Recaudación Tributaria

El Gobierno incumplió la meta fiscal con el FMI tras el déficit de junio

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El resultado fiscal de junio marcó un punto de inflexión para la estrategia económica del Gobierno nacional. Luego de varios meses exhibiendo el superávit como principal activo de la política macroeconómica, el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes del año con un déficit superior a los $1 billón, un resultado que derivó en el incumplimiento de la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer semestre de 2026.

El acuerdo vigente establecía un superávit acumulado de $6,9 billones entre enero y junio. Sin embargo, con el resultado negativo de junio, el Gobierno finalizó el semestre con un saldo de aproximadamente $6,3 billones, unos $570.000 millones por debajo del objetivo pactado, lo que obligaría a solicitar un waiver —la dispensa que el FMI concede cuando un país no alcanza una meta cuantitativa, aunque considera que el programa mantiene consistencia general— durante la próxima revisión del acuerdo.

El deterioro de las cuentas públicas en junio respondió a una combinación de factores extraordinarios y estacionales. El déficit del SPN alcanzó los $1.024.891 millones, explicado por una caída de los ingresos tributarios, el pago del medio aguinaldo, mayores erogaciones vinculadas a subsidios energéticos y la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó gran parte de la menor recaudación precisamente al cambio en el calendario tributario. Según explicó, el corrimiento del vencimiento de las declaraciones juradas desde junio hacia julio redujo transitoriamente los ingresos fiscales del sexto mes del año, efecto que podría revertirse cuando esos recursos ingresen efectivamente al Tesoro.

No obstante, distintos economistas advierten que la explicación no se limita al calendario impositivo. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que el Gobierno también enfrentó mayores dificultades para continuar ajustando el gasto público, debido tanto al incremento de las prestaciones como al aumento de las transferencias destinadas a subsidios energéticos.

El comportamiento de la recaudación también refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación suficientemente robusta. Durante junio, los ingresos tributarios registraron una caída superior al 10% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, una señal que comienza a generar interrogantes sobre la capacidad de sostener el equilibrio fiscal únicamente mediante el ajuste del gasto.

Desde GMA Capital sostienen que el desvío es relativamente acotado y no compromete el principal ancla macroeconómica del programa económico. Sin embargo, advierten que reduce el margen de maniobra para la segunda mitad del año y obliga a que el crecimiento económico comience a traducirse en una recuperación genuina de la recaudación tributaria. En otras palabras, la consolidación fiscal dependerá cada vez menos de los recortes presupuestarios y más del desempeño de la actividad económica.

En la misma línea, Fausto Spotorno consideró que el incumplimiento responde principalmente a un fenómeno estacional y sostuvo que el objetivo central será alcanzar la meta anual comprometida con el organismo internacional, más que el cumplimiento estricto del resultado semestral.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, coincidió en que el desvío es reducido y estimó que el Gobierno buscará compensarlo durante los próximos meses mediante una mejora en la recaudación asociada a una recuperación gradual del nivel de actividad.

El contexto adquiere mayor relevancia porque hacia fines de julio está prevista una nueva revisión del programa con el FMI, instancia que podría habilitar un desembolso superior a los US$680 millones. En ese marco, también se espera la visita a la Argentina de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, autoridades del Ministerio de Economía y representantes del sector privado.

Más allá del incumplimiento puntual, el episodio refleja una nueva etapa para la política fiscal argentina. Tras varios meses en los que el ajuste del gasto permitió alcanzar resultados históricos, el desafío comienza a desplazarse hacia la generación de ingresos sostenibles en un contexto de menor inflación, desaceleración tributaria y recuperación económica todavía heterogénea. El equilibrio fiscal ya no dependerá exclusivamente de la disciplina presupuestaria, sino también de la capacidad del crecimiento para ampliar la base tributaria sin recurrir a mayores cargas impositivas.

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La recaudación tributaria en junio fue de $20 billones y el retroceso real fue de casi 8%

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La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar señales de desaceleración en junio, luego del alivio transitorio registrado en mayo por el impacto del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las empresas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó ingresos por $20,017 billones, un aumento nominal interanual del 23,7%, aunque ese incremento quedó muy por debajo de la inflación, lo que implica una caída real cercana al 8%, según estimaciones privadas.

El dato confirma que el proceso de reducción de impuestos impulsado por el Gobierno nacional, junto con modificaciones en el calendario fiscal y un menor dinamismo del comercio exterior, continúa impactando sobre los ingresos del Estado. Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9%, la recaudación tributaria nacional registró una baja real interanual del 7,4%.

ARCA explicó que el principal factor detrás del resultado fue la fuerte caída de los recursos provenientes del comercio exterior. En particular, los derechos de exportación disminuyeron por dos motivos: la elevada base de comparación de junio de 2025, cuando los exportadores adelantaron liquidaciones por el vencimiento del esquema transitorio de retenciones, y la reducción de las alícuotas vigentes para los principales cultivos agrícolas durante este año. También incidió la desaceleración de las importaciones respecto del fuerte crecimiento registrado un año atrás.

A ello se sumó un factor administrativo. El organismo recordó que el vencimiento para la presentación y el pago del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas fue prorrogado hacia julio de 2026, desplazando ingresos que el año pasado habían impactado en junio.

La mayor contracción se observó en los derechos de exportación. ARCA informó una recaudación de $881.128 millones, equivalente a una caída nominal interanual del 27,8%, mientras que el IARAF estima un desplome real del 45,9%. El organismo atribuyó el resultado tanto a la reducción de las retenciones sobre soja, trigo, maíz, cebada y girasol como a la comparación con un mes excepcionalmente elevado en 2025.

El Impuesto a las Ganancias también mostró un desempeño moderado. La recaudación alcanzó los $3,21 billones, con un incremento nominal del 11,3%, uno de los más bajos entre los principales tributos. Si bien el ingreso del primer anticipo correspondiente a sociedades con cierre diciembre impulsó parcialmente los recursos, el efecto fue compensado por la postergación del vencimiento para personas humanas y por un mayor uso de saldos a favor acumulados por los contribuyentes.

El IVA, principal fuente de recursos tributarios, recaudó $6,55 billones y creció 28,2% nominal interanual. Sin embargo, descontando la inflación, el IARAF calcula que registró una caída real del 4%, reflejando una actividad económica que continúa recuperándose de manera heterogénea y un consumo aún por debajo de los niveles necesarios para sostener una expansión de la base tributaria.

Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social alcanzaron $4,59 billones, con una suba nominal del 29,6%. Según ARCA, el incremento respondió al crecimiento de la remuneración bruta promedio, aunque fue parcialmente compensado por una mayor adhesión a planes de facilidades de pago. El IARAF estima que, en términos reales, este rubro cayó 2,9%, influido por la evolución del empleo registrado y de los salarios reales.

Entre los pocos tributos que exhibieron mejoras reales sobresalen el Impuesto a los Combustibles y Bienes Personales. El primero recaudó $674.831 millones, con un incremento nominal del 70,4%, explicado principalmente por las actualizaciones del gravamen. Bienes Personales, por su parte, alcanzó $1,71 billones y creció 46,2% interanual, favorecido por el vencimiento correspondiente a acciones y participaciones societarias, aunque también afectado parcialmente por la prórroga para personas humanas.

El desempeño de junio refleja, además, uno de los principales desafíos del programa económico. La estrategia oficial de reducir la presión tributaria sobre el sector exportador y estimular la actividad productiva tiene un costo inmediato sobre la caja fiscal, mientras el Gobierno apuesta a compensarlo mediante un mayor crecimiento económico, mejoras en la formalización y un incremento de la base imponible.

Con ingresos acumulados por $109,57 billones durante el primer semestre, equivalentes a un crecimiento nominal del 25,9% respecto del mismo período del año pasado, la evolución de la recaudación durante la segunda mitad del año será un indicador clave para evaluar si la expansión de la actividad logra reemplazar el efecto de la reducción de impuestos sin comprometer el objetivo oficial de equilibrio fiscal.

Informe Recaudación Argentina Junio ARCA by CristianMilciades

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El Gobierno volvió a cerrar mayo con superávit financiero y acumula saldo positivo equivalente al 0,2% del PBI

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El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit financiero de $478.613 millones y un resultado primario positivo de $1,92 billones. En los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno acumuló un superávit financiero del 0,2% del PBI y reafirmó el equilibrio fiscal como principal ancla del programa económico.

El Gobierno nacional volvió a exhibir un resultado positivo en las cuentas públicas durante mayo y consolidó el superávit fiscal como uno de los pilares de su estrategia macroeconómica. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, incluso después de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.445.754 millones, netos de las tenencias intra sector público.

Con este desempeño, el resultado acumulado de los primeros cinco meses de 2026 alcanza un superávit primario equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI, un dato que el Ejecutivo presenta como una ratificación de la política de equilibrio fiscal implementada desde el inicio de la gestión.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron durante mayo a $14,53 billones, con un incremento interanual nominal del 27,8%. Dentro de ese desempeño, los recursos tributarios crecieron un 30% respecto del mismo mes del año anterior.

El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó un 72,5% interanual, compensando parcialmente la caída observada en los Derechos de Exportación, que retrocedieron 17,4% como consecuencia de una menor recaudación por retenciones.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que la evolución de los ingresos continúa respaldando el objetivo de sostener el equilibrio fiscal sin recurrir al financiamiento monetario del déficit.

El gasto primario cayó en términos reales, aunque crecieron las prestaciones sociales

Durante mayo, el gasto primario alcanzó los $12,61 billones, con un incremento nominal del 30,3% interanual. No obstante, descontando la inflación, el Gobierno sostiene que el gasto primario registró una reducción real del 2,2%.

Dentro de la estructura del gasto sobresale el comportamiento de las prestaciones sociales, que totalizaron $8,38 billones y crecieron 33,2% en términos nominales.

El informe oficial remarca que algunas partidas continuaron expandiéndose en términos reales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un crecimiento real del 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron una mejora del 1,2%.

Las remuneraciones del sector público, por su parte, ascendieron a $1,62 billones, con una variación nominal del 26,9%.

Universidades, energía y transporte explicaron buena parte de las transferencias

Las transferencias corrientes totalizaron $4,49 billones durante mayo.

Dentro de ese universo, las destinadas al sector público crecieron 47,4% interanual, impulsadas principalmente por un incremento del 89,1% en las partidas asignadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios económicos, el Estado destinó $784.178 millones, con un aumento del 6,8% respecto del mismo período del año anterior.

La mayor parte de esos recursos correspondió al sector energético, que recibió $523.417 millones, mientras que el transporte absorbió otros $258.687 millones.

En paralelo, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, manteniéndose prácticamente estable respecto del mes previo y reflejando la continuidad del criterio de fuerte contención de la inversión pública.

Transferencia extraordinaria del Banco Central para reducir deuda del Tesoro

Uno de los datos relevantes del informe fiscal fue la transferencia de utilidades realizada por el Banco Central correspondiente a los resultados del ejercicio 2025.

El monto alcanzó los $24,4 billones y, según precisó el Ministerio de Economía, esos recursos fueron destinados principalmente a cancelar deuda que el Tesoro mantenía con la autoridad monetaria, una estrategia orientada a mejorar la composición del balance del sector público sin incrementar el gasto corriente.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el resultado de mayo vuelve a confirmar la vigencia del denominado “ancla fiscal”, considerada por el Gobierno como la principal herramienta para sostener la desaceleración de la inflación y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La administración de Javier Milei argumenta que el mantenimiento del superávit permite avanzar gradualmente en la reducción de la presión tributaria y devolver recursos al sector privado, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal y menor intervención del Estado en la economía.

Con cinco meses consecutivos de resultados acumulados positivos, el Gobierno busca consolidar una señal de disciplina fiscal en un contexto donde la evolución de la actividad económica, la recaudación y el financiamiento seguirán siendo variables determinantes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante el resto del año.

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ARCA endurece los controles sobre el Impuesto a las Ganancias y rechaza deducciones inconsistentes de trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó los controles sobre las deducciones declaradas por empleados en relación de dependencia en el Impuesto a las Ganancias, luego de detectar inconsistencias en las presentaciones correspondientes al período fiscal 2025. La decisión se produce en un contexto de creciente presión por mejorar la recaudación tributaria y coincide con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ampliar la base de contribuyentes alcanzados por el gravamen.

Las primeras fiscalizaciones apuntan especialmente a trabajadores de mayores ingresos que habrían incorporado como deducibles gastos que la normativa no contempla. Entre los casos detectados figuran importantes erogaciones en indumentaria, gastos vinculados a vehículos y aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), conceptos que, en muchos casos, no cumplen con los requisitos legales para reducir la carga tributaria.

Según pudo conocerse, ARCA comenzó a enviar notificaciones a empleados cuyos formularios SIRADIG y las liquidaciones anuales F1359 presentan diferencias o inconsistencias. En esos avisos, el organismo informa que, tras revisar la documentación presentada, detectó deducciones que podrían resultar improcedentes y solicita la rectificación correspondiente. De no corregirse, el efecto inmediato será una mayor retención del Impuesto a las Ganancias.

Vestimenta, vehículos y otros gastos bajo la lupa

Uno de los principales focos de control está puesto sobre las deducciones por gastos de vestimenta. La legislación únicamente admite este concepto cuando la indumentaria está directamente vinculada con la actividad laboral y siempre que el empleador no asuma ese costo, como ocurre, por ejemplo, con uniformes o ropa de trabajo específica.

Sin embargo, especialistas del ámbito tributario señalaron que algunos empleados, particularmente en cargos jerárquicos o gerenciales, habrían declarado gastos millonarios en ropa como mecanismo para reducir la base imponible del impuesto. Incluso trascendieron casos de deducciones por indumentaria que superarían los $31 millones.

También quedaron bajo revisión las deducciones por gastos de vehículos. La normativa establece que este beneficio corresponde exclusivamente a quienes desarrollan efectivamente actividades como corredores o viajantes de comercio, por lo que no puede aplicarse de manera generalizada a cualquier trabajador que utilice un automóvil en el ejercicio de sus funciones.

Otro de los conceptos observados corresponde a aportes realizados a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), cuya deducción también está sujeta a condiciones específicas previstas en la legislación vigente.

Un mayor control para elevar la recaudación

El endurecimiento de los controles se enmarca en una estrategia orientada a reducir prácticas consideradas abusivas dentro del sistema de deducciones personales.

Si bien el régimen permite descontar determinados gastos para calcular el impuesto, la utilización de conceptos que no cumplen con los requisitos legales implica una menor recaudación fiscal y aumenta el riesgo de ajustes posteriores por parte del organismo recaudador.

En este escenario, ARCA busca reforzar las verificaciones sobre la información declarada a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG), cruzando esos datos con las liquidaciones informadas por los empleadores en calidad de agentes de retención.

Qué gastos sí pueden deducirse

El régimen vigente contempla una serie de deducciones expresamente previstas por la ley para empleados en relación de dependencia.

Entre ellas se encuentran las cargas de familia, como hijos menores de edad o incapacitados para trabajar y el cónyuge o conviviente; una parte del alquiler de la vivienda; gastos educativos con topes establecidos; servicios médicos y honorarios profesionales; intereses de créditos hipotecarios destinados a vivienda única; donaciones efectuadas a entidades habilitadas; alquileres debidamente facturados y las remuneraciones y contribuciones correspondientes al personal de casas particulares.

Estas deducciones continúan plenamente vigentes, aunque el organismo reforzó las verificaciones para confirmar que cada una cumpla con los requisitos legales y cuente con la documentación respaldatoria correspondiente.

El FMI impulsa una ampliación del Impuesto a las Ganancias

La mayor fiscalización coincide con las recomendaciones incluidas por el Fondo Monetario Internacional en el último Staff Report sobre Argentina.

El organismo sugirió al Gobierno ampliar el universo de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias hasta recuperar niveles similares a los de 2019, cuando alrededor del 20% de los asalariados tributaba este gravamen.

Además, el FMI propuso avanzar en una convergencia gradual entre la carga tributaria del monotributo y la que afrontan los contribuyentes inscriptos en el régimen general de autónomos, como parte de una estrategia de fortalecimiento de los ingresos fiscales.

En ese contexto, la decisión de ARCA de intensificar los controles sobre las deducciones personales aparece alineada con el objetivo oficial de incrementar la eficiencia recaudatoria sin modificar, por el momento, las alícuotas del impuesto.

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El consumo sigue sin reaccionar: el IVA confirma estancamiento y caída de la actividad

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La recaudación del IVA vinculada al mercado interno volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio de 2026 y refuerza el diagnóstico de una economía que no logra recuperar el consumo. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el componente impositivo del Impuesto al Valor Agregado registró una caída real del 2% en el primer cuatrimestre del año, mientras que el IVA aduanero se desplomó 23%, reflejando además la fuerte retracción de las importaciones.

El dato resulta especialmente relevante porque el IVA es uno de los principales termómetros del nivel de actividad y del consumo masivo. Según el análisis elaborado por el economista Nadín Argañaraz, el IVA Neto acumuló una baja real del 8,5% interanual respecto del mismo período de 2025, incluso contemplando una desaceleración inflacionaria durante abril.

La dinámica confirma que la recuperación económica continúa mostrando fuertes desequilibrios sectoriales. Mientras algunos rubros ligados al agro, la minería y la intermediación financiera exhiben mejoras, el comercio y la industria siguen sin encontrar piso. La caída de la recaudación asociada al consumo interno deja en evidencia que el deterioro del poder adquisitivo todavía impacta sobre las ventas y la actividad cotidiana.

El cuadro se completa con otros indicadores tributarios que también reflejan enfriamiento económico. El impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios -considerado un indicador casi instantáneo de la actividad- cayó 0,5% real en el primer cuatrimestre, marcando al menos un escenario de estancamiento.

A nivel general, el IARAF estimó que la recaudación tributaria nacional total retrocedió 6,7% real interanual entre enero y abril. Incluso excluyendo los tributos vinculados al comercio exterior, la caída fue de 5,3%, lo que evidencia que la debilidad económica trasciende el impacto de las importaciones.

Entre los tributos con peor desempeño aparecen los derechos de exportación (-37,5%), los impuestos internos coparticipados (-17,6%) y los derechos de importación (-16,1%). En contrapartida, el único impuesto con crecimiento real fue el de los combustibles, con una suba de 20,9%, impulsada por actualizaciones impositivas y aumentos de precios en surtidores.

El deterioro de la actividad también comienza a impactar sobre los recursos asociados al empleo formal. Los aportes y contribuciones a la seguridad social mostraron una baja real de 4,1% interanual, en línea con el enfriamiento del mercado laboral y la pérdida de poder salarial.

Los últimos indicadores privados y oficiales refuerzan ese escenario. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró una caída de 2,6% en febrero, mientras que el Centro de Estudios Orlando Ferreres calculó un retroceso de 2,9%, asociado principalmente a la debilidad industrial y comercial.

Aunque para marzo algunas consultoras proyectan un rebote moderado, los analistas coinciden en que todavía no alcanza para compensar las caídas acumuladas en los primeros meses del año. El resultado es una economía que exhibe estabilidad financiera y desaceleración inflacionaria, pero todavía sin una recuperación sólida del consumo y la actividad real.

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