REFORMA FISCAL

Gobierno negó que vaya a impulsar este año una reforma laboral y aclaró que la previsional será en 2019

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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó este miércoles que el Gobierno tenga en agenda un proyecto de reforma laboral para después de las elecciones, al tiempo que aclaró que la discusión de una reforma previsional recién “va a darse en el marco de un informe de notables especialistas” que estará listo “en el 2019”.

Durante su exposición ante el plenario de la Cámara de Diputados, donde concurrió para brindar un nuevo informe de gestión, el funcionario rechazó que el Gobierno esté “escondiendo” una posible reforma laboral o previsional.

“No hay un proyecto de reforma laboral”, contestó Peña ante una consulta del diputado del bloque Justicialista Oscar Romero.

Sin embargo dejó abierta la posibilidad de llegar a alguna iniciativa de “consenso” entre las distintas fuerzas políticas a través del órgano legislativo: “No es bueno que ninguna de las reformas se hagan de forma unilateral por parte de algunas de las partes. Debe hacerse con alto diálogo y consenso. Tenemos que pensar propuestas para hacer en conjunto. Hay una invitación a construir una agenda en común”.

“Para eso creemos que en este siglo XXI se mantiene una permanente vocación de diálogo y conversación entre el sector sindical, empresario y del Estado para ver qué cosas se pueden hacer para mejorar”, agregó.

Por otro lado, Peña desestimó la versión de que el Gobierno esté preparando una propuesta de reforma previsional para llevar la edad jubilatoria a los 70 años. 

“La reforma previsional va a darse en el marco de un informe de notables especialistas en el 2019”,aclaró.

En tanto, durante su exposición económica, Peña aseguró que la economía “ya arrancó” y “ha salido de la zona de crisis” y, tras precisar que creció en un 4% anual, sostuvo que el Gobierno nacional es “plenamente consciente” de que “todavía hay millones de argentinos que tienen dificultades”, al afirmar que “el esfuerzo vale la pena” y “está rindiendo sus frutos”.

Al exponer su tercer informe ante la Cámara de Diputados, sostuvo que la economía “está creciendo en un 4 por ciento anual, con lo cual, claramente, la economía ya arrancó y es uno de los procesos más sanos que suceden en las últimas décadas, luego de varios años de estancamiento”.

Peña puso de relieve, entre otras cuestiones, el aumento de la recaudación, al sostener que “llevamos varios meses de fuerte aumento”, a la vez que destacó que, según las proyecciones, “esa expansión puede durar varios años” y enfatizó que el Gobierno nacional “no” está “usando ninguna muleta para crecer sino a partir del crecimiento del ahorro productivo”.

En su informe, el jefe de Gabinete consideró además que “las crisis permanentes fueron las que más daño nos hicieron y subieron los pisos de la pobreza: estamos dándonos la oportunidad de estar varios años sin crisis“.

Hay confianza en un futuro mejor“, aseguró Peña, al destacar el aumento de la obra pública y la mejora del agro, al hacer referencia al incremento del patentamiento de camiones y de la venta de maquinaria agrícola.

Tras destacar la mejora del salario real y del empleo, Peña precisó que en junio pasado la cantidad de trabajadores registrados “fue de 12 millones”, al destacar que se trata del “mayor nivel de la historia”y destacó “la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo”.

Además, el funcionario puso de relieve “el descenso de la inflación“, que dijo “en julio la anual fue de 21,4, la más baja desde 2009” y agregó que “en los últimos 12 meses bajó a la mitad”, al sostener que “todos los pronósticos indican que seguirá descendiendo en los próximos meses y años”.

Las buenas noticias se empiezan a ver en todos los sectores, empezando por la industria, que creció por encima del 6 por ciento, esto ocurre después de 5 años de contracción de la actividad industrial“, precisó el jefe de Gabinete.

También, Peña destacó el crecimiento de la construcción, los créditos hipotecarios, la cosecha “récord de trigo y maíz” y la situación del sector agropecuario que, dijo, “fue uno de los primeros en animarse a invertir”, a la vez que sostuvo que “se están recuperando los 10 millones de cabezas perdidas en la etapa anterior”.

Finalmente, Peña puso de relieve el “auge de turismo interno”, al precisar que ese sector registró “un 7 por ciento de aumento respecto de 2016” y reiteró que Argentina “está un proceso claro de crecimiento: hemos salido de la zona de crisis”, al sostener que “el crecimiento sustentable, sólido y federal, vino para quedarse”.

“Somos conscientes que todavía hay miles de argentinos que no han sentido todavía los efectos de la recuperación pero a todos ellos les decimos que, claramente, esta vez el esfuerzo vale la pena, que el esfuerzo está rindiendo sus frutos y nos augura que cada vez vamos a tener más oportunidades de desarrollar un proyecto de vida en cualquier rincón del país”, concluyó Peña.

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Breve manual de la Reforma Tributaria que el Gobierno nacional volvió a prometer

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El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó el envío del proyecto para antes de fin de año. Además, apuntó que la reforma “va a proponer un esquema gradual de reducción de alícuotas impositivas”.

El Gobierno dilató los tiempos de debate de la reforma porque -dijeron allí- que no querían empantanar el proyecto en el lodo de la campaña electoral. La reforma busca -dicen en Casa Rosada- generar el marco de inversión favorable para el desembolso de inversiones que generen producción y nuevos puestos de trabajo, lo que el Gobierno destaca como el arma más eficaz para el combate contra la pobreza.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, volvió a prometer este jueves el envío al Congreso del proyecto oficial de reforma tributaria. Ante empresarios reunidos en el marco del Council of the Americas, en el Hotel Alvear, Dujovne anticipó que el texto será remitido “antes de fin de año”.

El ministro de Hacienda expresó que “el Gobierno tiene que crear el marco para que haya inversión e innovación”. Para ello, indicó que “necesitamos más inversión en capital físico y capital humano”.
Por otra parte, afirmó que “para que la Argentina sea solvente estamos impulsando dos iniciativas”. Una de ellas es la “Ley de Responsabilidad Fiscal”, es decir, con la fijación de un gasto público cuyo crecimiento debe estar ajustado por inflación, al igual que la expansión del gasto de aquellas provincias que están en déficit.
Dujovne planteó como iniciativas centrales para 2018 las leyes de Reforma Tributaria y Responsabilidad Fiscal. “Con la economía creciendo vamos a bajar el peso del sector público en relación al PBI”, aseguró el jefe de Hacienda. “El otro componente, para nosotros muy importante, es la Reforma Tributaria. Va a proponer un esquema gradual de reducción de alícuotas impositivas”, apuntó.

“Argentina hoy tiene un sistema tributario desordenado y volátil. El desafío en los próximos años será lograr un sistema en el cual Nación y Provincias, todos juntos, trabajemos para lograr un sistema que permita al país crecer de manera sostenida. Hay que avanzar en el modo de cobrar los impuestos porque el nivel de gasto que sostenemos no está alineado con la presión fiscal”, explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Respecto de la reforma tributaria en las provincias, el ministro afirmó que la idea es “promover este tipo de reformas a nivel subnacional respetando la autonomía de las provincias”.

“El proyecto de Responsabilidad Fiscal ya ha sido negociado con las provincias a través del trabajo técnico que hemos hecho en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”, aseguró Dujovne. “Es necesario que nuestro sistema tributario sea responsable, efectivo y equitativo. Para lograr que sea justo hay que maximizar la transparencia y bienestar social. Nuestro principal objetivo es lograr la sostenibilidad impositiva a lo largo del tiempo y que nuestro sistema se convierta en ejemplo para otros países del mundo”.

El Gobierno dilató los tiempos de debate de la reforma porque -dijeron allí- que no querían empantanar el proyecto en el lodo de la campaña electoral. Algunas versiones sostienen que, envalentonado con el triunfo en las PASO, el Ejecutivo apuraría el tratamiento para antes de las elecciones de octubre. Pero eso contradiría la estrategia oficial de no mezclar la discusión con la campaña, por lo que lo más probable sería que el envío se produzca post resultado del 22-10.

La reforma busca -dicen en Casa Rosada- generar el marco de inversión favorable para el desembolso de inversiones que generen producción y nuevos puestos de trabajo, lo que el Gobierno destaca como el arma más eficaz para el combate contra la pobreza.

La reforma atacaría a los llamados “impuestos distorsivos”. El principal blanco es ‘Ingresos Brutos’. Pero también hay otros targets, como el ‘Impuesto al Cheque’ y ‘Ganancias’. El Gobierno también quiere modificaciones en las contribuciones patronales, que, por un lado, reduzcan los costos laborales y, por el otro, impulsen un masivo blanqueo de empleados que hoy trabajan la informalidad.

En el caso de ‘Ingresos Brutos’, el tema debe conversarse con los gobernadores en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal que Dujovne también ponderó en el Hotel Alvear. Los mandatarios provinciales ya firmaron con Nación un acuerdo previo. La reforma busca la normalización de las cuestas públicas en los distritos, por la que el gasto no crecerá más que la inflación, sobre todo con el freno del crecimiento del empleo público.

Las provincias, en tanto, discuten en la Corte Suprema el reclamo de la gobernadora María Eugenia Vidal por el ‘Fondo del Conurbano’, para el que pide una actualización. Para ello deberían destinarse fondos coparticipables que, por supuesto, las provincias no están dispuestas a ceder.

Algunos especulan con que el proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno podría incluir algún atenuante que evite choque entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Por ahora, el conflicto sigue en la Corte Suprema.

En cuanto a los tiempos para la aplicación de la eventual ley la palabra clave es una que ya caracteriza al gobierno de Mauricio Macri: Gradualismo. No está previsto que las reformas se apliquen de una sola vez, ni de la noche a la mañana. Se habla de un proceso lento hacia el horizonte previsto. Si bien el Gobierno está en camino de achicar el déficit primario, no está aún en condiciones de desprenderse de la masa de recursos que le garantizan, incluso, los impuestos distorsivos.

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Fabián Tarrio: “Hay que mejorar la competitividad comercial y reducir la presión fiscal es un paso”

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El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrio se reunió con el Gobernador, Hugo Passalacqua y luego con el intendente posadeño, Joaquín Losada. Luego de las reuniones y de firmar el convenio para la creación de centros comerciales a cielo abierto, Tarrio charló con Economis sobre las propuestas de la CAME para resolver los problemas de competitividad del sector.

Comerciante desde hace más de 42 años, Tarrío también es empresario de la construcción y productor vitivinícola en el Valle de Uco, en Mendoza. El empresario cuenta con una larga trayectoria gremial y conoce cabalmente la problemática PyME, hace menos de cuatro meses fue electo para dirigir CAME y llevar sus propuestas a todo el país.

Al ser consultado sobre como ve la situación económica, Tarrio indicó que “la problemática Pyme es seria hoy en día, hay problemas con las economías regionales que tenemos que encarar con cada provincia, que se ve con la diferencia de precios que perciben los productores respecto de lo que pagan los consumidores en la góndola. Luego, tenemos el comercio con caída de ventas, hay que ver cómo logramos que el consumo interno sea nuevamente ese factor dinamizador de la economía”.

Consideró que es complejo resolver la situación de las diferentes zonas del país, pero consideró que “la competitividad comercial es compleja, no porque no se puede lograr, sino porque los costos internos son muy elevados. La presión impositiva es muy alta, tenemos que insistir, y lo vamos a hacer, en que la presión impositiva debe ser menor. Sobre todo, la que más aumentó fue la presión impositiva de los municipios, que en muchos casos cobran tasas abusivas de seguridad e higiene, las provincias por Ingresos Brutos (IIBB) cobran hasta el 4,5% sobre ventas, gane o no gane. Vamos a tratar de que eso se convierta en un IVA provincial para que no se genere un efecto cascada que se paguen en toda la cadena”.

Sobre este IVA provincial indicó que “lo planteamos desde el punto de vista práctico. Creemos que el costo final para gravar la mercadería, va a ser menor que la sumatoria de los Ingresos Brutos en cada etapa del producto, desde que nace hasta la comercialización que pasa por el sector mayorista y minorista. Creemos firmemente que va a ser beneficioso para el precio del producto, haciéndolo más competitivo”.

Aclaró que “después está el tema de como la provincia no pierde el total de los ingresos en relación a los IIBB, es un tema que tiene que compatibilizarlo con el Gobierno nacional, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Nosotros aportamos nuestras propuestas en el Congreso. Este es un gran acuerdo, donde cada sector tiene que resignar alguna pretensión, pero lo que es evidente es que las diferencias de precio no son solo por el valor del dólar, sino por un problema de competitividad, que nos está perjudicando grandemente y ustedes en Misiones lo viven a diario, porque tienen frontera con países hermanos que tienen precios a la mitad”.

Explicó que “también es verdad que remplazando IIBB por el IVA provincial no vamos a tener los precios a la mitad, porque en el componente nuestro están todo lo que es logística, los precios internos y eso para compatibilizar con los intereses de los Gobiernos provinciales y nacionales va a llevar un tiempo”.

Consideró que el actual Gobierno nacional se ve fortalecido por el reciente resultado de las PASO, que podría capitalizarlo en los comicios de octubre y eso le podría permitir avanzar en la reforma fiscal, que podría incluir lo tributario y lo laboral. Afirmó que “una reforma de este tipo necesitará el aval del Congreso y allí lo debatiremos. Si se logra el consenso sería un gran triunfo para el país”.

Coincidió con el planteo de Alberto Abad, titular de la AFIP, que planteó que “antes de una reforma fiscal, hay que rever el gasto del Estado”. Tarrio remarcó que “acá el primero que tiene que ver como se va a manejar es el Estado, el Estado en todos sus estamentos el Legislativo, el Ejecutivo, las Provincias y los Municipios”. Dijo que deberán ver como hacer para no desfinanciarse.

Según Tarrio “la única solución es crear trabajo. Si yo creo trabajo, aunque me rebajen la contribución en un 20 por ciento y yo aumento mis ventas en un 40 por ciento, el Estado va a recaudar más. La carga impositiva es alta lo que se logra es que cada vez la gente pague menos y haya más economía en negro. Si logramos que la economía avance hacia una cosa formal, donde cada vez más paguen, el más beneficiado será el Estado”.

Al ser consultado sobre Misiones y que propuestas le hicieron al Gobernador Passalacqua, Tarrio indicó que “se pidió que se considere la alternativa de diferir los pagos de IIBB”, para permitir que el pago no se realice de manera anticipada sino al concretarse la operación, considerando que “se trata de una cuestión financiera que permitirá incrementar las ventas” según consideró Tarrió, quien destacó la predisposición que mostró el gobernador de Misiones.

Expresó que “no se trata de dejar de pagar, sino de  diferir los plazos. Esta condición, no afectaría la recaudación provincial, por el contrario incentivaría las ventas en el mercado formal, aumentando el ingreso de tributos”. Lo que se pretende es que “el pago de ingresos brutos pueda efectivizarse a posteriori y no en el momento de la operación” y permitir así, contar con una herramienta como esta promoción con tarjetas de crédito incluidas en el programa “Ciudades de  Frontera”, que fomenta el consumo y se presenta como un paliativo ante las asimetrías”.

Además esta posibilidad de diferir el pago de IIBB, para las operaciones de este programa permitiría que esta promoción de compras  en 12 cuotas y sin interés vigente todos los días de la semana, pueda prolongarse hasta enero de 2018.

Comentó que “me respondieron que todavía no pueden decidirlo, porque antes tienen que reunirse con los funcionarios de Hacienda para ver la viabilidad. Es una oportunidad muy buena para las localidades de Misiones que entraron en la promoción de doce cuotas sin interés para el consumidor”.

Mencionó que “modificar los impuestos provinciales para achicar los costos fiscales es un proyecto de largo plazo, pero que requiere tratar primero una reforma de coparticipación, por lo que también es muy complejo”, reconoció.

Por otra parte, Tarrío sostuvo que junto al Banco Central analizan “la baja de aranceles en tarjetas de crédito”. Como una alternativa para impulsar la rentabilidad económica “buscan la reducción de las comisiones por las operaciones en las tarjetas de crédito y eliminar completamente las de débito”.

Se trata de un fuerte reclamo de los comerciantes contra los bancos por aranceles que considera como los más altos de la región. Debido a que la rentabilidad del pago en cuotas para ambas partes es clave en un sistema económico donde el consumo representa un tercio del Producto Bruto.

 

 

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El déficit fiscal afecta a la inversión y la Nación es la más complicada

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Escriben  Martín Leiva Varela  y  Guillermo Knass, ECONEA, especial para Economis. La inversión que comprende, en líneas generales, a todas las erogaciones llevadas a cabo por las empresas con el fin de adquirir maquinarias, equipos informáticos, construcciones de edificios, entre otros, consiste en la adquisición, fabricación o construcción de bienes que le permitan generar otros bienes, donde el empresario resigna un consumo actual por un flujo futuro de ingresos superiores, que le permitirá satisfacer sus necesidades futuras de consumo o aumentar su patrimonio.

La Inversión es un componente significativo de la demanda agregada, que es dinero que se inyecta a la economía no solo reactivándola sino también ampliando las fronteras de posibilidades de producción de un país determinado, depende en una economía cerrada (a los fines de simplificar el análisis) del Ahorro Privado más el Ahorro Público, que son las fuentes de financiamiento de la misma, que en la Macroeconomía se conoce como Identidad entre el Ahorro y la Inversión.

La inversión privada bruta en la Argentina, ha sido una variable relegada y su pico alcanzado en el año 2011 con un importe de 153.584 millones de pesos a precios del 2004, no pudo recuperarse en los años posteriores dado que primó la estimulación de las otros componentes de la demanda agregada, donde en el año 2016 que alcanzó a un importe de 134.236 millones de pesos constantes, nos encontramos con una inversión real inferior en un 12,5 % de la inyectada en el 2011.

La situación de este componente vital para el desarrollo económico a largo plazo fue a consecuencia en primera medida del incremento del DEFICIT FISCAL, donde el Estado fue captando cada vez más parte del Ahorro que anteriormente financiaba a la inversión, reduciendo en tal sentido el gasto privado a consecuencia del aumento del gasto público, en el que tales actores económicos compiten para canalizar dichas fuentes de financiamiento y por tal, su disputa hace aumentar la tasa de interés.

 

En el gráfico precedente se puede observar que la situación fiscal deficitaria se fue agravando con el correr de los años desde el 2011 en adelante, pasando de un 2,22 % en términos del PBI a un 5,66 % en el año 2016, lo que explica la expulsión de la inversión privada en tal horizonte temporal a consecuencia del excedente del gasto público por encima de los recursos. Pero a pesar de que el ojo de la tormenta esta puesta principalmente en las Provincias, estas infieren en un 20 % del Déficit Total del 2016 (1,12%/5,66%) y la Nación representa el 80 % del mismo, con lo cual, este último es quien debe realizar el mayor esfuerzo para la convergencia fiscal (equilibrio).

En tal sentido, si se compara el 2015 con respecto al 2007 el gasto público nacional se incrementó en un 14 % en términos del PBI, el cual fue financiado, en una proporción, con un incremento de la presión tributaria en un 5,68 % durante ese horizonte temporal, es decir, el estado fue acaparando mayor participación en la economía desplazando al sector privado.

Ahora bien, tras el cambio de gobierno aparecieron las metas fiscales anunciadas en primera instancia por el ex Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay que establecía que en el año 2019 se iba a alcanzar el equilibrio fiscal, pero posteriormente tras los cambios en el gabinete y la asunción del actual Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el esquema de reducción gradual presentado por este último, contempla que en el año 2019 no se alcanzaría al equilibrio fiscal sino más bien a un déficit del 2,2 % en términos del PBI.

En virtud de lo antedicho, tras un trabajo constante entre la Nación y las Provincias en el ámbito del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en la Provincia de Mendoza se aprobó una serie de reglas y lineamientos generales para apuntalar a un esquema de reducción gradual del déficit fiscal, donde se modificaría transitoriamente el actual esquema vigente de la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece que el Gasto Público es Pro-cíclico, donde se podía incrementar en hasta el mismo porcentaje de incremento del PBI nominal, a un esquema diferente para tratar de mantener la misma participación del Sector Público sobre la Economía estableciendo que el Gasto Público Corriente Primario y el Gasto Total Primario permanezcan constantes en términos reales, siendo este último solo para las jurisdicciones que tienen un resultado económico negativo, lo cual significa que ahora tanto en la confección de los presupuestos como en la ejecución de los mismos solo se podrá incrementar el gasto público en el mismo porcentaje que la inflación prevista y/o efectiva, es decir, si la inflación del año que viene es del 12% y el estado gasto $ 100 en el año 2017, el gasto público en el año 2018 no puede superar a los $ 112.

Esto permitiría, siempre y cuando la economía crezca en términos reales, la reducción gradual del déficit público, dado que los recursos se incrementarían en mayor proporción que el gasto, permitiendo a las empresas la canalización de mayores fondos para financiar sus proyectos productivos, pero no hay que dejar de lado de que en el caso de que se efectúe la probable reforma tributaria para el año venidero, a pesar de que el gasto permanezca constante en términos reales, los recursos fiscales pueden caer afectando el potencial equilibrio fiscal.

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Presión tributaria ¿es más alta en las Provincias o en la Nación?

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Escriben Martín Leiva Varela y Guillermo Knass, ECONEA. El actual sistema tributario de la Argentina, es considerado por el Gobierno Nacional “ineficiente e injusto”, conforme a la disertación efectuada por el Ministro de Hacienda de la Nación en Londres días atrás, por tal motivo, lo que se pretende es impulsar una reforma impositiva en el año 2018, que requerirá claramente el consenso de todos los actores políticos (nacionales y provinciales). En contrapartida a tal situación, si se pretende reducir la presión impositiva, esto implicaría menores recursos fiscales para el Estado Nacional, Provincias y Municipios, siendo actualmente su situación fiscal consolidada “deficitaria” y por tal, iría en disidencia con la convergencia del equilibrio fiscal que se apunta para el año 2019.

El objetivo central que se va a evaluar en los próximos años tanto por el Gobierno Nacional, como así también por las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos aires, es la adopción de políticas tributarias destinadas a impulsar el aumento de la inversión privada a fin de aumentar el empleo, lo que implicará claramente un estudio profundo de cuáles son los impuestos “distorsivos” que se deben reducir para morigerar la carga tributaria.

Ahora bien, por presión tributaria se entiende al porcentaje del nivel de ingresos que le transfieren las personas físicas y jurídicas (sociedades, cooperativas, etc.) en concepto de impuestos al Estado (Nacional, Provincial y Municipal) en relación a la totalidad de ingresos que genera toda la economía argentina, representada por el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, si durante el 2016 los argentinos pagamos de impuestos un total de $ 40 y el Producto Bruto Interno del mismo período ascendió a $ 100, la presión tributaria del 2016 asciende al 40 %.

La Presión tributaria de la Argentina viene incrementándose constantemente con el correr de los años, pasando del 24,33 % en el año 2004 al 31,95 % en el año 2016, es decir, un incremento del 7,63 % con respecto a dicho horizonte temporal, donde el aumento del tal participación fue originada en un 6,02 % por los impuestos Nacionales y en un 1,61 % por los impuestos Provinciales, por lo que se observa que la mayor presión tributaria que se viene originando es a consecuencia en mayor magnitud por los tributos nacionales y no por los provinciales (ingresos brutos, sellos, automotores, entre otros).

¿Cuál es la situación y evolución de los principales tributos Nacionales?

  1. Impuesto al Valor Agregado: es un impuesto de fácil recaudación que grava el consumo de las personas, siendo dicha capacidad contributiva la que determina el bienestar económico de los sujetos. A pesar de que dicho tributo es regresivo, porque las personas de menores ingresos son las que soportan en mayor proporción que los otros sujetos de mayores ingresos, es el principal impuesto que origina recursos genuinos para la Nación y para las Provincias vía Coparticipación Federal, representando en el año 2016 el 28 % de la recaudación total Nacional, con una percepción total de 583.216,9 millones de pesos. A su vez, en términos del PBI, dicho tributo aumentó su participación del 6,39 % del año 2004 al 7,4 % en el año 2016, aunque en éste último año, para paliar parcialmente la regresión, se sancionó la Ley de devolución del IVA para jubilados y beneficiarios de planes sociales.

Para tal tributo, la consultora FIEL considera que la tasa reducida del IVA (10,5%) y los tratamientos especiales generan una pérdida en la recaudación de alrededor del 1 % del PBI, y por tal sugiere la aplicación de una alícuota uniforme del 19 % que permitiría obtener la misma recaudación si se eliminaran los tratamientos preferenciales. Donde a nuestro juicio, debe evaluarse tal situación, porque si se elimina por ejemplo, la alícuota reducida del 10,5 % para la adquisición de Bienes de Capital, se incrementaría el costo financiero de la inversión Inicial que se la quiere estimular.

  1. Impuesto a las Ganancias: es un impuesto que recae sobre las utilidades de las personas físicas como para las personas jurídicas. A diferencia del impuesto al valor agregado, es un impuesto progresivo, debido que aumenta la tasa impositiva a medida que aumenta los ingresos de las personas, que persigue en definitiva la redistribución del ingreso. Es el segundo impuesto de mayor recaudación a nivel nacional, participando en el 21 % sobre el total de los recursos tributarios, con una recaudación total en el año 2016 de 432.907,2 millones de Pesos. En el gráfico Nº 2 expuesto precedentemente, se observa una clara reducción en la participación del Impuesto a las Ganancias en relación al PBI, que fue a consecuencia del Aumento del Mínimo No imponible sobre el cual empiezan a tributar las personas físicas en el Año 2016, donde pasó de una participación en el PBI del 6,34 % en el año 2015 al 5,15 % en el año 2016, observándose así una caída del 1,18 % y por ende, una menor presión tributaria.

Esta menor presión tributaria, implicó una perdida estimada por el costo fiscal en la recaudación del año 2016 para la Provincia de Misiones cercana a los 800 millones de Pesos que percibe mediante la Coparticipación Federal de Impuestos y Regímenes especiales.

La promesa de campaña del actual presidente de la Nación era eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, que según dicha ley es la renta obtenida por la cuarta categoría, situación que prácticamente en el corto plazo es muy difícil de cumplir, por la merma en los recursos que generará tanto para el Estado Nacional, Provincias y Municipios, contemplando la situación fiscal actual de tales jurisdicciones.

  1. Impuesto a los créditos y débitos bancarios: Impuesto totalmente distorsivo que surgió en la crisis del 2001, que grava con una alícuota del 0,6 %0 a los débitos y créditos efectuados en las cuentas corrientes bancarias, cuya recaudación en el año 2016 ascendió a los 131.669,1 millones de pesos, representando el 6 % de la recaudación tributaria nacional. Este tributo, claramente afecta negativamente el nivel de actividad económica y la bancarización de determinadas operaciones, producto de su detracción que se origina consecuentemente.

De dicho tributo, se coparticipa tan solo a las Provincias el 30 % de lo que se recauda, donde el 70 % restante es destinado a financiar al ANSES, por lo que si se elimina dicho tributo, las 24 Jurisdicciones perderían estimativamente en el 2017, un total de 50 mil millones de pesos (recaudación 2016 + 40 % de crecimiento 2017), siendo el costo fiscal anual para la Provincia de Misiones cercano a los 900 millones de pesos.

En lo que respecta a los tributos Provinciales, la Nación busca que las Jurisdicciones provinciales reduzcan la carga tributaria o en su defecto, no incrementen las alícuotas en los años venideros, tratando de inmiscuirse en las potestades constitucionales con las que cuentan las Provincias por ser autónomas, como por ejemplo, según los medios nacionales (ver http://www.ambito.com/875619-proponen-a-provincias-crear-impuesto-a-ventas) se pretende bajar el impuesto a los ingresos brutos y como contrapartida crear un impuesto a las ventas por parte de las Provincias que recaiga directamente sobre los consumidores finales.

Desde la perspectiva de la Provincia de Misiones, tanto el conductor de la Renovación como el Gobernador de la Provincia, en la inauguración de la Escuela Robótica,  dejaron asentada la clara postura que consiste en la no reducción de los impuestos provinciales, que permiten claramente sostener el crecimiento del nivel de actividad económica local en épocas de vacas flacas mediante la adopción políticas fiscales anti cíclicas, las que son financiadas con tales recursos, como ser: la implementación del Programa Ahora Misiones (inédito y de crecimiento continuo), subsidios a las tarifas eléctricas, constitución de la caja de fomento provincial, entre otros. Aun sabiendo, que la Provincia de Misiones es la que en términos per cápita es una de las Jurisdicciones que reciben menos recursos vía coparticipación federal, ubicándose en el puesto Nº 20 de las 24 Jurisdicciones siendo su política fiscal interna la que permite reducir tal brecha.

Pero menos impuestos significa más déficit: ¿entonces?

Mediante el acuerdo para el fortalecimiento del Federalismo, tanto el Estado Nacional como las Provincias se comprometieron a reducir el déficit fiscal, para así, lograr en el año 2019 la convergencia entre los ingresos y los egresos, pero la dicotomía actual es que si se pretende reducir la presión tributaria y por ende, los recursos fiscales de los diferentes estamentos gubernamentales, se incrementaría el déficit fiscal que en términos consolidado de las 24 jurisdicciones (23 Provincias más CABA) en el año 2016 alcanzó estimativamente al 1,21 % en términos del PBI, y por ello, el interrogante será en los años venideros ¿cuál debería ser el accionar del Estado en el Nivel de Actividad económica?.

 

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