Con más del 40% de los votos a nivel nacional, el oficialismo encabezado por Javier Milei logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas, consolidando su poder político y ampliando su representación en el Congreso. Desde la sede de La Libertad Avanza, el Presidente celebró el resultado y lanzó una convocatoria a los gobernadores para “discutir los nuevos acuerdos que necesita el país”. El mensaje marca el inicio de una nueva etapa institucional: un intento de construcción de gobernabilidad sobre la base de consensos políticos y reformas estructurales.
Consolidación del poder político y mensaje a las provincias
El resultado electoral no solo refuerza la posición de Milei en el Congreso, sino que cambia el mapa político nacional. Con el 40% de los sufragios y una recuperación clave en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo amplía su base legislativa, lo que facilitará el avance de su agenda de reformas en materia económica, fiscal y administrativa.
Desde el escenario principal, Milei agradeció a los votantes y destacó la implementación del nuevo sistema electoral: “Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección maravillosa que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la Boleta Única Papel”.
El uso de la Boleta Única Papel —una reforma impulsada por su propio gobierno— fue resaltado como símbolo de transparencia institucional y modernización electoral. En tono celebratorio, el mandatario aseguró: “Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.
La convocatoria a los gobernadores provinciales se presenta como el paso siguiente en la estrategia oficial para estabilizar la gestión.
“Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos que necesita el país para consolidar este rumbo”, dijo Milei, dejando abierta la puerta a un diálogo federal orientado a “trabajar juntos, respetando las autonomías y las diferencias”.
Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la iniciativa apunta a “tender puentes” y garantizar la gobernabilidad en los próximos dos años, en un contexto donde las reformas estructurales requerirán respaldo parlamentario y provincial.
Nuevo equilibrio institucional y perspectivas económicas
El fortalecimiento legislativo de La Libertad Avanza redefine las relaciones de poder entre el Ejecutivo y las provincias. La posibilidad de avanzar con un programa de reformas de largo alcance —que incluiría cambios en materia fiscal, administrativa y laboral— dependerá en buena medida del grado de cooperación política que logre establecer el Presidente con los mandatarios locales.
El discurso oficial se inscribe en una lógica de recomposición institucional tras un año de tensiones con varios gobiernos provinciales, especialmente en torno al reparto de recursos coparticipables y los recortes de transferencias discrecionales.
Con la nueva composición del Congreso, Milei buscará consolidar mayorías circunstanciales que le permitan avanzar con proyectos emblemáticos, entre ellos el paquete de reformas estructurales pendiente desde su asunción.
La frase final del mandatario sintetizó la narrativa política del oficialismo: “El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento”.
En el plano económico, la lectura dominante entre analistas es que el triunfo electoral y la apertura al diálogo federal podrían mejorar las expectativas del mercado, otorgando mayor previsibilidad al programa de estabilización. Los próximos pasos estarán centrados en construir consensos con las provincias para asegurar la viabilidad política de las reformas.
Proyecciones tras el triunfo
El llamado de Milei a los gobernadores reconfigura el tablero político. Los mandatarios provinciales deberán definir si responden a la convocatoria y en qué condiciones. Para algunos sectores, la propuesta abre una oportunidad de diálogo institucional; para otros, implica una redefinición del equilibrio de poder entre Nación y provincias.
En cualquier caso, el nuevo escenario legislativo obliga a todos los actores a revisar estrategias y alianzas, especialmente ante un Gobierno decidido a sostener su narrativa de cambio estructural. La elección legislativa de 2025 marca, así, un punto de inflexión político e institucional que podría determinar el rumbo económico y fiscal de los próximos años.
A partir de la gira del presidente Milei a Estados Unidos durante los últimos días de septiembre, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano anunciaron la aprobación de una serie de medidas en apoyo a la economía argentina, que luego se convertirán en desembolsos.
En este sentido el Banco Mundial anunció una aceleración del apoyo durante los próximos meses por un monto de aproximadamente 4 mil millones de dólares a través del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), la cual colabora en el financiamiento de capitales privados con fines productivos.
Estos fondos tendrían, en el sector público, como principales objetivos modernizar la administración tributaria, programas de educación y capacitación, promoción de empleos de calidad y desarrollo de infraestructura crítica. Por otro lado, los fondos canalizados a través del IBRD tendrían como principales focos los sectores de infraestructura, minerales críticos, agroindustria, generación y transmisión de energía, y otros sectores de alto impacto (el turismo como fuente de generación de empleo, fortalecimiento de cadenas de proveedores y finanzas para PyMEs).
El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, anunció la aprobación de operaciones destinadas al sector público por un monto de aproximadamente 2,9 mil millones de dólares (apoyo a reformas estructurales del sector público) y fondos para el sector privado canalizados a través de BID INVEST por aproximadamente mil millones de dólares. Estos últimos fondos destinados al sector privado se centrarían en sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, servicios de salud y financiamiento a PyMEs a través de las instituciones financieras.
Por lo tanto, resulta notable que tanto las inversiones del Grupo Banco Mundial como las anunciadas por el Grupo BID para el sector privado, coinciden principalmente en los sectores energético y de minerales críticos (como litio y cobre), con alguna diferencia luego en los demás sectores a apuntalar (turismo, agroindustria, entre otros).
Dentro de ese marco, ¿Qué provincias y regiones pueden salir más favorecidas por estos anuncios dirigidos al sector privado? Si bien es difícil precisar la ubicación geográfica de los proyectos a financiar, es posible hacer aproximaciones basándonos en la relevancia por provincia de los sectores seleccionados.
Analizando los datos de empleo por sectores, claramente las provincias que se destacan en el sector hidrocarburos son las de la Patagonia y Cuyo, debido a las cuencas Neuquina (Mendoza, Neuquén y Río Negro) y San Jorge (Chubut y Santa Cruz).
En cuanto a la importancia de los minerales críticos, las provincias donde se destaca la minería como generadora de empleo actualmente se ubican en la región NOA (además de las provincias de San Juan y Santa Cruz).
En cuanto a agroindustria, claramente las provincias que se destacan son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé, como principales productoras en el país, aunque tal vez sea el sector en el cual es posible una mayor participación de todas las regiones dependiendo de los proyectos a desarrollar y su implementación.
En cuanto al turismo, las provincias más enfocadas a este sector, según su participación sectorial en el empleo total son Santa Cruz, Tierra del Fuego, Rio Negro y Misiones. A este grupo se suman, debido al volumen de pasajeros que reciben anualmente las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Río Negro.
A su vez, y más allá de la relevancia actual de los sectores en la generación de empleo, es posible prever un cambio estructural en las matrices productivas regionales en base a los anuncios de inversiones. En este sentido, los anuncios y proyectos presentados en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) muestran las regiones y provincias más dinámicas a la hora de captar el interés de los inversores en los sectores seleccionados.
Hasta el momento fueron presentados 20 proyectos en el marco del RIGI (sólo uno de ellos resultó rechazado), de los cuales la mayor parte de las inversiones tienen como foco la minería (principalmente minerales críticos como litio y cobre) y la generación y transporte/distribución de hidrocarburos y, consecuentemente, ubicados en las provincias del Noroeste argentino, Cuyo y Patagonia Norte.
En resumen, y en base a todo lo anterior, podríamos dividir en los siguientes grupos a las provincias según sea la probabilidad de resultar beneficiadas:
Provincias potencialmente más beneficiadas:
Neuquén: fuerte desarrollo en la cadena de hidrocarburos, tanto upstream/downstream. Se han presentado tres proyectos RIGI orientados a la producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos, El empleo en el sector energético representa el 17% del total de la provincia.
Catamarca: minerales críticos además de relevancia actual del sector minero en empleo; posibles líneas del BM/BID vinculadas a la producción de litio y cobre e infraestructura asociada. Además, se han presentado tres proyectos RIGI que señalan el atractivo para inversiones.
Salta: se han presentado tres proyectos RIGI que denotan una percepción inversora de grandes posibilidades en la provincia además de la minería en minerales críticos (litio) y necesidades de energía.
San Juan: cuatro proyectos RIGI presentados además del fuerte perfil minero orientados a la producción de minerales críticos (principalmente cobre y oro) y con mejoras de energía/transmisión.
Río Negro: tres proyectos RIGI y matriz orientada a hidrocarburos (principalmente transporte); potencial en renovables, hidrocarburos y encadenamientos industriales.
Jujuy: el mineral crítico de mayor interés (el litio) se empezó a producir primero en esta provincia, que cuenta con los mayores recursos identificados aunque necesita fuertes inversiones en infraestructura y conectividad.
Provincias con beneficios potenciales moderados:
Buenos Aires: siendo la provincia productivamente más diversificada y teniendo una fuerte representación en sectores como turismo, agroindustria, así como en el sector financiero, hay varios sectores que pueden generar impacto local. Adicionalmente, en esta provincia se encuentra uno de los RIGI ya aprobados (Siderurgia) además de que los demás proyectos presentados están relacionados con la generación de energía de fuentes renovables (los cuales tienen similitud con proyectos de Chile que ya han tenido garantías en el marco de programas del BM).
Chubut: generación de energía (eólica/convencional) además de una base productiva compatible con renovables y logística.
Santa Cruz: fuerte relevancia de la energía en su estructura productiva y del empleo (que ocupa el 12%) así como de la minería, que también ocupa al 8% de sus trabajadores.
Provincias con beneficios potenciales bajos:
Córdoba: se destacan tanto el Turismo como la Agroindustria, sectores resaltados por el Banco Mundial dentro de sus prioridades.
Santa Fe: en Agroindustria dispone de una gran sofisticación (caso similar a Córdoba) además del potencial de desarrollo de infraestructura.
Mendoza: si bien la mayor parte de las inversiones dentro del marco del RIGI no tienen como centro a esta provincia, se destaca su relevancia tanto en agroindustria, como en turismo y posible desarrollo de proveedores para el sector minero y de hidrocarburos.
Misiones y Tierra del Fuego: en ambas provincias se destaca el potencial del turismo como generador de empleo, ofreciendo oportunidades a grandes inversiones orientadas al turismo doméstico e internacional.
El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia
El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.
En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.
El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.
Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.
Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo
El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.
La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.
El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.
En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Más tensión en la relación Nación-provincias
Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.
La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.
En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.
La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.
Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:
Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.
Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde
Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:
Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.
Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales
El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:
+17 cargos para la Secretaría de Justicia.
–16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.
Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.
La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.
En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.
Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.
Próximos pasos
La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:
Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.
El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.
La relación entre Milei y las provincias, según el análisis de la consultora Ecolatina
Desde la llegada de Javier Milei al poder, el vínculo entre el Gobierno Nacional y las provincias ha sido tenso. A lo largo de 2024, la flamante administración llevó a cabo un ajuste fiscal sin precedentes y fiel a la retórica de campaña, aplicó la “motosierra” sobre la obra pública, los subsidios y las transferencias provinciales, mientras encendió la “licuadora” para que la pérdida del poder adquisitivo licuara el gasto social en términos reales. Esta combinación de medidas tuvo un impacto profundo en las cuentas públicas provinciales, alterando de forma significativa el vínculo entre los dos niveles de gobierno.
Históricamente las provincias en su conjunto han mostrado un desempeño fiscal más sólido que la Nación. De hecho, desde 2018 las provincias tuvieron superávit primario de manera consecutiva, mientras que la Nación registró su último superávit en 2009.
Con esta premisa, no sorprendió que el consolidado de provincias y CABA cerrara 2024 con superávit primario y financiero. Lo verdaderamente interesante, y lo que vale la pena analizar, es qué estrategias debieron adoptar los gobernadores para sostenerse a flote en tiempos de austeridad y caída en la actividad. En un año de vacas flacas, la receta fue clara: priorizar lo urgente y afinar el lápiz del gasto.
Radiografía de las cuentas públicas
Contrario a toda historia fiscal reciente, el Sector Público Nacional terminó el ejercicio 2024 con un superávit primario de 1,8% del PIB y un superávit financiero de 0,3% del PIB. No fue magia: el gasto primario comprimió 27% real, con recortes casi generalizados en todas las partidas, siendo la AUH el único ítem que creció en términos reales. Por su parte, el gasto de capital, el gasto en subsidios económicos, y el gasto en transferencias a provincias, se hundieron hasta un piso histórico.
Por el lado de los ingresos, la recaudación nacional cerró 2024 con una caída real del 5,3%. Un número que, a primera vista, no parece tan alarmante considerando el contexto, pero que esconde una dinámica desigual: se sostuvo principalmente gracias a tributos extraordinarios como el impuesto PAIS, y al comercio exterior, cuya recaudación se destinaba enteramente a la nación, mientras que los impuestos estrechamente ligados a la actividad, como IVA o Ganancias, no pudieron evitar el impacto de la recesión y cerraron el año con retrocesos marcados, condicionando la masa coparticipable. De este modo, tanto la caída en los recursos de origen nacional derivado del contexto recesivo, como la reducción deliberada de las transferencias discrecionales afectaron los ingresos de las provincias. En detalle, mientras las transferencias automáticas cayeron un 10% en términos reales en el acumulado de 2024, las transferencias discrecionales pasaron de representar el 0,8% del PIB en promedio de los últimos años, al 0,1% del PIB en 2024.
Sumado a ello, la ralentización de la economía afectó la recaudación de los tributos de origen provincial que se contrajeron 8,7% en términos reales respecto a lo recaudado en 2023. Al interior, todos los tributos mostraron retrocesos, pero la caída de 9,3% i.a. que experimentó el impuesto a los ingresos brutos explicó casi la totalidad de la caída de la recaudación provincial.
Aún así, el consolidado de las Provincias más CABA cerró el año con superávit primario del 0,4% del PIB, mientras que solo tres provincias culminaron con déficit -Buenos Aires, Catamarca y Chaco-. ¿Cómo lo lograron? Con una reducción del gasto superior a la caída de los ingresos, acompañado de un cambio en la composición de este, priorizando el gasto corriente en detrimento del gasto de capital, que redujo su participación en el gasto total, pasando del 12,4% en 2023 a 9,4% del PIB en 2024.
Estructura fiscal subnacional
A saber, los ingresos totales del consolidado de provincias y CABA se componen en un 29% de la recaudación de tributos provinciales (TOP), en un 45% de recursos provenientes de Nación (RON) y el monto restante de diversas fuentes, entre las que se incluyen ingresos de capital, regalías, seguridad social, entre otros.
A grandes rasgos, las provincias del norte argentino tienen una alta dependencia de los recursos de origen nacional que representan el 70% de los ingresos, mientras que las provincias del sur y CABA son más autosuficientes. Además, en el universo Sur, las regalías son la principal fuente de ingresos.
Por el lado del gasto total, el mismo se distribuye de la siguiente manera: gasto de personal (43%), transferencias corrientes (22%), gasto de capital (12%), seguridad social (12%) y otros (10%).
En 2024, los ingresos totales del consolidado de provincias más CABA se redujeron en 1,6 p.p. del PIB, mientras que los gastos totales lo hicieron en 2 p.p. A esta contracción se sumó un cambio en la composición del gasto: disminuyó de 12,5% en 2023 a 9,3% en 2024 el gasto en capital, resultando en un incremento del peso relativo de las transferencias corrientes y del gasto en personal. Como estos movimientos se dieron en un contexto de caída de la actividad, reflejan que su contracción fue incluso más pronunciada que la de la actividad económica.
Primer trimestre de 2025: ¿rebote o estabilización?
En lo que va de 2025, tanto los ingresos como los gastos del consolidado de provincias y CABA finalizaron el trimestre con crecimiento. Sin embargo, los recursos dieron señales mixtas.
Por un lado, hubo una mejora en las transferencias de Nación a las Provincias. Las automáticas crecieron 14,5% i.a. en términos reales y las discrecionales más que se duplicaron, pero más del 60% de esa suba se explica por los giros a CABA derivados de la medida cautelar de la Corte Suprema en el marco del conflicto sobre la Coparticipación. De todas formas, pese a esta mejora, las transferencias a provincias se mantienen por debajo de los niveles de 2023.
Por el contrario, esta recuperación no se reflejó en los tributos de origen provincial destinados al consolidado de provincias más CABA, que al descontar el efecto de la inflación retrocedieron 3,4%. En su interior, pese al repunte de los tributos, el deterioro de la recaudación se explica por ingresos brutos que se contrajo 9,4% i.a. en el primer trimestre.
Con todo, en el primer trimestre de 2025, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja y Chaco terminaron con déficit primario y financiero revirtiendo su comportamiento interanual. Por el contrario, las provincias más disciplinadas fueron CABA, Jujuy y Mendoza, caracterizadas por su mayor cercanía política al Gobierno Nacional. No obstante, el resultado primario medido como porcentaje de los ingresos totales fue menor para la mayoría de las provincias si comparamos con el primer trimestre de 2024, como consecuencia de la mejora en el gasto.
Perspectivas
En las últimas semanas, la tensión entre Nación y las Provincias se ha intensificado en el Congreso. Las provincias se han alineado en el reclamo por el recorte de los fondos y la paralización de la obra pública, presentando proyectos de ley para incrementar la participación destinada a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se recaudaron durante 2024 pero no fueron ejecutados, así como para modificar la distribución del impuesto a los Combustibles Líquidos a fin de aumentar la participación provincial.
Desde su presentación, Milei dejó en claro que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el orden fiscal. Sin embargo, las negociaciones continuaron y ambos proyectos ya obtuvieron media sanción en el Senado. El pasado miércoles, el Gobierno dio un paso más al presentar una contrapropuesta, señal de que reconoce que no podrá frenar la iniciativa únicamente con un veto y que está dispuesto a abrir algún canal de diálogo. En este marco, será clave seguir de cerca la evolución de estas leyes en debate, no solo por su impacto fiscal, sino porque constituirán una prueba concreta del poder de negociación de Milei frente a los gobernadores, en la antesala de la discusión del Presupuesto 2026. Pese a todo, la disciplina fiscal del Gobierno Nacional llegó para quedarse, y se mantendrá la premisa de que una suba en el gasto se dará solo de la mano de una mejora en los ingresos.
Por el lado de las provincias, la aprobación de las Leyes oxigenará los ingresos y les permitiría sostener niveles de gasto corriente para amortiguar el impacto de una economía que luce estancada y podría resentirse aún más por la suba de tasas de interés. En este escenario, contar con mayores ingresos podría marcar la diferencia entre mantener el equilibrio o llevar al déficit los resultados provinciales.
Todo indica que la disciplina fiscal del Gobierno Nacional llegó para quedarse y, en poco más de veinte meses de gestión, constituye un logro innegable. Sin embargo, el desafío que se abre hacia adelante trasciende el orden de las cuentas públicas: el Gobierno deberá demostrar capacidad de negociación con las provincias para construir consensos y avanzar en las reformas de fondo que se propone.
En esta nueva etapa, ya no alcanza con la austeridad ni con el enfrentamiento permanente entre Nación y provincias. La sostenibilidad del rumbo económico dependerá de tender puentes, generar apoyos y transformar la disciplina fiscal en una plataforma sobre la cual impulsar cambios más profundos y duraderos.
