Pymes

Misiones oficializó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en rutas

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El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la suspensión del régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a la provincia y sobre determinadas operaciones vinculadas al transporte de cargas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado el 30 de abril de 2026, y representa uno de los anuncios más esperados por el sector comercial e industrial, luego de que el gobernador Hugo Passalacqua lo anticipara el viernes pasado durante su discurso ante la Legislatura provincial.

Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.

Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.

La decisión instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del sistema previsto en las Resoluciones Generales 56/2007 y 44/2021, que regulaban el pago a cuenta en los puestos de control fiscal sobre rutas.

Hasta ahora, ese mecanismo obligaba a realizar adelantos de Ingresos Brutos sobre productos o mercaderías que ingresaban a Misiones para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito, consignación y también sobre la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el actual contexto macroeconómico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa sobre la dinámica productiva y comercial, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, el decreto sostiene que la operatoria vigente en los puestos de control fiscal, si bien constituye una herramienta válida de fiscalización, genera en determinadas circunstancias costos financieros y administrativos que terminan afectando la actividad económica.

Por eso, el Gobierno consideró necesario avanzar en una simplificación de procedimientos que reduzca la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria Misiones (ATM), sin resignar los objetivos de control y recaudación.

La norma remarca que se trata de una flexibilización transitoria, sin modificar la estructura normativa vigente, pero permitiendo una administración más eficiente de los recursos estatales y una fiscalización más focalizada en los sectores de mayor riesgo fiscal.

En la práctica, la medida implica el fin de uno de los reclamos históricos de comerciantes, industriales y transportistas, que cuestionaban el impacto financiero que generaban estos adelantos impositivos sobre el capital de trabajo, especialmente en un escenario de caída del consumo y retracción económica.

Durante su mensaje legislativo, Passalacqua había planteado la necesidad de sostener la actividad privada y aliviar cargas que afectan la competitividad provincial, en línea con otras herramientas como los programas Ahora y nuevas medidas de incentivo para el comercio y la producción.

El decreto faculta además tanto al Ministerio de Hacienda como a la Agencia Tributaria Misiones a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo esquema, que entró en vigencia de manera inmediata desde su publicación oficial.

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Eliminación de anticipos de IIBB: “No va a tener impacto en ventas ni en el consumo”

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La eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en los accesos a Misiones, anunciada por el gobernador Hugo Passalacqua y con vigencia desde el 1 de julio, comenzó a generar las primeras reacciones en el sector comercial. Desde Posadas, el empresario Fernando Vely planteó que la medida no tendrá un impacto directo en los precios en el corto plazo, aunque sí puede mejorar la operatoria entre proveedores y pymes.

En declaraciones a Radio Open 101.7, Vely —comerciante e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas— sostuvo que el cambio responde a un reclamo que el sector venía gestionando desde hace meses, pero llamó a moderar expectativas sobre sus efectos inmediatos.

Una reforma que desarma un esquema de casi dos décadas

La decisión del Gobierno provincial implica el fin del pago a cuenta de Ingresos Brutos en puestos de control como Centinela y El Arco, un sistema vigente desde 2007. La medida se aplicará durante 12 meses como prueba y alcanzará al 95% del padrón de contribuyentes.

Desde el Ejecutivo, se planteó como un paso hacia la simplificación tributaria: los controles quedarán limitados a la verificación documental, mientras que las grandes empresas continuarán con un esquema digital y mensual.

En términos operativos, la exclusión automática del pago a cuenta alcanza a unas 16.500 pymes, lo que modifica la relación fiscal en el ingreso de mercadería a la provincia.

Qué cambia: menos anticipos, pero impacto diferido

Desde la mirada empresaria, la principal modificación no está en el precio final, sino en la dinámica comercial. Vely explicó que el anticipo funcionaba como un costo que los proveedores trasladaban a los precios, aunque no siempre de manera uniforme.

Sin embargo, advirtió que el efecto de la eliminación no será inmediato. “Esto arranca recién en julio y muchas empresas ya hicieron sus compras de temporada”, señaló, aludiendo a la estacionalidad del comercio.

Según detalló, el impacto podría observarse recién en ciclos comerciales posteriores, como la temporada primavera-verano, cuando las nuevas condiciones fiscales comiencen a reflejarse en las listas de precios.

El Gobierno desactiva un eje de conflicto con el sector privado

La medida implica un movimiento político con impacto directo en la relación entre el Gobierno provincial y las cámaras empresarias, que cuestionaban el esquema de anticipos desde hace años.

Al eliminar el cobro en frontera, el Ejecutivo neutraliza uno de los principales reclamos del sector comercial y productivo, al tiempo que busca mejorar el clima para la inversión y la actividad.

En ese contexto, la respuesta empresaria combina respaldo con cautela. Vely reconoció que se trata de una “medida de fondo”, pero insistió en que el problema estructural sigue siendo la carga administrativa y la burocracia.

Alivio operativo más que baja de precios

De acuerdo con lo planteado por el comerciante, el principal beneficio será una mayor fluidez en la relación con proveedores, al eliminar gestiones y anticipos que generaban saldos a favor y tensiones comerciales.

También podría reducirse un recargo puntual —estimado en torno al 3%— en aquellos casos donde el anticipo era trasladado directamente al precio. Sin embargo, ese efecto dependerá de cada proveedor y de si estaba alcanzado por el régimen.

En términos generales, Vely descartó un impacto directo en el bolsillo del consumidor: “No va a tener un impacto en precios”, afirmó.

Uno de los puntos que emerge del análisis es la comparación con mercados cercanos como Corrientes o Chaco. Según el empresario, las diferencias de precios con proveedores de esas provincias estaban, en parte, vinculadas al esquema de anticipos.

La eliminación de ese costo podría contribuir a equiparar condiciones, en un contexto donde el comercio local compite no solo con otras jurisdicciones, sino también con el comercio electrónico.

La presión del e-commerce, según describió, obliga a los comercios a absorber costos para no perder competitividad, lo que limita la capacidad de trasladar cualquier ahorro al precio final.

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Posadas lanza alivio fiscal y administrativo para comercios en crisis

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El municipio de Posadas activó un paquete de medidas fiscales y administrativas con impacto directo en el comercio local, en un contexto de caída de ventas, aumento de costos y cierres en el microcentro. El anuncio, presentado por el secretario de Hacienda Martín Leiva Varela tras una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio, establece bonificaciones impositivas, ampliación de beneficios tributarios y un esquema de regularización de deudas que comenzará a regir con su publicación en el Boletín Oficial.

El dato central: una bonificación del 100% en tasas clave por 12 meses para nuevas habilitaciones entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, junto con una expansión del universo de contribuyentes alcanzados por alivios fiscales. La pregunta de fondo empieza a instalarse: ¿se trata de un giro suficiente para sostener la actividad o apenas de un movimiento defensivo ante una crisis más profunda?

Menos costos, menos burocracia

El diseño del paquete parte de un diagnóstico compartido entre el municipio y el sector privado. “Nos han manifestado en las reuniones previas la difícil situación que vienen atravesando asociado a la caída del volumen de ventas, el incremento de costos y la carga administrativa”, explicó Leiva Varela.

Sobre esa base, el municipio estructuró cuatro ejes. El primero apunta a reducir costos iniciales: “Consiste en otorgar una bonificación del cien por ciento de la tasa de barrido, limpieza y publicidad por el plazo de doce meses para todas aquellas habilitaciones”, detalló el funcionario, con foco en la zona céntrica.

El segundo amplía el acceso a beneficios fiscales. “Se amplía el tope de facturación… pasando de veinte millones a cuatrocientos millones”, indicó, lo que permitirá “incrementar la cantidad de contribuyentes… en al menos dos mil contribuyentes más”.

El tercer componente apunta a la regularización: “Se implementa un régimen de facilidades de pago… con quitas de intereses de no menos del ochenta por ciento y multas del cien por ciento”, explicó.

Y el cuarto eje introduce un cambio operativo relevante: “Se ha procedido a la exclusión automática… de agentes de retención y percepción, lo cual le va a aliviar su carga administrativa”, afirmó.

Para el funcionario, el objetivo es claro: “Aliviar, simplificar procesos y fomentar la actividad económica municipal”.

El trasfondo: caída del consumo y reconversión comercial

Desde la Cámara de Comercio validaron el enfoque, aunque con un diagnóstico más crudo del escenario. “Es un contexto muy complejo, muy competitivo… comercios que se están sosteniendo a duras penas”, señaló su presidente Federico Panozzo.

El dirigente remarcó que las medidas surgen de un trabajo técnico conjunto: “No estar tirando titulares ni pedidos al aire sino trabajar en una mesa de trabajo midiendo el impacto”.

En ese marco, identificó un punto crítico: la carga administrativa. “Para PYMES que puedan dejar de ser agentes es una medida… que termina resultando en costos”, explicó, aludiendo a la necesidad de personal dedicado a tareas impositivas.

El deterioro del microcentro aparece como dato estructural. “Estimamos que hay un treinta por ciento de comercio menos en el microcentro”, advirtió Panozzo. La dinámica no es lineal: hay cierres, pero también reconversiones hacia formatos más chicos. “Se reconvierten en comercios mucho más pequeños”, describió.

Reconfiguración de actores

El paquete posiciona al municipio como actor activo en la contención de la crisis, pero también expone los límites de su intervención. El alivio fiscal amplía el margen de acción de los comercios, pero no resuelve el problema de fondo: la caída de la demanda.

El propio sector lo reconoce. “Las empresas están en crisis real, financiera, con atrasos de compromisos”, sostuvo Panozzo, lo que deja en evidencia que el alivio fiscal puede mejorar márgenes pero no garantiza ventas.

En términos de correlación de fuerzas, la articulación público-privada aparece como un dato relevante. “Lo vemos de manera positiva… porque es un trabajo articulado”, afirmó el dirigente empresario, aunque anticipó que el reclamo escalará a otros niveles: “Queremos seguir trabajando con el gobierno de la provincia… y también con un tema nacional”.

Ese punto introduce una dimensión más amplia: la competitividad regional y la presión impositiva estructural, que exceden al municipio.

Un movimiento táctico en un escenario inestable

El alcance real de las medidas dependerá de su capacidad para alterar comportamientos en el corto plazo. La bonificación para nuevas habilitaciones apunta a reactivar el centro, pero su efectividad estará atada a la expectativa de rentabilidad futura. Nadie invierte solo por pagar menos tasas.

En paralelo, el plan de regularización puede aliviar tensiones financieras inmediatas, aunque no necesariamente modifica la tendencia de fondo si el consumo no repunta.

“Entendemos que esta no es una cuestión que termina acá… es una puerta que se abre”, planteó Leiva Varela, al anticipar un trabajo continuo con el sector privado.

Del lado empresarial, la expectativa es más cauta. Las medidas son valoradas, pero se inscriben en una estrategia defensiva frente a un contexto que sigue tensionando.

El dato que queda flotando es si el alivio fiscal alcanzará para revertir la inercia o si el comercio seguirá reconfigurándose, con menos actores y estructuras más pequeñas. La respuesta no está en una ordenanza ni en un anuncio: se juega en el ritmo del consumo y en la capacidad de adaptación de un sector que ya empezó a cambiar.

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Inflación del 3,4%: ¿Cómo impacta en las pymes argentinas?

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El dato de inflación de marzo del 3,4% -el más alto de los últimos doce meses-, no es simplemente un indicador macroeconómico negativo. Para las pequeñas y medianas empresas argentinas representa una nueva señal de alarma en un escenario que ya es extremadamente complejo. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre alcanzó el 9,4% y la interanual llegó al 32,6%.

Para una pyme, la inflación no es un número técnico que se analiza en una planilla. Es el aumento diario de costos, la incertidumbre sobre la reposición de mercadería, la dificultad para sostener precios competitivos y la imposibilidad de proyectar a mediano plazo.

La problemática se agrava porque esta nueva aceleración inflacionaria no ocurre en un contexto de crecimiento o recuperación de la actividad. Se desarrolla en una economía enfriada, con consumo debilitado, ventas retraídas y márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.

“Ese es hoy el verdadero drama pyme en Argentina: suben los costos, pero no suben las ventas. Miles de empresarios bonaerenses enfrentan una ecuación insostenible. Deben absorber incrementos constantes en alquileres, servicios, logística, salarios, insumos y presión tributaria, mientras operan en un mercado donde el consumidor perdió capacidad de compra y restringe cada vez más sus decisiones de consumo.”, señala Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA (Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires).

La inflación de marzo volvió a mostrar presión en alimentos y transporte, entre otros rubros que impactan directamente en la estructura operativa de las empresas. “En este contexto, muchas pymes ya no discuten cómo crecer. Hoy el objetivo es sostenerse. La pregunta es ¿hasta cuándo podrán sobrevivir? Muchas ya murieron, un día no levantaron sus persianas y miles de familias trabajadoras quedaron en la calle. Esto es algo que vemos todos los meses.”, agrega Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA.

Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA

Cada mes de inflación en aumento deteriora capital de trabajo, posterga inversiones, obliga a financiar stock más caro, encarece el crédito y erosiona la previsibilidad necesaria para producir y generar empleo.

“No es un fenómeno nuevo en la Argentina, es algo que se viene dando desde hace décadas. Lo que ocurre es que durante esta gestión se le pidió al sector pyme un mayor sacrificio para lograr un descenso inflacionario sostenido; pero lo que vemos es un proceso de estancamiento con una inflación que durante los últimos meses sube y sube.”, agrega Kahale.

“Desde FEBA advertimos con preocupación que muchas empresas están ingresando en una etapa de supervivencia estructural. Ya no se trata de una coyuntura difícil o de una turbulencia pasajera: el empresariado pyme enfrenta un proceso prolongado de desgaste, en el que sostener la actividad se vuelve cada vez más costoso y menos rentable.”, sostiene.

La inflación del 3,4% no es sólo una mala noticia estadística. Es una confirmación de que el sector productivo sigue operando bajo enorme presión y con márgenes cada vez más estrechos. Porque mientras los indicadores se debaten en la macro, en la economía real miles de pymes argentinas siguen haciendo equilibrio para no caer.

“Y ninguna economía puede crecer de manera sostenible si quienes generan empleo, inversión y producción están permanentemente al borde de la asfixia.”, concluye Camilo Alberto Kahale. 

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De negocio familiar a oportunidad de emprender para más de 100.000 personas: la historia argentina detrás del sueño

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Desde sus inicios, la compañía tuvo una visión clara: crear una empresa de belleza que combine negocio, impacto social y oportunidades de desarrollo. El origen está ligado a una convicción personal. Su fundador, Luis Troncha, buscaba crear una compañía que permitiera a las personas emprender, generar ingresos y ser dueñas de su tiempo. Esa idea inicial no solo dio forma al negocio, sino que definió su propósito. “Bagués nace de un sueño emprendedor muy claro: construir una empresa que genere oportunidades reales. Mi padre entendía que el negocio tenía que ser una herramienta para que otras personas puedan crecer”, señala Martín Troncha, CEO de la compañía y miembro de la familia fundadora.

Así fue que desde el inicio, el proyecto tuvo un diferencial: no se trataba únicamente de comercializar productos de belleza, sino de desarrollar un modelo que combinara calidad, cercanía y una red de personas con posibilidades concretas de progreso. En ese contexto, la empresa identificó una doble necesidad: por un lado, el acceso a productos de belleza y bienestar accesibles; por otro, la demanda de miles de personas por generar ingresos de manera flexible y sin grandes barreras de entrada. El modelo de venta directa se convirtió así en el canal natural para responder a ambas.

Los primeros años estuvieron marcados por un crecimiento gradual, sostenido en la cercanía, la confianza y el desarrollo de una red que integraba producto, capacitación y acompañamiento. El primer gran desafío llegó al transformar ese emprendimiento familiar en un modelo escalable y profesionalizado: “el gran desafío fue crecer sin perder la esencia. Apostamos a un modelo integral, donde producto, red y acompañamiento evolucionen juntos. Esa coherencia fue lo que nos permitió consolidarnos”, explica Troncha.

En ese camino, la consolidación de su planta productiva en Merlo, San Luis, marcó un punto de inflexión. Allí se elaboran más de 400 productos entre fragancias y cosméticos, en un entorno reconocido por su calidad ambiental, donde la naturaleza funciona como fuente de inspiración para el desarrollo de propuestas de belleza y bienestar.

El crecimiento de Bagués se dio de manera progresiva, pero sostenida. La expansión territorial de su red de emprendedores la convirtió en una empresa con presencia verdaderamente federal. Hoy cuenta con más de 100.000 emprendedores en todo el país. “Lo que más valoramos es la comunidad que se fue construyendo. Hoy somos una red que conecta a miles de personas con oportunidades concretas de desarrollo, y eso es lo que le da sentido a todo lo que hacemos”, agrega el CEO.

Más que un momento puntual, la consolidación de la compañía fue el resultado de un proceso de profesionalización que incluyó la evolución de sus operaciones, la construcción de una cultura organizacional y el fortalecimiento de su red, sin perder la cercanía de sus orígenes. En paralelo, la empresa fue ampliando su propuesta hacia un modelo que excede lo comercial. Hoy, su diferencial radica en ofrecer un ecosistema de desarrollo que incluye formación, herramientas de gestión y acompañamiento continuo.

En esa línea, la certificación como Empresa B marcó un nuevo hito. El proceso implicó validar prácticas vinculadas al impacto social, ambiental y de gobernanza, formalizando una visión de largo plazo. “Ser Empresa B no es un punto de llegada, sino un compromiso. Implica medirnos, mejorar y entender que el crecimiento tiene que ir de la mano del impacto positivo que generamos”, sostiene Troncha.

De cara al futuro, la compañía proyecta su crecimiento sobre tres ejes: innovación en producto, fortalecimiento del ecosistema emprendedor y profundización de su impacto. “Queremos seguir escalando este modelo, llegar a más personas y consolidarnos como una empresa argentina que combina negocio con propósito. Crecer, para nosotros, es generar más oportunidades”, concluye.

En un contexto donde el trabajo independiente y los modelos flexibles ganan protagonismo, historias como la de Bagués reflejan cómo un emprendimiento puede evolucionar hacia una red de alcance nacional, combinando desarrollo económico con impacto social.

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