Pymes

Las ventas minoristas pyme descendieron 0,2% interanual en agosto

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Durante el mes de agosto, las ventas en los comercios minoristas pyme tuvieron una caída interanual del 0,2% en términos reales. A su vez, la medición frente al mes anterior reflejó una baja del 2,7%, con lo cual la actividad acumula un descenso del 2,4% en lo que va del año.

Esta dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar. Además, el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables.

Al analizar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 47,4% de los dueños consultados indicó que su nivel de actividad se mantuvo en relación con el mismo período del año previo. Dicho registro evidencia una merma de 0,7 puntos porcentuales en comparación con la medición del mes anterior. En paralelo, la proporción de respuestas que reportó un empeoramiento en las condiciones de su negocio ascendió al 46,5%, reflejando un incremento de dos puntos porcentuales frente al 44,5% constatado en julio. Por último, la fracción de pymes que tuvo una mejora en su desempeño operativo representó únicamente el 6,1% del total de unidades relevadas durante el período.
 


En cuanto a las proyecciones para los próximos 12 meses, el 43,9% de los encuestados prevé que su situación económica continuará sin modificaciones, lo que implica una reducción de 2,4 puntos porcentuales en la lectura neutra respecto al informe precedente. Por su parte, el 42,8% estimó un escenario futuro superior —mostrando una variación marginal frente al 42,4% de julio—, mientras que el 13,3% restante espera un deterioro. Finalmente, en lo concerniente a las decisiones de financiamiento y destino de fondos, el 57,9% consideró que no es momento para concretar inversiones en su firma, en tanto que un 28,6% no fijó postura al respecto y un 13,5% respondió afirmativamente a dicha consulta.
 


En el desagregado sectorial, cuatro de los siete rubros medidos presentaron tasas de variación interanual positivas. La suba más pronunciada correspondió a Perfumería (+12,8%), ubicándose luego Textil e indumentaria (+6,4%), Calzado y marroquinería (+1,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+0,3%). Por el contrario, tres sectores registraron bajas frente al mismo período del año previo, con la mayor caída en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-4,8%), seguida por Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).

El índice general de ventas minoristas informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.

Durante agosto se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,6% y una leve suba intermensual del 0,4%.
 


El desempeño minorista de agosto reflejó la persistencia de una demanda condicionada por el peso de las tarifas y el endeudamiento familiar acumulado. Si bien los comerciantes reportaron compras puntuales en panificados, indumentaria infantil y regalería a raíz del calendario escolar y festivo por el Día del Niño, estas operaciones no alcanzaron el volumen necesario para compensar la caída general del consumo en los rubros masivos. De este modo, las transacciones continuaron acotadas a reposiciones impostergables y tratamientos esenciales, mientras que los bienes durables, el calzado formal y los artículos de mayor valor permanecieron postergados bajo un esquema de compra cauteloso y fragmentado.

Desde la perspectiva de la oferta, los comercios operaron con márgenes de rentabilidad acotados debido a las continuas actualizaciones en las listas mayoristas, los fletes y la competencia de mercadería importada de bajo costo. La dificultad para disponer de planes de cuotas sin interés obligó a multiplicar descuentos por pago al contado, liquidaciones de fin de temporada y promociones bancarias para movilizar el inventario existente. Ante este escenario de costos operativos crecientes y límites de financiamiento en los hogares, las empresas mantuvieron una gestión prudente del capital, restringiendo la reposición preventiva y evitando nuevas decisiones de inversión.

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CAME les presentó propuestas a senadores para la reactivación de las pymes

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Dirigentes empresarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se reunieron con senadores nacionales en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Durante el encuentro, los pequeños y medianos empresarios expresaron las diversas dificultades que atraviesan las pymes: caída del consumo, embargos de ARCA, alta presión impositiva, endeudamiento, entre otras.

A su vez, remarcaron la falta de diálogo para buscar soluciones conjuntas. Por su parte, los legisladores coincidieron en la preocupación manifestada por la situación general del comercio, la industria, el turismo y las economías regionales.

Ambas partes acordaron que avanzarán en propuestas concretas, como la que la entidad ya les presentó a los diputados nacionales y ahora les elevó a los senadores.

Entre los temas, se plantearon cuestiones tributarias, laborales, de financiamiento, de embargos y ejecuciones fiscales a pymes, y de transparencia en las operaciones con tarjetas de crédito.

Participaron de la reunión el Comité de Presidencia de CAME, encabezado por su presidente, Ricardo Diab; el senador por Corrientes, Eduardo Vischi; la senadora por Salta, Flavia Royón; el senador por Misiones, Martín Goerling; la senadora por Mendoza, Mariana Juri; y la diputada provincial misionera, Analía Labandoczka.

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Empresarios pyme y representantes de los trabajadores convocan a reconstruir el diálogo por la producción y el empleo

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Más de 300 representantes del sector productivo, empresarial, sindical y académico del país, convocados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se reunieron en la jornada “Argentina Produce: Diálogo que Construye”. “La situación actual es muy difícil para todos los sectores que hoy nos encontramos en la ciudad de Rosario”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab.

“Como representantes de los comerciantes, no nos da lo mismo la venta de productos nacionales o importados, porque cada fábrica que cierra implica empleos que se pierden, y cada trabajador que se queda sin ingresos fijos es, a la vez, un consumidor que el sector comercial pierde”, continuó.

Durante el evento realizado en la Asociación Empresaria de Rosario (AER), los empresarios pyme y la CGT dejaron un fuerte mensaje: frente al deterioro de la actividad industrial, la pérdida de empleo, la baja del consumo y la ausencia de espacios para el consenso es necesario recuperar el diálogo para construir una agenda de desarrollo de largo plazo. Así, las expresiones durante el encuentro dejaron en evidencia el escenario complejo al que se enfrentan las pymes comerciales, las industriales y los trabajadores.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, remarcó que “empresarios y trabajadores representan intereses diferentes, pero comparten el mismo objetivo de generar más y mejor riqueza para la Argentina”. Asimismo, consideró indispensable construir un proyecto productivo que surja del consenso entre quienes invierten, producen, generan empleo y aquellos que trabajan. “No vemos proyectos para la industria ni para el comercio. Hay una oportunidad para corregir ese rumbo, y quienes estamos acá somos actores importantes para la construcción de una política productiva”, expresó.

En ese sentido, Diab resaltó que “la mayoría de las empresas que representamos no tienen más de 10 trabajadores. Por eso, quienes hoy los representan están acá con nosotros en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan a todos. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de lo que sea mejor para las pymes y sus empleados”.

A su turno, el titular de ADIMRA, Elio Del Re, aseguró: “Decimos ‘Argentina Produce’ porque ese es el lugar al que queremos ir. Lo pensamos con todos los sectores, abrazando a la industria, al comercio, al agro, a la ciencia y a la tecnología. No hay que excluir a nadie, y todos debemos trabajar en conjunto para el desarrollo de la Argentina que queremos”. También enfatizó que “el desarrollo de Vaca Muerta debe llegar a todo el país, y es un desafío para todo el sector productivo nacional, como la expansión y la evolución de la agroindustria. La industria no es el problema de Argentina, es parte de la solución”.

Por último, el presidente de FISFE, Javier Martín, afirmó que el país enfrenta “grandes oportunidades, pero también enormes desafíos. Argentina tiene posibilidades de resolver una restricción histórica gracias al gas, el petróleo, la minería y el agro, pero con eso no alcanza para 50 millones de argentinos. Necesitamos un proyecto productivo que incorpore ciencia, tecnología y trabajo calificado”. Además, advirtió que el segundo semestre será “muy complicado” para la industria y destacó su preocupación por la falta de políticas orientadas a reactivar la capacidad productiva y el mercado interno. “Valoro los avances en materia de estabilidad macroeconómica e inflación. Lo que no vemos son políticas que promuevan un incremento de la capacidad productiva”, finalizó.

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Los salarios subieron 2,9% en junio y acumularon un alza de 18,5% en el primer semestre

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La evolución salarial constituye uno de los principales indicadores para medir cómo se distribuye el impacto de la dinámica económica sobre los hogares. Un aumento del 18,5% entre enero y junio refleja la magnitud de la recomposición nominal de los ingresos laborales, aunque su efecto real dependerá de la evolución de los precios durante el mismo período y de las diferencias entre sectores, modalidades de empleo y categorías de trabajadores.

El incremento mensual de 2,9% en junio también aporta una señal relevante para las empresas. Los salarios son, al mismo tiempo, ingresos para millones de trabajadores y uno de los principales componentes de costos para numerosas actividades productivas. La capacidad de compatibilizar recomposición salarial, empleo formal y sostenibilidad de las empresas seguirá siendo uno de los desafíos centrales de la economía.

El salario como variable de consumo y actividad

Para los hogares, la discusión trasciende el porcentaje de aumento. La cuestión determinante es qué bienes y servicios pueden adquirirse con ese ingreso y cómo evoluciona la capacidad de cubrir gastos esenciales, desde alimentos y transporte hasta vivienda, educación y servicios.

Para el sector productivo, una mejora sostenida de los ingresos reales puede fortalecer la demanda interna. Comercios, pequeñas y medianas empresas y prestadores de servicios dependen, en buena medida, de la capacidad de consumo de las familias.

Ese vínculo explica por qué la evolución salarial tiene un impacto que excede las paritarias. Una recuperación efectiva del poder de compra puede generar un círculo de mayor demanda y actividad, mientras que una mejora exclusivamente nominal, absorbida por la suba de precios, limita ese efecto sobre la economía cotidiana.

El desafío es reducir la distancia entre salarios y costo de vida

El promedio que refleja el índice salarial tampoco necesariamente describe la situación de todos los trabajadores. La evolución de los ingresos puede ser diferente según se trate de empleo registrado privado, empleo público o trabajo no registrado, además de las diferencias entre sectores y regiones.

Para una mirada orientada a soluciones, el desafío consiste en mejorar los mecanismos que permitan sostener ingresos sin deteriorar la capacidad de contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La productividad, la formalización laboral y la previsibilidad de costos aparecen como variables tan relevantes como el porcentaje de incremento acordado.

En regiones como el NEA, donde la estructura económica tiene un fuerte peso de las PyMEs, el comercio, los servicios y las economías regionales, la evolución del salario adquiere una dimensión adicional. La capacidad de las empresas para trasladar aumentos de costos es limitada cuando la demanda permanece débil, pero al mismo tiempo la falta de recuperación del ingreso de los hogares restringe el mercado interno.

Lo que habrá que seguir de cerca

El dato de junio deja una referencia concreta: los salarios aumentaron 2,9% en el mes y 18,5% en el primer semestre de 2026. La próxima discusión será determinar cómo se ubica esa trayectoria frente a la evolución de la inflación y si la mejora alcanza de manera relativamente homogénea a los distintos segmentos del mercado laboral.

La recuperación del salario real será una variable decisiva para la segunda mitad del año. No solo definirá el poder adquisitivo de los hogares, sino también el comportamiento del consumo, la actividad comercial y la capacidad de las empresas para sostener empleo. El desafío de política económica será convertir la estabilidad de las variables nominales en una mejora verificable de las condiciones de vida y en una recuperación sostenible de la demanda.

salarios_08_26 INDEC by CristianMilciades

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La CGT y las CTA reclamaron un plan de refinanciación ante el salto del endeudamiento de familias y Pymes

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La CGT, las dos CTA y movimientos sociales llevaron al Ministerio de Economía un reclamo que busca instalar una discusión que excede el nivel de las tasas de interés: cómo evitar que el endeudamiento de los hogares y las pequeñas empresas termine convirtiéndose en un nuevo freno para el consumo, la producción y el empleo. Las organizaciones sindicales exigieron al Gobierno de Javier Milei la puesta en marcha de un “programa de refinanciación de deudas” frente al fuerte aumento de la morosidad.

La movilización llegó hasta el Palacio de Hacienda sin un acto central ni escenario para discursos. Los dirigentes entregaron un documento en el que plantearon que el equilibrio macroeconómico no puede evaluarse únicamente por las variables financieras, sino que debe incorporar una solución al endeudamiento de familias y Pymes y una estrategia para recuperar la actividad de la economía real.

El diagnóstico presentado por las centrales sindicales vincula directamente la pérdida de ingresos y el deterioro del consumo con el aumento del costo financiero. En esa lectura, cuando una familia deja de poder afrontar una tarjeta o un préstamo, reduce inmediatamente su capacidad de consumo; cuando una Pyme no consigue financiar su capital de trabajo, restringe su producción. La consecuencia final de esa cadena es una economía con menos ventas, menos actividad y mayor presión sobre el empleo.

El planteo adquiere mayor dimensión a partir de los datos atribuidos al Banco Central. Según las cifras citadas por las organizaciones sindicales, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en Argentina, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó al 17,5% de los créditos personales.

Para las centrales, el problema no termina en el sistema financiero formal. El deterioro de la capacidad de pago puede expulsar a los hogares del crédito bancario y empujarlos hacia mecanismos informales de financiamiento, incluso para cubrir gastos esenciales. Allí, advierten, el costo del endeudamiento puede adquirir características usurarias y profundizar todavía más la vulnerabilidad económica.

El documento entregado en Economía propone, en ese sentido, una respuesta que combine extensión de plazos y reducción transitoria de la presión de las cuotas. La hipótesis es que una refinanciación con tasas compatibles con la evolución de los ingresos permitiría liberar recursos de los hogares y de las empresas, recuperar capacidad de consumo y sostener el capital de trabajo.

El reclamo también apunta al Banco Central. Las organizaciones pidieron que el organismo ejerza su función regulatoria sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos capaces de generar endeudamiento entre personas físicas. La demanda busca ampliar la discusión sobre el costo del crédito a todo el ecosistema financiero que hoy utilizan los hogares.

En paralelo, reclamaron un diagnóstico específico sobre la situación de las Pymes, especialmente aquellas cuyo endeudamiento compromete el capital de trabajo y pone en riesgo la continuidad de la actividad. El argumento es que una política de alivio financiero para empresas pequeñas no debería ser vista únicamente como una asistencia al sector privado, sino como una herramienta para preservar unidades productivas y puestos de trabajo.

La CGT sostuvo que “el endeudamiento es una política de gobierno” y cuestionó el modelo económico por obligar, según su diagnóstico, a familias a recurrir al crédito para afrontar alimentación, alquiler y servicios básicos. La protesta reunió a los integrantes del triunvirato de la central, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

Desde la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar advirtió sobre el riesgo de que el endeudamiento termine actuando como un factor de conflictividad social. El secretario general de ATE sostuvo que millones de hogares atraviesan una situación crítica y reclamó que el Gobierno utilice sus herramientas regulatorias para limitar los costos financieros e implementar un programa de desendeudamiento.

Más allá de la disputa política, el eje económico del reclamo abre una discusión relevante sobre la relación entre estabilidad macroeconómica y economía real. Una reducción de la inflación o una mejora de determinadas variables financieras no necesariamente se traduce en una recuperación automática de los ingresos disponibles si una proporción creciente del salario o de la facturación empresarial queda comprometida por cuotas, intereses y refinanciaciones.

Ese es, precisamente, el punto de mayor profundidad del documento sindical: la deuda no aparece como un fenómeno aislado, sino como una consecuencia y, al mismo tiempo, como un mecanismo que puede profundizar la caída de la actividad. Si los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, consumen menos. Si las empresas enfrentan dificultades para financiar su capital de trabajo, producen menos. Y si ambas variables retroceden simultáneamente, la recuperación del empleo se vuelve más difícil.

Desde esa perspectiva, una política de refinanciación no debería limitarse a postergar vencimientos. El desafío sería diseñar mecanismos que reduzcan efectivamente la carga financiera, extiendan los plazos y vinculen las condiciones de pago con la evolución de los ingresos. En el caso de las Pymes, la clave estaría en preservar capital de trabajo y capacidad productiva, evitando que una crisis de liquidez transitoria termine en cierre definitivo.

La discusión plantea, además, una cuestión central para cualquier estrategia de crecimiento: quién tiene capacidad para sostener el ciclo económico. El consumo de los hogares genera demanda; la demanda sostiene las ventas; las ventas permiten producir; la producción sostiene el empleo. Cuando ese circuito se rompe por una combinación de ingresos insuficientes y alto costo financiero, la deuda deja de ser solamente un problema individual y comienza a adquirir una dimensión macroeconómica.

Por eso, el reclamo de la CGT y las CTA puede leerse como una propuesta para desplazar parte del foco desde las cuentas financieras hacia las cuentas concretas de hogares y empresas. El desafío no consiste solamente en reducir la morosidad, sino en evitar que el endeudamiento se convierta en una barrera estructural para la recuperación del consumo y la inversión.

La salida que proponen las organizaciones sindicales incluye, además, una estrategia más amplia de estímulo a la inversión productiva y diversificación de la matriz económica. En esa concepción, refinanciar deudas sería una herramienta de emergencia dentro de una política mayor orientada a recomponer ingresos, activar la capacidad instalada, ampliar mercados y generar empleo.

El punto de fondo es que la sostenibilidad económica también se mide en la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y de las empresas para sostener su actividad. Si la estabilización financiera se construye sobre hogares cada vez más endeudados y Pymes con menor capital de trabajo, la economía puede mostrar equilibrio en algunas variables mientras acumula tensiones en otras.

El reclamo entregado en el Ministerio de Economía pone así sobre la mesa una alternativa concreta frente a la morosidad: refinanciar, bajar la presión de las cuotas, regular el costo del crédito y proteger el capital de trabajo de las empresas. Pero también plantea una condición de fondo para que esa solución sea sostenible: recuperar los ingresos y la actividad productiva para que las familias y las empresas vuelvan a tener capacidad genuina de pago.

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