recesión

Pastori defendió a Aranguren y relativizó el tarifazo eléctrico

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El diputado radical Luis Pastori, integrante de la alianza Cambiemos, defendió al gobierno de Mauricio Macri y relativizó el impacto del tarifazo que aplicó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En cambio, acusó a Emsa de ser responsable de los aumentos que se comenzarán a cobrar con la facturación de marzo. 

 

Pastori se molestó porque en las facturas de Emsa figura impreso y a color, que los nuevos aumentos de luz corresponden exclusivamente a medidas tomadas por el gobierno nacional.

“Ya el año pasado advertimos que la conducción de EMSA responsabilizaba solo a la Nación por los aumentos desmedidos, cuando un gran porcentaje de la suba era producto de su mala administración. En ese momento, EMSA además realizó una avivada casi ilegal al  emitir las facturas eléctricas del periodo 2016/02 (correspondientes al consumo de enero) con un aumento superior al 100%, cuando el costo de la energía por el mantenimiento del subsidio nacional, seguía siendo el mismo que en diciembre del 2015, hecho por el que no se escuchó pedir perdón a Sergio Ferreyra”, acusó Pastori. 

“Este tipo de artimañas no ayudan ni colaboran con los usuarios que todavía están esperando conocer los informes de la auditoría a EMSA y de cómo se gastan los recursos de la empresa que ha reconocido tener déficits millonarios. Lo que está claro es que EMSA cobra cada vez más y cada vez el servicio es peor, ya que todos los días vemos como distintas localidades de la provincia se quedan sin luz, y esto no se debe a un incremento tarifario o a la quita de un subsidio, sino a la falta de inversión por parte de EMSA que decide utilizar el dinero en otra cosa. Al culpar a otro por errores propios, la conducción de la empresa insiste en  prácticas  kirchneristas para ocultar su propia ineficiencia,” fustigó Pastori.

Pastori recordó el subsidio nacional impulsado por el gobierno de Cambiemos para las familias que tengan un ingreso inferior a dos salarios mínimos vital y móvil ($16.120) entre otros beneficiarios, y pidió que sea “optimizado y mejor informado por el gobierno provincial”. En ese sentido recordó que “las provincias electro intensivas como Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, a partir del gobierno de Cambiemos, tienen un beneficio extra en la tarifa social para hogares residenciales. El umbral de consumo gratuito pasa de 150 KwH/mes como es en todo el país, a 300 KwH/mes solamente para estas cuatro provincias del NEA”.

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La crisis despierta solidaridad: policías pagaron la cuenta de una abuela que no tenía dinero

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La crisis económica comenzó a mostrar algunas postales que parecían desterradas. Pero también despierta gestos de solidaridad dignos de destacar. Una escena conmovedora se vivió ayer en el hipermercado Libertad de Posadas. Una abuela fue denunciada por intentar llevarse un poco de comida sin pagar. Dijo que no tenía para comer y un chico discapacitado a cargo. Sin embargo, fue denunciada por la custodia del lugar.

Cuando llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste para interiorizarse de la situación, lo que debía terminar con una persona demorada, terminó siendo una escena de enorme comprensión por parte de los uniformados que decidieron hacerse cargo de la cuenta después de una colecta entre ellos.

La abuela, de 62  habría intentado retirar algunas mercaderías sin pagar: dos bandejas de carne, dos paquetes de fideos, un paquete de arroz, un puré de tomates. En medio de la congoja, contó que no tenía dinero y que en su vivienda no tendría ningún tipo de alimento para comer, con una persona discapacitada a su cargo, transitando una situación complicada. “La desesperación me llevó a esto”, relató al personal policial.

Los integrantes de la patrulla pagaron la cuenta de la jubilada y la trasladaron hasta su vivienda en el Barrio Malvinas Argentinas. Agradecida, la anciana invitó a los efectivos a que vuelvan en cualquier momento a compartir algo con ella.

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La Confederación Económica advierte que “en Misiones nunca se registró una crisis similar”

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La Confederación Económica de Misiones (CEM) conforma con sus pares de provincias limítrofes una comisión específica en el ámbito de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con el objetivo de abordar la crítica situación actual.
Desde esta manera se complementan otras gestiones, que la CEM viene asumiendo  además de con su entidad madre, con el gobierno provincial en una tarea mixta con el fin de que se concreten medidas urgentes.
En la primera reunión de la comisión que integran entre otros, representantes del sector privado de Mendoza, afectada por su proximidad con Chile, desde la CEM se  insistió  con la necesidad de aplicar  políticas fronterizas de fondo que contrarresten las asimetrías y permitan recuperan competitividad con alcances sostenidos en el tiempo.
“Se están buscando soluciones de fondo porque la situación es muy crítica, esto así no puede seguir. La situación es muy negativa, no podemos seguir sosteniendo este contexto”, aseguró Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la entidad gremial empresaria provincial.Preocupación
El feriado por el Día de la Memoria, profundizó  la disparidad entre  las provincias y los países limítrofes, entre ellas la de Misiones, en la que según un relevamiento de CAME,  agudizó  la baja en las ventas, como consecuencia del éxodo a Brasil y Paraguay, este último caso, sigue siendo el  de mayor  impacto.
Al respecto, Díaz Beltrán afirmó “queremos sostener el empleo porque se está viendo con mucha fuerza la pérdida de puestos de trabajo y si seguimos así los que dependen de un sueldo no van a tener ni siquiera la posibilidad de ir a Paraguay. Venimos pidiendo medidas urgentes  desde hace tiempo y que tienen que ver con la posibilidad de establecer un régimen impositivo diferenciado para la provincia (uno de las solicitudes es la reducir el IVA al 10.5)”.
“Por la crisis cerraron en la provincia alrededor de mil comercios, según la Confederación  Económica de Misiones”, cita en su exposición, la CAME.

Éxodo y sangría
Según el relevamiento que dio a conocer la entidad gremial empresaria nacional, “en 2016, sólo por el puente Posadas-Encarnación, pasaron 12 millones de personas. Por este paso que une ambas ciudades cruzan diariamente entre 40 a 45 mil personas; en dos años, lo hicieron por tren dos millones. En el feriado largo del Carnaval 2017, se trasladaron 190 mil argentinos, gastando 124 millones de pesos” detalla, sin especificar datos del último fin de semana largo que mostró un panorama diferente.
Se estima que por mes los posadeños en Encarnación dejan unos 40 mil millones de guaraníes a los comerciantes paraguayos (115 millones de pesos. Es decir, 1.380 millones de pesos anuales aproximadamente, sin contabilizar los feriados) y agrega que según información publicada por el diario paraguayo ABC “las compras de argentinos en la ciudad de Encarnación se triplicaron en los últimos meses”.

Peaje en el puente, ¿una solución?
Una de las alternativas, que está en estudio es la de cobrar un canon para cruzar hacia Encarnación desde Posadas, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Aunque desde Nación no han brindado considerables detalles al respecto, ya se especula con esta alternativa. “No tenemos muy claro cómo se va a implementar, no sabemos que van a hacer con los fondos, pero lo que planteamos es que si se recauda algún fondo y se pudiera financiar alguna tasa para nosotros (compensar la reducción del IVA, como pide Misiones, sería una posibilidad ), terminaría devolviéndole al consumidor la baja de costo local; pero tiene que estar dentro de un paquete de medidas de fondo, no pasa por cobrar un peaje, una medida independiente no va a solucionar la situación”, aseguró Díaz Beltrán.

Crisis, sin antecedentes
El informe  de CAME advierte “que en Misiones nunca se registró una crisis similar. “Si la fuerte presión tributaria no baja, la caída será peor”, señala.
En la comisión de provincias fronterizas de CAME, se instaló en la agenda las diferencias en materia impositiva con Paraguay y Brasil, cuya falta de competitividad se ve incidido por el  retraso cambiario.
Para destacar algunas diferencias: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que en Argentina es del 21%, en Paraguay sólo alcanza el 10% y en Brasil el impuesto equivalente, denominado Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios o ICMS (aunque en este caso es un impuesto de cada Estado), tiene tasas que varían según el producto dentro del rango del 7% al 19%.
Otro caso es el del impuesto a las Ganancias, que en nuestro país es del 35%, mientras que en Paraguay asciende al 10% y en Brasil según la actividad varía entre el 15% y el 25%.
Estos dos ejemplos claramente muestran que una menor presión fiscal en los países vecinos, lo cual explica los menores precios que se pueden encontrar cruzando la frontera.

 
 
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Contención social, el escudo para una lenta economía

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En la pulseada entre una economía que mejora lentamente y un clima político que luce muy deteriorado, importa cual habrá de ser el efecto neto sobre las expectativas de consumidores e inversores. Pero, para anticipar escenarios, se requiere introducir un tercer vector de fuerzas, y es el hecho que la actual política económica se aplica en el contexto de una red de contención social de alcance inédito, sin antecedentes en la historia del país.

Por un lado, el aumento de 1,6 millones de empleos públicos en los últimos quince años es la variable clave por la cual, luego de cinco años de estancamiento, de 2011 en adelante, a fin de 2016 la tasa de desempleo se haya situado en “sólo” 7,6 %.

Por otro lado, se tiene que las partidas vinculadas a planes sociales y jubilaciones representan casi el 30 % de los ingresos fijos de toda la población, cuando ese aporte era de 20 % diez años atrás. La red de contención se complementa con la gran cantidad de familias alcanzadas por la tarifa social de gas y electricidad, junto con las transferencias por unos 11 mil millones de pesos/año que mantienen a raya la suba del boleto de colectivos y trenes, política que se concentra en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La existencia de 3,8 millones de beneficiados por la Asistencia Universal por Hijo puede resultar un dato contradictorio con índices de pobreza en el elevadísimo piso de 30 % de la población. Sin embargo, en este caso el problema no está en la masa de recursos que se vuelcan, sino en su falta de focalización, en la todavía elevada inflación y en la baja calidad de una fracción relevante de empleos.

En 2016, los desembolsos del Estado asociados a planes sociales sumaron 324 mil millones de pesos, mientras que jubilaciones y pensiones insumieron 509 mil millones de pesos. Ambas partidas pasaron a representar casi el 28 % del total de los ingresos fijos de la población, que incluyen los sueldos de estatales y privados, de acuerdo a un estudio de los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro, de Ieral.

En 2017, planes sociales y jubilaciones se estarán acercando al 30 % del total de la masa salarial, debido a que esas partidas habrán de crecer a un ritmo 10 puntos porcentuales superior al de los sueldos de empleados públicos y privados.

La contracara de este fenómeno es la presión tributaria en nivel record pero, del otro lado, es una fuerza inédita a favor de la moderación del impacto social de las recesiones y de los períodos de aumento de la desocupación.

Pese a esta red, la tasa de pobreza ha escalado por encima del 30 %, pero esto no ocurre por escasez de partidas específicas, sino por su falta de focalización. Además, refleja la influencia negativa que tienen la todavía elevada inflación y la mala calidad de una franja de los empleos, particularmente los informales.

La masa de recursos asociados a planes sociales no ha dejado de crecer: respecto de los ingresos de los trabajadores formales, la proporción de estas partidas pasó de 8,7 % a 15,3 % entre 2006 y 2016 (de acuerdo a datos de Capello y García Oro). Por eso, deberían acordarse políticas de estado para que una fracción de los planes sociales desemboquen en empleos genuinos, con un financiamiento que ya está disponible.

Las políticas sociales también permitirán ponerle un piso más firme a la floja evolución del consumo. Los datos del PIB del cuarto trimestre mostraron a la economía creciendo a un ritmo anualizado de 2 % (desestacionalizado), pese a que exportaciones e inversiones en máquinas y equipos empujaron a un ritmo bastante mayor.

El lastre fue el Consumo Privado, que cayó a un ritmo de 3,6 % anualizado (respecto del tercer trimestre). En la columna de dos semanas atrás se había subrayado que no había que esperar, por el momento, un cambio en las prioridades del Banco Central, que sigue lidiando con una inflación por encima de las metas.

Los hechos posteriores confirmaron esta hipótesis, por lo que hay que seguir buscando las señales de reactivación por fuera del alcance de la autoridad monetaria. Afortunadamente, el enfoque sectorial aporta nuevas evidencias positivas, caso del aumento del empleo cercano al 5 % detectado en las ciudades vecinas a los principales centros agroindustriales, junto con los ambiciosos proyectos de inversión en Vaca Muerta anunciados por YPF y Techint, entre otras grandes firmas.

Del lado de la construcción, los despachos de cemento ya pasaron a terreno positivo en la variación interanual del primer bimestre, con algunas provincias en los dos dígitos, caso de Santa Fe, CABA, Tucumán, Catamarca, Chaco, entre otras. La obra pública se hace sentir, por acción u omisión. Respecto de la industria, los balances de las principales firmas que cotizan en Bolsa mostraron ratios de rentabilidad moderados en 2016, con un resultado operativo (consolidado de 18 empresas) equivalente a 7,3 % de la facturación, que compara con 8,4 % de 2015.

No reflejan crisis, pero tampoco permiten la euforia. El tiempo es un insumo clave para corregir las graves distorsiones de la economía argentina. Las variables externas (tasas de interés, precios de commodities, socios comerciales) no juegan en contra en esta fase, por lo que el despegue a mayor velocidad de la economía depende de la resolución de las tensiones políticas y sociales internas. El tremendo esfuerzo fiscal que el país realiza para sostener la red de contención descripta debería ayudar más a la economía en esta pulseada contra la intranquilidad política.

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La inyección de recursos en obra pública dispara el déficit fiscal: creció 60,7% en febrero

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El Ministerio de Hacienda de la Nación dio a conocer hoy el Resultado Primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) correspondiente a febrero de 2017. En el informe puede verse cómo, durante el segundo mes del año, la obra pública comienza a cobrar dinamismo.

 

“Seguimos reorientando el gasto público de acuerdo a nuestras prioridades. Destinamos cada vez más recursos en mejorar la infraestructura del país, con más obra pública, y la situación de aquellos sectores más vulnerables. De cada $ 4 nuevos que se han gastado en lo que va del año, $ 3 los destinamos a obra pública y prestaciones sociales. Y de a poco vamos gastando menos en subsidios económicos. Todo ello en un marco de previsibilidad y consistencia que nos dan las metas fiscales”, explicó el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

 

El titular del Palacio de Hacienda detalló que “el gasto de capital creció 64% en relación a febrero del año pasado, destacándose el incremento en la construcción de viviendas sociales, escuelas y jardines, y transporte, como la ampliación de la red de autopistas y la mejora de los trenes“. “En el mismo sentido, el gasto en prestaciones sociales creció 47% anual, el cual incluye el gasto en jubilaciones, que creció 49%, y la Asignación por Hijo y Familiares, que crecieron 66%”, subrayó Dujovne.

 

En cuanto al Resultado Fiscal, el Ministro explicó que “el resultado primario alcanzó en los dos primeros meses del año un déficit de $ 23.200 millones, siendo consistente con nuestra meta trimestral de $ 58.500 millones para el primer trimestre”.

 

El Sector Público Nacional registró en el mes de febrero un resultado primario en base caja de -$26.746,8 millones (M.), lo cual representa un aumento interanual del déficit de $10.104,4 M. Dicha diferencia resulta explicada por un incremento de los recursos de $35.811,5 M. (35,6% a/a), mientras que el gasto primario lo hizo en $45.915,9 M. (39,1% a/a). Cabe aclarar que este indicador fiscal excluye tanto las eventuales rentas ingresadas por utilidades del BCRA como los intereses generados en operaciones de financiamiento Intra-Sector Público.

Al considerar el pago de intereses de la deuda pública, el resultado financiero observó un déficit de $29.999,8 M., esto es $9.463,1 M. mayor respecto del resultado negativo del año anterior.

El Informe de Ingresos y Gastos adjunto permite observar en el análisis mensual que entre los mayores recursos impositivos se distinguen los correspondientes a Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (39,5% a/a) y a los impuestos al Valor Agregado (19,7% a/a) y a los Créditos y Débitos en Cuentas Corrientes Bancarias (31,6% a/a).

Con respecto al gasto primario, en primer lugar, se destaca el incremento de 47,1% a/a en las “Prestaciones Sociales”. Ello fue determinado, esencialmente, por los mayores pagos en concepto de “Jubilaciones y pensiones contributivas”, ante el ajuste bianual aplicado a estos haberes por ley de movilidad (con impacto simultáneo en las “Pensiones no contributivas”), como así también por los progresivos efectos derivados de la Ley N° 27.260 en relación al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Entre el resto de los programas con finalidad social, sobresalió este mes la suba anual de 65,5% en “Asignaciones Familiares” (incluyendo a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social-AUH y por Embarazo) por igual criterio de movilidad aplicado sobre las mismas que el calculado para las prestaciones previsionales del SIPA-Ley N°27.160, además de la ampliación del beneficio de las Asignaciones Familiares a los trabajadores inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) a partir de mayo de 2016 (Decreto N° 593/2016), y el aumento del tope salarial para poder percibir las Asignaciones Familiares. Asimismo, con finalidad social, se destacan las subas originadas en las diversas coberturas asistenciales administradas por el INSSJyP (ex-PAMI).

En segundo término, se distinguen los gastos de capital al registrar un aumento de 64,0% a/a. Los programas determinantes de dicho aumento fueron los vinculados a vivienda y urbanismo (289,5% a/a), educación (95,3% a/a), transporte (41,4% a/a) y seguridad interior.

Por su parte, las transferencias corrientes a otros niveles de gobierno continúan exponiendo un alto dinamismo (prácticamente 300% a/a), producto principalmente de las mayores asistencias financieras dispuestas en educación a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y en seguridad social para ser destinadas a las cajas jubilatorias provinciales.

En cuanto a la suba en los gastos de funcionamiento, la misma responde principalmente al concepto “Remuneraciones”, el cual registró un 29,3% de aumento en relación al mismo mes del año anterior, básicamente por los progresivos incrementos interanuales en todo el ámbito el Sector Público Nacional y, en menor medida, por el pago de la cuota final de la bonificación extraordinaria no remunerativa ni bonificable comprometida a fines del ejercicio anterior (Decreto N° 1.240/16).

Finalmente, los subsidios económicos continuaron cayendo en términos reales por segundo mes consecutivo. En los primeros dos meses del año tuvieron un crecimiento nominal de 10,9% a/a. Los destinados al sector energético cayeron 12,2% a/a, mientras que los de transporte crecieron 27,7% a/a.

En consecuencia, el resultado primario acumulado del primer bimestre del corriente ejercicio fiscal ascendió a -$23.159,6 M., incrementándose la suma de $7.257,9 M. respecto de los primeros dos meses del año 2016. Este comportamiento fue producto de un crecimiento de los recursos de $84.447,0 M. (38,0% a/a) y de un aumento del gasto primario de $91.704,9 M. (38,5% a/a). El resultado financiero acumulado, en tanto, registró un déficit de $35.555,7 M., observándose un aumento de dicho indicador de $12.821,9 M. en relación a igual período del año anterior.

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