REPRESAS

Corpus Christi y Urugua-í como partes esenciales del potencial hidroeléctrico de Misiones

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El tema de la gran central hidroeléctrica binacional de Corpus Christi, proyectada con Paraguay en el tramo final de la singularidad geográfica del Cañón Del Guayrá, vuelve a tener estado público, con varios opinantes, muchos de los cuales no evidencian aquilatar los necesarios conocimientos técnicos para sustentar sus posturas.

Más allá de estos intercambios de ideas, con o sin fundamentos técnicos de los opinantes, es evidente que en el marco del desastre socio económico general en perpetración por el libertarismo y sus socios neoliberales, es muy dudoso que una gran obra pública para el desarrollo, pueda concretarse.

Pero ante un muy posible cambio profundo de política económica, las grandes obras públicas con enormes efectos multiplicadores positivos, como Corpus Christi, deben ser prioritarias.

Algunos opinantes pueden sin duda expresarse de buena fe, pero al carecer de los conocimientos técnicos imprescindibles para opinar con fundamentos, es frecuente que incurran en errores y/o serias imprecisiones, lo cual puede agravarse si se agregan cerradas posturas afines al fundamentalismo ecolátrico, el cual utiliza el ecoterrorismo como método usual de cooptación de adherentes.

Algunos opinantes seguramente son buenas personas, pero pueden demostrar una personalidad algo tendiente a adoptar posturas tajantes, evidenciando a la vez carencias muy visibles de la debida fundamentación técnica, incluyendo en el concepto lo referente al propio Tema Energético, pero también en Economía, en lo Social, en lo Ambiental y en lo Geopolítico. Y al caer en posturas que rayan lo poco fundamentado, suele suceder que algunas buenas personas terminen siendo usadas por determinados intereses, que en lo Energético por lo general van asociados -en esos casos en los que usan a personalidades proclives a exaltarse- con intereses impresentables, de magnitudes considerables.

En el tema energético, en particular, los poderosos intereses vinculados con la termogeneración (la que quema petróleo, gas o carbón), encontraron un aliado muy funcional, en el ultra ecologismo, el cual opera en gran medida con argumentaciones falsas y/o distorsionadas, enfatizando lo vinculado con el eco terrorismo, inoculando miedo en la opinión pública, como herramienta de sometimiento a sus nada inocentes planteos.

El ultra ecologismo, en Argentina, opera en gran medida con libretos instalados por grandes transnacionales del ecologismo ultra, operado desde el Reino Unido, como lo son Greenpeace y WWF (en Argentina Fundación Vida Silvestre). En los hechos, utilizan el ecologismo cavernario, como excusa para atarnos al subdesarrollo crónico. Suele ser poco conocido, que esas ONGs tienen fuertes trazas de haber sido creadas como instrumentos del MI6 (el servicio secreto británico), el cual opera para condicionar o impedir nuestro desarrollo.

En particular, recuerdo algunas exposiciones, cargadas de planteos pseudo apocalípticos y carecientes de los debidos fundamentos técnicos y científicos, de algunas personas opinantes que evidentemente carecen de los necesarios conocimientos, para basar sus afirmaciones.

Suelen ser exposiciones sin mala fe, pero al basarse en meros prejuicios funcionales a intereses impresentables, a los cuales no les interesa en nada el desarrollo socio económico de nuestra provincia, del NEA y de todo nuestro país, esos opinólogos al voleo terminan siendo funcionales a impresentables intereses, incluso del tipo de los que lucran sembrando miseria y estancamiento socio económico.

La puesta en marcha de Urugua-Í significó el fin-lamentablemente temporario-, de la sangría de dinero que significaba quemar enormes cantidades de combustibles, tanto en los equipos de EMSA ubicados en Posadas (TG 1, TG 2, Ciclo Combinado), como las centrales del interior (algunas de EMSA y otras de Cooperativas), debiendo adicionarse los elevados costos económicos y ambientales de fletes por camiones, desde San Lorenzo -Santa Fe- hasta los destinos en Misiones. Ese enorme negocio, muy costoso para Misiones, se terminó cuando comenzó a generar Urugua-Í. Por algún motivo irónico, en la Secretaría de Energía de La Nación, se mencionaban los “camioncitos voladores”, vinculados al transporte de combustibles para EMSA.

Cuando se diseñó, Urugua-Í significaba cubrir el 120 % de toda la demanda eléctrica provincial. Lo lógico, dentro de una coherente planificación energética provincial (vinculada con la nacional), indicaba la necesidad de utilizar el tiempo de cobertura total de la demanda provincial, para construir una mega central, esta con un horizonte de cobertura de la demanda provincial a largo plazo, lo que a la vez nos posicionará como proveedor nacional de un insumo de alto valor estratégico, como lo es la electricidad. Eso implica potenciar la matriz productiva de Misiones. Todo eso potenciará el desarrollo, saliendo del subdesarrollo que es causa de la peor de las contaminaciones, la provocada por la miseria.

El gran proyecto con mejores características técnicas y de muy bajo impacto ambiental, factible en Misiones, es Corpus Christi, utilizando la singularidad geográfica del Cañón del Guayrá, el cual posibilita minimizar el área inundable.

Para que se entienda eso, Misiones con Corpus Christi, pasará a ser productora de un insumo de alto valor estratégico para Argentina, a la vez que será otra gran obra que profundizará las vinculaciones geopolíticas con la hermana República del Paraguay. Tendremos acceso a grandes volúmenes de energía eléctrica de calidad, libre de las intermitencias de eólicas y solares.

A la vez, con una gestión que acentúe el rol inductor del desarrollo local (en ambas márgenes), tal como se hizo en la EBY durante la gestión del Arq. O. Thomas, es plenamente factible vincular la construcción de la Hidroeléctrica Corpus Christi, con inversiones en lo social, potenciando el desarrollo de la localidad de Corpus y zonas aledañas (tal como sucede con Ituzaingó, favorecida por la EBY); así como dar un gran impulso cualitativo y cuantitativo a las inversiones en rutas y vías férreas, e inversiones sociales en educación y salud, un moderno puerto en la cercana Santa Ana, y/o el uso intensivo del Puerto de Posadas.

Respecto a la Hidroeléctrica Urugua-Í, la mayor obra pública hecha en Misiones, es necesario opinar con fundamentos, no con el mero “dice que”. La producción promedio anual de la misma, es superior a la media estimada en los estudios previos. Y dadas las conocidas fluctuaciones en el caudal del río en el que se sitúa (el de mayor caudal de los cursos de agua interiores de Misiones), era conocido ex ante, que ocurrirían períodos de estiaje, con bajas producciones de energía; como también la generación a plena potencia, en épocas de grandes caudales, durante los cuales, el exceso de los mismos se vuelca por el vertedero, sobre el cual está la Ruta Nacional Nº 12.

En la descomunal crisis eléctrica por falta de inversiones en mantenimiento, ocurrida en el gobierno macrista, en 2017; en Misiones los efectos de la misma fueron de mucha menor magnitud, en buena parte gracias a la generación de base producida por Urugua-Í.

Existe un interesante proyecto, del Túnel del Urugua-Í, el cual de concretarse permitirá suplir totalmente las carencias de caudal en períodos de baja hidraulicidad, con lo cual se utilizará plenamente el potencial de esa importante central hidroeléctrica. El notable experto mundial en hidroelectricidad, Dr. Ing. Giovanni Lombardi, consideró plenamente factible esa obra.

Guardo muy respetuoso recuerdo de ese muy destacado profesional y excelente persona, que tuvo la enorme deferencia de haber prologado dos de mis libros; además de obsequiarme, con una dedicatoria, un ejemplar del voluminoso libro, de delicada impresión, con el cual conmemoró los 50 años de su muy destacada consultora, con sede en Suiza.

La generada por Urugua-Í, es la energía más económica que dispone Misiones, y sigue siendo un gran respaldo para la demanda eléctrica provincial.

Lógicamente, la demanda creció, y se debería haber invertido en más fuentes de generación hidroeléctrica, de las que existen varios proyectos terminados, planificados en cursos de agua interiores, además de los grandes proyectos binacionales de Corpus Christi, Panambí y Garabí.

Como no se hizo ninguna hidroeléctrica adicional, excepto Aña Cuá, la no terminada ampliación de Yacyretá, lamentablemente en Misiones se debió volver a montar centrales termoeléctricas, de elevados costos por kWh, altos índices de polución (por quemar combustibles, y por la contaminación del transporte en camiones por más de 1.000 Km.), y vidas útiles acotadas. Además, se invirtió en paneles solares, lo cual es energía costosa, con vidas útiles bastante reducidas, con costos ambientales encubiertos, y con generación de muy baja calidad, pues esa es energía intermitente.

Las únicas tecnologías que producen Energía de Base (técnicamente confiable, sin intermitencias) son la hidroeléctrica, la nuclear y la termoeléctrica.

El tema no se agota, pero en mérito a la brevedad, lo acoto acá, enfatizando que el enorme potencial hidroeléctrico de Misiones, es la gran herramienta para el desarrollo provincial. La peor de las contaminaciones es la provocada por la miseria. Utilicemos la enorme riqueza hidroeléctrica, para sustentar nuestro desarrollo.

Por sólidos motivos, China, la economía con mayores índices de desarrollo, se volcó fuertemente a la construcción de varias megas centrales hidroeléctricas, haciendo caso omiso a las presiones del ecologismo cavernario, que pretendió impedir esas grandes obras. En Europa y EEUU no construyen más hidroeléctricas, pues prácticamente ya construyeron todas las posibles. Estos datos los ocultan los ultra ecologistas.

¡Que el ecologismo cavernario no sea la excusa para el subdesarrollo crónico!

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Milei autorizó el envío de militares a custodiar “objetivos estratégicos” ante amenazas

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El Presidente, Javier Milei firmó un decreto con los ministros Luis Petri, de Defensa; y Patricia Bullrich, de Seguridad, que le permite definir cuáles son las instalaciones o los bienes a proteger. La medida regirá tanto para “períodos de paz, de guerra o de conmoción interior”.

El presidente Javier Milei autorizó el envío de militares a custodia “objetivos estratégicos” frente a amenazas como el terrorismo internacional o el crimen organizado, según un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, junto a los ministerios de Defensa y de Seguridad. La decisión otorga al Poder Ejecutivo la definición de cuáles son esas instalaciones o bienes que el Estado debería proteger de manera especial ante riesgos que pudieran comprometer la soberanía.

La asignación de “objetivos estratégicos” está apuntando a plantas nucleares, usinas eléctricas, represas, radares y instalaciones de seguridad nacional, entre otros.

Si bien la legislación actual reconocía esa facultad, el decreto que firman Milei, Luis Petri y Patricia Bullrich, le otorgó tanto al primer mandatario como al Jefe de Gabinete la facultad para definir qué es -y qué no- un “objetivo estratégico”. Al mismo tiempo, incluyó dentro de los considerandos un aspecto clave: “Las amenazas y agresiones pueden proceder de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”.

La inclusión de actores “para estatales o criminales” modifica la normativa vigente, que solo reconocía amenazas de entes nacionales, es decir, países. Desde que asumió la actual conducción política se viene planteando la necesidad de modificar ese límite, habida cuenta de la actuación de otros actores con la misma o peor capacidad de daño, como puede ser el terrorismo internacional y las bandas criminales con ramificaciones en distintos países.

En concreto, el decreto estableció, en su artículo 1°: “Definición. Entiéndese por ‘Objetivos de Valor Estratégico’ cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el ESTADO NACIONAL que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.

En el segundo artículo se estableció la competencia, al sostener que “la calificación como ‘Objetivo de Valor Estratégico’ será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional El Jefe de Gabinete de Ministros o los Ministros de Defensa y de Seguridad podrán proponer al PEN la calificación de ‘objetivo estratégico’ a otros bienes, instalaciones o conjunto de instalaciones fijas conforme el criterio expuesto en el artículo 1° del presente”.

El tercero es un artículo clave, al determinar la cooperación Interinstitucional: “El Ministerio de Seguridad, en función de los ‘Objetivos de Valor Estratégico’ que custodie por medio del empleo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, en cumplimiento de lo determinado por el Poder Ejecutivo Nacional, podrá solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o el de Cuerpos Policiales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo caso coordinará sus acciones con el Ministerio de Defensa o con los Gobiernos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Airees, según corresponda”.

“En el mismo sentido actuará el Ministerio de Defensa, en la oportunidad en la que deba proporcionar protección, en tiempo de paz, a ‘Objetivos de Valor Estratégico’ en el cumplimiento de lo dispuesto por el PEN”.

En tanto, el artículo cuarto, definió la dependencia operacional: “En caso de guerra o conflicto armado los ‘Objetivos de Valor Estratégico’ que se encuentren protegidos por las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales o conjuntamente, con la finalidad de complementar sus capacidades, quedarán bajo comando operacional de las Fuerzas Armadas”.

“En situaciones de conmoción interior, en los términos de los artículos 31 y 32 de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias, los ‘Objetivos de Valor Estratégico’ emplazados o en tránsito y las Fuerzas que los protegen en el ámbito territorial en el cual rija el Estado de Sitio quedarán bajo comando operacional de las Fuerzas Armadas”, continuó ese ítem del decreto firmado por Milei, Petri y Bullrich.

En quinto artículo, en su cláusula operativa indicó: “Los ‘Objetivos de Valor Estratégico’ definidos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y que cuenten con la custodia de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales mantendrán esa calificación y protección con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto y hasta que el PEN lo modifique en los términos del artículo 2º”. Los últimos dos ítems concluyeron con la formalidad de su puesta en vigencia.

Fundamentos del decreto

En los considerandos que fundamentan el decreto se indicó que la Ley de Defensa Nacional “tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. Y que el legislador consideró que los “objetivos estratégicos” “poseen un alto valor para la Nación Argentina que definen la necesidad de su custodia”.

“La citada norma no contiene una definición del término ‘objetivo estratégico’ que permita identificar con certeza qué bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas revisten tal carácter, independientemente de la parte del territorio en el que se encuentre localizado. Que una adecuada evaluación estratégica sobre la Seguridad Nacional, implica la anticipada detección de las amenazas y la efectiva reacción ante las agresiones que puedan afectar objetivos estratégicos en la República Argentina”, resaltó el decreto.

Según la medida que firmaron el presidente y sus dos ministros, “la determinación sobre la protección a un objetivo estratégico será producto de analizar y evaluar adecuadamente las capacidades que deben poseer los defensores para enfrentar, con posibilidades de éxito, a las potenciales amenazas y agresiones, en período de paz, de guerra o de conmoción interior” y que “en consecuencia, resulta indispensable definir y caracterizar el concepto de ‘objetivo estratégico’ a los efectos de poder identificarlo para su posterior custodia y protección, otorgando al concepto de certeza jurídica y evitar remisiones a un concepto indeterminado”.

“Compete al Presidente de la Nación determinar los “Objetivos de Valor Estratégico” que han de ser objeto de protección por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. Además, se destacó en los considerandos que la Ley de Seguridad Interior vigente estableció “bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior e implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las Fuerzas de Seguridad Federales con el fin de alcanzar los objetivos de la citada ley”.

“No puede soslayarse que una mirada estratégica de la Seguridad Nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la Agenda del siglo XXI. Que dichas amenazas están relacionadas con la desestabilización del Estado y las instituciones democráticas, a través de la afectación de la infraestructura crítica, situación que se agudiza con las nuevas tecnologías aplicadas al arte del combate no convencional”, consignó el decreto.

Fuente Boletin Oficial e Infobae

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Royon instruyó a Enarsa para que asuma transitoriamente la operación de represas del Comahue

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La secretaria de Energía, Flavia Royon, instruyó a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) para que asuma “transitoriamente” la operación de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Comahue, que abarca las provincias de Neuquén y Río Negro, ante el inminente vencimiento de las concesiones otorgadas hace 30 años en el marco del proceso de privatizaciones que se concretaron en la década del 90.

La disposición de la titular de la cartera energética se concretó a través de una nota dirigida al presidente de Enarsa, Agustín Gerez, en la que “se instruye que adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica” de esas centrales, cuyos contratos de concesión vencen en el segundo semestre del año.

Fuentes oficiales indicaron que la nota instruye que Enarsa para que asuma la operación “ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales”.

Se trata de los complejos hidroeléctricos de Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy, cuyos contratos vencen el 11 de agosto; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre.

Estas represas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto, tras 30 años de manejo privado, y que desde el año pasado forman parte de una negociación entre la Nación y las provincias, en particular las de Neuquén y Río Negro por el futuro estatus de esos aprovechamientos.

Tras conocerse la instrucción recibida por Enarsa, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, rechazó la decisión del Gobierno nacional de dejar exclusivamente en manos de la Nación el control de las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, y anticipó que recurrirá judicialmente la medida, a la que calificó de “inconstitucional”.

“Es una barbaridad lo del traspaso de las concesiones hidroeléctricas a Enarsa”, dijo el gobernador al considerar que se trata de una medida “centralista, porque las provincias son dueñas de los recursos naturales” y como tal pretenden “cobrar por el uso del agua”.

Por su parte, el gobierno de Río Negro solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con la secretaria Royon, con el objetivo de transmitir “la posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias, es clara en cuanto a la necesidad de aprobar todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos multipropósito, emplazados en los ríos Limay y Neuquén”.

“Buscando optimizar los usos como, el control de crecidas, el consumo humano, riego, industrial y la generación de energía eléctrica”, expresó el gobierno rionegrino mediante un comunicado oficial.

En ese marco, el Gobierno de Río Negro reiteró el pedido de avanzar en un entendimiento que disponga la concesión de las centrales en el ámbito público y compartido entre Nación (como propietario de las obras) y las provincias (propietarias del agua).

Las provincias desde el año pasado discutían con la Nación distintas alternativas de esquemas a implementar para la administración, operación, mantenimiento y explotación de las hidroeléctricas emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén; contemplando las normas de uso de agua y cuestiones ambientales referentes al recurso.

Ambas provincias patagónicas incluyeron en su reclamo la aplicación de la llamada Tarifa Comahue que como principales generadores de energía del país les permitiría un consumo eléctrico a precios diferenciales, lo que que podría significar la reducción de entre 15% y 40%.

La posibilidad de que las provincias tengan el manejo de las represas enfrenta un obstáculo legal importante ya que los activos se encuentran registrados bajo la titularidad de la Nación.

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La importancia de la hidroenergía en el mundo: qué proyectos encara el país

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El aporte de la energía hidráulica tiende a superar el 20 por ciento dentro de la matriz de generación eléctrica nacional. Qué ventajas supone como fuente y en qué situación se encuentra la Argentina respecto a otros países. La importancia de desarrollar proyectos para ampliar esta participación.

En Argentina, la energía eléctrica se produce mayoritariamente a partir de gas natural, un recurso que en 2022 significó cerca del 60 por ciento de esa matriz de generación, de acuerdo a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

A nivel país, la producción restante surge desde fuentes renovables, entre las que sobresalen la hidroeléctrica, con más del 21 por ciento de contribución, y la nuclear, que aporta más del 7 por ciento. En comparación con el mundo, una de las características diferenciales de la matriz nacional es la escasa generación eléctrica a partir del carbón, recurso que suma apenas un 1 por ciento.

En el escenario internacional, la descarbonización constituye uno de los objetivos máximos de la transición energética. Este combustible provoca emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que absorben la radiación infrarroja del sol, retienen y aumentan el calor en la atmósfera, agravando el calentamiento global.

El carbón es el elemento principal en la matriz de generación China, con una participación que ronda el 57 por ciento. En tanto, Estados Unidos registra un aporte en torno al 12 por ciento, mientras que el gas natural ocupa un 32 %, el petróleo un 36% por ciento, las renovables 12% y la nuclear 8%.

En efecto, la Argentina es un país que recorre una senda de plena transición, con el gas natural como recurso emblemático de este proceso. La utilización del hidrocarburo se consolida como puente hacia las energías menos contaminantes. Dibuja un horizonte sustentable, al que se acerca con cada avance conquistado en materia de renovables como la energía hidráulica.

Haciendo una comparación con países vecinos, Brasil cuenta con una participación superior al 60 por ciento en energía hidroeléctrica, siendo su principal fuente de generación. Le sigue la termoeléctrica que acapara alrededor del 20 por ciento de su matriz.

El aporte hidráulico

De cara a la transición energética tanto el Gobierno nacional como actores de peso dentro del ámbito privado proyectan un incremento sustancial de la potencia instalada en materia de energía hidráulica.

Esta fuente provoca bajas tasas de emisión de GEIs, además de que muestra mayor eficiencia y vida útil en comparación con otras tecnologías, de acuerdo a la información oficial.

En virtud de ello, trabajan de cara a ampliar la contribución en torno al 20 por ciento que la hidroenergía logró dentro de la matriz de generación, con el potencial de seguir incrementando ese aporte a la luz de nuevas obras, como en el caso del Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

A través de esta megaobra se apunta a poner en marcha las centrales hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, de una potencia instalada de 950 MW y 360 MW, respectivamente.

Los trabajos también contemplan la construcción de una línea de Extra Alta Tensión de 170 km que conectará ambas generadoras al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“Entre las dos centrales, sumarán una potencia instalada de 1.310 MW, por lo que se logrará ampliar en un 11,4 por ciento el total disponible de energía generada por el agua en todo el país”, explica Juan Manuel Pereyra, presidente de Eling Energía, empresa dedicada a la ingeniería y construcción de grandes obras de generación y transporte de energía que está a cargo del proyecto.

De acuerdo a Pereyra, el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz traerá aparejada una serie de beneficios vinculados con el cuidado ambiental, por caso la reducción en un 6 por ciento del volumen de emisiones del SADI. Además, según adelanta, “se logrará un 2 por ciento en ahorro de combustible, teniendo en cuenta el consumo nacional actual, lo que equivale a 2,6 millones de m3 de gas natural diarios”.

Las tareas que encara Eling Energía, que cuenta con más de 45 años de experiencia acumulada en este frente, impulsarán una cadena de valor que incluirá la creación de 6.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos, así como otras 100 vacantes especializadas una vez que las centrales se encuentren en pleno funcionamiento.

Por último, en alusión al alcance del proyecto, Pereyra sostiene que dará lugar a un promedio anual en generación de electricidad de 5.283 GWh, una mejora que “afianzará la contribución de esta fuente, además de beneficiar a 1.100.000 hogares argentinos en total”.

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Recuperar para el Estado las grandes hidroeléctricas, evitandose nuevas concesiones o privatizaciones semi-encubiertas

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Las grandes hidroeléctricas construidas por el Estado Nacional en la gran cuenca hídrica del río Negro y sus afluentes, en su momento se aglutinaron en un eficiente ente nacional llamado Hidronor, nombre cuyo preciso significado era Hidroeléctrica Nord Patagónica.

En el contexto del apåtrida y destructivo neoliberalismo, Hidronor corrió el mismo destino negativo al cual fueron condenados muchos valiosos entes estatales, como Agua y Energía Eléctrica, YCF y otros, fue desguazado, separándose las diversas y muy vinculadas generadoras hidroeléctricas, y el ente madre desapareció, como de seguro también deben haber desaparecido o pasados a manos privadas -en varios casos extranjeras-, sus valiosos antecedentes técnicos.

Acorde a las dogmáticas y nada inocentes pautas anti estatistas, ultra privatistas y soberbiamente antinacionales, el manejo -y las jugosas facturaciones mensuales consecuentes-, fueron privatizados y en varios casos extranjerizados, sin existir motivo alguno favorable a los Intereses Nacionales, por fuera de dichos dogmas, en esos deplorables años repetidos hasta el hartazgo por lenguaraces al tanto por cuanto de casi todos los medios de comunicación.

Como el tema de La Energía tiene muchas complejidades técnicas, no son muchas las personas expertas en él. Cierto sector de entendidos en el tema, clara o semi veladamente, demuestra su afinidad con el neoliberalismo, doctrina apátrida e instrumento de sometimiento a mega poderes político – financieros transnacionales, como el “experto” que aconsejó a Alfonsín paralizar el Plan Nuclear, buscando su desaparición.

Ese “experto”, siempre opinando en tono doctoral, y con el permanente respaldo de los “ex secretarios de energía de la partidocracia cleptocrática” (definición acorde al cerrado contexto antinacional neoliberal de esos largos años), mantiene posturas afines a los muy fuertes intereses petroleros y gasíferos, así como los vinculados de las “energías renovables sesgadas” eólicas y solares; y en consecuencia es persistente detractor de las mucho más eficientes energías hidroeléctrica y nuclear; todo eso acorde al modelo de país estancia, de economía forzosamente primarizada, tal como es el persistente objetivo de la retrógrada oligarquía egoísta y en los hechos anti argentina.

Otros expertos en el tema, no cooptados o incluso opuestos al neoliberalismo, o eventualmente conscientes de los Intereses Nacionales en juego, suelen opinar coherentemente en discretamente o en forma “off the record”, pero -muy comprensiblemente, evitan en forma harto prudente, opinar en público, pues son dependientes de empleos vinculados al sector, o si son asesores privados o consultores independientes, de un modo u otro dependen de contratos emanados del sector.

!Y es bien sabido cómo funcionan las acciones del “poder profundo” para “disciplinar” a quienes puedan osar emitir opiniones públicas, contrarias al “pensamiento energéticamente correcto” emanado de las usinas del poder, las cuales en muchos casos tienen vinculaciones directas con el extranjero!

Fue notable constatar que los beneficiarios de las concesiones de esas grandes hidroeléctricas, en medio de la euforia por las ganancias fáciles que era previsible que obtuvieran, no pudieron dejar de decir que el estado de conservación y mantenimiento de las mismas era muy bueno. Eso significó que con mínimos gastos, facturaron literalmente

por muy poco más que subir y bajar las palancas para conectar y desconectar esas eficientes grandes hidroeléctricas.

El tema es que ahora están por vencer las concesiones perpetradas en el noventismo, y a tan estratégico tema lo envuelve un casi total denso silencio, dentro del cual se pudieron leer algunas opiniones, que con ciertas sutilezas, se pronuncian algo veladamente a favor de algún tipo de renovación del sistema de concesiones, postura esa inadmisible si se evalúa el tema con una clara óptica Nacional.

Tampoco cabe desconocer que se alzaron voces a favor de la estatización provincial de esas grandes generadoras, postura mucho más positiva que la privatización, que significaría volver a concesionarias.

Ese manejo de los recursos naturales reducido al accionar de las provincias, dejando de lado al Estado Nacional, fue instalado por la muy criticable reforma constitucional de 1994, la cual, cargada de pautas neoliberales excluyentemente vigente en esos años, conduce a la fragmentación del poder efectivo del Estado Nacional y a limitar la capacidad de negociación estatal, habida cuenta que los Estados Provinciales son más débiles y limitados que el Estado Nacional; e incluso posibilita una negativa competencia entre las provincias, en tal situación debilitadas ante poderosas contrapartes privadas, en muchos casos extranjeras.

Como sea, es imperativo que el manejo y los recursos que generen las grandes hidroeléctricas, vuelvan al pleno y excluyente manejo de Estado, sea el Nacional o los de las provincias. Y los significativos montos previsibles de sus facturaciones, pueden ser muy bien utilizados para financiar varios proyectos hidroeléctricos, tanto en la región del Comahue, como en otras de nuestro país.

Es total y absolutamente inadmisible que las concesiones a punto de terminar -una de las tantas rémoras muy negativas

que nos dejó el neoliberalismo-, sean suplantadas por nuevas concesiones.

En este tema, también se juega la soberanía argentina.

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