientas disponibles, los costos de los productores y las condiciones exigidas por los mercados internacionales.
El empresario aclaró que el planteo no supone una defensa irrestricta del glifosato ni un abandono de la transición hacia los bioinsumos. La discusión, sostuvo, pasa por encontrar alternativas que sean ambientalmente superadoras, económicamente accesibles y técnicamente eficaces.
“Actualmente no existe otra herramienta tecnológica, económica y ecológica que sea superior al glifosato cuando se utiliza como debe ser, bajo las normas y cumpliendo todos los estándares”, afirmó.
Una prohibición que atravesaba a toda la producción
Aunque la actividad forestal quedó en el centro del debate, Bongers remarcó que una prohibición absoluta no impactaría solamente en las plantaciones de árboles. También alcanzaría a producciones tradicionales de Misiones, como la yerba mate y el té, que necesitan controlar malezas para sostener rendimientos, calidad y competitividad.
En el caso forestal, explicó, el herbicida se utiliza principalmente durante las primeras etapas de las plantaciones. Su eliminación sin una alternativa eficaz elevaría los costos, reduciría la eficiencia productiva y podría desalentar nuevas inversiones.
La preocupación también alcanza al comercio exterior. Los países compradores y las empresas internacionales establecen protocolos precisos sobre los productos permitidos en las distintas cadenas productivas. En mercados como el del té, señaló Bongers, el uso controlado del glifosato se encuentra autorizado, mientras que algunos de los productos propuestos como reemplazo todavía no cuentan con aceptación comercial o validaciones equivalentes.
“Hasta que no haya un producto superador en cuanto a la ecología y a la economía, no podemos prohibir el uso del glifosato”, planteó.
Bongers fue enfático al separar la posición empresarial de cualquier defensa corporativa del fabricante del herbicida. “No le vamos a hacer propaganda a Monsanto con esto”, aclaró. El sector forestal, añadió, tiene incorporados estándares ambientales exigentes, pero necesita herramientas que permitan producir de manera competitiva mientras se desarrollan sustitutos confiables.
Las certificaciones internacionales
Uno de los principales argumentos de AMAYADAP está vinculado con las certificaciones ambientales que ya posee la actividad forestal misionera. Según Bongers, la provincia cuenta con unas 150.000 hectáreas de plantaciones certificadas bajo estándares PEFC y otras 117.000 hectáreas bajo el sistema FSC.
Se trata de certificaciones internacionales que auditan la trazabilidad, el manejo ambiental y las prácticas utilizadas en las plantaciones. Ambos esquemas admiten, bajo protocolos y durante etapas determinadas, el uso controlado de herbicidas.
Para el empresario, esa evidencia mostraba la contradicción de avanzar con una prohibición provincial absoluta sobre una herramienta aceptada por los principales estándares forestales del mundo.
“La ley no iba acorde con la producción”, resumió.
El cuestionamiento no apunta contra el objetivo de transformar a Misiones en una provincia agrosustentable. Bongers consideró que esa meta debe mantenerse, pero advirtió que la transición necesita respaldo científico, pruebas en campo, disponibilidad comercial y costos compatibles con la realidad de los productores.
La sustentabilidad, en esa mirada, no puede construirse a partir de una fractura entre los objetivos ambientales y las posibilidades concretas de las chacras y las industrias.
Previsibilidad para volver a invertir
Detrás de la discusión sobre el glifosato aparece un reclamo más amplio: reglas claras. Para Bongers, la modificación del artículo 7 permitiría devolver previsibilidad a las cadenas productivas y mejorar la posición de Misiones frente a potenciales inversores nacionales y extranjeros.
“Necesitamos producir cuidando el medio ambiente, pero también ser eficientes”, señaló.
La previsibilidad resulta especialmente relevante para el sector forestal, donde las inversiones se proyectan a largo plazo. Una plantación requiere años antes de alcanzar su etapa de aprovechamiento y una industria necesita desembolsos importantes en tecnología, energía, infraestructura y logística. Una regulación desconectada de esos ciclos puede frenar proyectos antes de que comiencen.
Bongers interpreta la decisión del Ejecutivo provincial como una señal de que la producción vuelve a ocupar un lugar en la agenda política. “Estamos viendo que empiezan a aparecer temas productivos en la Cámara de Diputados. Este asunto lo venimos impulsando y discutiendo desde hace varios años”, explicó.
Para el presidente de AMAYADAP, la revisión legislativa abre la posibilidad de construir regulaciones mediante el diálogo con quienes conocen las necesidades del territorio. No se trata de renunciar al desarrollo de bioinsumos, sino de establecer una transición ordenada mientras se prueban alternativas capaces de ofrecer resultados equivalentes.
De reconstruir una fábrica a reclamar reglas claras
La posición de Bongers también está atravesada por su propia historia empresarial. Ingeniero forestal y oriundo de Leandro N. Alem, construyó su trayectoria desde cero. Fue padre mientras cursaba la universidad, trabajó desde muy joven y convirtió esa experiencia en una forma de entender la actividad privada: las oportunidades se construyen con esfuerzo, responsabilidad y capacidad para sobreponerse a las crisis.
Fundó GP Energy S.A., una empresa dedicada a transformar subproductos de la industria maderera en pellets de madera, un combustible renovable que logró ingresar en mercados internacionales. El proyecto combina valor agregado, aprovechamiento integral de la materia prima forestal y generación de energía a partir de residuos que anteriormente tenían escaso valor económico.
En 2021, un incendio destruyó prácticamente toda la planta industrial. Bongers quedó frente a una decisión extrema: abandonar el proyecto o reconstruirlo. Eligió empezar de nuevo.
La empresa volvió a ponerse en marcha y actualmente opera en Colonia Victoria, genera empleo para más de 40 familias y continúa ampliando su capacidad productiva. Esa experiencia explica, en buena medida, su insistencia sobre la necesidad de contar con reglas estables para invertir.
Quien reconstruye una industria sabe que el capital no busca privilegios, pero sí certezas. La revisión del artículo 7 es leída por AMAYADAP desde esa perspectiva: como una señal de que la política comenzó a escuchar nuevamente a quienes producen.
Misiones volvió a utilizar uno de los principales escenarios de promoción comercial del país para fortalecer la inserción de su industria alimentaria. En una nueva edición de Caminos y Sabores, la feria gastronómica más importante de Argentina que se desarrolla en Buenos Aires, diez empresas de la provincia participan con el objetivo de generar nuevos negocios, ampliar su red de clientes y consolidar la presencia de productos misioneros en las góndolas nacionales.
La estrategia provincial combina promoción institucional con una agenda de vinculación comercial. Además de exhibir sus productos ante miles de visitantes, las empresas participan de rondas de negocios con distribuidores, supermercados, mayoristas y compradores de distintos puntos del país, una instancia considerada clave para transformar la visibilidad en acuerdos comerciales concretos.
La presencia de Misiones cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Industria y del Ministerio de Turismo, en el marco de una política orientada a fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante la apertura de nuevos mercados para productos con mayor valor agregado.
La oferta presentada refleja la diversidad de la matriz agroindustrial misionera. La delegación exhibe yerba mate, azúcar mascabo, miel de caña, chips y fécula de mandioca, tapioca, alimentos libres de gluten, alfajores elaborados con yerba mate, mermeladas, pulpas de frutas tropicales y cápsulas de yerba mate, una combinación que busca destacar tanto la identidad regional como la innovación aplicada a la producción local.
La subsecretaria de Industria de Misiones, Micaela Gacek, sostuvo que la participación en este tipo de eventos representa una herramienta estratégica para el crecimiento del entramado productivo provincial. “Participar en Caminos y Sabores significa darle visibilidad a la calidad de la industria misionera. Cada ronda de negocios es una oportunidad para que nuestras pymes generen nuevos clientes, consoliden alianzas comerciales y sigan creciendo”, afirmó.
La funcionaria remarcó además que uno de los principales desafíos es posicionar a Misiones como una provincia generadora de alimentos diferenciados. “Queremos que cada vez más alimentos hechos en Misiones lleguen a las góndolas argentinas con identidad, innovación y valor agregado. Acompañar a nuestras empresas en estos espacios es impulsar su crecimiento y demostrar el enorme potencial que tiene la producción misionera”, señaló.
Más allá del componente promocional, la participación en Caminos y Sabores responde a una estrategia de desarrollo industrial que busca incrementar la escala comercial de las pymes, diversificar los canales de venta y fortalecer la competitividad de sectores vinculados a las economías regionales. En un contexto de consumo selectivo y mayor competencia entre proveedores, acceder a grandes cadenas comerciales y establecer relaciones directas con compradores se convierte en una herramienta relevante para sostener inversiones y ampliar mercados.
Para Misiones, la feria también funciona como una vidriera para consolidar una marca provincial asociada a alimentos con origen, calidad e innovación. La combinación entre producción primaria, industrialización local y desarrollo de nuevos productos aparece como uno de los ejes sobre los que la provincia busca diferenciarse dentro del mercado alimentario argentino.
Mientras el escenario político comienza a reconfigurarse de cara al próximo calendario electoral, el diputado nacional por Misiones, Alberto Arrúa, sostuvo que Encuentro Misionero representa una evolución del modelo político provincial para responder a una realidad distinta a la que dio origen al Frente Renovador hace más de dos décadas. En diálogo con Economis, el legislador afirmó que el nuevo espacio busca integrar la diversidad de movimientos sociales y políticos surgidos en los últimos años y consolidar una representación enfocada exclusivamente en los intereses de la provincia.
Para Arrúa, el reconocimiento nacional del espacio constituye un paso institucional que acompaña una transformación política iniciada en Misiones. Según explicó, el escenario actual ya no está dominado por los partidos tradicionales, sino por una multiplicidad de expresiones sociales que requieren nuevos ámbitos de participación.
“Encuentro Misionero es un espacio amplio que interpreta el momento político que vive la provincia. Así como en 2003 el Frente Renovador surgió como respuesta al agotamiento de los partidos tradicionales, hoy la realidad es diferente: existen numerosos movimientos políticos y sociales que necesitan un ámbito donde puedan ser protagonistas sin quedar encerrados en las estructuras partidarias”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que el nuevo espacio pretende reunir distintas miradas bajo un objetivo común: construir políticas públicas desde la realidad misionera y no desde las agendas nacionales.
Arrúa consideró que gran parte del distanciamiento ciudadano con la política no implica un rechazo a la participación pública sino a las estructuras tradicionales.
“La gente joven participa, tiene interés por la política, pero no necesariamente quiere hacerlo dentro de los partidos históricos. Hay una demanda de nuevos espacios donde puedan aportar ideas sin quedar condicionados por disputas internas o por lógicas de conducción nacionales“, afirmó.
Misiones frente al centralismo nacional
Uno de los principales ejes del posicionamiento es la condición fronteriza de Misiones y las dificultades que, según Arrúa, genera la aplicación de políticas económicas diseñadas desde una lógica centralista.
El diputado sostuvo que Misiones presenta características únicas dentro del país que exigen herramientas diferenciadas.
“Misiones tiene el 92% de su territorio lindando con Paraguay y Brasil. Nuestra economía cotidiana no compite con Córdoba o Buenos Aires; compite con Paraguay, donde el IVA es del 8%, y con Brasil, una de las economías más grandes del mundo. Esa realidad rara vez es comprendida por quienes diseñan las políticas nacionales”, sostuvo.
En esa línea cuestionó a los representantes provinciales que integran bloques nacionales y consideró que muchas veces terminan priorizando las estrategias políticas de sus espacios antes que las necesidades específicas de Misiones.
“Hay diputados que dicen representar a Misiones pero en realidad representan proyectos nacionales. Cuando llegan al Congreso terminan acompañando iniciativas pensadas para el centro del país, donde la frontera prácticamente no existe”, afirmó.
La agenda productiva como eje de gestión
Sobre la relación con el sector productivo, Arrúa sostuvo que el respaldo de empresarios y productores no puede construirse sobre promesas electorales sino sobre resultados concretos de gestión.
En ese marco mencionó distintas iniciativas impulsadas por el bloque de diputados misioneros que buscan reducir costos estructurales y mejorar la competitividad provincial.
Entre ellas destacó la continuidad del debate por la Zona Aduanera Especial para Misiones, la búsqueda de mecanismos regulatorios para recuperar rentabilidad en la cadena yerbatera mediante sistemas de trazabilidad y las gestiones ante el Gobierno nacional para extender los beneficios vinculados a la tarifa diferencial por zona cálida.
También mencionó proyectos destinados a eliminar el IVA sobre productos estratégicos para la economía provincial, como la fécula de mandioca y el agua potable, además de iniciativas orientadas a abaratar alimentos para personas celíacas mediante beneficios impositivos.
“Al sector productivo no se lo convence con promesas. Se lo convence mostrando gestión, resolviendo problemas concretos y llevando propuestas que mejoren las condiciones para producir en Misiones”, afirmó.
Salud y políticas sociales
El legislador también repasó algunas de las iniciativas parlamentarias que el bloque impulsa en materia sanitaria.
Entre ellas destacó un proyecto destinado a mejorar el acceso a trasplantes pediátricos, buscando facilitar los procesos de donación en casos infantiles para ampliar las posibilidades de quienes esperan órganos compatibles.
Asimismo señaló que trabajan en proyectos vinculados a enfermedades de alta complejidad y al reconocimiento de determinadas patologías como discapacidad, además de iniciativas destinadas a reducir el costo de los alimentos específicos para personas con enfermedad celíaca.
Según explicó, el criterio de trabajo legislativo del bloque prioriza las propuestas colectivas por encima de las iniciativas individuales.
“Nosotros no hablamos de proyectos personales. Son proyectos del bloque, construidos entre todos los diputados misioneros, con una agenda que surge de los problemas concretos de la provincia”, sostuvo.
Zona Aduanera Especial y asimetrías fronterizas
Uno de los puntos sobre los que Arrúa hizo mayor énfasis fue la necesidad de retomar el debate sobre la Zona Aduanera Especial para Misiones.
El diputado aseguró que el reciente esquema nacional de beneficios para tiendas duty free no resuelve los problemas estructurales del comercio provincial porque se limita a áreas puntuales y no contempla la condición fronteriza de todo el territorio.
“Misiones no tiene un problema de una ciudad fronteriza; toda la provincia vive en un contexto de frontera. Una solución parcial puede incluso profundizar las desigualdades internas“, afirmó.
En ese sentido recordó que la provincia cuenta con 24 pasos internacionales habilitados y más de 1.400 kilómetros de frontera, características que, a su juicio, justifican un tratamiento económico diferencial permanente.
Para Arrúa, el desafío político consiste en instalar definitivamente una agenda federal que contemple las particularidades de las provincias periféricas y no reproduzca políticas diseñadas exclusivamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Mercado Central de Posadas acelera su proceso de expansión y transformación con una fuerte apuesta de inversión privada que promete cambiar el perfil del principal centro de abastecimiento de Misiones. El presidente del predio, Fernando Toledo, confirmó que en los próximos 60 días se inaugurará una estación de servicio Axion Energy dentro del complejo, acompañada por un hotel para camioneros, un paseo comercial y nuevos servicios orientados a la logística y distribución regional.
“En 60 días inauguramos la Axion”, sostuvo Toledo al describir el avance de una obra financiada íntegramente por capitales privados y que ya genera más de 40 puestos de trabajo directos. La inversión total asciende a dos millones de dólares y está encabezada por el empresario Julio Miguel, propietario de estaciones de servicio de la marca en La Rioja y Rosario.
El proyecto contempla mucho más que una boca de expendio de combustibles. La iniciativa incluye un parador integral para camioneros, con espacios de descanso y hotelería, además de una panadería con precios diferenciados y un shop paseo de compras sobre la colectora del predio. También desembarcará una firma de Neuquén para organizar operaciones logísticas desde Misiones hacia todo el Nordeste Argentino.
Toledo remarcó que el objetivo es convertir al Mercado Central en un nodo estratégico de abastecimiento y servicios para la región. “Va a tener un costo diferenciado para todos los empleados del Mercado Central, operadores y productores misioneros. Eso va a ayudar mucho a este movimiento de la producción”, explicó.
El dirigente destacó además el impacto económico y laboral que tendrá el emprendimiento en un contexto de desaceleración de la actividad y dificultades para generar empleo formal. “En un contexto donde falta empleo, esto es clave. Hay confianza en el Mercado Central y en la provincia para invertir”, señaló.
Según precisó, la obra permitirá incorporar inicialmente unos 50 trabajadores, con prioridad para jóvenes que ingresarán por primera vez al mercado laboral. “Ya estamos recibiendo currículums y para muchos será su primer empleo”, indicó.
La expansión privada se suma a una transformación más amplia que viene atravesando el predio en los últimos años. Toledo aseguró que el Mercado Central dejó atrás una etapa marcada por problemas de seguridad y deterioro. “Durante mucho tiempo fue un lugar inseguro, bastante turbio. Eso es parte del pasado. Hoy está iluminado, seguro, con presencia policial y un trabajo armonioso con empresarios y estibadores”, afirmó.
El cambio también se refleja en la dinámica comercial. Con 16 hectáreas de superficie y alrededor de 600 personas trabajando diariamente, el Mercado Central recibe cada vez más consumidores de clase media que buscan precios más competitivos frente a los supermercados tradicionales. “Hoy vemos muchas familias recorriendo el predio, algo que antes era impensado”, sostuvo Toledo.
