El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia
El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.
En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.
El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.
Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.
Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo
El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.
La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.
El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.
En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Más tensión en la relación Nación-provincias
Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.
La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.
En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.
La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.
Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:
Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.
Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde
Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:
Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.
Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales
El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:
+17 cargos para la Secretaría de Justicia.
–16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.
Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.
La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.
En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.
Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.
Próximos pasos
La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:
Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.
El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.
La relación entre Milei y las provincias, según el análisis de la consultora Ecolatina
Desde la llegada de Javier Milei al poder, el vínculo entre el Gobierno Nacional y las provincias ha sido tenso. A lo largo de 2024, la flamante administración llevó a cabo un ajuste fiscal sin precedentes y fiel a la retórica de campaña, aplicó la “motosierra” sobre la obra pública, los subsidios y las transferencias provinciales, mientras encendió la “licuadora” para que la pérdida del poder adquisitivo licuara el gasto social en términos reales. Esta combinación de medidas tuvo un impacto profundo en las cuentas públicas provinciales, alterando de forma significativa el vínculo entre los dos niveles de gobierno.
Históricamente las provincias en su conjunto han mostrado un desempeño fiscal más sólido que la Nación. De hecho, desde 2018 las provincias tuvieron superávit primario de manera consecutiva, mientras que la Nación registró su último superávit en 2009.
Con esta premisa, no sorprendió que el consolidado de provincias y CABA cerrara 2024 con superávit primario y financiero. Lo verdaderamente interesante, y lo que vale la pena analizar, es qué estrategias debieron adoptar los gobernadores para sostenerse a flote en tiempos de austeridad y caída en la actividad. En un año de vacas flacas, la receta fue clara: priorizar lo urgente y afinar el lápiz del gasto.
Radiografía de las cuentas públicas
Contrario a toda historia fiscal reciente, el Sector Público Nacional terminó el ejercicio 2024 con un superávit primario de 1,8% del PIB y un superávit financiero de 0,3% del PIB. No fue magia: el gasto primario comprimió 27% real, con recortes casi generalizados en todas las partidas, siendo la AUH el único ítem que creció en términos reales. Por su parte, el gasto de capital, el gasto en subsidios económicos, y el gasto en transferencias a provincias, se hundieron hasta un piso histórico.
Por el lado de los ingresos, la recaudación nacional cerró 2024 con una caída real del 5,3%. Un número que, a primera vista, no parece tan alarmante considerando el contexto, pero que esconde una dinámica desigual: se sostuvo principalmente gracias a tributos extraordinarios como el impuesto PAIS, y al comercio exterior, cuya recaudación se destinaba enteramente a la nación, mientras que los impuestos estrechamente ligados a la actividad, como IVA o Ganancias, no pudieron evitar el impacto de la recesión y cerraron el año con retrocesos marcados, condicionando la masa coparticipable. De este modo, tanto la caída en los recursos de origen nacional derivado del contexto recesivo, como la reducción deliberada de las transferencias discrecionales afectaron los ingresos de las provincias. En detalle, mientras las transferencias automáticas cayeron un 10% en términos reales en el acumulado de 2024, las transferencias discrecionales pasaron de representar el 0,8% del PIB en promedio de los últimos años, al 0,1% del PIB en 2024.
Sumado a ello, la ralentización de la economía afectó la recaudación de los tributos de origen provincial que se contrajeron 8,7% en términos reales respecto a lo recaudado en 2023. Al interior, todos los tributos mostraron retrocesos, pero la caída de 9,3% i.a. que experimentó el impuesto a los ingresos brutos explicó casi la totalidad de la caída de la recaudación provincial.
Aún así, el consolidado de las Provincias más CABA cerró el año con superávit primario del 0,4% del PIB, mientras que solo tres provincias culminaron con déficit -Buenos Aires, Catamarca y Chaco-. ¿Cómo lo lograron? Con una reducción del gasto superior a la caída de los ingresos, acompañado de un cambio en la composición de este, priorizando el gasto corriente en detrimento del gasto de capital, que redujo su participación en el gasto total, pasando del 12,4% en 2023 a 9,4% del PIB en 2024.
Estructura fiscal subnacional
A saber, los ingresos totales del consolidado de provincias y CABA se componen en un 29% de la recaudación de tributos provinciales (TOP), en un 45% de recursos provenientes de Nación (RON) y el monto restante de diversas fuentes, entre las que se incluyen ingresos de capital, regalías, seguridad social, entre otros.
A grandes rasgos, las provincias del norte argentino tienen una alta dependencia de los recursos de origen nacional que representan el 70% de los ingresos, mientras que las provincias del sur y CABA son más autosuficientes. Además, en el universo Sur, las regalías son la principal fuente de ingresos.
Por el lado del gasto total, el mismo se distribuye de la siguiente manera: gasto de personal (43%), transferencias corrientes (22%), gasto de capital (12%), seguridad social (12%) y otros (10%).
En 2024, los ingresos totales del consolidado de provincias más CABA se redujeron en 1,6 p.p. del PIB, mientras que los gastos totales lo hicieron en 2 p.p. A esta contracción se sumó un cambio en la composición del gasto: disminuyó de 12,5% en 2023 a 9,3% en 2024 el gasto en capital, resultando en un incremento del peso relativo de las transferencias corrientes y del gasto en personal. Como estos movimientos se dieron en un contexto de caída de la actividad, reflejan que su contracción fue incluso más pronunciada que la de la actividad económica.
Primer trimestre de 2025: ¿rebote o estabilización?
En lo que va de 2025, tanto los ingresos como los gastos del consolidado de provincias y CABA finalizaron el trimestre con crecimiento. Sin embargo, los recursos dieron señales mixtas.
Por un lado, hubo una mejora en las transferencias de Nación a las Provincias. Las automáticas crecieron 14,5% i.a. en términos reales y las discrecionales más que se duplicaron, pero más del 60% de esa suba se explica por los giros a CABA derivados de la medida cautelar de la Corte Suprema en el marco del conflicto sobre la Coparticipación. De todas formas, pese a esta mejora, las transferencias a provincias se mantienen por debajo de los niveles de 2023.
Por el contrario, esta recuperación no se reflejó en los tributos de origen provincial destinados al consolidado de provincias más CABA, que al descontar el efecto de la inflación retrocedieron 3,4%. En su interior, pese al repunte de los tributos, el deterioro de la recaudación se explica por ingresos brutos que se contrajo 9,4% i.a. en el primer trimestre.
Con todo, en el primer trimestre de 2025, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja y Chaco terminaron con déficit primario y financiero revirtiendo su comportamiento interanual. Por el contrario, las provincias más disciplinadas fueron CABA, Jujuy y Mendoza, caracterizadas por su mayor cercanía política al Gobierno Nacional. No obstante, el resultado primario medido como porcentaje de los ingresos totales fue menor para la mayoría de las provincias si comparamos con el primer trimestre de 2024, como consecuencia de la mejora en el gasto.
Perspectivas
En las últimas semanas, la tensión entre Nación y las Provincias se ha intensificado en el Congreso. Las provincias se han alineado en el reclamo por el recorte de los fondos y la paralización de la obra pública, presentando proyectos de ley para incrementar la participación destinada a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se recaudaron durante 2024 pero no fueron ejecutados, así como para modificar la distribución del impuesto a los Combustibles Líquidos a fin de aumentar la participación provincial.
Desde su presentación, Milei dejó en claro que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el orden fiscal. Sin embargo, las negociaciones continuaron y ambos proyectos ya obtuvieron media sanción en el Senado. El pasado miércoles, el Gobierno dio un paso más al presentar una contrapropuesta, señal de que reconoce que no podrá frenar la iniciativa únicamente con un veto y que está dispuesto a abrir algún canal de diálogo. En este marco, será clave seguir de cerca la evolución de estas leyes en debate, no solo por su impacto fiscal, sino porque constituirán una prueba concreta del poder de negociación de Milei frente a los gobernadores, en la antesala de la discusión del Presupuesto 2026. Pese a todo, la disciplina fiscal del Gobierno Nacional llegó para quedarse, y se mantendrá la premisa de que una suba en el gasto se dará solo de la mano de una mejora en los ingresos.
Por el lado de las provincias, la aprobación de las Leyes oxigenará los ingresos y les permitiría sostener niveles de gasto corriente para amortiguar el impacto de una economía que luce estancada y podría resentirse aún más por la suba de tasas de interés. En este escenario, contar con mayores ingresos podría marcar la diferencia entre mantener el equilibrio o llevar al déficit los resultados provinciales.
Todo indica que la disciplina fiscal del Gobierno Nacional llegó para quedarse y, en poco más de veinte meses de gestión, constituye un logro innegable. Sin embargo, el desafío que se abre hacia adelante trasciende el orden de las cuentas públicas: el Gobierno deberá demostrar capacidad de negociación con las provincias para construir consensos y avanzar en las reformas de fondo que se propone.
En esta nueva etapa, ya no alcanza con la austeridad ni con el enfrentamiento permanente entre Nación y provincias. La sostenibilidad del rumbo económico dependerá de tender puentes, generar apoyos y transformar la disciplina fiscal en una plataforma sobre la cual impulsar cambios más profundos y duraderos.
El Gobierno nacional advirtió que las jurisdicciones subnacionales incrementaron el gasto en 0,7 puntos del PBI en 2025, contrariando la política de ajuste fiscal de Nación. Desde el Ministerio de Economía anticipan reformas y nuevos controles para alinear las cuentas provinciales con la meta de déficit cero.
En un nuevo capítulo de tensión fiscal, el equipo económico de Javier Milei acusó a provincias y municipios de no acompañar el ajuste que la Casa Rosada impulsa desde diciembre de 2023. Según datos del Ministerio de Economía, mientras el gasto público nacional cayó al 14,6% del PBI, el consolidado de provincias y municipios trepó del 16,6% en 2024 al 17,3% en el primer semestre de 2025, un aumento equivalente a 0,7 puntos del producto.
El contraste refuerza la narrativa oficial de que el ordenamiento fiscal requiere un compromiso integral. “El gasto público nacional no ha parado de bajar. Sin embargo, provincias y municipios aumentaron el gasto en 2025”, señaló Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, a través de redes sociales.
Contenido técnico: cifras y referencias oficiales
Gasto consolidado subnacional (provincias y municipios): 17,3% del PBI (junio 2025).
Gasto consolidado en 2024: 16,6% del PBI.
Gasto nacional: 14,6% del PBI (junio 2025).
Niveles previos: 18,7% del PBI a fines de 2023.
Fuente: Ministerio de Economía (Nación) y datos provinciales a marzo.
En el caso de los municipios, las cifras son preliminares y responden al primer trimestre del año. Para el Palacio de Hacienda, el desvío en el gasto pone en riesgo los equilibrios alcanzados en el nivel nacional y amenaza la consistencia del ancla fiscal.
El reclamo se enmarca en la creación del Consejo de la Libertad, organismo que buscará diseñar reformas liberales para que las provincias “acompañen el camino de la Nación hacia la libertad”, según palabras del presidente Milei. La estructura convivirá con el Consejo de Mayo —encargado de velar por el cumplimiento del Pacto de Mayo— y con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, reactivado por Caputo en 2024 tras cinco años de inactividad.
El objetivo común es avanzar hacia la meta de reducir el gasto público consolidado al 25% del PBI, compromiso asumido en el Pacto de Mayo. La ofensiva se complementa con el veto presidencial a leyes con impacto fiscal, la prohibición de financiar gasto primario con emisión monetaria y el próximo envío al Congreso de un proyecto para “amurallar” el déficit cero.
La advertencia oficial llega en medio de un año electoral y tras una serie de votaciones en la Cámara de Diputados que, a juicio del Ejecutivo, incrementan el gasto. El presidente ya vetó iniciativas como la suba del 7,2% en las jubilaciones y el aumento del bono previsional, la reinstauración de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.
Para el Gobierno, cualquier deterioro del equilibrio fiscal puede trasladarse rápidamente a precios y tipo de cambio. “Si vos afectás el ancla fiscal, podés tener una caída de la demanda de dinero y eso es inflacionario”, advirtió el consultor Federico Domínguez, enfatizando que el mero cambio de expectativas puede impactar en el mercado cambiario.
Provincias: aumento del gasto, pero con superávit
Pese al señalamiento de Nación, informes privados como el de Eco Go muestran que el gasto primario provincial (sin municipios) llegó al 15,1% del PBI en el primer trimestre de 2025, tras un piso de 14,4% en el tercer trimestre de 2024. Aunque implica un repunte, se mantiene por debajo del pico de 17,1% en 2023 y de los máximos históricos de 2017 (17,8%).
La consultora Politikón Chaco informó que el consolidado de provincias y CABA sumó $25,7 billones de gasto total en el primer trimestre, con un alza real interanual del 16,4%, pero aún 12,2% por debajo de 2023. Además, cerraron el período con superávit financiero del 0,27% del PBI y superávit primario del 0,34%, aunque en niveles menores a los del año anterior.
El Ministerio de Economía anticipa que el foco estará en “alinear” la dinámica del gasto provincial y municipal con la meta nacional. El Consejo de la Libertad será la herramienta política y técnica para promover reformas estructurales y condicionar transferencias discrecionales.
La expectativa oficial es que el debate se traslade al Congreso con la ley de blindaje fiscal. Sin embargo, economistas advierten que la ejecución presupuestaria subnacional responde a factores estacionales y políticos —como el calendario electoral y la obra pública—, lo que podría tensar la relación Nación-provincias en la segunda mitad del año.
El esquema de distribución de recursos Nación-Provincias sigue siendo una enorme deuda pendiente de la democracia argentina. Podemos debatir horas cómo debe ser un régimen de reparto, pero lo que no se puede poner en duda es que, bajo el escenario actual, el rol del Estado Nación en achicar asimetrías de desarrollo entre las provincias es esencial y no podemos naturalizar su retiro de esa función.
La inversión del Estado nacional en las provincias es mucho más que una cuestión de recursos o partidas presupuestarias: es una expresión concreta de federalismo, una herramienta para corregir desigualdades históricas y una condición indispensable para construir un desarrollo equitativo y sostenible.
En un país marcado por profundas asimetrías territoriales, sociales y económicas, el rol del Estado como actor inversor no puede reducirse a una lógica económica. La inversión en las provincias, lejos de ser un gasto como quieren hacer ver algunos, es una herramienta necesaria de desarrollo e integración.
En un país federal en los papeles pero altamente unitario en los hechos, las provincias más alejadas del centro de poder ven año a año como las decisiones centrales de inversión le pasan de largo. Es cierto que hubo gobiernos que profundizaron este atraso de manera más fuerte que otros pero, aún con gobiernos de tinte más federal, existen aún diferencias que, sin intervención activa del estado nacional, condenan a la postergación. Por eso, el rol del Estado nacional es clave.
En este marco, se debe resaltar que las provincias necesitan ser autónomas, sí, pero también necesitan la articulación necesaria con un Estado nacional que hoy concentra para sí mismo la mayor parte de los recursos que se generan en el país. La ecuación es simple: o se produce un esquema articulado de inversión o, simplemente, que la Nación devuelve los recursos a las provincias.
Algo de esto está en discusión actualmente, con dos proyectos elaborados por el pleno de los gobernadores que buscan una redistribución de recursos que hoy se los queda la Nación solo a los efectos de sostener, casi artificialmente, su equilibrio fiscal. En primer lugar, el impuesto a los Combustibles. ¿Cómo se reparte hoy? Luego de la detracción del 1,9% para ARCA (algo que también se debería reformular), el 28,69% de lo recaudado va a ANSES, el 10,4% a provincias (para obras, vialidad y otros), otro 15,07% también a provincias (pero para programas FONAVI), el 10,4% al Tesoro Nacional, el 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y el 2,55% a Compensación del Transporte Público.
¿Qué ocurre en los hechos? Ese 10,4% que queda para el Tesoro en verdad es el 45,84%, ya que los fondos para los fideicomisos los recauda, pero no los ejecuta.
Cuando las provincias reclaman por el mantenimiento de rutas nacionales, por ejemplo, desde el Gobierno nacional afirman que “no hay plata”, omitiendo deliberadamente que el dinero está pero no lo está usando a los fines para lo cual se asignó la recaudación de ese impuesto. Solución fácil (desde la lógica, no desde la política): eliminemos los Fideicomisos y entreguen ese dinero a las provincias. Es decir, la nueva distribución sería entonces: 28,69% para Anses, 14,29% para el Tesoro y 57,02% para provincias. Siguiendo el supuesto de que esto no implica nuevas erogaciones sino, una redistribución de los fondos vigentes, no compromete en nada las cuentas públicas nacionales. ¿Por qué? Lo que el Estado (en teoría) gasta, por ejemplo, en mantenimiento de rutas, dejaría de gastarlo porque le pasa la potestad y los recursos a las provincias para ese mismo fin. Se “deshace” de fondos pero también de la responsabilidad.
La respuesta del Presidente desnudó su propia lógica: esto pone en peligro el equilibrio fiscal porque, de entregar esos fondos, se achicaría el mismo debido a que no están utilizando los recursos para sus fines. En otras palabras: el superávit (o por lo menos, parte de él) está sostenido por la no ejecución de gastos que tienen como fuente de financiamiento la recaudación de impuestos con asignación específica. Flojito de papeles.
¿Cómo impactaría esto en Misiones? Si hacemos un rápido ejercicio de simulación, en el primer semestre del 2025 la provincia recibió $ 19.266 millones por la distribución automática del Impuesto a los combustibles según el régimen vigente. Si se aplicase para ese mismo período la propuesta de los gobernadores, hubiese captado alrededor de $ 38.500 millones: casi veinte mil millones de pesos más, sin que eso afecte las cuentas públicas y dándole a la provincia la autonomía necesaria para hacer la inversión.
Vamos al segundo proyecto, el reparto automático de ATN. En simples palabras, que el fondo deje de ser discrecional y se reparta de manera automática según los criterios de la ley 23.548 (sistema de coparticipación vigente). Esta propuesta, simulando su aplicación para el primer semestre 2025, hubiese permitido que a Misiones le lleguen 8.450 millones en lugar de los $ 3.000 que captó en el año. Pero además, y más importante, al ser automáticas le genera un flujo de fondos continuos a la provincia. También para este caso la Nación se negó, alegando nuevamente que “pone en riesgo el equilibrio fiscal”. Pero, esos recursos son de las provincias. Si no se ejecuta el fondo ATN, el remanente queda para el Tesoro ya que, según informó Guillermo Francos en el Senado, “integran el saldo de la cuenta escritural al cierre del período”. En otras palabras, otra vez, una parte del superávit se explica por la retención de fondos que no le son propios.
En resumen: hoy el Tesoro se queda con fondos por no aplicación del gasto (como el impuesto a los combustibles) y por no distribución (como ATN). ¿Pero compensa por otro lado? En algunos (muy pocos) períodos de la historia reciente, podríamos pensar que sí: a través de mayores flujos de inversión real directa de la nación en el territorio: rutas, caminos, obras hídricas, etc. Pero no es el caso de este presente. En Misiones, la Inversión Real Directa del Estado nacional en el primer semestre de este año se ubica 50% por debajo de igual período del 2023 y en ese marco, particularmente el concepto de Construcciones (lo que comúnmente llamamos obra pública) está 51% por debajo. Por ende, no hay “compensación” por el lado de la inversión. ¿Lo hay desde transferencias no automáticas? Tampoco. Los envíos a Misiones no solo cayeron contra 2023 (-88%) sino que incluso se ubican por debajo del 2024 (-56%); es decir, no crecieron siquiera ante una base comparativa excepcionalmente baja.
El perjuicio hacia las provincias se da entonces de múltiples variantes: no distribución de fondos que le son propios, no inversión, no partidas presupuestarias. Ni hablar siquiera de los fondos que por ley le corresponden a la provincia por la Caja Previsional. El abandono de la Nación es prácticamente total. Esto trae consecuencias. Volviendo a lo que decíamos al principio, cuando el Estado se retira, cuando deja de invertir o recorta transferencias, se profundizan las desigualdades.
Algunas voces libertarias dirían “que las provincias se arreglen como puedan” o que “recauden por sí mismas a ver como les va”. Perfecto. La pregunta es: ¿Qué haría la Nación sin la actividad económica que las provincias generan? Nunca hay que olvidarse, aunque a muchos no les guste, que la actividad se mueve de abajo hacia arriba: las provincias financian a la Nación y no al revés. No es opinión: es lo que plasma el proceso de creación y nacimiento de Estado Nacional y lo que dicta la propia Constitución Nacional.
