La decisión del Gobierno nacional de suspender temporalmente los derechos de exportación para algunos productos agropecuarios abrió un intenso debate en el sector. El esquema de retenciones cero, que tuvo una ventana de apenas tres días para granos antes de agotarse el cupo de USD 7.000 millones, generó entusiasmo en algunos sectores y malestar en otros. Entre las voces más críticas, se destacó la de María Soledad Aramendi, la primera mujer en presidir la Sociedad Rural de Rosario en 126 años de historia.
En diálogo con Open1017, Aramendi describió la medida como un alivio efímero y con fines recaudatorios, más que productivos. “El lunes se sabía una cosa y el miércoles otra, lo que generó malestar. Para la carne bovina y aviar la eliminación sigue vigente hasta fin de mes porque se definió un plazo, no un cupo. En cambio, para granos se impuso cupo y tiempo, y se agotó en tres días. Fue una medida puramente financiera para subsanar recursos, no para la producción”, señaló.
La dirigente explicó que los principales beneficiados fueron los exportadores e industrias que lograron registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior a precios sin retenciones, pero advirtió que después deberán salir al mercado a buscar cereal a menor precio y con retenciones ya restablecidas. “Eso configura una competencia desleal”, advirtió.
Aramendi fue tajante al reiterar un reclamo histórico del sector: “Desde siempre pedimos la eliminación definitiva de los derechos de exportación. No basta con parches. Se necesita una reforma tributaria y laboral de fondo, además de la previsional. El campo puede sostener la macro y la microeconomía del país, pero hacen falta reglas claras y políticas de Estado”.
La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario señaló que la falta de previsibilidad desgasta la confianza y criticó el modo en que se implementó la medida: “No era necesario generar tanto malestar. Fue una decisión puntual para recaudar, mal manejada en un contexto electoral. Necesitamos previsibilidad y seriedad”.
Pese a diferencias internas, aseguró que el campo mantiene una postura común: la exigencia de eliminar retenciones de manera definitiva y avanzar con reformas estructurales. “Hoy cualquier producto tiene entre un 20 y un 40% de impuestos. Exportamos impuestos. Eso genera pobreza, desalienta inversiones y resta competitividad. No se trata solo de retenciones: es imprescindible bajar impuestos, flexibilizar el trabajo, eliminar privilegios y regímenes especiales”, remarcó.
Aramendi sabe de lo que habla. Nacida en Villa Cañás, hija única de una familia agropecuaria, asumió responsabilidades en el campo en plena crisis del 2001. En 2021 se convirtió en la primera presidenta mujer de la Sociedad Rural de Rosario, después de más de un siglo de conducción masculina. Desde ese lugar, impulsa una agenda de reformas que incluye la eliminación progresiva de retenciones en un año, apertura de mercados, reducción de costos logísticos y un sistema tributario más competitivo.
Consciente de la mirada dividida que la sociedad mantiene sobre el campo, subrayó la necesidad de políticas de Estado que trasciendan gobiernos. “No alcanza con aceptar lo que diga un poder de turno. Hay que posicionar propuestas y trabajar para que se cumplan. Los cambios deben hacerse con prolijidad, mostrando qué hay que corregir, para lograr consensos. Solo así la microeconomía se reactivará y la macro se sostendrá. El campo puede hacerlo, pero se necesitan decisiones políticas firmes”, concluyó.
Escriben Franco Artusso y Tobías Lucero, sección Agroindustrial, Fundación Mediterránea. El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, bajó a 0% las retenciones a granos y subproductos. La medida estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se acumulen Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero.
Para acceder a esta alícuota diferencial, los exportadores tienen que liquidar al menos el 90% de lo declarado dentro de los tres días hábiles. Si no cumplen, deberán pagar los derechos de exportación según las alícuotas vigentes al 19 de setiembre.
La medida busca acelerar la venta de granos por parte de los productores agropecuarios (y otros actores de la cadena), cambiando los incentivos económicos al elevar, mientras esté vigente, los precios internos. Una mayor comercialización primaria permite la exportación directa los granos o su transformación industrial en otros productos que tendrán como destino la exportación. De lograrse el objetivo, es de esperar una mayor afluencia de dólares al MULC, con un costo fiscal asociado, el de los impuestos no recaudados.
Se calcula que todavía quedan por comercializar 20 millones de toneladas de soja del ciclo 2024/25 y unos 16 millones de toneladas de maíz (destinadas a exportación). A valores de mercado, esto representa entre USD 10.000 y 11.000 millones —según cotizaciones internacionales y si la soja se exporta como grano o sus productos derivados—, una cifra que supera ampliamente el límite fijado en la norma.
Un dato llamativo es que será la primera vez en varias décadas que todas las materias primas agrícolas y sus principales derivados podrán exportarse sin pagar retenciones (a diferencia de otros momentos en los que sólo algunas de ellas se encontraron completamente liberadas del tributo).
Acerca de la suba esperada de los precios
La efectividad del esquema para acelerar la comercialización de granos depende mucho de la suba de precios internos que pueda ofrecer, tanto en pesos como en moneda dura.
Respecto a este movimiento, un primer comentario es que la suba de precios no será simétrica entre granos. En efecto, como los DEX difieren según el producto, el impacto en precios internos debería ser mayor en soja (26%) que en maíz o trigo (9,5%). Como nota al pie, no está asegurado que la eliminación de retenciones se traslade en la misma proporción, es decir, completamente, a los precios locales, al tratarse de una medida temporaria que concentra mucha oferta en menos de 40 días, ya sea por sobrecostos, vinculados a cuestiones logísticas y financieras que probablemente enfrenten los exportadores, particularmente los vinculados a la industria de procesamiento, como por la posible oportunidad que enfrenta el sector exportador de negociar mejores condiciones, en un escenario de mucho entusiasmo de los productores por entrar al esquema.
Otro factor que puede limitar el alza plena de precios, al menos en los primeros días del nuevo régimen, es la posición comercial de cada exportador entre volúmenes registrados (DJVE) y volúmenes efectivamente comprados a precio cerrado. En los casos donde las DJVE emitidas superan la mercadería adquirida (un resabio del adelanto de DJVE que se observó al cierre del programa previo de baja temporaria de DEX), los operadores deberán absorber primero el costo de haber registrado ventas externas y pagado DEX sin contar todavía con el grano comprado a precio firme.
Finalmente, en paralelo al nuevo régimen de DEX, el Tesoro de Estados Unidos anunció un apoyo económico y financiero a la Argentina, un hecho con pocos antecedentes. Tras el comunicado —y también por el efecto inmediato de una mayor liquidación de exportadores—, el tipo de cambio oficial cayó 9% en los últimos días. Esto impacta en los precios internos de los granos medidos en pesos, que ahora enfrentan dos fuerzas opuestas: el impulso alcista de la eliminación temporaria de DEX y la baja del tipo de cambio oficial. Según cuál de estos factores pese más, los precios en moneda nacional pueden quedar por encima o por debajo del nivel previo al cambio de régimen, haciendo más o menos atractiva la nueva situación a los ojos de los productores. Por caso, en el maíz, una caída del 10% en el tipo de cambio oficial compensaría por completo los efectos de la eliminación temporaria de los DEX sobre los precios internos en pesos.
La decisión de vender ahora versus esperar
En cuanto a la decisión de venta, las expectativas de corrección cambiaria post elecciones de octubre podrían hacer pensar que existe un dilema entre aprovechar la eliminación transitoria de los derechos de exportación y los mayores precios resultantes — una situación equivalente a la de un tipo de cambio más alto— versus esperar a una eventual suba del tipo de cambio que compense la restitución de esas alícuotas. Esta disyuntiva aparece si la cuenta se hace en pesos, pero no si la decisión se evalúa en moneda dura.
En soja, por ejemplo, con un DEX del 26% y un dólar oficial cercano a $1.400, y haciendo números en pesos, recién convendría postergar la venta si se esperase que, tras los comicios, el tipo de cambio oficial superará los $1.900, dado que neto de retenciones, el valor resultante sería (en pesos de poder de compra constante) mayor al actual (ceteris paribus precios internacionales). En el caso del maíz, con una alícuota de 9,5%, el tipo de cambio de indiferencia se ubica por encima de los $1.600.
Ahora bien, cuando la cuenta se hace en dólares, la conclusión anterior no se mantiene. Sucede que vender en el presente a “precio internacional pleno” (sin descuento de DEX) siempre será más conveniente (a cualquier tipo de cambio, en un mercado libre), que vender en el futuro a “precio internacional con descuento”, suponiendo similares precios internacionales.
A los precios externos actuales, y suponiendo un traslado pleno de la baja de DEX a los precios internos, la soja pasa de USD 285 / ton a USD 385, es decir mejora en unos 100 dólares por tonelada aproximadamente. Como ya se mencionó anteriormente, habrá que esperar a ver si el mercado convalida una suba de esta magnitud, o se queda a medio camino.
Por otra parte, más allá del precio, en la decisión de comercialización influyen también factores como la urgencia de obtener fondos para cubrir gastos, ya sea personales o vinculados al negocio. En este sentido, una fracción importante de los productores ya había anticipado ventas de soja al 30 de junio, aprovechando la rebaja transitoria de retenciones previa, por lo que no se verían obligados a regresar al mercado de inmediato para financiar la cosecha fina o la siembra de granos gruesos de la próxima campaña. Pero al mismo tiempo, los precios relativos entre granos e insumos mejoran sensiblemente en estos 40 días de vigencia del esquema, gracias al aumento en dólares de los granos, lo que ofrece al sector una oportunidad favorable para la compra y el acopio de insumos.
Magnitud del costo fiscal directo
La magnitud del costo fiscal directo que asume el gobierno depende tanto del nivel total de DJVE que se alcance con el nuevo esquema (de si se llega o no al límite de USD 7.000 millones) como de la composición de la canasta de operaciones. Respecto a esta última, debe advertirse que 1 dólar declarado en operaciones de exportación de soja grano o de sus derivados tiene implícito un costo fiscal mayor que 1 dólar declarado de operaciones de exportación de cereales (de 0,24 o 0,26 centavos versus 0,095 centavos).
A continuación, se estima el costo fiscal asumiendo por simplicidad, momentum del año y relevancia, que entran al programa operaciones de exportación de solo tres productos: harina de soja, aceite de soja y maíz. Se toman precios FOB de exportación de referencia de estos productos antes mencionados, que se mantienen fijos para todas las operaciones y se consideran las alícuotas de derechos de exportación (DEX) vigentes antes de la baja.
Con esta información se calculan, para distintas combinaciones posibles de total de DJVE registradas y canastas posibles de participación soja – maíz, los montos de retenciones que el Estado dejaría de percibir.
Una aclaración importante es que los granos disponibles para comercializar son suficientes como para abastecer todas las canastas que se simulan; en los casos de canastas de exportación muy concentradas en operaciones con soja, se llega a consumir hasta el 80% de la soja disponible para comercializar, mientras que, en las canastas más concentradas en maíz, se llega al 95% de la mercadería disponible.
Los resultados muestran que el costo fiscal es sensible al nivel de DJVE alcanzado y la composición de la canasta. Si se alcanza el tope máximo de USD 7.000 millones de DJVE, el sacrificio fiscal oscilaría entre los 0,25% del PIB (si en la canasta predominan completamente los subproductos de soja) y 0,18% (si aumenta hasta el 44% la participación de las operaciones de exportación de maíz en las DJVE totales). En escenarios de menor volumen, el impacto se reduce en forma proporcional: con USD 6.000 millones de DJVE, el rango es 0,22%–0,16% del PIB; con USD 5.000 millones, 0,18%–0,13%; y con USD 4.000 millones, 0,14%–0,10% del PIB.
Las simulaciones presentadas reflejan únicamente el costo fiscal directo y de corto plazo de la medida. No obstante, corresponde señalar que una fracción de dicho costo se traduce en un incremento de los márgenes de las explotaciones agropecuarias, lo cual amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y otros impuestos. En consecuencia, una parte importante del costo inicial será compensada mediante una mayor recaudación por este tributo.
¿Cómo quedará la oferta neta de dólares?
El objetivo central de la reducción temporaria de derechos de exportación es incrementar la oferta de divisas en el mercado cambiario y, de ese modo, contener la presión alcista observada recientemente, en un contexto de restricción de liquidez externa y de un esquema cambiario que exige intervención del BCRA para sostener la banda superior.
No obstante, el efecto neto dependerá del destino que los productores y exportadores asignen a los pesos obtenidos por la comercialización de granos. En la medida en que dichos fondos se orienten a la dolarización inmediata —posibilidad vigente para personas físicas—, la mayor oferta de divisas podría verse parcialmente compensada por un incremento de la demanda en el MULC. También podría suceder que la dolarización se realice vía los mercados financieros, observándose entonces una posible ampliación de la brecha cambiaria hasta tanto dure el programa. Alternativamente, si los recursos se destinasen a activos financieros en pesos, la adquisición de insumos o bienes de capital, la realización de inversiones productivas o consumo en el mercado interno, el impacto será diferente y la medida tendrá resultados más acordes a los deseados, contribuyendo a incrementar la oferta neta de dólares.
Por otra parte, la novedad del inédito apoyo económico financiero que ofrece el gobierno de Estados Unidos al país disminuye las expectativas de corrección cambiaria a corto plazo y con ello reduce los incentivos a convertir, al menos rápidamente, los pesos recibidos en la comercialización de los granos en divisa extranjera.
Impacto sobre los consumos internos
El aumento en la cotización interna de los granos eleva los costos de producción en actividades que dependen de ellos como insumo principal —entre ellas, la producción animal en sistemas intensivos, los tambos, la molienda y la elaboración de biocombustibles—, generando presiones adicionales sobre los precios de dichos bienes, varios de los cuales tienen un peso significativo en la canasta del consumidor. No obstante, el impacto final sobre los precios internos dependerá de la magnitud efectiva del traslado, condicionado por la reciente baja del tipo de cambio oficial y por otros factores que inciden en la formación de precios en el mercado.
Ahora bien, debe señalarse que la reducción y eliminación definitiva de los derechos de exportación resulta inevitable, en la medida en que se desee liberar de esta carga tributaria al principal sector generador de divisas del país; es decir, no es sostenible una política que grava al sector primario para transferir recursos a las actividades de engorde animal o a los consumos industriales de granos. En los países con los que Argentina compite en exportaciones agroindustriales este tipo de mecanismos no se utilizan; cuando existen políticas de apoyo, suelen instrumentarse mediante herramientas específicas y no a través de la alteración de los precios de mercado. Por tanto, avanzar hacia un esquema en el que los consumos internos enfrenten el precio internacional de las materias primas constituye un objetivo deseable, tanto por razones de asignación eficiente de recursos como por la necesidad de evitar subsidios cruzados dentro de una misma cadena productiva.
Apreciaciones finales
La reducción de retenciones constituye, en sí misma, una buena noticia. La baja de impuestos mejora el resultado económico de las empresas agropecuarias (al menos de aquellas que contaban con granos en stock, probablemente la mayoría de ellas) y genera mayor confianza respecto del futuro de la actividad y el tratamiento que puede recibir por parte del gobierno en materia tributaria.
Dado que el programa implica una significativa mejora de los precios internos de los granos, medidos en moneda dura, es probable que sea muy efectivo en su objetivo y que se llegue al límite de presentaciones establecidas (DJVE de USD 7.000 millones). Nótese que será la primera vez, en al menos los últimos 40 años, que los precios internos convergerán con los precios internacionales, al no haber restricciones cuantitativas sobre volúmenes ni impuestos específicos en el mercado de exportación.
Sin embargo, las ventajas de este tipo de medidas se ven limitadas en sus efectos positivos cuando son transitorias y poco previsibles.
En este sentido, como ya se ha mencionado en otras oportunidades, lo deseable sería avanzar hacia un esquema de reducción y eliminación del impuesto definitivo, previsible y consistente, que facilite la planificación, maximice los efectos positivos sobre otras producciones (proveedores de insumos, equipos) y otorgue también a las actividades que se encuentran aguas abajo en la cadena de valor, el tiempo necesario para adaptar modelos de negocio y estrategias al nuevo escenario de precios relativos (ver PAL 101: Propuesta para la eliminación de las retenciones).
ARCA reglamentó la aplicación del beneficio de alícuota 0% en derechos de exportación
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la reglamentación operativa del Decreto 685/2025, que fijó en 0% la alícuota del derecho de exportación para un conjunto de mercaderías agroindustriales, principalmente del sector cárnico, hasta el 31 de octubre de 2025. La Resolución General 5761/2025, publicada en el Boletín Oficial, define los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los exportadores para acceder al beneficio impositivo, en particular la liquidación del 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles tras la oficialización del permiso de embarque.
Un nuevo paso en la reducción de retenciones
El marco normativo se apoya en el artículo 755 del Código Aduanero (Ley 22.415), que faculta al Poder Ejecutivo a modificar derechos de exportación. La medida se inscribe en la secuencia de decisiones iniciada con el Decreto 697/2024, que redujo los derechos sobre ciertas mercaderías agroindustriales, y profundizada con el Decreto 685/2025, que llevó a 0% la alícuota para posiciones específicas de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
El objetivo central es mejorar la competitividad exportadora, generar divisas y fortalecer cadenas de valor estratégicas, en línea con la política económica orientada a la apertura comercial. ARCA, junto a la Dirección General de Aduanas, queda a cargo del contralor y de la instrumentación técnica.
Procedimiento y condiciones para exportadores
La Resolución General 5761/2025 establece que:
Al oficializar el permiso de embarque en el Sistema Informático Malvina (SIM), el declarante deberá validar una declaración expresa comprometiéndose a liquidar el 90% de las divisas en el plazo estipulado.
El cumplimiento deberá informarse mediante el trámite “MUELA – Declaración Jurada Decreto 685/2025” en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).
En caso de incumplimiento, ARCA notificará electrónicamente vía SICNEA. El exportador tendrá 48 horas para subsanar la falta o deberá pagar la diferencia de tributos con la alícuota vigente previa al decreto.
Hasta regularizar la situación, el exportador quedará inhabilitado para volver a utilizar el beneficio.
La norma entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y tiene alcance inmediato para todas las operaciones comprendidas.
La reglamentación implica una señal de certidumbre normativa para los sectores beneficiados, al detallar con precisión las condiciones de acceso a la alícuota 0%. Se espera que la medida contribuya a acelerar exportaciones antes del 31 de octubre, plazo de vigencia del decreto.
En el plano político-económico, el esquema muestra el rumbo hacia la gradual eliminación de retenciones como tributo distorsivo, aunque su continuidad dependerá de la evolución fiscal y cambiaria. Para los exportadores, la exigencia de liquidar divisas en plazos acotados busca asegurar el ingreso inmediato de dólares al mercado, equilibrando apertura y disciplina macroeconómica.
El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, reclamó que la baja de retenciones sea permanente y subrayó que es una medida para salvar las cuentas del Estado nacional y no a favor de los productores.
“Sabemos que la medida no fue por nosotros, fue por ellos”, señaló Pereda en diálogo con Radio Rivadavia.
El dirigente rural remarcó que “es un conejo de la galera bastante fuerte. De un día para el otro subieron los precios un 25%, es muy fuerte, es una medida bien extraordinaria“, pero al mismo tiempo señaló que “es injusto pensar en que todos los que vendieron antes no se beneficiaron por una cuestión de días”.
“Nuestro reclamo es continuo, nos están dando una zanahoria que nos van a quitar y deja un sabor amargo. No va a ser grato para el productor agropecuario pasar de cobrar 360 a 300 dólares de nuevo”, añadió.
Pese a este escenario reveló que el sector siente que “la quita de retenciones la tenemos cada vez más cerca”, al tiempo que subrayó que “el sector agropecuario, que lidia con cosas que no puede controlar, le va a costar dejar la nueva medida. Es un hueso que no se va a querer soltar”.
Pereda reconoció que no estaban esperando una medida de este estilo y admitió que “son medidas que buscan ser sorpresivas para impactar en los mercados, y se logró”.
El productor explicó que “cuando hay cuestiones que incluyen una ventana solamente, se van arbitrando y a veces los valores no quedan del lado del productor”.
“Lo que anunciaron ayer es que llegan hasta los 7 mil millones de dólares, por lo que cuando se llegue, se acaba ahí mismo el premio este, con lo cual se van a agolpar todos en la puerta. Además es una medida que requiere sorpresa”, agregó Pereda.
Insistió en que el sector podría estar produciendo un 40% más de lo que producimos”.
Lo anunció el vocero Manuel Adorni tras el decreto que reduce a cero los derechos de exportación a la soja y otros granos. También será hasta el 31/10.
Tras dictar la eliminación temporaria de las retenciones a las exportaciones de soja y otros granos, el gobierno de Javier Milei dispuso que también se reduzcan a cero los derechos de exportación sobre carnes avícolas y bovinas hasta el 31/10.
Lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, que agregó -en tono de campaña- que el de Milei es “el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”.
