RIGI

Adrián Ravier asumirá como vocero presidencial y promete poner el foco en los logros de gestión: “Se agrandó el aula”

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La Casa Rosada inició una nueva etapa en su estrategia de comunicación con la presentación de Adrián Ravier como futuro vocero presidencial, cargo que asumirá formalmente tras el regreso del presidente Javier Milei de su viaje a España. En una exposición sin preguntas de la prensa, el economista, académico y diputado nacional por La Libertad Avanza delineó el perfil que buscará imprimir a la vocería: una comunicación orientada a explicar el programa económico y las reformas estructurales del Gobierno, con menor énfasis en la agenda política cotidiana.

Ravier abrió su intervención con un mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano por los terremotos que afectaron al país y confirmó que la Argentina puso a disposición recursos para asistencia humanitaria, en línea con el anuncio realizado por Milei.

Luego, dedicó gran parte de su presentación a reconstruir su trayectoria académica y política, vinculándola con el recorrido intelectual del Presidente. Licenciado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, destacó la influencia de referentes de la Escuela Austríaca como Jesús Huerta de Soto, Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause, además de recordar su primer vínculo con Milei, surgido a partir de intereses comunes en la teoría económica liberal.

Ravier sostuvo que el crecimiento político del actual mandatario respondió a la fuerza de las ideas más que a una estrategia comunicacional. “Muchos conocíamos estas ideas, pero jamás nos escucharon. Se subestimó el poder de las ideas”, afirmó al recordar los primeros años de Milei como divulgador del pensamiento libertario.

Defensa del programa económico

El futuro vocero realizó un extenso balance de la gestión económica y aseguró que el Gobierno logró revertir el escenario crítico heredado en diciembre de 2023. Según expresó, la Argentina pasó de una economía “rota” y con severos desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios a un esquema de mayor estabilidad macroeconómica.

En ese marco destacó que la inflación mensual descendió desde niveles cercanos al 25% hasta el 2,1%, mientras que la pobreza bajó desde más del 50% al 28% y la indigencia desde más del 18% al 6%, indicadores que atribuyó al equilibrio fiscal, el saneamiento del Banco Central y la eliminación de restricciones económicas.

Aunque reconoció que “todavía hay problemas” y que el proceso se encuentra “a mitad de camino”, sostuvo que el rumbo económico ya modificó estructuralmente la realidad argentina. “No hay que esperar para ver otra Argentina. Ya estamos en otra Argentina”, resumió.

Una comunicación centrada en las reformas

Uno de los principales ejes de su discurso fue la necesidad de modificar la agenda pública. Ravier consideró que durante los últimos meses existió “una discrepancia muy grande entre los logros del Gobierno y la conversación pública”, por lo que adelantó que la nueva vocería buscará explicar de manera sistemática el impacto de las reformas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

“Se agrandó el aula”, expresó al describir el desafío de trasladar a la comunicación gubernamental la experiencia docente y académica que desarrolló durante más de dos décadas.

En esa línea remarcó que el Ejecutivo continuará defendiendo el equilibrio fiscal como principio rector de la política económica. Sostuvo que el Gobierno no recurrirá ni a la emisión monetaria ni al endeudamiento para financiar gasto público y que toda reasignación presupuestaria deberá respetar ese criterio.

Ravier vinculó además esta estrategia con el concepto desarrollado recientemente por Milei bajo la idea de “la moral como política de Estado”, una doctrina que coloca el equilibrio fiscal y el respeto por la propiedad privada como principios éticos antes que meramente económicos.

El respaldo al paquete reformista

Durante su exposición también repasó las principales iniciativas legislativas impulsadas por el oficialismo desde su llegada al Congreso, entre ellas el presupuesto equilibrado para 2026, la reforma laboral, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma del régimen de zonas frías, la denominada Ley Hojarasca, la modificación de la legislación minera y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Asimismo, anticipó que la segunda etapa del proyecto presidencial incluirá iniciativas como el denominado “Súper RIGI”, orientado a atraer inversiones en sectores tecnológicos estratégicos, y una futura ley de sociedades que habilitaría nuevas figuras jurídicas para empresas basadas en inteligencia artificial.

Según explicó, el objetivo final es consolidar un modelo económico con mayor apertura, menores regulaciones y un fuerte incentivo a la inversión privada.

Una nueva relación con la prensa

Sobre el vínculo con los medios, Ravier intentó marcar un tono institucional distinto. Reivindicó el periodismo independiente, afirmó que la sala de prensa volverá a ser un espacio de intercambio de ideas y anunció conferencias semanales todos los martes a las 11.

También aclaró que limitará sus intervenciones a cuestiones vinculadas con la administración nacional, evitando pronunciarse sobre disputas partidarias, decisiones judiciales o asuntos internos de otros países.

El desembarco de Ravier ocurre en un momento en que el Gobierno busca consolidar la comunicación de una segunda etapa de gestión, menos enfocada en la estabilización de emergencia y más orientada a mostrar resultados económicos y defender un programa de reformas de largo plazo. Su perfil académico, su identificación con la Escuela Austríaca y su cercanía intelectual con Milei anticipan una vocería que buscará profundizar la batalla cultural que el Presidente considera uno de los pilares centrales de su proyecto político.

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RIGI: aprueban una inversión de USD 1.300 millones para construir un gasoducto exclusivo para exportar GNL desde Vaca Muerta

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Gasoducto dedicado para la Exportación de Gas Natural”, que demandará una inversión de USD 1.300 millones y permitirá transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Tratayén, en Neuquén, hasta el Golfo San Matías, en Río Negro, donde se desarrollan los proyectos de licuefacción destinados a exportar Gas Natural Licuado (GNL).

La Resolución 873/2026 formaliza el ingreso de San Matías Pipeline SA (SMP SA) como Vehículo de Proyecto Único (VPU) dentro del RIGI, luego de que la compañía adecuara su estructura societaria exclusivamente para desarrollar esta obra de infraestructura, tal como exige la Ley 27.742.

El proyecto constituye una pieza estratégica para resolver uno de los principales cuellos de botella de Vaca Muerta: la capacidad de evacuación del gas destinado a los mercados internacionales. El nuevo ducto tendrá 480 kilómetros de extensión, 36 pulgadas de diámetro y será complementado por una nueva planta compresora de 60.000 HP, además de la repotenciación de la estación existente en San Antonio Oeste.

Más allá de la magnitud de la inversión, el dato de mayor relevancia económica es que se trata de un gasoducto concebido exclusivamente para abastecer las futuras terminales de GNL. Esto implica que la infraestructura no apunta al mercado interno sino a incrementar la capacidad exportadora del país, uno de los principales objetivos que persigue el RIGI para sectores considerados estratégicos.

La empresa comprometió inversiones por USD 454 millones durante el primer año y USD 501 millones en el segundo, superando ampliamente los umbrales mínimos exigidos por el régimen. El cronograma presentado prevé el inicio de las obras el 30 de junio de 2026 y el comienzo de operaciones en mayo de 2028.

Otro aspecto con impacto sobre la cadena productiva es el compromiso asumido por SMP SA de destinar al menos el 20% del monto total de inversión a proveedores locales, tanto durante la construcción como en la etapa operativa. Para las empresas argentinas de ingeniería, obras civiles, metalmecánica, logística, servicios petroleros y equipamiento industrial, esta cláusula representa una oportunidad concreta de participación en una obra de escala internacional.

La resolución también habilita a la compañía a importar bienes de capital y equipamiento bajo los beneficios aduaneros previstos por el RIGI, mientras que el Banco Central deberá aplicar los incentivos cambiarios correspondientes. No obstante, la empresa informó expresamente que no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, uno de los incentivos opcionales contemplados por el régimen.

Durante la evaluación, la Secretaría de Energía concluyó que el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y regulatorios establecidos por la Ley 27.742. En paralelo, el Banco Central determinó que la demanda de divisas asociada a la inversión no compromete la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales, uno de los análisis clave para este tipo de emprendimientos.

Desde la perspectiva productiva, la aprobación consolida un cambio de escala para la infraestructura energética argentina. El desarrollo de plantas de GNL requiere no sólo mayores niveles de producción en Vaca Muerta, sino también sistemas de transporte dedicados que garanticen abastecimiento continuo y previsible hacia la costa atlántica.

Para el entramado industrial, el proyecto abre un nuevo ciclo de demanda en bienes y servicios especializados, mientras que para las provincias productoras fortalece la integración entre la explotación no convencional y la infraestructura logística necesaria para convertir el gas argentino en un producto exportable de largo plazo.

Claves del proyecto inversión total: USD 1.300 millones. Capacidad de transporte: 27 millones de m³ diarios. Extensión: 480 kilómetros. Diámetro: 36 pulgadas. Inicio de obras: 30 de junio de 2026. Puesta en operación prevista: mayo de 2028. Participación mínima de proveedores locales: 20% de la inversión. Destino del gas: abastecimiento exclusivo de plantas de GNL para exportación.

La evolución de esta obra será uno de los indicadores más relevantes para medir la capacidad del RIGI de transformar anuncios de inversión en infraestructura efectiva. También permitirá evaluar el grado de integración de proveedores nacionales en proyectos de gran escala y la velocidad con la que Argentina logra convertir el potencial de Vaca Muerta en mayores exportaciones de energía y generación de divisas.

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Las claves del nuevo Súper RIGI que se aprobó en Diputados

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El nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) que el oficialismo aprobó hoy con media sanción en la Cámara de Diputados es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía para captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica.

Comprende abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

Se busca dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados..

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La industria advierte por la pérdida de empleo y reclama cambios para aprovechar el “Súper RIGI”

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La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó al Congreso una fuerte advertencia sobre el presente de la actividad manufacturera argentina. Durante una exposición ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la entidad empresaria describió un escenario de caída de la producción, pérdida de empleo formal y creciente presión sobre la competitividad, al tiempo que reclamó una batería de reformas para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.

La presentación pasó relativamente desapercibida por la agenda política de los últimos días, dominada por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la expectativa previa al Mundial de Fútbol. Sin embargo, el diagnóstico planteado por la principal entidad fabril del país fue contundente.

Según datos elaborados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial se ubicó en marzo un 12% por debajo de los niveles registrados en junio de 2022. El comportamiento sectorial muestra una marcada heterogeneidad: mientras algunos segmentos vinculados a la molienda de granos, la refinación de petróleo, la industria farmacéutica, la fabricación de motocicletas y ciertos rubros alimenticios lograron sostenerse, gran parte de la estructura industrial continúa en retroceso.

Entre los sectores más afectados aparecen la siderurgia, la petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textiles, confecciones, calzado, electrónica y maquinaria industrial. También se observa una caída significativa en la demanda de materiales para la producción.

Más de 75.000 empleos industriales menos

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado al empleo. De acuerdo con la UIA, entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 240.980 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. La industria manufacturera figura entre los sectores más golpeados, junto con la construcción, acumulando una destrucción de 75.399 empleos formales.

“La caída de la actividad tiene su correlato en el empleo formal. Vemos una caída sostenida”, señaló Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA, durante su exposición ante los legisladores.

La dirigente remarcó además que las cifras corresponden exclusivamente al empleo directo, por lo que no contemplan el impacto indirecto sobre proveedores, servicios asociados, logística, comercialización ni actividades inducidas por la producción industrial.

El avance de las importaciones y el costo argentino

Otro de los ejes planteados por la entidad fue el crecimiento de las importaciones destinadas al consumo. Según los datos presentados, estas aumentaron 17% desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, mientras que las vinculadas a la producción registraron una caída del 14%.

Para la UIA, esta dinámica refleja una creciente preocupación por la competitividad de los sectores transables, especialmente en un contexto donde persisten elevados costos internos.

La entidad volvió a poner el foco sobre el denominado “costo argentino”, una problemática histórica que incluye presión tributaria, costos energéticos, dificultades de financiamiento, infraestructura insuficiente y elevados costos logísticos.

Exportaciones industriales estancadas

La preocupación también alcanza al frente externo. Los técnicos de la UIA señalaron que las exportaciones industriales muestran un estancamiento de más de una década.

Las cantidades exportadas durante el primer trimestre de 2026 se ubicaron 24% por debajo de los niveles observados entre 2011 y 2013, lo que evidencia la pérdida de participación de la industria argentina en los mercados internacionales.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una estrategia orientada a mejorar la competitividad y fortalecer las capacidades exportadoras.

El debate por el “Súper RIGI”

Uno de los puntos más relevantes de la exposición estuvo vinculado al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y estratégicos.

La iniciativa contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluso más amplios que los establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente.

Entre los sectores alcanzados aparecen la inteligencia artificial, los centros de datos de gran escala, la industria de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital estratégica.

La UIA respaldó el objetivo de atraer inversiones, pero advirtió que el esquema debe garantizar una participación efectiva de la industria nacional.

Según la entidad, la experiencia del RIGI mostró limitaciones importantes. Sostiene que gran parte de las inversiones comprometidas pudo cumplirse mediante gastos en obras y servicios, sin generar necesariamente demanda de bienes industriales de origen local. Además, cuestionó la existencia de mecanismos que permiten reemplazar compras a proveedores nacionales por importaciones.

Por ello, propuso que el nuevo régimen incorpore un porcentaje mínimo obligatorio del 20% destinado a bienes con valor agregado local, junto con mecanismos de ampliación gradual del contenido nacional y reglas claras para asegurar condiciones de competencia razonables para los proveedores argentinos.

Reforma tributaria y alivio para las pymes

La UIA también presentó una serie de propuestas tributarias orientadas a mejorar la competitividad.

Entre ellas figuran la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal para IVA y Ganancias en sectores intensivos en empleo; una alícuota única del 25% en el impuesto a las ganancias alineada con estándares internacionales; la utilización plena del impuesto al cheque como pago a cuenta de IVA y Ganancias para las pymes; y la eliminación progresiva de los derechos de exportación que aún afectan a sectores industriales y economías regionales.

Asimismo, reclamó un aumento de los reintegros a las exportaciones para productos industriales, alimentos, bebidas y producciones regionales.

Capacidad instalada: la industria sigue sin despegar

Los últimos datos muestran una leve mejora en la utilización de la capacidad instalada, que alcanzó el 59,9%, frente al 58,6% registrado un año atrás. Sin embargo, el nivel continúa lejos de los parámetros considerados saludables para una expansión sostenida de la actividad.

Para Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora Industria y Desarrollo (I+D), la industria atraviesa una dinámica compleja.

“La actividad industrial es un serrucho con tendencia clara hacia la baja. Hay un efecto sándwich: precios y demanda a la baja, costos al alza. Crece la presión sobre la rentabilidad”, sostuvo.

La situación también se refleja en la industria metalúrgica. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) informó que el sector siderúrgico registró en abril una caída interanual del 5,1% y acumula un retroceso del 6% en lo que va del año. El uso de la capacidad instalada se ubica apenas en 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Mientras tanto, los datos oficiales del Indec muestran que la industria volvió a caer en abril, con una baja mensual del 2,1% y una contracción interanual del 2,8%, confirmando que el sector aún no encuentra una senda sostenida de recuperación.

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Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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