Río Negro

Solo tres provincias superan el empleo privado de 2023 y se perdieron 241.000 puestos

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La recuperación del empleo privado registrado todavía no alcanza al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan tenían más trabajadores asalariados privados registrados que en noviembre de 2023, mientras que el país acumulaba una pérdida aproximada de 241.000 puestos, equivalente a una caída del 3,8%, según un relevamiento de PensarLab, de la Fundación Pensar.

El dato expone una transformación que excede la dinámica del mercado laboral. El informe, que analiza las 24 jurisdicciones a partir de indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad, plantea que la Argentina está construyendo una nueva geografía económica, con resultados cada vez más diferenciados entre territorios.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el trabajo. La definición resume el principal hallazgo: el nuevo escenario económico parece favorecer en mayor medida a las provincias con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora, mientras genera mayores desafíos en los distritos cuya estructura depende del consumo interno, la construcción, la industria orientada al mercado doméstico y el empleo público.

Neuquén aparece como el caso más contundente. El empleo asalariado privado registrado creció 7,6% frente a noviembre de 2023, mientras que la actividad económica de la provincia avanzó 11,3% durante 2024, de acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab. El desempeño está asociado principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y al efecto que la expansión hidrocarburífera genera sobre la inversión, los salarios y la demanda de servicios vinculados con la actividad.

Río Negro ocupa el segundo lugar entre las provincias que lograron superar el nivel de empleo privado de noviembre de 2023, con una expansión del 3,4%. San Juan completa el grupo, aunque con un crecimiento mucho más moderado, del 0,4%. En ambos casos, el resultado adquiere relevancia porque muestra que el incremento del empleo formal privado no se distribuye de manera homogénea y comienza a concentrarse en economías con nuevos motores de inversión.

La distancia entre provincias también aparece en la evolución de la actividad. Durante 2024, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento según la metodología empleada por el estudio. Después de Neuquén se ubicaron Córdoba, con una expansión del 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego registró una contracción del 13,1%; Formosa cayó 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%; y Chaco, 6,3%. La dispersión refleja que el cambio de régimen económico no impacta de igual manera sobre las estructuras productivas provinciales.

El caso de Córdoba ocupa un lugar particular en el análisis. PensarLab la identifica como la jurisdicción que presenta la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. Río Negro, por su parte, aparece como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan concentra expectativas de transformación vinculadas principalmente con el desarrollo minero.

El RIGI comienza a reforzar esa diferenciación territorial. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto de USD 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayor parte de esos desembolsos corresponde a iniciativas vinculadas con minería, petróleo y gas.

La concentración geográfica de esos proyectos constituye uno de los principales puntos de atención hacia adelante. Las inversiones asociadas al RIGI se localizan especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana, donde la disponibilidad de recursos naturales puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros territorios.

Para las provincias que quedan fuera de esos grandes corredores de inversión, el desafío consiste en desarrollar condiciones que permitan capturar parte de la nueva actividad económica mediante proveedores, infraestructura, capacitación laboral y servicios. El impacto territorial de un proyecto extractivo no depende únicamente del capital que ingresa, sino también de cuánto de esa cadena de valor logra permanecer y multiplicarse en las economías locales.

El informe advierte justamente sobre esa posibilidad: Argentina puede volver a crecer y, al mismo tiempo, profundizar las diferencias entre provincias. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto crece la economía nacional y pasa a ser dónde se concentra ese crecimiento, qué tipo de empleo genera y qué capacidad tienen los gobiernos provinciales para convertir inversiones puntuales en desarrollo sostenido.

En ese escenario, el empleo privado registrado funciona como uno de los indicadores más concretos para medir si la recuperación económica logra trasladarse al mercado laboral. Los 241.000 puestos perdidos frente a noviembre de 2023 muestran que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del trabajo formal privado.

La nueva geografía económica que describe PensarLab plantea, por lo tanto, una competencia entre modelos productivos. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como los sectores con mayor capacidad para atraer capital en el nuevo esquema, pero el desafío para cada provincia será transformar esa ventaja en empleo formal, proveedores locales, mayor productividad y mejoras sociales.

Para Misiones y buena parte del NEA, la discusión adquiere una dimensión estratégica: competir por inversiones en un mapa donde los recursos naturales y la infraestructura energética concentran buena parte de los grandes proyectos exige identificar otras ventajas —industriales, forestales, agropecuarias, logísticas y de servicios— capaces de generar empleo privado y vincularse con mercados externos.

El dato laboral marca el punto de partida. Mientras el país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, tres provincias ya lograron superar aquel registro. La pregunta que abre el nuevo escenario no es solamente quién crece primero, sino qué territorios conseguirán convertir la inversión en una estructura productiva capaz de sostener empleo y reducir las brechas sociales y regionales.

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Argentina LNG: YPF presentó el RIGI más grande por US$51.000 millones para exportar GNL desde Vaca Muerta

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YPF formalizó el proyecto de inversión más grande presentado hasta ahora bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Denominado “Argentina LNG”, contempla una inversión total de US$51.000 millones para transformar el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado (GNL) destinado a los mercados internacionales, en una alianza entre la petrolera argentina, la italiana Eni y XRG, compañía energética de Emiratos Árabes Unidos.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó la magnitud de la iniciativa y la definió como la inversión “más importante presentada hasta el momento” bajo el régimen. El proyecto representa, además, un cambio de escala para la estrategia energética argentina: no se trata solamente de incrementar la producción de gas, sino de construir una cadena industrial y logística capaz de convertir ese recurso en una plataforma permanente de exportación.

“Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales”, sostuvo Marín. La adhesión al RIGI, agregó, constituye un paso fundamental para avanzar hacia una nueva etapa de Argentina como exportador global de energía.

La arquitectura del proyecto combina producción de gas en Neuquén, infraestructura específica de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG. En conjunto, las dos unidades tendrán una capacidad de 12 millones de toneladas por año (MTPA) y estarán ubicadas frente a la costa de Río Negro, en el golfo San Matías.

El primer gran tramo de inversión se concentra en el período que llega hasta 2031, cuando está prevista la puesta en operación de las dos unidades de licuefacción. Durante esa etapa se desembolsarían cerca de US$29.000 millones, una cifra que permite dimensionar la magnitud de la infraestructura necesaria para transformar el gas no convencional en un producto exportable por vía marítima.

De ese monto, unos US$24.000 millones estarán destinados a infraestructura, mientras que los US$5.000 millones restantes financiarán el desarrollo del upstream y la perforación de los pozos necesarios para alcanzar la producción requerida por las dos unidades de licuefacción.

El dato es estratégico porque establece una conexión directa entre el crecimiento de Vaca Muerta y la infraestructura de exportación. La expansión de la producción de gas por sí sola no garantiza mayores ventas externas si no existe capacidad suficiente para procesarlo, transportarlo y convertirlo en GNL. “Argentina LNG” busca resolver esa restricción mediante una cadena integrada que abarque desde el pozo hasta el mercado internacional.

El impacto sobre el empleo también será significativo. Entre 2026 y 2030, durante la etapa de construcción, el proyecto prevé generar más de 20.000 puestos de trabajo anuales. Una vez que las instalaciones entren en operación, se estima que se sostendrán alrededor de 8.000 empleos anuales vinculados con la puesta en marcha y funcionamiento del complejo.

A ese efecto directo se suma el potencial sobre la industria nacional. YPF estima una contratación de bienes y servicios de proveedores argentinos por unos US$15.000 millones. La cifra convierte al proyecto en una oportunidad para ampliar capacidades industriales, desarrollar proveedores especializados y aumentar el contenido local de una de las cadenas productivas con mayor potencial exportador del país.

Ese componente será determinante para medir el impacto económico más allá de las inversiones iniciales. La transformación del gas en GNL puede generar divisas, pero el desarrollo de proveedores locales permite que una parte mayor de ese valor quede dentro de la economía argentina en forma de empleo, servicios, equipamiento, conocimiento e inversión.

El proyecto también modifica la geografía económica de la expansión energética. Vaca Muerta seguirá concentrando la producción de gas, pero el procesamiento y la salida exportadora tendrán un fuerte componente asociado a Río Negro y al golfo San Matías. La escala de la iniciativa abre así la posibilidad de desarrollar nuevas cadenas logísticas y de servicios alrededor de la infraestructura portuaria y energética.

Desde la perspectiva macroeconómica, “Argentina LNG” representa una apuesta de largo plazo por transformar un recurso natural abundante en una fuente estructural de divisas. La exportación de GNL permitiría diversificar los mercados de destino del gas argentino y reducir la dependencia de la demanda regional, particularmente de los mercados vinculados a los gasoductos.

La magnitud del proyecto también permite dimensionar el rol que el sector energético puede desempeñar dentro del RIGI. Los 21 proyectos que ya habían sido aprobados acumulaban inversiones por US$46.708 millones, según datos citados por la Agencia Noticias Argentinas. “Argentina LNG” supera por sí solo ese monto, una diferencia que evidencia el peso creciente de las inversiones energéticas dentro del régimen.

El anuncio había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. En aquella oportunidad había señalado que todavía quedaban proyectos de gran escala por conocerse y anticipó la posibilidad de iniciativas individuales de hasta US$50.000 millones.

Ahora, el desafío pasa de la aprobación regulatoria a la ejecución. Un proyecto de esta dimensión requiere coordinar perforación, transporte, procesamiento, infraestructura marítima, licuefacción, financiamiento y contratación de proveedores durante varios años. La escala financiera reduce el margen para interrupciones y vuelve determinantes la estabilidad regulatoria, la infraestructura y la continuidad de las condiciones que hicieron posible la inversión.

También será relevante la capacidad argentina para acompañar el crecimiento productivo con infraestructura energética y logística. El aumento de la demanda de bienes, servicios, trabajadores especializados y transporte puede convertirse en un multiplicador económico para las provincias vinculadas con la cadena si existe planificación suficiente para evitar cuellos de botella.

La oportunidad, en ese sentido, excede a YPF y a sus socios. Un programa de US$51.000 millones puede convertirse en una plataforma para ampliar la base industrial argentina si los US$15.000 millones estimados en compras nacionales se traducen en proveedores competitivos, incorporación tecnológica y capacidades exportables.

El proyecto marca, finalmente, un punto de inflexión en la estrategia energética argentina. Vaca Muerta deja de ser solamente una fuente de hidrocarburos para convertirse en el núcleo de una cadena de valor orientada a mercados globales. El paso siguiente será demostrar que esa ventaja geológica puede sostenerse con infraestructura, capital, empleo y proveedores locales.

Si “Argentina LNG” logra avanzar según el cronograma previsto, la puesta en operación de las dos FLNG en 2031 no representará solamente la incorporación de capacidad de licuefacción. Significará la consolidación de un nuevo modelo exportador en el que el gas de Vaca Muerta pueda convertirse en una fuente de divisas de largo plazo y en un motor de inversión productiva para buena parte de la economía argentina.

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Río Negro busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco para impulsar las “proteínas alternativas”

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La provincia de Río Negro avanza en una reforma de su legislación cárnica para incorporar nuevas especies al circuito comercial formal. El Gobierno provincial enviará en agosto a la Legislatura un proyecto que permitirá la venta de carne de jabalí y guanaco en carnicerías, restaurantes y otros establecimientos habilitados, con el objetivo de promover las denominadas “proteínas alternativas” y generar nuevas oportunidades para el sector productivo.

La iniciativa fue confirmada por el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, quien explicó que el paquete legislativo incluirá modificaciones a la Ley Provincial de Carnes para ampliar las especies autorizadas para el consumo y facilitar el desarrollo de nuevas cadenas de valor.

Actualmente, la carne de jabalí circula principalmente a través de la actividad cinegética y de circuitos de consumo muy limitados. El proyecto apunta a transformar esa realidad mediante un sistema regulado que permita su comercialización con controles sanitarios y trazabilidad.

“Tenemos que salir del modelo de caza control y escalar para que esas proteínas se comercialicen y lleguen a la población”, sostuvo Banacloy al presentar la propuesta.

La reforma también prevé simplificar los procesos de habilitación para productores y establecimientos elaboradores, aunque manteniendo las exigencias sanitarias establecidas por los municipios, la provincia y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Además del aspecto comercial, el Gobierno rionegrino sostiene que la iniciativa tiene un componente ambiental.

El jabalí europeo es considerado una de las principales especies exóticas invasoras del país. Su expansión provoca daños en cultivos, pérdidas para la producción agropecuaria y alteraciones en los ecosistemas patagónicos.

Las autoridades entienden que fomentar su aprovechamiento comercial puede convertirse en una herramienta complementaria para controlar su población, al tiempo que genera una nueva actividad económica.

En el caso del guanaco, la propuesta apunta a desarrollar un esquema de aprovechamiento regulado, sujeto a las normas de conservación y manejo sustentable de la especie.

El proyecto también busca abrir nuevas oportunidades para establecimientos ubicados en la Línea Sur rionegrina, donde ya existen algunas experiencias vinculadas a la faena y procesamiento de carnes no tradicionales.

La intención oficial es diversificar la producción regional y ofrecer nuevas alternativas de comercialización para pequeños productores y elaboradores locales.

El antecedente de Chubut con la carne de burro

La iniciativa de Río Negro llega pocos meses después de que Chubut pusiera en marcha una experiencia piloto con carne de burro.

El emprendimiento, impulsado por el productor Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, comenzó durante 2026 con faenas experimentales y las primeras ventas al público en una carnicería de Trelew.

La carne se comercializó a un precio cercano a los 7.500 pesos por kilo, mientras que también se realizaron degustaciones abiertas con productos como empanadas, chorizos y asado para evaluar la aceptación de los consumidores.

La incorporación de carnes no tradicionales al mercado argentino abre un debate que excede lo productivo.

Mientras algunos sectores consideran que diversificar las fuentes de proteínas puede fortalecer las economías regionales y generar nuevas oportunidades comerciales, organizaciones proteccionistas cuestionan especialmente el consumo de especies como el burro por razones éticas y culturales.

En Argentina, el consumo de carne continúa concentrado en bovinos, porcinos, ovinos y aves, por lo que la llegada de jabalíes, guanacos o burros a las carnicerías representa un cambio de hábitos que todavía genera resistencias.

Si la Legislatura aprueba la iniciativa, Río Negro podría convertirse en una de las primeras provincias del país en desarrollar un mercado formal para carnes provenientes de fauna silvestre y especies consideradas alternativas, bajo un esquema regulado y con controles sanitarios.

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El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea por un año en cuatro provincias y habilitó un despliegue federal extraordinario

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Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, publicado este 30 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año. La medida responde a la magnitud de los incendios forestales —con especial impacto en el Parque Nacional Los Alerces—, al colapso de la capacidad operativa de respuesta y a un escenario climático adverso marcado por sequía y vientos intensos, que amenaza el patrimonio natural, los bienes productivos y la vida de las poblaciones afectadas.

El decreto activa un esquema de intervención federal inmediata, centralizado en la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que asume la coordinación integral de recursos, acciones de combate del fuego, asistencia a damnificados y restauración ambiental, en articulación con provincias y municipios.

Fundamentos constitucionales y marco normativo de la emergencia

El DNU se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural y la biodiversidad. En ese marco, el Ejecutivo invoca la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales, y la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Según los considerandos, los incendios en curso generaron “consecuencias nocivas tanto para el patrimonio natural protegido como para las poblaciones cercanas”, en un contexto donde “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada”. Esta situación encuadra, de acuerdo con el texto oficial, en los supuestos de emergencia (artículo 2°, inciso e) y zona de desastre (artículo 2°, inciso d) previstos por la Ley 27.287.

El Gobierno justificó el uso del instrumento de necesidad y urgencia en la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario sin incurrir en demoras incompatibles con la urgencia operativa, conforme al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y a la Ley N° 26.122, que regula la intervención posterior del Congreso a través de la Comisión Bicameral Permanente.

El rol de la Agencia Federal de Emergencias y el alcance operativo

El Decreto 73/2026 refuerza el rol de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada por el Decreto N° 225/25 como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional. Además de sus competencias originales, la AFE queda formalmente encomendada a coordinar:

  • Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales en todos los ámbitos contemplados por la Ley 26.815, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
  • Acciones de atención, mitigación y asistencia frente a los daños provocados por los incendios sobre la vida, la integridad física, los bienes, el trabajo y los medios de vida de personas y familias afectadas.
  • Apoyo y asistencia a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar recursos efectivos tanto para el combate del fuego como para la recuperación social y productiva posterior.
  • Aplicación integral de las medidas previstas en la Ley 27.287, articulando prevención, respuesta inmediata y etapa postcrisis.

Todas estas acciones deberán ejecutarse en coordinación con los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y con los municipios involucrados, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Impacto de la medida

La declaración de Emergencia Ígnea por doce meses habilita al Estado nacional a concentrar decisiones, recursos y capacidades operativas en una estructura federal unificada, con efectos directos sobre la gestión ambiental, la protección civil y la respuesta ante desastres. Desde el punto de vista institucional, el decreto consolida a la AFE como autoridad nacional en emergencias, integrando la lógica de manejo del fuego con la gestión integral del riesgo.

En términos prácticos, el reconocimiento simultáneo de emergencia y zona de desastre establece el marco legal para acelerar la respuesta estatal frente a un fenómeno que combina daño ambiental severo, afectación del sistema productivo y riesgo para la población, en una de las regiones más sensibles desde el punto de vista ecológico del país.

El decreto fue firmado en acuerdo general de ministros, entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122.

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Enzo Fullone asumió en el Senado y La Libertad Avanza cerró su bloque tras la salida de Villaverde

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En el inicio de la única sesión del Senado prevista para diciembre, La Libertad Avanza (LLA) logró completar su bloque con la asunción del rionegrino Enzo Fullone, quien ocupará la banca correspondiente a la minoría en representación de Río Negro. El recambio se produjo luego de que Lorena Villaverde, primera candidata de la lista, desistiera de asumir en medio de fuertes cuestionamientos judiciales y políticos que terminaron por forzar su apartamiento.

La jura de Fullone, realizada este viernes, le permitió al oficialismo cerrar un frente interno sensible y ordenar su representación en la Cámara alta, en un contexto donde cada voto adquiere relevancia institucional y política para el Gobierno nacional.

Un recambio forzado por el impacto político de las denuncias

El ingreso de Fullone se concretó tras la renuncia de Lorena Villaverde, figura central de La Libertad Avanza en Río Negro, quien no consiguió asumir la banca obtenida en las elecciones del 26 de octubre pasado, cuando se renovaron senadores en ocho provincias. Las presiones dentro de su propio espacio terminaron siendo determinantes para que diera un paso al costado y evitara mayores costos políticos al bloque.

Las denuncias que rodearon a Villaverde incluyen su arresto en 2002 en Florida, Estados Unidos, acusada de transportar una importante cantidad de cocaína, además de otra condena vinculada al mismo delito en ese país, que posteriormente habría sido anulada. En la Argentina, enfrenta causas relacionadas con lavado de dinero y estafas inmobiliarias, un cuadro judicial que complicó su proyección política. La diputada negó todas las acusaciones, habló de “tres causas inventadas” y aseguró haber sido absuelta en Estados Unidos, pero finalmente renunció a la banca en el Senado.

El caso tuvo además derivaciones políticas por su vínculo personal con Claudio Alberto Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, procesado en Estados Unidos por narcotráfico, un dato que profundizó la presión interna para su salida.

Quién es Enzo Fullone y cómo se reconfigura el bloque oficialista

Con 37 años, Enzo Fullone llega al Senado tras haber sido el segundo candidato en la lista de La Libertad Avanza en Río Negro. Fue titular de Vialidad Nacional en la provincia, tiene base política en General Roca y se inició en el radicalismo, espacio del que luego se alejó. Según se indicó, cuenta con el respaldo político de Karina Milei y Martín Menem, dos figuras clave en la arquitectura del oficialismo.

Fullone asume la banca que por la minoría le corresponde a LLA y, con su incorporación, el bloque libertario queda formalmente completo en la Cámara alta. Sobre él también circularon versiones que lo vincularon a Federico “Fred” Machado, aunque el flamante senador negó de manera explícita cualquier relación.

Desde el punto de vista institucional, la asunción permite al oficialismo cerrar un capítulo incómodo y recuperar previsibilidad en el Senado, donde el equilibrio de fuerzas es ajustado y cada incorporación tiene impacto directo en la dinámica legislativa.

Repercusiones políticas e institucionales

El reemplazo de Villaverde por Fullone deja expuesta la tensión interna dentro de La Libertad Avanza entre la necesidad de ampliar representación territorial y el costo político de las controversias judiciales de algunos de sus dirigentes. Al mismo tiempo, el episodio muestra un intento del oficialismo por ordenar su bloque y evitar que conflictos personales o judiciales condicionen su desempeño parlamentario.

Con el bloque ya completo, el Senado inicia la última etapa del año con un oficialismo que busca mostrar cohesión y cerrar filas, en un escenario donde la gobernabilidad legislativa depende de alianzas frágiles y de una cuidadosa administración de los costos políticos.

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