Argentina enfrenta este viernes un pago de US$ 4.300 millones en capital e intereses de bonos de la deuda pública, un movimiento clave para la dinámica financiera de corto plazo. La atención del mercado no está puesta en el cumplimiento —ya descontado— sino en qué harán los inversores con esos fondos, especialmente los privados que concentran la mayor parte del cobro, en un contexto de Riesgo País aún elevado y con fuertes vencimientos por delante en 2026.
Cómo se distribuyen los US$ 4.300 millones y por qué importa
Del total que se paga hoy, unos US$ 700 millones están en manos de organismos públicos, por lo que el mercado descuenta que esos dólares permanecerán dentro del sistema financiero, incluso sin impacto directo sobre las reservas.
La verdadera incógnita está en el destino de los US$ 3.700 millones restantes, que corresponden a tenedores privados de bonos. Allí se concentra la expectativa sobre si habrá reinversión en activos argentinos, ya sea en bonos soberanos, instrumentos financieros locales o, en menor medida, otros activos vinculados al mercado doméstico.
Este punto es central porque, más allá del cumplimiento de los compromisos, la sostenibilidad financiera no depende solo de pagar, sino también de lograr que los dólares que salen vuelvan a circular dentro del sistema, reduciendo tensiones cambiarias y financieras.
Efecto técnico sobre los bonos y señales del mercado
Desde el mercado financiero advirtieron que en la jornada de este viernes podría registrarse una caída en el precio de los bonos argentinos, aunque aclararon que se trata de un efecto estrictamente técnico, vinculado a la modalidad del pago de capital e intereses.
Según explican operadores, este movimiento no debe interpretarse como una salida de capitales ni como un cambio en la percepción de los inversores, sino como un ajuste habitual posterior a los pagos de deuda.
Sin embargo, el contexto general sigue siendo delicado. A pesar de haber cumplido con todos los vencimientos recientes, el Riesgo País se mantiene en torno a los 580 puntos, un nivel que impide el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda y limita la capacidad de financiamiento externo en condiciones normales.
El desafío de fondo: vencimientos 2026 y riesgo soberano
La preocupación estructural del Gobierno continúa siendo el alto nivel del riesgo soberano, que no cede incluso luego de los pagos realizados. Este indicador refleja que el mercado aún percibe incertidumbre sobre la capacidad de financiamiento futuro, más allá del cumplimiento inmediato.
El dato que sobrevuela todas las decisiones es el calendario próximo: durante 2026, Argentina deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por más de US$ 16.300 millones. En ese marco, la reacción de los inversores privados ante el pago de hoy funciona como un termómetro clave para evaluar el grado de confianza y la posibilidad de estabilizar el frente financiero sin recurrir a nuevas fuentes extraordinarias de financiamiento.
Con el inicio formal de 2026, comenzó una nueva etapa del programa económico. Según el análisis de la consultora Ecolatina, las bandas cambiarias comenzaron a deslizarse en función de la inflación pasada correspondiente a noviembre de 2024 (T-2). Como resultado, el techo de la banda se ubicó en $1.529,03 y el piso en $914,78. En este nuevo esquema, el tipo de cambio oficial mayorista cerró en $1.475, con una suba del 1,5% respecto del viernes previo y quedó a apenas 3,7% del límite superior, dejando atrás el equilibrio transitorio de $1.400–$1.450 que había caracterizado al período post-electoral.
El inicio de esta fase marca un punto clave para el mercado cambiario, ya que reabre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema, el comportamiento de las expectativas de devaluación y la capacidad de generar oferta genuina de divisas en un contexto de regulaciones vigentes y estrechez externa.
Bandas móviles y primeras señales del mercado cambiario en 2026
El foco inmediato estará puesto en cómo se reequilibra el mercado cambiario durante las primeras semanas del año. Con un tipo de cambio operando cerca del techo de la banda y una oferta que aún no muestra señales de recuperación, el principal desafío será mantener contenidas las expectativas de devaluación.
Tras el anuncio de la Fase de Re-monetización del 15 de diciembre, el Tesoro revirtió su postura compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para comenzar a contener la cotización del dólar, estableciendo un techo operativo en torno a los $1.450. Con datos parciales hasta el 23 de diciembre, Ecolatina estima que el Tesoro acumuló ventas por USD 124 millones, en contraste con las compras por USD 525 millones realizadas durante la primera quincena de diciembre y los USD 247 millones adquiridos en noviembre de 2025, según el informe del MULC publicado por el BCRA.
Como consecuencia de esta dinámica, los depósitos en dólares del Tesoro se ubicaron en USD 2.187 millones al 26 de diciembre. No obstante, es probable que estos saldos se hayan reducido en las ruedas posteriores, especialmente el 29 de diciembre, cuando el volumen operado en el mercado alcanzó los USD 903 millones, el nivel más alto desde el 22 de octubre, en la semana de las elecciones legislativas. Con estos niveles, los depósitos cubrirían cerca del 50% de los vencimientos de deuda soberana del 7 de enero y podrían acercarse al 70% en caso de concretarse el ingreso de USD 700 millones correspondientes a la privatización de las hidroeléctricas.
Canje de bonos, REPO y el rol del BCRA en la contención cambiaria
En paralelo, el Tesoro y el Banco Central realizaron un canje de títulos públicos con vistas a la licitación en pesos prevista para el 14 de enero. La operación consistió en el intercambio de bonos en dólares bajo legislación local (AL35 y AE38) en manos del Tesoro por bonos CER que estaban en poder del BCRA. Este movimiento habilita la posibilidad de una eventual operación de REPO, ya que los títulos recibidos podrían utilizarse como colateral, tal como ocurrió en operaciones anteriores con BOPREAL serie 1-D.
Según fuentes oficiales citadas por Ecolatina, el BCRA podría constituir un REPO por hasta USD 7.000 millones, lo que permitiría cubrir eventuales faltantes de financiamiento en el corto plazo y atender compromisos de deuda sin recurrir a una mayor presión sobre el mercado cambiario.
En cuanto a la dinámica del MULC, los datos de noviembre ofrecen algunas señales relevantes. El Sector Privado No Financiero fue demandante neto de divisas por USD 453 millones, muy por debajo del rojo de USD 3.700 millones registrado en octubre, en pleno clima de incertidumbre electoral. La Cuenta Corriente volvió a mostrar un déficit de USD 234 millones, afectada por la estrechez del saldo comercial de bienes, que fue de apenas USD 535 millones, luego de la fuerte reducción en la liquidación del agro tras la eliminación temporaria de retenciones en septiembre.
La Cuenta Financiera tampoco logró compensar el déficit, con un rojo de USD 221 millones, aunque mejoró sensiblemente frente al promedio negativo de USD 3.400 millones del bimestre previo. Esta mejora respondió a una menor demanda de divisas para ahorro y a un mayor ingreso neto por préstamos financieros, que sumaron USD 1.379 millones, el valor más alto bajo la actual administración y desde julio de 2017.
Expectativas, brecha cambiaria y señales de sostenibilidad del esquema
En el detalle de la Formación de Activos Externos (FAE), la demanda neta alcanzó los USD 1.119 millones, el nivel más bajo desde el relajamiento de las restricciones cambiarias en abril de 2025. Entre los factores explicativos se destacan una mayor cantidad de personas vendiendo billetes, un mercado más calmo tras el proceso electoral, una menor oferta de divisas y el efecto de la restricción cruzada de 90 días, que redujo la demanda para arbitraje y llevó su participación al 25% de los egresos, frente a más del 40% promedio entre mayo y septiembre.
En diciembre, la estrechez en el ingreso de divisas por bienes continuó predominando. El agro liquidó apenas USD 1.015 millones, según CIARA-CEC, el valor más bajo para un diciembre desde 2009 a precios actuales. Si bien la producción de trigo sería récord, resta evaluar si logra compensar el adelantamiento de liquidaciones ocurrido en septiembre. Por el lado financiero, el ingreso de divisas se moderó: en diciembre se emitieron USD 1.300 millones en obligaciones negociables en dólares, frente a USD 3.600 millones en noviembre.
En este contexto, el tipo de cambio oficial cerró en $1.475, mientras que los dólares financieros también mostraron subas. El dólar minorista alcanzó los $1.485 (+0,6%), el MEP con AL30 operó en $1.502 (+1,1%), el CCL con CEDEARs llegó a $1.543 (+0,8%) y el dólar blue se mantuvo estable en torno a $1.530. La brecha cambiaria promedio se ubicó en la zona del 5%.
Los contratos de futuros acompañaron el movimiento del spot. Los vencimientos entre enero y marzo subieron 4,3%, mientras que los contratos desde abril de 2026 avanzaron 5,4%. Las devaluaciones implícitas cerraron en +2,7% para enero, +5,2% para febrero y +7,8% para marzo.
En suma, la nueva fase no despeja la incógnita cambiaria. En el corto plazo, el equipo económico podrá recurrir a la intervención en futuros, al mercado secundario y a señales de compra por parte del BCRA para contener la presión. Sin embargo, el desafío estructural seguirá siendo aumentar el flujo de oferta real y financiera en el MULC, lo que requerirá un desmantelamiento gradual de las regulaciones cambiarias vigentes y un esquema que resulte sostenible en el tiempo.
Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) demora la revisión de fin de año y mantiene en suspenso el desembolso de u$s1.050 millones, el Ministerio de Economía y el Banco Central aceleraron un plan financiero alternativo: negocian un préstamo REPO por u$s2.000 millones con un consorcio de bancos internacionales. La operación, que ingresaría íntegramente como reservas brutas, apunta a blindar el balance del BCRA, atravesar el cuello de botella de enero y reducir la dependencia de un eventual waiver del organismo multilateral.
Fuentes de máxima jerarquía en Balcarce 50 y Reconquista confirmaron que la negociación ingresó en etapa definitiva en las últimas 48 horas, con una estructura similar a los repos ampliados utilizados en enero y junio de este año. El crédito se pactaría a uno o dos años, con bonos soberanos como colateral, y podría ampliarse hasta u$s300 millones adicionales, aún no confirmados.
Un REPO como herramienta preventiva en un contexto de reservas exigidas
El mecanismo REPO —acuerdo de recompra con obligación de recompra y tasa variable atada a un benchmark (SOFR) más spread— es habitual en operaciones de emergencia de bancos centrales emergentes, aunque menos difundido en el mercado local. En este caso, el consorcio estaría integrado por entidades que ya participaron en colocaciones previas, con perfil bajo para evitar ruido político.
El timing de la operación es clave. Con reservas netas en terreno negativo y un riesgo país en torno a los 600 puntos básicos, pese a la mejora reciente en la calificación de S&P, el equipo económico busca oxígeno financiero antes de los vencimientos de deuda de enero y de la presión cambiaria de fin de año. El ingreso de u$s2.000 millones permitiría desactivar, al menos temporalmente, el riesgo de una corrección brusca del tipo de cambio y ganar margen de maniobra.
Desde el Palacio de Hacienda insisten en que el REPO no es un salvavidas, sino una herramienta preventiva, y destacan que la tasa sería inferior a la de cualquier colocación en el mercado voluntario. Sin embargo, en el mercado circulan versiones de que el spread podría ubicarse entre 500 y 700 puntos básicos, lo que elevaría el costo efectivo por encima del 9% anual.
Colaterales definidos y señales políticas para el mercado
Según las fuentes, los bonos de garantía ya estarían cerrados: se utilizarían los bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) como colateral. La definición del respaldo refuerza la probabilidad de cierre en el corto plazo y suma previsibilidad a la estructura del crédito.
En paralelo, el frente político busca anclar expectativas. En una entrevista radial del 23 de diciembre, el presidente Javier Milei afirmó: “Estamos más que cubiertos, tenemos la plata para pagar enero, febrero y todo el primer trimestre sin ningún problema”. En la misma línea, el ministro Luis Caputo sostuvo: “Estamos cómodos, tenemos los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo sin ningún tipo de problema”.
En el oficialismo interpretan que operaciones como este REPO responden a la decisión de fortalecer reservas, mejorar el perfil financiero y seguir reduciendo el riesgo país, más que a una urgencia de caja. La lectura institucional es que, aun con la revisión del FMI demorada y el desembolso de u$s1.050 millones en duda, el Ejecutivo amplía su set de herramientas para sostener la estabilidad macro y cumplir con el calendario de pagos.
Desde el 1° de enero, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, una modificación clave de la política cambiaria que apunta a evitar la profundización del atraso del dólar y a abandonar su rol como ancla del resto de los precios de la economía. La decisión responde a reclamos del mercado y se inscribe en un proceso de normalización gradual del frente cambiario, con implicancias directas sobre reservas, expectativas e inflación.
La medida introduce un cambio sustantivo en el mecanismo de actualización: las bandas dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a moverse según la inflación oficial medida por el INDEC con dos meses de rezago, comenzando en enero con el 2,5% correspondiente a noviembre.
Cómo funcionarán las nuevas bandas y qué valores se esperan
Hasta ahora, las bandas cambiarias se ubicaban con un piso de $916 y un techo de $1.526. Con el nuevo criterio de actualización, y tomando como referencia la inflación de noviembre (2,5%), se estima que el techo podría escalar hasta alrededor de $1.564 hacia fines de enero.
Para febrero, el ajuste proyectado sería del 2,1%, en línea con la inflación prevista para diciembre de 2025 según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central entre unos 40 economistas. Este esquema introduce una mayor sincronía entre precios y tipo de cambio, con el objetivo de reducir distorsiones acumuladas.
En el mercado, el dólar mayorista se ubica actualmente en torno a los $1.455, y las expectativas ya reflejan el nuevo marco: para fines de febrero, los contratos de futuros operaron en $1.522, lo que implica un alza mensual del 2%; para marzo, se negociaron valores cercanos a $1.555, nuevamente con un incremento del 2% mensual.
Reservas, FMI y disciplina fiscal: el trasfondo de la decisión
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema será acelerar la compra de reservas, una condición señalada como prioritaria por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con bandas que se mueven al ritmo de la inflación, el Gobierno busca estimular una mayor oferta de divisas y liberalizar gradualmente la demanda, reduciendo presiones sobre el mercado oficial.
Economistas consultados señalaron que, en este nuevo marco cambiario, será clave mantener el orden fiscal, sostener la aprobación del Presupuesto 2026 y capitalizar el respaldo político obtenido en las últimas elecciones de medio término, además del apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos. La consistencia entre política fiscal y cambiaria aparece como condición necesaria para evitar tensiones adicionales.
Turismo, demanda de dólares y señales del verano
La atención inmediata del mercado estará puesta en la demanda de divisas para turismo exterior, uno de los factores que podría tensionar el tipo de cambio durante el verano. Especialistas consideran que la dinámica del turismo emisivo ofrecerá una señal concreta sobre cómo debería acomodarse el valor del dólar bajo el nuevo esquema.
En paralelo, el Gobierno busca dejar atrás el uso del dólar como ancla nominal, una estrategia que ayudó a desacelerar la inflación, pero que también acentuó el atraso cambiario y afectó la competitividad.
Más cambios en 2026: blanqueo, mercado financiero y deuda
El debut de las nuevas bandas coincide con otros cambios relevantes en el frente financiero. A partir de 2026, se liberarán los depósitos por menos de USD 100.000 del último blanqueo de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), tanto en bancos como en Alycs, por un volumen que superaría los USD 20.000 millones. Parte de esos fondos podría redirigirse a inversiones financieras e inmobiliarias, ampliando la oferta de capitales.
Asimismo, continúa la normalización del mercado cambiario, con mayor flexibilización de operaciones en divisas y una profundización del acceso al financiamiento externo. En ese marco, tanto empresas como el propio Gobierno avanzaron en la emisión de títulos de deuda en el mercado internacional, como el Bonar 2029.
Un giro clave para las expectativas
El nuevo esquema de bandas ajustadas por inflación marca un punto de inflexión en la política cambiaria. Si logra alinear el tipo de cambio con la dinámica de precios, fortalecer reservas y sostener la disciplina fiscal, podría contribuir a ordenar expectativas. El desafío será administrar la transición sin reavivar presiones inflacionarias ni comprometer la estabilidad lograda.
El Gobierno nacional definió una estrategia para avanzar en 2026 con la privatización de más de una decena de empresas públicas, principalmente en los sectores de energía, transporte y servicios, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos para fortalecer las reservas. El plan se apoya en la transformación previa de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, un paso clave desde el punto de vista jurídico e institucional para habilitar futuras ventas.
La iniciativa se enmarca en el esquema de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reducir la participación del Estado en actividades empresariales, igualar las condiciones de competencia con el sector privado y avanzar en un proceso de desinversión ordenado.
El marco normativo y la transformación de las empresas públicas
El sustento legal del proceso se encuentra en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023, mediante el cual el presidente Milei dispuso que todas las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera fuera su tipo o forma societaria, deban transformarse en Sociedades Anónimas.
De este modo, las empresas quedaron sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativas públicas. Esta modificación resulta central porque elimina regímenes especiales y facilita los procesos de privatización, concesión o venta de activos.
En ese marco, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). El último paso se concretó este viernes, cuando se inscribió en el Registro Público la conversión de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE) en Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), cerrando así una etapa clave del plan oficial.
Las empresas que el Gobierno buscará privatizar
Con la estructura societaria ya modificada, el Ejecutivo avanza con una lista amplia y diversa de empresas que podrían ser privatizadas durante 2026. Entre ellas se destacan compañías vinculadas al transporte ferroviario, aéreo y fluvial, así como a servicios públicos y energía.
En el primer grupo figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Operadora Ferroviaria, la Administración General de Puertos, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Intercargo y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un activo estratégico para el comercio exterior argentino.
También aparecen empresas de servicios y contenidos públicos, como Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Casa de Moneda, junto con Fabricaciones Militares.
Además, el Gobierno incluyó en su hoja de ruta a grandes compañías de infraestructura y energía, como Transener, las represas hidroeléctricas, Enarsa y AYSA, la empresa que provee agua potable y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires.
En el caso de Corredores Viales, la privatización abarca una red de 9.000 kilómetros de rutas, lo que anticipa un fuerte impacto en el esquema de concesiones y mantenimiento vial
Impacto económico y sectores sensibles
Desde el punto de vista económico, el Gobierno espera que el proceso de privatizaciones genere ingresos extraordinarios que permitan robustecer las reservas, al tiempo que impulse una mayor participación del sector privado en áreas consideradas estratégicas.
Sin embargo, el alcance del plan también anticipa repercusiones significativas en sectores sensibles como el transporte, la energía y los servicios públicos, donde las empresas involucradas cumplen funciones clave en la logística, la conectividad y el abastecimiento básico.
La decisión de concentrar la mira principalmente en energía y transporte refleja la relevancia fiscal y económica de estos sectores, pero también abre un debate sobre tarifas, inversiones futuras y el rol del Estado en la regulación de servicios esenciales.
Con la conversión societaria ya concluida, 2026 aparece como el año clave para la ejecución del plan. El avance efectivo de las privatizaciones dependerá del contexto macroeconómico, del interés de los inversores y de la capacidad del Gobierno para llevar adelante un proceso que combina decisiones políticas, reformas institucionales y alto impacto económico.
