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Las provincias confirman su deterioro fiscal

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Por Isidro Guardarucci / FIEL – Cinco meses en positivo, pero con menos margen. A mayo, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $8,0 billones y un superávit financiero de $2,5 billones. Son números positivos y eso sigue siendo relevante. En una economía que durante mucho tiempo convirtió el déficit en regla, sostener resultados superavitarios por tercer año consecutivo sigue siendo la principal novedad del programa económico. Sin embargo, el signo del resultado cuenta sólo una parte de la historia. Cuando se compara el acumulado enero-mayo de 2026 con el mismo período de 2025, en términos reales, el resultado primario cae 12,4% y el resultado financiero se reduce 26,5%. Los números son buenos, pero dado que la meta del programa con el FMI exige sostener el balance primario del año pasado, el segundo semestre requerirá algunos ajustes.

La explicación vuelve a estar en la dinámica relativa de ingresos y gastos. Los ingresos totales caen 4,3% real y los tributarios lo hacen 6,0%. El gasto primario también baja, pero menos: 3,1%. Es decir, el superávit no se achica porque el gasto se haya desbordado, sino porque los recursos siguen sin acompañar con la fuerza necesaria.

Cuadro 1

Ejecución acumulada enero-mayo (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía

Qué hay detrás del resultado

La baja de los ingresos tributarios no descansa en un solo impuesto. El mayor aporte negativo proviene de los Derechos de Exportación, que caen 38,0% real y explican una pérdida de alrededor de $1,5 billones respecto del acumulado a mayo de 2025. En segundo lugar, aparece el IVA, con una merma real de 8,6% y una pérdida de $1,2 billones. Los aportes y contribuciones a la seguridad social completan el grupo principal, con una caída de 3,9% y cerca de $1,0 billón menos.

En conjunto, estos tres rubros explican la mayor parte del retroceso tributario. No son señales idénticas. Los Derechos de Exportación están atravesados por cambios de alícuotas, cantidades y tipo de cambio; el IVA habla más directamente de consumo y actividad; los aportes y contribuciones reflejan la masa salarial formal. Pero para la caja pública, el resultado es el mismo: la recaudación no está empujando al superávit.

Hubo algunos atenuantes. Ganancias creció 5,0% real y el resto de tributos también aportó algo de compensación. No alcanzó para revertir la foto. En un contexto de inflación mucho más baja que la de los años previos, la recaudación depende cada vez menos de la nominalidad y cada vez más de la evolución real de las bases imponibles.

Por el lado del gasto, la contracción agregada sigue presente. El gasto primario acumulado a mayo se redujo 3,1% real contra igual período de 2025. Las transferencias corrientes a provincias caen 29,5%, los gastos de funcionamiento no salarial 18,8%, el resto de prestaciones sociales 12,8%, el gasto de capital nacional 8,2% y las remuneraciones 6,5%. Es decir, una parte importante del ajuste sigue descansando en partidas administrables.

Pero no todo cae. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecen 2,3% real y la AUH aumenta 2,0%. Las transferencias a universidades suben 10,9%, en línea con la recomposición observada desde comienzos de año; debe tenerse presente aquí que los sueldos de junio contendrán un aumento del 21%, según lo acordado entre las instituciones educativas y el gobierno nacional. El componente que más llama la atención sigue siendo subsidios económicos, con un aumento real de 18,6% en el acumulado.

Dentro de subsidios, la señal vuelve a venir de energía. Entre enero y mayo, el gasto energético acumulado se ubica aproximadamente 65,6% por encima del mismo período de 2025, mientras que transporte cae 17,1%. Mayo fue menos exigente que abril en energía, pero el acumulado todavía deja una señal de alerta. No porque el nivel vuelva a los registros más desordenados del pasado, sino porque se trata de una partida con una historia conocida de deterioro fiscal cuando se relajan los precios relativos.

Provincias: el cierre de 2025 confirmó el deterioro

El cierre de la ejecución provincial de 2025 aporta una segunda capa al panorama fiscal. La información consolidada de la Administración Pública No Financiera provincial muestra un deterioro respecto de 2024, tal como lo vinimos adelantando desde el segundo semestre del ejercicio pasado. Para hacer comparables los datos, la comparación se realiza sobre 23 jurisdicciones, excluyendo La Pampa, dado que la información 2025 no está completa para esa provincia.

En pesos constantes de 2025, el conjunto de las provincias cerró 2025 con un déficit primario de $0,3 billones y un déficit financiero de $2,8 billones. La diferencia con 2024 es marcada: ese año, sobre el mismo universo comparable, había registrado un superávit primario de $3,6 billones y un superávit financiero de $1,4 billones. Frente a 2023, el cierre 2025 luce más parecido en el resultado financiero, aunque algo peor en el primario.

Cuadro 2

Ejecución provincial consolidada, 23 jurisdicciones (billones de $ de 2025)

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía. Se excluye La Pampa por falta de información completa para 2025.

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía. Se excluye La Pampa por falta de información completa para 2025.

El deterioro se explica por una combinación simple: los ingresos totales crecieron 3,6% real contra 2024, pero el gasto primario aumentó 6,9%. El resultado primario pasó así de un superávit relevante a un rojo moderado. Los intereses, por su parte, subieron 13,5% real y terminaron de empujar el resultado financiero a terreno negativo.

La heterogeneidad provincial también empeoró. En 2024, 20 de las 23 jurisdicciones comparables habían cerrado con superávit primario; en 2025 fueron 11. En el resultado financiero, la cantidad de provincias con saldo positivo cayó de 18 a 9. En los extremos, Santiago del Estero mostró un superávit primario equivalente al 21% de sus ingresos, mientras que Tierra del Fuego un déficit del 15%.

No se trata de una crisis subnacional generalizada, pero sí de una señal clara: las provincias se sienten más cómodas con alta inflación, licuando gastos que tardan en ajustarse, mientras los ingresos van al corriente (especialmente gravando la actividad económica). Esto es interesante, toda vez que los números reflejan que el ajuste nacional de 2024 no erosionó sus números, mientras que la merma inflacionaria de 2025 sí se asocia a un fuerte deterioro.

Este punto importa para 2026. Las provincias tienen una estructura de gasto más rígida que la Nación. El gasto salarial pesa mucho, las cajas previsionales provinciales no desaparecen y buena parte de los bienes y servicios contratados está asociada a educación, salud y seguridad. Del lado de los ingresos, la coparticipación y el Impuesto a los Ingresos Brutos dirigen el show.

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía. Se excluye La Pampa por falta de información completa para 2025.

Palabras finales

Mayo no cambia la conclusión central: el gobierno nacional conserva el ancla fiscal y sigue mostrando superávit. Pero la comparación real contra 2025 confirma que el margen se viene achicando. El compromiso del gobierno con el balance fiscal ha sido una marca distintiva de esta gestión que deberá revalidar en el segundo semestre. Por su parte, el cierre provincial de 2025 refuerza la idea de la fragilidad de las finanzas subnacionales. Sus esquemas rígidos de ingresos y gastos limitan fuertemente las expectativas.

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El Gobierno congela la base del subsidio SUBE y cambia el cálculo de la tarifa social para contener el gasto nacional

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La Secretaría de Transporte modificó el esquema de financiamiento del atributo social de la tarjeta SUBE. Desde el 1° de julio, el descuento del 55% para los beneficiarios se mantendrá, pero el aporte del Estado nacional dejará de actualizarse automáticamente con cada aumento del boleto provincial o municipal. El cambio introduce una tarifa de referencia fija por jurisdicción, una medida orientada a dar previsibilidad al gasto público sin alterar las facultades tarifarias de las provincias.

La Resolución 40/2026 redefine uno de los principales mecanismos de subsidios al transporte público. Aunque los usuarios alcanzados por la tarifa social seguirán accediendo al 55% de descuento, ese beneficio será calculado sobre una tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026, que permanecerá congelada hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.

La modificación apunta a resolver un problema fiscal que el Gobierno identifica desde hace meses: cada incremento del boleto decidido por provincias y municipios elevaba automáticamente el costo del subsidio financiado por el Tesoro Nacional, aun cuando esas jurisdicciones definieran sus cuadros tarifarios sin intervención de la Nación.

Un cambio que separa la política tarifaria del financiamiento nacional

Hasta ahora, el monto subsidiado evolucionaba junto con las tarifas locales. Con el nuevo esquema, la Nación fija un valor de referencia para calcular el beneficio, independientemente de los futuros aumentos que aprueben las autoridades provinciales o municipales.

Desde la óptica fiscal, la decisión incorpora un mecanismo de mayor previsibilidad presupuestaria. Si una provincia incrementa el valor del boleto por encima de la tarifa de referencia, el descuento nacional continuará calculándose sobre ese valor congelado y no sobre la nueva tarifa plena.

Para los usuarios beneficiarios, el descuento formal del 55% permanece vigente, pero el aporte efectivo del Estado nacional puede perder peso relativo si las tarifas continúan aumentando y las referencias no son actualizadas.

El cambio adquiere relevancia para provincias que utilizan el sistema SUBE fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. En esos distritos, donde las actualizaciones tarifarias suelen responder a mayores costos operativos, salarios o combustibles, la resolución traslada una parte creciente del esfuerzo financiero a las administraciones locales si desean preservar el mismo nivel de subsidio para los pasajeros.

La Secretaría de Transporte aclara expresamente que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios mantienen intactas sus competencias para fijar el precio del boleto. También podrán establecer descuentos superiores o incluso gratuidades utilizando la infraestructura tecnológica de SUBE, siempre que definan su propio mecanismo de financiamiento.

Para las administraciones provinciales, esto implica que cualquier política adicional de contención tarifaria deberá sostenerse con recursos propios y ya no mediante un incremento automático de los aportes nacionales.

Previsibilidad para el Tesoro, mayor responsabilidad para las jurisdicciones

Uno de los argumentos centrales de la resolución es la necesidad de administrar con mayor precisión los recursos del Fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, desde donde se financian estos beneficios.

Los informes técnicos incorporados al expediente sostienen que la dispersión tarifaria entre jurisdicciones generaba una expansión imprevisible de las erogaciones nacionales, dificultando la planificación presupuestaria.

El nuevo criterio también busca uniformar el cálculo del atributo social mediante un parámetro único y verificable para todas las ciudades donde opera SUBE.

Se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social SUBE. El cálculo dejará de hacerse sobre las futuras tarifas locales y utilizará como base las vigentes al 30 de junio de 2026. Las tarifas de referencia regirán desde el 1 de julio hasta que la Secretaría de Transporte disponga su actualización. Las provincias podrán mantener beneficios superiores, pero deberán financiarlos con recursos propios. Nación Servicios adaptará los sistemas para implementar el nuevo mecanismo.

La resolución introduce un cambio estructural en la relación financiera entre Nación y provincias respecto del transporte urbano. Para operadores, gobiernos provinciales y municipios, la evolución futura dependerá de dos variables: la velocidad con que continúen ajustándose las tarifas locales y la frecuencia con la que la Secretaría de Transporte actualice las tarifas de referencia. Esa brecha será determinante para medir cuánto del costo social del transporte continuará absorbiendo el Estado nacional y cuánto recaerá sobre las administraciones locales o directamente sobre los usuarios.

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Las provincias cerraron 2025 con déficit fiscal y se profundiza la tensión entre los gobernadores y la Nación

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La situación fiscal de las provincias dio un giro durante 2025. Tras haber registrado superávit en 2024, el consolidado de los distritos subnacionales finalizó el año con déficit, producto de una combinación de menor crecimiento de los ingresos y una expansión del gasto que superó ampliamente la evolución de la recaudación. El deterioro de las cuentas públicas provinciales ayuda a explicar el creciente conflicto entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la distribución de recursos y el financiamiento de las administraciones locales.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC, las 23 jurisdicciones analizadas —con excepción de La Pampa, por falta de información completa— pasaron de un superávit primario de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, medido a valores constantes de mayo de 2026.

El deterioro fue aún más marcado en el resultado financiero. Una vez computado el pago de intereses de deuda, las provincias cerraron el ejercicio con un déficit de $3,6 billones, en contraste con el superávit de $2 billones alcanzado el año anterior. En términos agregados, el rojo fiscal representó el 2,1% de los ingresos totales provinciales y el equivalente al 0,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

Menor actividad y caída de la recaudación

El informe atribuye el cambio de escenario principalmente al impacto de la desaceleración económica sobre los ingresos provinciales. Mientras la recaudación perdió dinamismo, el gasto continuó creciendo en términos reales.

Los ingresos totales aumentaron apenas un 3,4% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario avanzó un 6,8%, ampliando el desequilibrio fiscal.

Entre los recursos, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la mejora de la recaudación tributaria propia y de las contribuciones a los sistemas previsionales provinciales. Los ingresos tributarios locales crecieron un 3,6% real, con desempeños destacados del Impuesto de Sellos, que aumentó un 28,7%, y del impuesto Automotor, con una suba del 21,8%.

Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar la menor dinámica de otros ingresos vinculados al nivel de actividad económica y a la coparticipación federal.

El gasto en personal volvió a ser el principal motor

Del lado de las erogaciones, el IARAF identifica al gasto en personal como el componente que más incidió en el aumento del gasto primario.

Según el estudio, las remuneraciones explicaron el 43% del incremento total del gasto provincial consolidado, consolidándose nuevamente como el principal factor de presión sobre las cuentas públicas.

También crecieron otros componentes relevantes del presupuesto provincial. La inversión real directa aumentó un 23,1% en términos reales, mientras que las prestaciones de la seguridad social registraron una expansión del 11%.

El deterioro de las finanzas provinciales también ayuda a comprender el endurecimiento de la relación entre los gobernadores y la administración nacional durante los últimos meses.

Frente a la caída de los recursos, el Gobierno nacional debió implementar en marzo un mecanismo excepcional que permitió adelantar fondos de coparticipación para aliviar las tensiones financieras de varias jurisdicciones.

El escenario fiscal de las provincias se convirtió así en uno de los principales focos de negociación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada, en un contexto donde la política de equilibrio fiscal del Gobierno nacional convive con crecientes dificultades financieras en los estados subnacionales.

La evolución de la actividad económica durante 2026 y el comportamiento de la recaudación serán variables determinantes para evaluar si las provincias logran recomponer sus cuentas o si el déficit observado en 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo de restricciones fiscales.

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Lugones redefine el rol sanitario de Nación y empuja un esquema federal con mayor peso de las provincias

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El ministro de Salud ratificó que las jurisdicciones deben asumir la gestión directa de los sistemas sanitarios mientras Nación conservará funciones estratégicas. El planteo reabre el debate sobre financiamiento, coordinación y capacidad operativa en las provincias.

El ministro de Salud de la NaciónMario Lugones, manifestó que, junto a sus pares provinciales, busca impulsar un “sistema sanitario verdaderamente federal”, al mismo tiempo en que ratificó que “cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad”.

Desde sus redes sociales, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que el Gobierno “va a continuar garantizando recursos estratégicos“, como por ejemplo, las vacunas del Calendario Nacional, y “acompañando a las jurisdicciones en los procesos vinculados a los medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos“.

“Las provincias y la Ciudad tienen a su cargo la gestión de la atención en sus territorios y conocen las necesidades de sus poblaciones. Para cuidar la salud de todos los argentinos, cada nivel del Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Orden, eficiencia y trabajo coordinado”, se sostuvo.

En la misma línea, el comunicado firmado por todos los ministros sanitarios del país se indicó que la salud en Argentina “es una responsabilidad jurisdiccional dentro de un sistema federal” y que, tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires, tienen a su cargo la gestión de los sistemas sanitarios locales y “conocen de cerca las necesidades de sus poblaciones”. 

Asimismo, subrayaron en el texto que Nación seguirá cumpliendo el rol de “rector indispensable” que “coordina políticas, fija estándares y garantiza recursos estratégicos“.

“Este trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias, que se refleja en los encuentros mensuales del Consejo Federal de Salud, es el que permite fortalecer el sistema de salud y mejorar las respuestas para todos los argentinos”, concluyeron. 

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La Corte interviene en una demanda de provincias por la eliminación del fondo de bosques

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió asumir competencia originaria en la demanda presentada por las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el Estado nacional por la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), dispuesta por el decreto 888/24. El tribunal corrió traslado al Gobierno para que responda en un plazo de 60 días, habilitando un conflicto de alto voltaje institucional.

El expediente introduce una tensión estructural: la disputa por recursos con asignación específica frente a la decisión del Ejecutivo de centralizarlos en el Tesoro. En juego no solo está la política ambiental, sino la arquitectura del federalismo fiscal.

Un fondo con anclaje legal y compromisos internacionales

El Fobosque fue creado por ley en 2018 como instrumento para financiar políticas de protección de bosques nativos, en línea con compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París. Su objetivo era canalizar recursos hacia provincias para tareas de conservación, restauración y manejo sostenible.

Las provincias sostienen que su disolución implica una transferencia indebida de fondos que, por ley, tienen asignación específica dentro del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), previsto en la ley 26.331.

El planteo judicial apunta a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto, bajo el argumento de que vulnera normas legales y compromisos internacionales.

Judicialización de la política ambiental y financiera

La decisión de la Corte no resuelve el fondo del conflicto, pero altera el escenario: valida la vía judicial como canal de disputa entre Nación y provincias y abre la puerta a una eventual revisión del decreto.

Además, el tribunal dejó pendiente la evaluación de medidas cautelares solicitadas por las provincias —como la restitución de fondos— hasta que el Estado responda o venza el plazo otorgado.

El proceso también incorpora reclamos por transferencias no realizadas correspondientes a 2023 y 2024, lo que agrega una dimensión fiscal inmediata al conflicto.

El caso expone una tensión clásica del federalismo argentino: la administración de fondos con destino específico frente a decisiones centralizadas del Ejecutivo nacional.

Las provincias demandantes buscan preservar capacidad de ejecución sobre políticas ambientales y recursos asociados. El Gobierno, en cambio, avanzó con la disolución del fideicomiso, lo que implica un rediseño en la administración de esos fondos.

La intervención de la Corte coloca al Poder Judicial como árbitro de una disputa que trasciende lo ambiental y se inscribe en la puja por recursos.

Financiamiento en disputa y ejecución de políticas

El conflicto tiene efectos concretos sobre la economía de las provincias involucradas. Los fondos en discusión estaban destinados a financiar proyectos de conservación, lo que implica:

  • Recursos para actividades productivas sostenibles
  • Financiamiento para manejo de bosques
  • Transferencias directas a jurisdicciones

La eventual paralización o redireccionamiento de esos fondos puede afectar la ejecución de políticas públicas vinculadas al territorio.

Cautelares, respuesta del Estado y posible fallo de fondo

El proceso judicial entra ahora en una fase clave: la respuesta del Estado nacional y la eventual resolución de medidas cautelares. La Corte deberá evaluar si corresponde restituir fondos antes del fallo definitivo.

Las variables a seguir serán el alcance de la defensa del Gobierno, la posición de la Procuración y el eventual impacto de este caso en la relación fiscal entre Nación y provincias.

El conflicto ya está judicializado. Lo que resta definir es si se limita a un caso puntual o si reconfigura reglas más amplias sobre la gestión de recursos ambientales en Argentina.

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