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Corredores Viales: Economía habilitó la Etapa II del nuevo sistema de concesiones bajo la Ley 17.520

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Economía avanza con la privatización de Corredores Viales y lanza la licitación internacional de la Red Federal de Concesiones – Etapa II

El Ministerio de Economía autorizó el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 504-0013-LPU25 para concesionar los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 1843/2025, constituye un paso central en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado por la Ley 27.742 y habilitado por el Decreto 97/2025.

Un paso clave en la privatización de Corredores Viales S.A.

La Resolución 1843/2025, firmada el 19 de noviembre de 2025, profundiza la reconfiguración del esquema vial nacional al autorizar formalmente la licitación para concesionar bajo el régimen de la Ley 17.520 los tramos definidos en la Etapa II del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

El proceso se inscribe en la estructura de privatizaciones previstas por la Ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a Corredores Viales S.A., empresa constituida por Decreto 794/2017 y actualmente operadora de corredores nacionales asignados sucesivamente mediante los Decretos 1010/2017, 659/2019, 779/2020 y 1036/2020.

El Decreto 97/2025 habilitó la privatización total de la compañía mediante concesión de obra pública por peaje, a la vez que designó al Ministerio de Economía como autoridad encargada del proceso, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En ese marco, la cartera económica dictó la Resolución 1284/2025 que dio inicio al procedimiento privatizador y encargó a la Secretaría de Transporte la propuesta de tramos, el relevamiento del estado de la infraestructura y la elaboración de la documentación licitatoria.

Cómo será la Etapa II: tramos, audiencias públicas y documentación licitatoria

La Etapa II incorpora cuatro tramos estratégicos —Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa— integrados por sectores de las rutas nacionales 3, 205, 226, A-005, así como de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Jorge Newbery y Riccheri.

Para avanzar con esta etapa, la Dirección Nacional de Vialidad convocó audiencias públicas mediante la Resolución 827/2025, en cumplimiento del Decreto 1172/2003. Las audiencias se realizaron el 11 y 12 de junio de 2025, y sus Informes de Cierre fueron aprobados por la Resolución 1136/2025.

En paralelo, Vialidad presentó la tasación previa exigida por el artículo 19 de la Ley 23.696, paso indispensable para cualquier proceso de privatización.

La resolución firmada por Economía aprueba un extenso cuerpo documental compuesto por:

  • Pliego de Bases y Condiciones Generales (IF-2025-127089568-APN-DNV#MEC)
  • Pliego de Bases y Condiciones Particulares
  • Formularios de Cotización
  • Modelo de Contrato
  • Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
  • Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de cada tramo
  • Reglamento de Explotación
  • Reglamento de Infracciones y Sanciones

Toda la documentación estará disponible en el portal CONTRAT.AR, de acuerdo con el Decreto 416/2025.

Fechas clave del proceso licitatorio y creación de la comisión evaluadora

La Resolución 1843/2025 establece un cronograma preciso para el procedimiento: Consultas a los pliegos: hasta el 21 de enero de 2026 a las 13:00. Presentación de ofertas: hasta el 6 de febrero de 2026 a las 12:00. Apertura de ofertas: 6 de febrero de 2026 a las 13:00, mediante acto público electrónico en CONTRAT.AR

Además, el Ministerio ordena publicar el llamado: 7 días en el Boletín Oficial y la web del Ministerio, 3 días corridos en el sitio internacional DGMARKET del Banco Mundial

Para garantizar la evaluación técnica y económica, se crea una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por:

Titulares: Marcelo Roberto Saenz Urquiza, José Manuel Urdiroz, Luciano Lissi. Suplentes: Martha Karina Dipp, Marcelo Guillermo Bianchi, Micaela Renée Lapuente.

La Secretaría de Transporte queda facultada para emitir circulares aclaratorias durante el proceso.

Impacto institucional: un cambio estructural en la gestión vial nacional

La Etapa II de la Red Federal de Concesiones representa una transformación profunda del esquema de operación y mantenimiento de rutas nacionales. La resolución señala que el objetivo es permitir que el sector privado gestione tramos críticos para: construcción y ampliación de infraestructura, mantenimiento y conservación, prestación de servicios al usuario, y la generación de nuevas explotaciones complementarias.

El Ministerio de Economía subraya que el nuevo sistema apunta a “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”, en línea con las metas generales de reducción del gasto y reordenamiento del sector público.

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Misiones recurre al BID para financiar obras urgentes en rutas nacionales

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La falta de mantenimiento y la paralización de obras en rutas nacionales que atraviesan Misiones obligaron a la Provincia a buscar financiamiento propio e internacional para evitar un deterioro mayor de la infraestructura vial. En ese contexto, Misiones recurrirá al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un crédito destinado a ejecutar trabajos que corresponden a la Nación y a las concesiones privadas.

Misiones activó gestiones para obtener un crédito por más de 40 mil millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo. La próxima semana llegará una misión del organismo para avanzar en el proyecto.

El financiamiento permitirá ejecutar obras que Nación no realiza en el marco de su plan de ajuste:

  • Terceras trochas
  • Rehabilitación de calzada
  • Demarcación completa
  • Travesías urbanas
  • Mejoras de seguridad vial

El crédito se canalizará inicialmente sobre la Ruta Nacional 14, pero permitirá resolver problemas que hoy deberían ser cubiertos por la Nación o por las concesiones.

Aunque la situación “todavía no es crítica”, autoridades advierten que ya existen tramos con ausencia total de señalización, demarcación horizontal borrada y aparición de baches, especialmente en las Rutas Nacionales 12 y 14, dos de los corredores más transitados y estratégicos del NEA.

La Ruta Nacional 12, actualmente concesionada, padece la falta de inversión: el financiamiento comprometido por la Nación no se cumple, y el servicio se sostiene únicamente con la recaudación del peaje.

Este esquema redujo al mínimo los trabajos de mantenimiento. Hoy se observan sectores sin demarcación, sin señalización y con calzada deteriorada, lo que incrementa el riesgo vial.

Obras paralizadas y sin responsable: el caso Roca–Jardín América

A esto se suma la neutralización de obras nacionales, como el tramo Roca–Jardín América, que quedó paralizado pese a estar bajo convenio con la Nación. Desde entonces, ni Vialidad Nacional ni la concesión intervienen.

Ante el abandono, la Provincia y los municipios deben hacerse cargo de tareas básicas para evitar que los tramos se deterioren o representen peligros para los conductores.

“Fallan la concesión y falla Vialidad Nacional. Si Misiones no interviene, la situación sería mucho peor”, advierten fuentes viales.

Ruta 14: deterioro generalizado y riesgo creciente

La Ruta Nacional 14 refleja un escenario similar: baches, malezas sin desmalezar, falta de despejes laterales, demarcación inexistente y cartelería deteriorada.

En algunos tramos, Vialidad Provincial y Energía de Misiones debieron realizar trabajos de iluminación, limpieza y seguridad vial, pese a que la responsabilidad corresponde al Estado nacional.

La falta de mantenimiento afecta también puentes y zonas críticas, agravada por la topografía misionera -curvas, pendientes, vegetación cerrada- que exige cuidados constantes.

La decisión de avanzar con financiamiento propio e internacional confirma un escenario: Misiones no puede esperar más por un Estado nacional que abandonó el mantenimiento básico de sus rutas.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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Bitrenes: el Gobierno habilitó la libre circulación en todas las rutas nacionales

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El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1196/2025, que aprueba un cambio estructural en el régimen de circulación de los camiones bitrenes en Argentina. Desde ahora, estas unidades de gran porte podrán transitar libremente por la totalidad de la Red Vial Nacional, salvo en aquellos tramos que presenten limitaciones técnicas o de seguridad, como puentes con capacidad portante reducida o sectores de trazado complejo.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, introduce un enfoque de “exclusión negativa”: los bitrenes tienen habilitación general, salvo prohibiciones puntuales. Se trata de un giro de política logística que apunta a reducir costos de transporte, mejorar la competitividad y dinamizar el comercio interior y exterior, en el marco del plan oficial de desregulación económica.

De corredores restringidos a libre circulación

Hasta ahora, la circulación de bitrenes estaba limitada a corredores viales expresamente habilitados desde 2018, lo que fragmentaba la operación logística y dificultaba la planificación de rutas.

La Resolución 1196/2025 sustituye el artículo 4° de la Resolución 884/2018 del ex Ministerio de Transporte, incorporando un nuevo Manual del Usuario (Anexo III, IF-2025-83540465-APN-DNTAC#MTR).

El nuevo esquema clasifica a los vehículos en tres categorías:

  • Tipo 1 (22,40 m, hasta 60 t): libre circulación sin restricciones.
  • Tipo 2 (22,40 m, hasta 75 t) y Tipo 3 (25,50 m o 30,25 m, hasta 75 t): libre circulación salvo en tramos limitados, que requieren autorización previa a través del sistema TAD.

En todos los casos, se fijan requisitos técnicos: velocidad máxima de 80 km/h, GPS obligatorio para registrar recorridos, distancia mínima de 100 metros entre unidades y prohibición de circular en convoy por puentes. Además, se exige detener la marcha en condiciones climáticas adversas.

Infraestructura y limitaciones

El Anexo II (IF-2025-83537841-APN-DNTAC#MTR) identifica los puentes de la Red Vial Nacional con capacidad inferior a 75 toneladas, donde la circulación estará condicionada a la capacidad estructural o requerirá autorización previa de la Dirección Nacional de Vialidad.

Se trata de una medida técnica clave: sin este resguardo, los bitrenes podrían comprometer la seguridad vial y la integridad de las infraestructuras. La Secretaría de Transporte quedó facultada para modificar los anexos de forma dinámica, en base a estudios de seguridad y capacidad portante.

El Gobierno sostiene que la habilitación general de bitrenes “permitirá optimizar los costos logísticos, multiplicar la capacidad de carga y dinamizar la reactivación económica en curso”.

Desde el sector privado, cámaras de transporte y grandes exportadores ven con buenos ojos la medida, ya que un bitrén puede reducir hasta un 30% el costo por tonelada transportada en largas distancias, además de disminuir el impacto ambiental por menor consumo de combustible por unidad de carga.

No obstante, especialistas en infraestructura advierten que el desafío está en el estado actual de rutas y puentes, ya que el tránsito de bitrenes exige una red vial modernizada. También algunas provincias podrían plantear resistencias, dado que el régimen obliga a las empresas a gestionar permisos adicionales en tramos de acceso provinciales o municipales.

En términos políticos, la medida encaja en la agenda de desregulación y liberalización que impulsa el presidente Javier Milei, al eliminar trabas operativas y dejar en manos de las empresas la planificación logística, con controles mínimos y focalizados en seguridad

La resolución ya está en vigencia, y se espera que en los próximos meses el Ministerio de Economía publique listados actualizados de tramos restringidos y continúe la adecuación de normas provinciales.

De este modo, el nuevo régimen abre la puerta a una transformación estructural del transporte de cargas, con beneficios para sectores agroindustriales, energéticos y exportadores, pero con el desafío de acompañar el cambio con inversión en infraestructura y control efectivo de seguridad vial.

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Para debilitar el paro, disponen peaje gratuito en todo el país

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La medida, que al principio se había dispuesto para los accesos a la ciudad de Buenos Aires, se extendió más tarde a todo el territorio nacional.

El Gobierno no solo está dispuesto a enfrentar el paro de la CGT con discursos. También pondrá otros recursos a su alcance para debilitar la medida de fuerza convocada por las centrales sindicales. Entre ellos, dispuso que no se pagará peaje en los rutas nacionales de todo el país.

Según un comunicado del Ministerio de Transporte de la Nación, la medida “busca facilitar la circulación frente al paro nacional”.

“El gobierno nacional dispuso que este jueves 6 de abril los usuarios de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires y los Corredores Viales Nacionales no abonarán la tarifa del peaje desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde”, sostiene el comunicado.

Y detalla: “La exención del pago de peaje tendrá vigencia durante todo el día del jueves y abarcará la totalidad de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires – Acceso Norte, Acceso Oeste y Acceso Ricchieri – y los Corredores Viales Nacionales con concesiones en: Buenos Aires (RN 3, RN 226, RN 252, RN 205, RN 5, RN 7, RN 8, RN 9, RN 188, RN 12), Chaco (RN 16, RN 11),  Corrientes (RN 14, RN 12), Córdoba (RN 9, RN 19, RN 38, RN 8, A005, RN 7), Entre Ríos (RN 14, RN 18, RN 12), Mendoza (RN 7), Misiones (RN 12), Santa Fe (RN 11, RN 34, RN 19, Au Bs As – Rosario – Córdoba, A012, RN 33, RN 8, RN 7), Santiago del Estero (RN 9), Salta (RN 9 y RN 34) y Tucumán (RN 9)”.

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