La actividad minorista pyme registró en abril una contracción interanual del 3,2% a valores constantes. La evolución mensual evidenció una merma del 1,3%, consolidando una retracción acumulada del 3,5% durante el primer cuatrimestre del año.
En cuanto al estado de los comercios, el 53,3% de los propietarios reportó estabilidad respecto al año anterior, cifra que representa un incremento de 2,5 p.p. sobre los valores de marzo. Este desplazamiento se origina en la disminución del segmento con percepción desfavorable, que se situó en el 39,6% frente al 42,2% del período previo.
Para el 49% de los encuestados (+1 p.p. vs marzo) la situación de cara a los próximos 12 meses se mantendrá en las mismas condiciones, mientras que el 37,2% aguarda una mejora (-2,5 p.p. mensual) y el 13,8% proyecta un retroceso. Sobre la disposición a invertir, el 58,7% considera que el contexto no es propicio para desembolsos, frente a un 12,6% que lo percibe de forma oportuna y un 28,7% sin definición.
El análisis por rubros ratificó la tendencia descendente con seis de los siete sectores en terreno negativo. Los retrocesos se localizaron principalmente en Bazar y decoración (-12,3%), Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1%.
El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.
Durante abril, se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 8% y una suba intermensual desestacionalizada del 0,7%. Sin embargo, ese desempeño no logró compensar la contracción observada en el índice general de las ventas minoristas de CAME.
El período cerró con una contracción mensual del 1,3%, profundizando el retroceso acumulado del 3,5% en lo que va del año. La actividad se orientó hacia rubros esenciales y de recambio estacional, bajo un comportamiento de compra marcado por la búsqueda de financiamiento y bonificaciones. El incremento en las erogaciones operativas y los servicios básicos limitó la capacidad de maniobra y la rentabilidad de los establecimientos pyme.
En términos prospectivos, el 37,2% de los comerciantes prevé una evolución favorable para el próximo año. Sin embargo, la mayor parte de los encuestados (58,7%) posterga proyectos de inversión dada la inestabilidad en los valores de reposición y el bajo volumen de demanda interna. La recuperación del sector queda supeditada a la recomposición del ingreso real y a la normalización de la estructura de gastos fijos.
El Banco de la Nación Argentina anunció su regreso al mercado de capitales local con la emisión de Títulos de Deuda, una operación que no realizaba desde hace más de tres décadas. La colocación contempla un monto inicial equivalente a USD 50 millones, con posibilidad de ampliarse hasta USD 1.500 millones dentro del programa vigente, y apunta a fortalecer la capacidad de crédito a PyMEs y familias.
Después de más de tres décadas, el Banco Nación vuelve al mercado de capitales local con una emisión de Títulos de Deuda, operación que representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más PyMEs que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse.
Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real: MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores que contarán con respaldo para crecer en mercados externos y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo.
La colocación contempla tres clases de títulos de deuda, diseñadas para ofrecer alternativas de inversión en distintas monedas y perfiles:
Clase 1 (Pesos): a 12 meses, tasa variable (TAMAR Privada más margen), intereses trimestrales y amortización al vencimiento.
Clase 2 (Dólar): a 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento.
Clase 3 (UVA): a 24 meses, tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.
El monto máximo conjunto de la emisión se estableció en el equivalente a USD 50 millones, ampliable a un monto máximo de US$ 1.500 millones, dentro del programa vigente.
La emisión estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del Banco, quienes podrán participar, cumpliendo con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.
El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular.
Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país. Un banco más competitivo es un banco que puede hacer más, llegar más lejos y estar presente donde la gente lo necesita.
El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la suspensión del régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a la provincia y sobre determinadas operaciones vinculadas al transporte de cargas.
La medida fue formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado el 30 de abril de 2026, y representa uno de los anuncios más esperados por el sector comercial e industrial, luego de que el gobernador Hugo Passalacqua lo anticipara el viernes pasado durante su discurso ante la Legislatura provincial.
Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.
Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.
La decisión instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del sistema previsto en las Resoluciones Generales 56/2007 y 44/2021, que regulaban el pago a cuenta en los puestos de control fiscal sobre rutas.
Hasta ahora, ese mecanismo obligaba a realizar adelantos de Ingresos Brutos sobre productos o mercaderías que ingresaban a Misiones para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito, consignación y también sobre la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en la provincia.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el actual contexto macroeconómico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa sobre la dinámica productiva y comercial, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, el decreto sostiene que la operatoria vigente en los puestos de control fiscal, si bien constituye una herramienta válida de fiscalización, genera en determinadas circunstancias costos financieros y administrativos que terminan afectando la actividad económica.
Por eso, el Gobierno consideró necesario avanzar en una simplificación de procedimientos que reduzca la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria Misiones (ATM), sin resignar los objetivos de control y recaudación.
La norma remarca que se trata de una flexibilización transitoria, sin modificar la estructura normativa vigente, pero permitiendo una administración más eficiente de los recursos estatales y una fiscalización más focalizada en los sectores de mayor riesgo fiscal.
En la práctica, la medida implica el fin de uno de los reclamos históricos de comerciantes, industriales y transportistas, que cuestionaban el impacto financiero que generaban estos adelantos impositivos sobre el capital de trabajo, especialmente en un escenario de caída del consumo y retracción económica.
Durante su mensaje legislativo, Passalacqua había planteado la necesidad de sostener la actividad privada y aliviar cargas que afectan la competitividad provincial, en línea con otras herramientas como los programas Ahora y nuevas medidas de incentivo para el comercio y la producción.
El decreto faculta además tanto al Ministerio de Hacienda como a la Agencia Tributaria Misiones a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo esquema, que entró en vigencia de manera inmediata desde su publicación oficial.
La eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en los accesos a Misiones, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua y con vigencia desde el 1 de julio, comenzó a generar las primeras reacciones en el sector comercial. Desde Posadas, el empresario Fernando Vely planteó que la medida no tendrá un impacto directo en los precios en el corto plazo, aunque sí puede mejorar la operatoria entre proveedores y pymes.
En declaraciones a Radio Open 101.7, Vely —comerciante e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas— sostuvo que el cambio responde a un reclamo que el sector venía gestionando desde hace meses, pero llamó a moderar expectativas sobre sus efectos inmediatos.
Una reforma que desarma un esquema de casi dos décadas
La decisión del Gobierno provincial implica el fin del pago a cuenta de Ingresos Brutos en puestos de control como Centinela y El Arco, un sistema vigente desde 2007. La medida se aplicará durante 12 meses como prueba y alcanzará al 95% del padrón de contribuyentes.
Desde el Ejecutivo, se planteó como un paso hacia la simplificación tributaria: los controles quedarán limitados a la verificación documental, mientras que las grandes empresas continuarán con un esquema digital y mensual.
En términos operativos, la exclusión automática del pago a cuenta alcanza a unas 16.500 pymes, lo que modifica la relación fiscal en el ingreso de mercadería a la provincia.
Qué cambia: menos anticipos, pero impacto diferido
Desde la mirada empresaria, la principal modificación no está en el precio final, sino en la dinámica comercial. Vely explicó que el anticipo funcionaba como un costo que los proveedores trasladaban a los precios, aunque no siempre de manera uniforme.
Sin embargo, advirtió que el efecto de la eliminación no será inmediato. “Esto arranca recién en julio y muchas empresas ya hicieron sus compras de temporada”, señaló, aludiendo a la estacionalidad del comercio.
Según detalló, el impacto podría observarse recién en ciclos comerciales posteriores, como la temporada primavera-verano, cuando las nuevas condiciones fiscales comiencen a reflejarse en las listas de precios.
El Gobierno desactiva un eje de conflicto con el sector privado
La medida implica un movimiento político con impacto directo en la relación entre el Gobierno provincial y las cámaras empresarias, que cuestionaban el esquema de anticipos desde hace años.
Al eliminar el cobro en frontera, el Ejecutivo neutraliza uno de los principales reclamos del sector comercial y productivo, al tiempo que busca mejorar el clima para la inversión y la actividad.
En ese contexto, la respuesta empresaria combina respaldo con cautela. Vely reconoció que se trata de una “medida de fondo”, pero insistió en que el problema estructural sigue siendo la carga administrativa y la burocracia.
Alivio operativo más que baja de precios
De acuerdo con lo planteado por el comerciante, el principal beneficio será una mayor fluidez en la relación con proveedores, al eliminar gestiones y anticipos que generaban saldos a favor y tensiones comerciales.
También podría reducirse un recargo puntual —estimado en torno al 3%— en aquellos casos donde el anticipo era trasladado directamente al precio. Sin embargo, ese efecto dependerá de cada proveedor y de si estaba alcanzado por el régimen.
En términos generales, Vely descartó un impacto directo en el bolsillo del consumidor: “No va a tener un impacto en precios”, afirmó.
Uno de los puntos que emerge del análisis es la comparación con mercados cercanos como Corrientes o Chaco. Según el empresario, las diferencias de precios con proveedores de esas provincias estaban, en parte, vinculadas al esquema de anticipos.
La eliminación de ese costo podría contribuir a equiparar condiciones, en un contexto donde el comercio local compite no solo con otras jurisdicciones, sino también con el comercio electrónico.
La presión del e-commerce, según describió, obliga a los comercios a absorber costos para no perder competitividad, lo que limita la capacidad de trasladar cualquier ahorro al precio final.
El municipio de Posadas activó un paquete de medidas fiscales y administrativas con impacto directo en el comercio local, en un contexto de caída de ventas, aumento de costos y cierres en el microcentro. El anuncio, presentado por el secretario de Hacienda Martín Leiva Varela tras una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio, establece bonificaciones impositivas, ampliación de beneficios tributarios y un esquema de regularización de deudas que comenzará a regir con su publicación en el Boletín Oficial.
El dato central: una bonificación del 100% en tasas clave por 12 meses para nuevas habilitaciones entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, junto con una expansión del universo de contribuyentes alcanzados por alivios fiscales. La pregunta de fondo empieza a instalarse: ¿se trata de un giro suficiente para sostener la actividad o apenas de un movimiento defensivo ante una crisis más profunda?
Menos costos, menos burocracia
El diseño del paquete parte de un diagnóstico compartido entre el municipio y el sector privado. “Nos han manifestado en las reuniones previas la difícil situación que vienen atravesando asociado a la caída del volumen de ventas, el incremento de costos y la carga administrativa”, explicó Leiva Varela.
Sobre esa base, el municipio estructuró cuatro ejes. El primero apunta a reducir costos iniciales: “Consiste en otorgar una bonificación del cien por ciento de la tasa de barrido, limpieza y publicidad por el plazo de doce meses para todas aquellas habilitaciones”, detalló el funcionario, con foco en la zona céntrica.
El segundo amplía el acceso a beneficios fiscales. “Se amplía el tope de facturación… pasando de veinte millones a cuatrocientos millones”, indicó, lo que permitirá “incrementar la cantidad de contribuyentes… en al menos dos mil contribuyentes más”.
El tercer componente apunta a la regularización: “Se implementa un régimen de facilidades de pago… con quitas de intereses de no menos del ochenta por ciento y multas del cien por ciento”, explicó.
Y el cuarto eje introduce un cambio operativo relevante: “Se ha procedido a la exclusión automática… de agentes de retención y percepción, lo cual le va a aliviar su carga administrativa”, afirmó.
Para el funcionario, el objetivo es claro: “Aliviar, simplificar procesos y fomentar la actividad económica municipal”.
El trasfondo: caída del consumo y reconversión comercial
Desde la Cámara de Comercio validaron el enfoque, aunque con un diagnóstico más crudo del escenario. “Es un contexto muy complejo, muy competitivo… comercios que se están sosteniendo a duras penas”, señaló su presidente Federico Panozzo.
El dirigente remarcó que las medidas surgen de un trabajo técnico conjunto: “No estar tirando titulares ni pedidos al aire sino trabajar en una mesa de trabajo midiendo el impacto”.
En ese marco, identificó un punto crítico: la carga administrativa. “Para PYMES que puedan dejar de ser agentes es una medida… que termina resultando en costos”, explicó, aludiendo a la necesidad de personal dedicado a tareas impositivas.
El deterioro del microcentro aparece como dato estructural. “Estimamos que hay un treinta por ciento de comercio menos en el microcentro”, advirtió Panozzo. La dinámica no es lineal: hay cierres, pero también reconversiones hacia formatos más chicos. “Se reconvierten en comercios mucho más pequeños”, describió.
Reconfiguración de actores
El paquete posiciona al municipio como actor activo en la contención de la crisis, pero también expone los límites de su intervención. El alivio fiscal amplía el margen de acción de los comercios, pero no resuelve el problema de fondo: la caída de la demanda.
El propio sector lo reconoce. “Las empresas están en crisis real, financiera, con atrasos de compromisos”, sostuvo Panozzo, lo que deja en evidencia que el alivio fiscal puede mejorar márgenes pero no garantiza ventas.
En términos de correlación de fuerzas, la articulación público-privada aparece como un dato relevante. “Lo vemos de manera positiva… porque es un trabajo articulado”, afirmó el dirigente empresario, aunque anticipó que el reclamo escalará a otros niveles: “Queremos seguir trabajando con el gobierno de la provincia… y también con un tema nacional”.
Ese punto introduce una dimensión más amplia: la competitividad regional y la presión impositiva estructural, que exceden al municipio.
Un movimiento táctico en un escenario inestable
El alcance real de las medidas dependerá de su capacidad para alterar comportamientos en el corto plazo. La bonificación para nuevas habilitaciones apunta a reactivar el centro, pero su efectividad estará atada a la expectativa de rentabilidad futura. Nadie invierte solo por pagar menos tasas.
En paralelo, el plan de regularización puede aliviar tensiones financieras inmediatas, aunque no necesariamente modifica la tendencia de fondo si el consumo no repunta.
“Entendemos que esta no es una cuestión que termina acá… es una puerta que se abre”, planteó Leiva Varela, al anticipar un trabajo continuo con el sector privado.
Del lado empresarial, la expectativa es más cauta. Las medidas son valoradas, pero se inscriben en una estrategia defensiva frente a un contexto que sigue tensionando.
El dato que queda flotando es si el alivio fiscal alcanzará para revertir la inercia o si el comercio seguirá reconfigurándose, con menos actores y estructuras más pequeñas. La respuesta no está en una ordenanza ni en un anuncio: se juega en el ritmo del consumo y en la capacidad de adaptación de un sector que ya empezó a cambiar.
