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La UIA advierte caída en producción y ventas en más del 50% de las fábricas

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La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió este miércoles un dato que agrega presión al frente económico del Gobierno: el 53,3% de las empresas redujo su producción y el 54,7% registró caídas en ventas internas durante enero de 2026. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 36,5 puntos, con una baja de 7,5 puntos respecto del relevamiento anterior y 5,6 puntos menos que en enero del año pasado.

La publicación llega días después del duro cruce entre la central fabril y el presidente Javier Milei tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En ese contexto, el informe no es solo estadístico: funciona como respuesta institucional y señal política en medio de una discusión abierta sobre competitividad, apertura comercial y costos locales. ¿Se trata de un diagnóstico técnico o de una advertencia en plena disputa por el rumbo industrial?

Producción en retroceso y mercado interno debilitado

El relevamiento muestra un deterioro generalizado. Más de la mitad de las firmas consultadas reportó una caída en su nivel de producción frente al promedio del cuarto trimestre de 2025. En ventas internas, apenas el 13,3% registró aumentos, uno de los valores más bajos de la serie histórica.

En exportaciones, el 30% de las empresas informó descensos y el 14,3% incrementos, sin cambios significativos frente a encuestas anteriores. El dato revela que la debilidad no se limita al mercado doméstico, aunque la demanda interna sigue siendo el principal factor de contracción.

El estudio también expone tensiones financieras. El 45,6% de las compañías tuvo dificultades para cumplir con al menos uno de sus compromisos: salarios, proveedores, servicios públicos, impuestos o deudas financieras. Dentro de ese grupo, el 5,4% acumuló atrasos en todos los rubros. Las consecuencias fueron directas: el 39,8% afrontó mayores costos financieros e intereses y el 38,1% recurrió a financiamiento de corto plazo.

Empleo, PyMEs y presión importadora

El impacto en el empleo industrial aparece como moderado pero persistente. El 22,2% de las empresas redujo su plantel. Entre ellas, el 50% aplicó disminución directa de personal, el 41,4% recortó turnos y el 22,9% implementó suspensiones. En la proyección a doce meses, el 26% prevé nuevas reducciones y el 19,4% anticipa aumentos.

Las PyMEs muestran mayor fragilidad en producción y ventas. El Índice de Difusión fue de -43,3 puntos en micro y pequeñas empresas frente a -34,8 en medianas y grandes para producción. En ventas, la brecha se amplía: -46,5 contra -30,8 puntos. En empleo, el ajuste fue más marcado en medianas y grandes (-18,5) que en micro y pequeñas (-13,3).

El dato que reconfigura el debate es la preocupación por las importaciones. La dificultad para competir con bienes importados pasó de no registrarse en octubre de 2024 a representar el 19,4% en enero de 2026. En paralelo, la caída de la demanda interna continúa como principal problema, mencionada por el 46,1% de las empresas. Los costos, que en enero de 2025 lideraban con 40,6%, descendieron al 19,7% y dejaron de ocupar el primer lugar.

La combinación de apertura comercial y apreciación cambiaria aparece en el centro de la discusión. Para el sector industrial, la presión externa crece mientras el mercado interno no reacciona.

Correlación de fuerzas y agenda económica

El informe fortalece la posición negociadora de la UIA en su disputa con el Ejecutivo. La central fabril instala en la agenda pública un cuadro de deterioro productivo que interpela directamente la estrategia económica del Gobierno. A la vez, el oficialismo mantiene su crítica sobre precios internos y competitividad estructural.

En términos políticos, el diagnóstico condiciona el debate legislativo y la agenda de reformas. Si la caída se profundiza, la presión por medidas sectoriales o ajustes en la política comercial podría intensificarse. También impacta en la gobernabilidad económica: menos producción y empleo tensionan la recaudación y el consumo.

Las expectativas reflejan un enfriamiento del optimismo empresario. El 47,8% prevé mejoras en su situación económica, frente al 60,4% del relevamiento anterior. Sobre el contexto nacional, el 51% espera avances, contra el 68,6% previo. La tendencia es descendente.

Un escenario en disputa

La industria atraviesa un momento delicado, atravesado por estacionalidad de enero pero también por señales de desaceleración persistente. El Gobierno sostiene su estrategia de apertura y disciplina macroeconómica; la UIA advierte sobre el impacto en producción y empleo.

En las próximas semanas será clave observar si el deterioro se mantiene en febrero y marzo, meses menos afectados por paradas de planta. También si el diálogo institucional se recompone o si la tensión escala hacia un conflicto más abierto en el Congreso y en la agenda pública.

La discusión ya dejó de ser técnica. Se convirtió en un debate de poder sobre el modelo productivo y el equilibrio entre apertura, competitividad y protección del entramado industrial. El resultado todavía está en construcción.

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Cómo crear empleos para los 1200 millones de nuevos trabajadores del mundo

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El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advierte por una brecha de 800 millones de empleos y lleva el debate al G7 y el G20. Banga plantea que el desafío demográfico es económico y de seguridad nacional

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, puso sobre la mesa una cifra que reconfigura la agenda global: en los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, pero las tendencias actuales indican que solo se crearán unos 400 millones de empleos. La brecha potencial de 800 millones no es, según su planteo, un problema sectorial ni una consigna de desarrollo; es un desafío económico estructural y, cada vez más, de seguridad nacional.

El diagnóstico adquiere relevancia política en un calendario marcado por foros internacionales. Tras pasar casi inadvertido en la última reunión de Davos, el tema podría emerger con mayor fuerza en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las cumbres del G7 y el G20. La tensión es clara: ¿los líderes priorizarán las crisis inmediatas o asumirán una “fuerza de baja frecuencia” que, si se ignora, puede derivar en inestabilidad sistémica?

Demografía, empleo y arquitectura institucional

Banga enmarca el fenómeno dentro de transformaciones de largo plazo como los cambios demográficos, la globalización y la escasez de recursos. A diferencia de guerras o crisis financieras —que dominan titulares—, el crecimiento acelerado de la población joven en economías en desarrollo avanza sin estridencias, pero con impacto acumulativo.

El planteo institucional del Grupo Banco Mundial se estructura en tres pilares. Primero, crear infraestructura física y humana. Sin electricidad confiable, transporte, educación y salud, la inversión privada no se traduce en empleo. El ejemplo citado es un centro de formación en Bhubaneswar, India, que capacita a casi 38.000 personas al año en alianza con el Gobierno y el sector privado, alineando habilidades con demanda real del mercado.

Segundo, promover un entorno regulatorio previsible. Normas claras y marcos estables reducen incertidumbre y habilitan la expansión de empresas, especialmente microemprendimientos y pymes, responsables de la mayor parte del empleo.

Tercero, facilitar crecimiento empresarial mediante capital accionario, financiamiento, garantías y seguros contra riesgos políticos. Se menciona un esquema reciente de garantía para financiamiento comercial del Banco do Brasil, que libera aproximadamente USD 700 millones para pequeñas compañías brasileñas, en particular del sector agrícola.

La estrategia focaliza en cinco sectores con alto potencial de empleo: infraestructura y energía, agroindustria, atención primaria de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado. No se trata de una expansión indiscriminada, sino de asignación selectiva de recursos limitados.

Impacto político y correlación global

La advertencia tiene implicancias directas para la gobernabilidad de los países en desarrollo. Si 1200 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral y solo 400 millones encuentran empleo, la presión sobre instituciones, migración irregular y conflictos se vuelve previsible. El empleo funciona como amortiguador social.

Para economías desarrolladas, el razonamiento es pragmático. Hacia 2050, más del 85 % de la población mundial vivirá en países en desarrollo. Eso implica la mayor expansión histórica de fuerza laboral y, al mismo tiempo, del universo de consumidores y mercados. Desde esta óptica, invertir en empleo no es altruismo; es una apuesta por estabilidad de cadenas de suministro, reducción de presiones migratorias y ampliación de demanda global.

El sector privado aparece como actor central. La creación de empleo a gran escala depende de su capacidad de inversión. El rol de las instituciones de desarrollo, según el planteo, es reducir riesgos reales y percibidos para catalizar capital.

La correlación de fuerzas en foros como el G7 y el G20 será clave. Si las potencias priorizan seguridad tradicional sobre seguridad económica y social, el desafío puede quedar relegado. Si lo incorporan como eje estratégico, el financiamiento y las reformas regulatorias podrían acelerarse.

Un dilema de anticipación

La tesis es sencilla pero exigente: actuar temprano o enfrentar consecuencias acumuladas. La expansión demográfica no es una hipótesis; es una proyección basada en tendencias firmes. El interrogante es político.

En los próximos meses habrá que observar si los compromisos multilaterales incorporan metas concretas de generación de empleo, si se amplían garantías financieras y si los países en desarrollo adoptan reformas regulatorias que faciliten inversión privada.

La decisión no es sobre si la demografía moldeará el futuro. Eso ya ocurre. La discusión gira en torno a si la comunidad internacional convertirá esa presión en motor de crecimiento o permitirá que derive en inestabilidad. En ese margen se juega buena parte del equilibrio económico y político de las próximas décadas.

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El Gobierno activa el RIMI y redefine el tablero laboral y fiscal del agro

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El 2 de marzo de 2026, en el marco de la reciente Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía puso en marcha el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema que apunta a movilizar capital productivo en el agro con beneficios fiscales y cambios en las reglas laborales. El nuevo instrumento complementa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fija un rango de acceso que va desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 9.000.000 para medianas tramo 2.

El movimiento no es técnico. Es político. El Gobierno busca ampliar la base de inversión más allá de los grandes proyectos y enviar una señal directa a las PyMEs agroindustriales. La pregunta es si el paquete fiscal y laboral alcanza para traducirse en desembolsos concretos o si quedará condicionado por el contexto macro.

Incentivos fiscales: amortización acelerada y alivio en IVA

El RIMI concentra su foco en inversiones productivas: adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el impuesto a las ganancias y obras afectadas a la producción. La novedad es doble.

Por un lado, no fija mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Por otro, establece una amortización acelerada: una cuota para inversiones estratégicas sin mínimo y dos cuotas para bienes muebles.

Además, habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA a los tres períodos fiscales mensuales, reduciendo el plazo financiero habitual. En paralelo, baja la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego destinados al sector agroindustrial.

El esquema incorpora también una modificación en la valuación de hacienda para establecimientos de invernada y engorde a corral, con impacto directo en el cálculo del impuesto a las ganancias. La medida reduce el resultado por tenencia en cada ejercicio, lo que mejora el flujo impositivo de esas explotaciones.

En términos prácticos, el Ejecutivo combina alivio fiscal, mejora en liquidez y señales sectoriales específicas. La estrategia apunta a incentivar inversión real, no solo planificación tributaria.

Reforma laboral: cambios en subcontratación y contratos temporarios

El RIMI se inscribe en una reforma más amplia del régimen de trabajo agrario. La legislación modificó la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registre el vínculo laboral y limitando la responsabilidad solidaria.

También amplió el período de prueba a ocho meses y aseguró la temporalidad de contratos sucesivos en tareas estacionales. Las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario quedaron eliminadas como referencia autónoma y pasaron al esquema de convenciones colectivas, incluyendo remuneración por rendimiento.

Además, el nuevo marco establece compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad en la percepción de asignaciones familiares.

El mensaje institucional es claro: modernizar la contratación en el campo, reducir litigiosidad potencial y flexibilizar mecanismos para adaptarlos a ciclos productivos.

Correlación de fuerzas y agenda productiva

El RIMI refuerza la posición del Gobierno frente a sectores productivos que reclamaban reglas más previsibles para invertir. Las PyMEs agroindustriales aparecen como el actor central del esquema.

Al mismo tiempo, la modificación del régimen laboral puede reordenar equilibrios en la negociación colectiva y reconfigurar el vínculo entre empleadores y trabajadores rurales.

En el plano económico, la reducción de cargas y la amortización acelerada implican resignación de recursos fiscales en el corto plazo. El Ejecutivo apuesta a que la mayor inversión compense esa merma vía expansión de producción y formalización.

El complemento con el RIGI sugiere una estrategia integral: captar grandes proyectos y, en paralelo, dinamizar el entramado de medianas y pequeñas empresas. El desafío será que ambos regímenes no generen distorsiones competitivas internas.

Inversión real o ventana fiscal

La efectividad del RIMI dependerá de variables que exceden el texto legal: estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y expectativas de rentabilidad.

En las próximas semanas será clave observar el volumen de proyectos presentados y la velocidad de adhesión de PyMEs. También cómo impactan los cambios laborales en la dinámica de contratación en plena campaña productiva.

El Gobierno movió una ficha relevante en el tablero agroindustrial. El marco normativo ya está definido. Falta comprobar si el sector responde con inversión efectiva o si el incentivo funciona como herramienta defensiva en un contexto todavía en transición.

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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