Regulación

La Provincia pide que el INYM genere un precio de referencia para la yerba mate

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En un contexto de fuerte tensión en la cadena yerbatera tras la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el director del organismo por el Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, elevó una nota formal al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, solicitando que el Directorio avance en la generación de un precio referencial de la materia prima para la zafra 2026.

La carta, fechada en Posadas el 12 de febrero de 2026 y con ingreso oficial al organismo ese mismo día, plantea la necesidad de que el sector cuente con información de costos y valores orientativos para la hoja verde y la yerba canchada.

Maciel reconoce en el texto que el INYM perdió facultades para fijar un “precio oficial obligatorio”, pero advierte sobre el impacto que esa decisión generó en las últimas dos cosechas. “No hace falta redundar en las pérdidas de facultades para la fijación de un precio oficial obligatorio por parte de este organismo, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que tal decisión generó en las dos últimas cosechas en el sector productivo primario”, señala.

Un mercado oligopsónico

Uno de los puntos centrales del planteo es la caracterización estructural del mercado yerbatero. El director sostiene que se trata de un mercado “oligopsónico”, es decir, con pocos compradores que concentran el poder de demanda y pueden influir en los precios pagados a los productores.

“Hay pocos compradores que dominan el mercado y pueden (y lo hacen) influir en los precios pagados a los productores; por lo tanto, en este escenario, el libre mercado no existe o es injusto”, afirma el documento.

La advertencia apunta directamente a la asimetría entre los aproximadamente 12.500 productores misioneros y el reducido número de molinos que adquieren la hoja verde, una situación que, sin un precio de referencia institucional, deja al eslabón primario expuesto a negociaciones individuales y dispersión de valores.

Maciel solicita que el Directorio avance en la generación de una “pizarra” o referencia de precios antes del inicio de la próxima etapa productiva. El pedido es concreto: que a partir del 1° de abril la actividad se desarrolle con información oficial de precios emitida por el organismo.

“El mercado desconoce que hay costos oficiales de mano de obra, combustibles, energía, fertilizantes y que además el que produce necesita un mínimo margen de rentabilidad”, sostiene.

El planteo no describe a la yerba mate como un sector en crisis productiva, sino que introduce una definición más política y económica: “La yerba mate no está en crisis, lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

El documento también invoca el objetivo fundacional del INYM de “bregar por la sustentabilidad de toda la cadena” y evitar la concentración del negocio en pocos actores. En ese marco, la generación de valores referenciales aparece como una herramienta para ordenar el mercado sin volver -al menos formalmente- al esquema de precios obligatorios.

El planteo reabre el debate sobre el rol del INYM tras la desregulación nacional que limitó su capacidad de fijar precios mínimos. Mientras algunos sectores industriales sostienen que el mercado debe autorregularse, representantes del sector productivo y del Gobierno provincial insisten en la necesidad de mecanismos de referencia que compensen las asimetrías estructurales.

Más allá de su carácter administrativo, la carta constituye una señal política clara desde la representación misionera dentro del Instituto: avanzar en algún tipo de intervención orientativa antes del inicio de la zafra gruesa.

El pedido coloca nuevamente en agenda el debate sobre la regulación del mercado yerbatero, la sustentabilidad económica de los pequeños productores y el equilibrio de poder dentro de la cadena.

La decisión ahora queda en manos del Directorio del INYM, en un año clave para la actividad.

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Cambios en organismos clave: renunció el titular del RENAPER y el Gobierno reordenó la UIF, Transporte y ENARGAS

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El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, una serie de modificaciones en organismos estratégicos del Estado, que incluyen la renuncia del titular del RENAPER, Pablo Luis Santos, y el recambio de autoridades en la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y el ENARGAS. Los movimientos forman parte de un reordenamiento institucional que impacta en áreas sensibles vinculadas a la identidad ciudadana, el control financiero, la infraestructura de transporte y la regulación energética.

La salida más relevante es la de Pablo Luis Santos, quien dejará la conducción de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1° de febrero. En su lugar, el Ejecutivo designó a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, formalizando así un cambio en un organismo central para la administración de documentos de identidad y el padrón poblacional.

Reordenamiento en la UIF y un enroque hacia el BICE

Los decretos también oficializaron la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La vacante será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, exfiscal e identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no se desvinculará de la gestión pública. Según lo dispuesto, pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Desde la Casa Rosada descartaron que el recambio en la UIF responda a tensiones políticas internas y aseguraron que se trató de una “decisión personal”. Como argumento, remarcaron que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo cargo dentro de una entidad financiera estatal, reforzando así la lectura de continuidad institucional más que de ruptura.

Transporte y energía: cambios en áreas sensibles de la regulación

La reestructuración del organigrama también alcanzó a dos áreas clave para la economía real y los servicios públicos. En la Secretaría de Transporte, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Luis Pierrini y designó en su reemplazo a Fernando Herrmann, formalizando un cambio en un área estratégica para la logística, la movilidad y la regulación del sistema de transporte.

En el sector energético, el Gobierno oficializó la salida del interventor del ENARGAS, Carlos Alberto María Casares, y nombró como nuevo responsable a Marcelo Alejandro Nachón. Según el decreto correspondiente, el reemplazante “reúne los antecedentes que justifican su postulación”, una fórmula habitual en este tipo de designaciones que busca respaldar la legitimidad técnica del nombramiento.

Señales políticas

Los cambios simultáneos en el RENAPER, la UIF, Transporte y el ENARGAS reflejan un ajuste fino en áreas de alto impacto institucional, donde se cruzan funciones administrativas críticas, control del sistema financiero y regulación de servicios esenciales. En términos políticos, el recambio de funcionarios en organismos sensibles sugiere una búsqueda de alineamiento interno y reorganización del esquema de gestión, sin que, al menos de manera oficial, se reconozcan conflictos abiertos.

Para los sectores involucrados, las modificaciones abren una etapa de transición operativa, con atención puesta en la continuidad de los procesos administrativos, los controles regulatorios y la ejecución de políticas en curso. En particular, el funcionamiento del RENAPER, la agenda de la UIF y las decisiones en Transporte y Energía quedarán bajo la lupa en las próximas semanas, a medida que los nuevos responsables asuman plenamente sus funciones.

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Productores de yerba reclaman recuperar facultades del INYM y advierten cese de cosecha

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La crisis del sector yerbatero volvió a quedar expuesta este 23 de enero de 2026 durante una reunión convocada por los Directores por la Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con pequeños productores de toda la provincia. El encuentro, realizado en el salón de usos múltiples de la Municipalidad de Campo Viera, se desarrolló en un clima de alta tensión y culminó con una resolución votada por mayoría que reclama la definición urgente de un precio justo para la hoja verde y establece un cese de cosecha por tiempo indefinido si no hay respuestas concretas. La discusión dejó en evidencia el impacto económico e institucional de la pérdida de atribuciones del INYM y sus efectos directos sobre unas 15.000 familias productoras.

Pérdida de atribuciones y “manos atadas”: el diagnóstico del INYM

La reunión se inició con la exposición de María Soledad Fracalossi, representante por la producción, seguida por la intervención de Jorge Emilio Eugenio Haddad, también representante por la producción y uno de los fundadores del organismo. Ambos describieron un escenario crítico, marcado por decisiones adoptadas a nivel nacional que redujeron las herramientas del INYM para regular el mercado.

“No hay novedades respecto al precio. Nos gustaría poder decir lo contrario, pero no es así. Vinimos a dar la cara y a explicar lo que está pasando. Estamos con las manos atadas”, afirmó Haddad ante los productores. Fracalossi fue igual de contundente al explicar las limitaciones actuales del instituto: “Con la quita de facultades, hoy de ninguna manera podemos fijar un precio mínimo para la yerba. No podemos hacerlo porque nos quitaron esa atribución. Las herramientas que nos quedan son escasas y solo nos resta seguir reclamando y luchando por los productores”. En ese marco, sostuvo que el desafío inmediato pasa por “reordenar la casa” para acompañar al sector, aunque sea de manera indirecta.

Precio, mercado y propuestas: la tensión con los productores

Durante el intercambio, Roberto Carlos Ferreyra, representante por la producción, advirtió que las medidas nacionales vigentes perjudican al pequeño productor y ponen en riesgo la sustentabilidad de la actividad. “Hablar de yerba es hablar de Misiones. Es nuestra producción más importante y el consumo no para de crecer. Sin embargo, hoy los números no cierran para las 15.000 familias productoras de la provincia”, remarcó.

Ferreyra propuso elevar el precio del paquete de yerba en góndola a $8.000 para mejorar el ingreso por kilo al productor y utilizó un ejemplo directo: “Tres caramelos cuestan 300 pesos. Si se pagaran tres caramelos más por kilo al productor, la situación se resolvería. A las familias no les cambia sustancialmente la economía pagar un poco más por mes por el paquete de yerba”.

Los productores coincidieron en que la promesa de libre oferta y demanda no se cumplió. “No funcionó. Solo provocó concentración y ahora quieren instalar una sobreoferta mayor a la real. El INYM tiene que recuperar sus herramientas de control para garantizar un precio justo”, expresó uno de los presentes. El malestar creció cuando se consultó por soluciones concretas y desde el organismo se respondió: “Desde Nación decidieron bajar línea y no responden. Hay que ser realistas”. Haddad también describió el aislamiento dentro del directorio: “Somos solo tres representantes de la producción. Los representantes de las cooperativas que se están fundiendo votan con los industriales y nos dejan solos”.

Resoluciones y advertencias: cese de cosecha y reclamo institucional

Al cierre del encuentro, los productores aprobaron por mayoría una resolución fechada el 23 de enero de 2026 con varios puntos clave. En primer lugar, intimar al INYM para que, en un plazo de 14 días hábiles, el Directorio —incluido su presidente— convoque a una reunión para definir el precio justo de la yerba mate verde. En segundo término, se resolvió establecer el cese de cosecha por tiempo indefinido hasta que exista una respuesta “convincente” al petitorio vinculado al precio de la hoja verde.

La resolución también dispuso comunicar lo decidido al presidente del INYM, al Directorio, a asociaciones de productores, cooperativas y a toda persona con interés en el asunto, y reclamó recuperar todas las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Paralelamente, los productores exigieron la presencia del presidente del organismo y cuestionaron la falta de respaldo institucional: “Nosotros pedimos que venga el presidente, no solo los representantes de la producción”.

El reclamo se extendió además a los intendentes de la provincia, a quienes instaron a involucrarse activamente. “Esto va a seguir empeorando y los pueblos se van a empobrecer si seguimos a este ritmo”, advirtieron. La preocupación se apoya en datos concretos: los costos de producción de la hoja verde rondan los $424 por kilo, según el propio INYM, mientras que los valores que se pagan en el mercado se ubican muy por debajo, profundizando una crisis que amenaza la continuidad de la principal economía regional de Misiones.

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El Gobierno frena la subasta del predio Pro.Cre.Ar en Paraná y redefine la liquidación del fondo

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, resolvió dejar sin efecto la subasta pública del inmueble conocido como Predio “Paraná”, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que formaba parte de los activos del disuelto Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar. La decisión, formalizada mediante la Resolución 9/2026, se apoya en razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa vinculadas a la redefinición de prioridades en el proceso de liquidación del fondo y reconfigura la estrategia oficial sobre la administración y disposición de bienes heredados del programa habitacional.

La medida fue adoptada el 20 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero, sin que se hubiera perfeccionado el procedimiento licitatorio ni consolidado derechos subjetivos a favor de terceros, según consta en los considerandos.

Disolución del Pro.Cre.Ar y revisión de los activos inmobiliarios

El Predio “Paraná” estaba alcanzado por el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), disuelto por el Decreto N° 1018 del 12 de noviembre de 2024, que puso fin al esquema creado originalmente por el Decreto N° 902/2012.

En ese marco, el artículo 2° del Decreto 1018/24 encomendó al Ministerio de Economía la realización de todos los actos necesarios para la liquidación del fondo fiduciario, de acuerdo con el contrato de fideicomiso del 18 de julio de 2012 y la normativa complementaria, incluyendo el Decreto N° 695/2024 y la Resolución N° 796/2024 del propio Ministerio.

Asimismo, el artículo 4° del decreto dispuso la celebración de un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para la administración, disposición y regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles del ex Pro.Cre.Ar. En cumplimiento de ese mandato, el 4 de septiembre de 2025 se firmó el Contrato de Mandato para la Administración y Disposición de Inmuebles entre la Secretaría de Obras Públicas y el banco, estableciendo que el mandatario actuaría conforme a las instrucciones del mandante, representado por la Dirección Nacional de Gestión de Obras.

Dentro de esas tareas se incluyó el análisis de los desarrollos urbanísticos que se encontraban en ejecución al momento de la disolución del fondo, muchos de los cuales quedaron suspendidos a la espera de definiciones sobre su continuidad, entre ellos el predio ubicado en la capital entrerriana.

La subasta autorizada y luego anulada

El inmueble denominado Predio “Paraná” está ubicado en Avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Se trata de un terreno identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24, con una superficie total de 49.990,56 metros cuadrados.

La Resolución N° 500 del 17 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Obras Públicas había autorizado la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0002-SPU25 para su venta, bajo el régimen previsto en el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001, que regula las contrataciones de la Administración Nacional. En esa misma norma se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las especificaciones técnicas y se delegaron facultades operativas para el desarrollo del procedimiento.

Sin embargo, apenas un mes después, la nueva Resolución 9/2026 dejó sin efecto esa autorización. Según el texto oficial, la decisión responde al ejercicio de la potestad discrecional de la Administración, sustentada en razones de interés público y en “las circunstancias actuales y sobrevinientes” relacionadas con el predio, en el contexto de la liquidación del fondo fiduciario.

El acto administrativo aclara que la subasta fue anulada antes de que se perfeccionara el procedimiento, por lo que no se generaron derechos adquiridos para eventuales oferentes.

Señales de la gestión sobre el Pro.Cre.Ar

La decisión de frenar la subasta del Predio “Paraná” se inscribe en un proceso más amplio de revisión de activos y redefinición de prioridades por parte del Ministerio de Economía en el cierre definitivo del Pro.Cre.Ar. En términos institucionales, refuerza el criterio de que la disposición de inmuebles no responde a un esquema automático de venta, sino a evaluaciones caso por caso en función de los objetivos de la gestión y del interés público comprometido.

Para el mercado y los actores vinculados a la obra pública y al desarrollo urbano, la medida introduce un factor de cautela respecto del destino de los inmuebles provenientes del ex programa habitacional, muchos de ellos con obras iniciadas o parcialmente ejecutadas. Al mismo tiempo, expone el margen de discrecionalidad que conserva el Poder Ejecutivo en los procesos de liquidación de fondos fiduciarios públicos, aun cuando ya se hayan iniciado procedimientos de contratación.

La Resolución 9/2026 fue dictada en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° inciso h) del Decreto N° 1030/2016, reglamentario del régimen de contrataciones, y por los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 764/2025 del Ministerio de Economía. Su publicación en el sistema COMPR.AR formaliza la anulación de la subasta y deja abierto el interrogante sobre el futuro uso o disposición del predio entrerriano dentro del proceso de liquidación del Pro.Cre.Ar.

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ARCA elimina el régimen informativo para aportes de socios protectores en las SGR

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió abrogar el régimen de información que obligaba a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) a reportar los aportes, retiros e ingresos de sus socios protectores. La medida, formalizada mediante la Resolución General 5816/2026 y publicada el 21 de enero de 2026, se inscribe en el proceso de simplificación normativa impulsado por el Poder Ejecutivo y redefine el esquema de control y coordinación informativa en el sistema de garantías para pymes.

La resolución deja sin efecto las Resoluciones Generales N° 3.387 y 3.959, aunque mantiene su aplicación para los hechos ocurridos durante su vigencia. Desde enero de 2026, la información vinculada a los socios protectores dejará de canalizarse por ese régimen específico, en un contexto de ampliación del intercambio de datos entre organismos del Estado.

El régimen que se deroga y el marco legal de las SGR

El régimen informativo ahora abrogado había sido establecido por la Resolución General N° 3.387, que imponía a las SGR la obligación de informar a la autoridad fiscal los aportes y retiros realizados por los socios protectores, así como los ingresos brutos obtenidos por su participación en el Fondo de Riesgo. Este esquema se enmarcaba en el funcionamiento del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, regulado por la Ley N° 24.467 y sus modificaciones.

El andamiaje normativo del sistema contempla, además, una coordinación entre distintos organismos. En ese sentido, el artículo 14 del Decreto N° 699/18 dispuso que la Autoridad de Aplicación, el Banco Central de la República Argentina y el entonces organismo recaudador coordinen el accionar del régimen informativo. A su vez, el último párrafo del artículo 25 del mismo decreto prevé la celebración de acuerdos para unificar sistemas de información y tareas de control.

Con la nueva resolución, ARCA considera que ese objetivo de coordinación puede alcanzarse por otras vías, sin necesidad de mantener un régimen informativo específico a cargo de las SGR.

Simplificación normativa y nuevo esquema de intercambio de información

La decisión se apoya en el mandato de simplificación normativa conferido a ARCA por el Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025, que encomendó al organismo revisar y reducir regímenes de información bajo su órbita. En paralelo, se registraron cambios en el esquema de transferencia de datos entre organismos públicos.

En particular, el artículo 2° de la Resolución N° 273/25 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento sustituyó el texto del artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 21/21, ampliando el régimen de transferencia de información entre la Autoridad de Aplicación y ARCA. Según surge de los considerandos, esta ampliación permite contar con mayor información para verificar la procedencia de los beneficios impositivos previstos en la Ley N° 24.467, sin recurrir a esquemas informativos redundantes.

En ese marco, ARCA concluyó que correspondía dejar sin efecto el régimen específico establecido por la Resolución General N° 3.387 y su modificatoria, al considerar que los objetivos de control y fiscalización pueden cumplirse mediante los nuevos canales de intercambio institucional.

Alcance, vigencia e impacto en el sistema de garantías

La Resolución General 5816/2026 establece que la abrogación entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y que será de aplicación respecto de la información correspondiente al período enero de 2026, inclusive. No obstante, aclara que las normas derogadas mantienen efectos sobre los hechos ocurridos durante sus respectivas vigencias, preservando la seguridad jurídica de los procesos ya iniciados.

Desde el punto de vista operativo, la eliminación del régimen informativo reduce las cargas administrativas para las Sociedades de Garantía Recíproca y para los socios protectores, actores clave en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, el control fiscal y la verificación de beneficios impositivos se apoyarán en un esquema de intercambio de información interinstitucional más concentrado, alineado con la política de simplificación normativa.

En términos institucionales, la medida redefine el rol de ARCA dentro del sistema de SGR, desplazando el foco desde los regímenes informativos individuales hacia mecanismos de coordinación con la Autoridad de Aplicación. El impacto final dependerá de la efectividad de esos canales alternativos para garantizar transparencia y control, sin afectar el funcionamiento de una herramienta central para el acceso al crédito de las pymes.

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