La secretaria de Energía, Flavia Royon, instruyó a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) para que asuma “transitoriamente” la operación de las centrales hidroeléctricas de la cuenca del Comahue, que abarca las provincias de Neuquén y Río Negro, ante el inminente vencimiento de las concesiones otorgadas hace 30 años en el marco del proceso de privatizaciones que se concretaron en la década del 90.

La disposición de la titular de la cartera energética se concretó a través de una nota dirigida al presidente de Enarsa, Agustín Gerez, en la que “se instruye que adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica” de esas centrales, cuyos contratos de concesión vencen en el segundo semestre del año.

Fuentes oficiales indicaron que la nota instruye que Enarsa para que asuma la operación “ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo, sin limitación, la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales”.

Se trata de los complejos hidroeléctricos de Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy, cuyos contratos vencen el 11 de agosto; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, cuya concesión vence el 29 de diciembre.

Estas represas son las primeras cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto, tras 30 años de manejo privado, y que desde el año pasado forman parte de una negociación entre la Nación y las provincias, en particular las de Neuquén y Río Negro por el futuro estatus de esos aprovechamientos.

Tras conocerse la instrucción recibida por Enarsa, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, rechazó la decisión del Gobierno nacional de dejar exclusivamente en manos de la Nación el control de las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, y anticipó que recurrirá judicialmente la medida, a la que calificó de “inconstitucional”.

“Es una barbaridad lo del traspaso de las concesiones hidroeléctricas a Enarsa”, dijo el gobernador al considerar que se trata de una medida “centralista, porque las provincias son dueñas de los recursos naturales” y como tal pretenden “cobrar por el uso del agua”.

Por su parte, el gobierno de Río Negro solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con la secretaria Royon, con el objetivo de transmitir “la posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias, es clara en cuanto a la necesidad de aprobar todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos multipropósito, emplazados en los ríos Limay y Neuquén”.

“Buscando optimizar los usos como, el control de crecidas, el consumo humano, riego, industrial y la generación de energía eléctrica”, expresó el gobierno rionegrino mediante un comunicado oficial.

En ese marco, el Gobierno de Río Negro reiteró el pedido de avanzar en un entendimiento que disponga la concesión de las centrales en el ámbito público y compartido entre Nación (como propietario de las obras) y las provincias (propietarias del agua).

Las provincias desde el año pasado discutían con la Nación distintas alternativas de esquemas a implementar para la administración, operación, mantenimiento y explotación de las hidroeléctricas emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén; contemplando las normas de uso de agua y cuestiones ambientales referentes al recurso.

Ambas provincias patagónicas incluyeron en su reclamo la aplicación de la llamada Tarifa Comahue que como principales generadores de energía del país les permitiría un consumo eléctrico a precios diferenciales, lo que que podría significar la reducción de entre 15% y 40%.

La posibilidad de que las provincias tengan el manejo de las represas enfrenta un obstáculo legal importante ya que los activos se encuentran registrados bajo la titularidad de la Nación.

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