rutas nacionales

Jalil, sobre la economía argentina: “Hay sectores que están bien y sectores que están sufriendo esta transición”

Compartí esta noticia !

La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande tendrá este miércoles en Misiones una agenda que combina infraestructura, energía, transporte de gas y desarrollo regional. Pero el encuentro también funciona como una instancia de interlocución política con la Nación, en un momento en que los gobernadores buscan respuestas sobre el financiamiento de obras, el deterioro de las rutas y las condiciones para sostener las economías regionales.

Antes de la reunión en Posadas, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, puso el acento en una herramienta que, según planteó, debería ordenar la relación entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei: el diálogo y el consenso.

Consultado por los planteos judiciales que evalúan los gobernadores por los fondos específicos destinados al mantenimiento de las rutas, Jalil evitó anticipar una estrategia judicial conjunta y señaló que existen conversaciones en desarrollo. “Siempre hemos pensado que a través del diálogo y el consenso es la mejor forma de llevar adelante un acuerdo con el Gobierno nacional”, sostuvo.

La definición adquiere relevancia porque el deterioro de la infraestructura vial se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre las provincias y la Nación. El reclamo excede la discusión presupuestaria: para las economías regionales, la calidad de las rutas determina costos logísticos, acceso a mercados y posibilidades concretas de expansión productiva.

En ese marco, Jalil valoró especialmente la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Asamblea. “Agradecemos al jefe de Gabinete que venga”, señaló, al considerar que el encuentro permite debatir directamente con la Nación las demandas de los mandatarios provinciales.

Una economía con ganadores y sectores en transición

Al analizar el escenario económico nacional, Jalil ofreció una lectura menos homogénea que la que surge de los indicadores macroeconómicos. “Hay sectores que están bien, sectores que están sufriendo esta transición económica”, afirmó.

El gobernador catamarqueño reconoció que la desaceleración de la inflación constituye uno de los cambios relevantes del proceso, aunque señaló como contrapartida el impacto sobre el empleo. “La inflación ha bajado, ha generado también un poco de desempleo”, sostuvo.

Su diagnóstico incorpora una cuestión central para las provincias del Norte Grande: la recuperación no se distribuye de manera uniforme entre actividades ni territorios. Mientras algunas cadenas vinculadas a recursos naturales muestran expansión, otras actividades enfrentan mayores dificultades para atravesar el proceso de transformación económica.

Jalil mencionó entre los sectores que actualmente presentan mayor dinamismo a la minería en Catamarca, además del gas y el petróleo en otras provincias. También incluyó a la ganadería entre las actividades que muestran crecimiento.

El dato es significativo para Catamarca, donde la minería ocupa un lugar creciente en la estrategia productiva provincial, pero el propio gobernador evitó presentar esa dinámica como una solución general para toda la economía. Su planteo fue que la transición debe gestionarse mediante acuerdos que contemplen las distintas realidades sectoriales.

“Es importante que esta transición económica, esta materia económica, la hagamos a través del diálogo y el consenso”, sostuvo.

Norte Grande: infraestructura, energía y economías regionales

La Asamblea de Posadas se desarrolla así sobre una tensión doble. Por un lado, los gobernadores reconocen que determinadas variables macroeconómicas muestran una evolución favorable respecto del escenario previo. Por otro, advierten que ese proceso todavía no alcanza de manera homogénea a las actividades productivas y al empleo en las provincias.

Esa diferencia explica buena parte de la agenda regional. El financiamiento de infraestructura, la energía, las rutas y las economías regionales no aparecen como demandas aisladas, sino como condiciones necesarias para que los sectores que hoy tienen capacidad de crecimiento puedan ampliar su impacto sobre el resto de las cadenas productivas.

En paralelo, la discusión nacional por el proyecto de Zonas Frías y la posibilidad de establecer posteriormente un régimen específico para las provincias con temperaturas extremas agrega una dimensión energética a la negociación entre la Nación y los gobernadores.

El desafío para el Norte Grande consiste, entonces, en transformar la Asamblea en una instancia de coordinación que permita convertir reclamos provinciales dispersos en una agenda común. La presencia del jefe de Gabinete ofrece una oportunidad para avanzar en ese sentido, aunque la eficacia del encuentro dependerá de que las conversaciones puedan traducirse posteriormente en obras, financiamiento y políticas concretas.

Jalil también destacó el carácter institucional de la reunión y su presencia en Misiones como una señal de acompañamiento a Hugo Passalacqua. “Venimos a acompañar a un gran gobernador, Hugo Passalacqua”, expresó.

La definición sintetiza el tono con el que Catamarca llega a Posadas: respaldo institucional al anfitrión, disposición al diálogo con la Nación y una advertencia sobre la heterogeneidad de la transición económica. Para los gobernadores del Norte Grande, el punto central ya no parece ser solamente discutir si la economía mejora o empeora, sino determinar qué sectores están capturando esa mejora, cuáles están quedando rezagados y qué políticas pueden acelerar la transmisión del crecimiento hacia el territorio.

Compartí esta noticia !

Sáenz, antes de la cumbre del Norte Grande: “Hay que empezar a mirar más para el interior”

Compartí esta noticia !

La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande tendrá este miércoles en Misiones una discusión que excede la foto institucional. El encuentro reunirá a los mandatarios de las provincias del norte con una agenda atravesada por infraestructura, energía, transporte y economías regionales, pero también por una negociación política de mayor alcance: la búsqueda del Gobierno nacional de respaldo para el proyecto de Zonas Frías y, posteriormente, para un régimen específico destinado a las provincias sometidas a temperaturas extremas.

Antes de la reunión, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, planteó cuál será la posición con la que llega a Posadas: construir una agenda común que permita que las necesidades del Norte Grande tengan una representación efectiva frente al Gobierno nacional. En ese marco, confirmó que los mandatarios esperan aprovechar la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para plantear demandas que, según remarcó, no siempre coinciden con las prioridades de la Casa Rosada.

“Hay una agenda en común para las necesidades del NOA y del Norte Grande”, sostuvo Sáenz, al señalar que los gobernadores están dispuestos a dialogar y acompañar aquellas medidas que consideren beneficiosas para la región, pero también a rechazar las que puedan perjudicar sus economías. La clave, en su planteo, es que determinadas cuestiones deben ser defendidas independientemente de la pertenencia política de cada mandatario.

“Hay cosas que son propias de la región, necesidades que son propias de la región y que tenemos que defender independientemente del partido político que seamos”, afirmó.

La infraestructura aparece como uno de los principales puntos de convergencia. Sáenz enumeró las rutas nacionales, la falta de obras y el financiamiento pendiente como problemas compartidos con Misiones y otras provincias. Puso como ejemplo las rutas 9 y 34 en Salta y cuestionó el deterioro de la red vial nacional.

“La ruta ya no son rutas y no son pozos. Son cráteres y se van cobrando lamentablemente vidas de la gente”, graficó. En paralelo, cuestionó el destino de los recursos vinculados al impuesto destinado al mantenimiento vial y anticipó que la problemática debería ser abordada como una acción conjunta de las provincias.

El reclamo adquiere una dimensión federal porque, según explicó, los gobernadores comenzaron a conocer a partir de una investigación periodística cómo se administra y distribuye el fondo destinado a las rutas. Sáenz sostuvo que existe una asignación discrecional de esos recursos y planteó que el debate debe involucrar al conjunto de los mandatarios del Norte Grande.

En ese punto, la discusión sobre infraestructura se conecta directamente con la competitividad de las economías regionales. Para Sáenz, la situación que atraviesan los productores misioneros tiene un correlato en Salta con actividades como la producción de banana y otras cadenas regionales que enfrentan dificultades para sostener su actividad.

“Lo mismo está pasando con la banana en Salta, con las distintas economías regionales”, señaló, en una definición que busca correr el debate del terreno estrictamente político hacia una problemática productiva común: costos, infraestructura, logística y regulaciones nacionales impactan de manera diferente en cada territorio, pero comparten una consecuencia sobre el entramado productivo.

En el caso de Misiones, la crisis yerbatera y el reclamo por condiciones que permitan sostener a los productores forman parte de esa agenda. Sáenz afirmó conocer la situación del sector productivo misionero y sostuvo que las economías regionales serán uno de los temas que los gobernadores deben llevar tanto al Ejecutivo como al Congreso.

La presencia de Santilli en Posadas adquiere así un valor político y operativo. Sáenz destacó que el jefe de Gabinete “ha venido a acompañar y a escuchar”, una actitud que consideró compatible con el respeto que merecen los gobernadores por haber sido elegidos por sus respectivas sociedades.

Pero el gobernador salteño también dejó una definición que excede la coyuntura: el Norte Grande no pretende limitar su agenda a la negociación con la Nación, sino construir capacidad política propia para defender intereses regionales.

“Hay que empezar a mirar más para el interior”, sostuvo. Y agregó que ningún gobierno nacional, a su criterio, ha mirado suficientemente las necesidades de las provincias del interior frente al peso político y económico de Buenos Aires, el conurbano y la Capital Federal.

La crítica apunta también al proceso de toma de decisiones. Sáenz cuestionó que se impulsen desregulaciones o modificaciones normativas sin suficiente conocimiento de las particularidades productivas de cada provincia. Como ejemplo mencionó medidas vinculadas a barreras sanitarias en Salta, que, según su interpretación, pueden afectar la producción cuando son diseñadas sin contemplar las características territoriales.

“Estaría bueno que empiecen a conocer” las provincias, planteó, y reclamó que ministros y funcionarios nacionales recorran los territorios antes de adoptar decisiones que impactan sobre las economías regionales.

Zonas Frías y el nuevo mapa de negociación

La agenda de la Asamblea estará atravesada además por la negociación nacional alrededor del proyecto de Zonas Frías. El Gobierno busca avanzar primero con la iniciativa que ya tuvo tratamiento en Diputados y posteriormente discutir un régimen destinado a las denominadas zonas cálidas, una cuestión especialmente sensible para las provincias del norte por las temperaturas extremas y el impacto energético sobre hogares y actividades productivas.

En ese escenario, el Norte Grande aparece como un actor necesario para la construcción de mayorías legislativas, pero también como un bloque territorial con demandas propias. La presencia de Santilli abre un canal de negociación que los gobernadores pretenden aprovechar para discutir no sólo tarifas, sino también infraestructura, rutas, energía y financiamiento.

Sáenz sostuvo que el diálogo no implica acompañamiento automático. “Estamos siempre dispuestos al diálogo y siempre predispuestos a seguir avanzando y acompañar en lo que tenemos que acompañar y no acompañar aquello que perjudica al norte argentino”, resumió.

Un federalismo que busca pasar de la foto a la gestión

La dimensión política también apareció en la conversación. Sáenz señaló que el encuentro representa una oportunidad para acompañar al gobernador anfitrión, Hugo Passalacqua, y defendió la necesidad de respaldar a quienes fueron elegidos por los ciudadanos de cada provincia.

Consultado por una eventual reelección de Passalacqua, sostuvo que acompañaría su decisión si finalmente resolviera ser candidato, aunque remarcó que la definición corresponde al propio gobernador y a los misioneros. La declaración se inscribe en una discusión más amplia sobre el poder territorial en Misiones y el rol de los gobernadores como interlocutores frente a la Nación.

Más allá de esa dimensión política, el planteo central de Sáenz vuelve sobre una cuestión estructural: la capacidad de las provincias para construir una agenda federal que no dependa exclusivamente de las prioridades del Gobierno nacional de turno.

“Tenemos que juntarnos todos, reunirnos todos, pelear por los misioneros, pelear por los salteños, pelear por los catamarqueños, pelear por los tucumanos”, sostuvo.

En esa lógica, la 24ª Asamblea del Norte Grande puede funcionar como algo más que una instancia protocolar. Si los reclamos sobre rutas, energía, economías regionales y financiamiento logran traducirse en posiciones comunes, el espacio regional puede transformar demandas dispersas en una agenda negociadora con mayor peso institucional.

El desafío, en definitiva, es que el federalismo deje de agotarse en una declaración política y consiga convertirse en mecanismos concretos de financiamiento, infraestructura y desarrollo productivo. En una región donde las distancias encarecen la logística y donde las decisiones nacionales tienen impactos asimétricos, la coordinación entre provincias puede ser una herramienta para reducir esa brecha.

Compartí esta noticia !

Santilli llegó a Misiones con un mensaje incómodo sobre la recuperación: “El cambio va a llegar a todos los sectores”

Compartí esta noticia !

La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande tendrá este miércoles en Posadas una agenda que excede la tradicional discusión sobre infraestructura y federalismo. El encuentro llega atravesado por reclamos concretos de las provincias y, al mismo tiempo, por una negociación política entre la Casa Rosada a cargo del jefe de gabinete, Diego Santilli y los gobernadores para avanzar con el régimen de Zonas Frías y abrir posteriormente una discusión específica para las regiones que soportan temperaturas extremas durante el verano.

En la previa de la reunión, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, anticipó que el Gobierno nacional llevará a la mesa una agenda vinculada con energía, rutas, transporte y desarrollo productivo. Pero la conversación con los gobernadores tendrá un componente inevitablemente político: Misiones reclama respuestas sobre el costo energético, la infraestructura vial y la situación de la cadena yerbatera, mientras el oficialismo busca sostener su estrategia de transformación económica frente a un escenario social que todavía exhibe fuertes tensiones.

“Todos vamos a hablar”, señaló Santilli al ser consultado sobre los planteos que llevará Misiones. El funcionario sostuvo que la agenda del encuentro será “de gestión” y enumeró entre los temas centrales la energía, las rutas y una propuesta de cabotaje que habría sido presentada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a partir de pedidos de los gobernadores.

El funcionario también mencionó cuestiones vinculadas con la coparticipación y aseguró que existe una agenda amplia de trabajo con las provincias. En ese marco, buscó separar la negociación institucional de las diferencias políticas y electorales: “La agenda hoy es una agenda de gestión”, remarcó.

Energía: el reclamo misionero por las tarifas llega a la mesa nacional

La cuestión energética será uno de los puntos sensibles del encuentro. Misiones viene planteando la necesidad de contar con un esquema que contemple las particularidades climáticas de la región y permita reducir el impacto de las tarifas sobre hogares, comercios y actividades productivas.

Santilli confirmó que el Gobierno está trabajando con los gobernadores sobre el concepto de “zonas cálidas”, una discusión que aparece como contrapartida de la iniciativa de Zonas Frías que ya avanzó en el Congreso. “Estamos discutiendo el tema de las cálidas horas cálidas, estamos trabajando con los gobernadores”, sostuvo.

La definición es relevante porque abre una puerta institucional para un reclamo que el Norte Grande viene planteando desde hace tiempo: que la política energética incorpore no sólo las necesidades de calefacción durante el invierno, sino también los costos asociados al consumo eléctrico y la refrigeración durante los meses de temperaturas elevadas.

En el caso de Misiones, el planteo tiene una dimensión económica adicional. La energía es un insumo transversal para la industria, el comercio y los servicios, por lo que el costo tarifario incide directamente sobre la competitividad de las empresas y sobre el ingreso disponible de los hogares.

Rutas: Nación asegura que avanzará con el esquema de concesiones

La infraestructura vial será otro de los ejes de la conversación. Santilli sostuvo que el Gobierno nacional está avanzando en el proceso de concesión de la Red Federal de Concesiones y destacó que se trata de más de 9.000 kilómetros por los que circula, según sus palabras, alrededor del 70% de la red vial argentina.

El jefe de Gabinete aseguró que ya se completó una etapa del proceso y que resta adjudicar unos 3.000 o 3.500 kilómetros, con la expectativa de que las obras comiencen hacia fines de agosto o principios de septiembre.

En el caso de Misiones, afirmó que existen dos rutas incluidas en el paquete de obras que la Nación está discutiendo con el gobierno provincial. Santilli también mencionó acuerdos alcanzados con otras jurisdicciones, como San Juan, y trabajos proyectados en Corrientes.

La discusión vial adquiere especial importancia para el Norte Grande porque la infraestructura no constituye solamente una cuestión de conectividad. Para economías alejadas de los principales centros de consumo y puertos, el estado de las rutas determina costos logísticos, tiempos de traslado y capacidad de competir en mercados nacionales e internacionales.

Yerba mate: Santilli reivindicó las exportaciones, pero deberá escuchar el reclamo de los tareferos

Consultado específicamente por la crisis yerbatera, el jefe de Gabinete evitó anticipar medidas y sostuvo que escuchará el planteo del gobernador Hugo Passalacqua. Su argumento se concentró en el comportamiento externo del complejo: “Yerba está exportando mucho”, afirmó, y señaló que los números hacia afuera muestran un fuerte desempeño.

El dato exportador, sin embargo, convive con una problemática interna que constituye uno de los principales reclamos productivos de Misiones. La fortaleza de las ventas externas no necesariamente se traduce de manera automática en una mejora de los ingresos de todos los eslabones de la cadena, particularmente en el segmento de productores y trabajadores rurales.

La propia entrevista expuso esa tensión cuando se puso sobre la mesa la situación de los aproximadamente 12.000 tareferos que atraviesan dificultades laborales. Santilli respondió que el Gobierno debe mirar “toda la película”, en referencia a la situación económica general y al proceso de transformación que, según su interpretación, atraviesa el país.

La discusión resulta particularmente relevante para Misiones porque coloca frente a frente dos indicadores que pueden evolucionar en direcciones diferentes: el crecimiento de las exportaciones y la distribución interna del ingreso generado por una cadena productiva. Para una política pública orientada al desarrollo regional, el desafío consiste precisamente en lograr que una mayor inserción externa se traduzca en mejores condiciones para productores, trabajadores y comunidades vinculadas a la actividad.

“Los mejores años” y el reclamo que incomoda al Gobierno

La conversación también puso a prueba uno de los principales argumentos del Gobierno nacional: que la estabilización macroeconómica terminará dando paso a una etapa de crecimiento más extendido.

Frente al señalamiento de que el discurso sobre “los mejores años” de la economía lleva tiempo sin reflejarse en la vida cotidiana, Santilli reconoció que la recuperación todavía no alcanzó de manera homogénea a todos los sectores. “Hay sectores que están padeciendo, sí, es verdad”, admitió.

El jefe de Gabinete defendió, al mismo tiempo, el rumbo económico y sostuvo que la Argentina se encuentra en una transición desde una economía que, según su diagnóstico, destruía valor hacia otra que busca fortalecer los sectores productivos.

En su explicación apeló a la magnitud de la crisis heredada y recordó los niveles de pobreza e indigencia registrados al comienzo de la gestión de Javier Milei. Pero la respuesta más significativa llegó cuando se le planteó por qué el costo del proceso parece recaer todavía sobre las pequeñas empresas, los trabajadores y los hogares mientras la recuperación macroeconómica no termina de derramarse sobre el consumo.

“Yo creo que va a llegar”, respondió Santilli, y ubicó la transformación argentina dentro de un horizonte de entre tres y siete años al comparar con procesos de cambios estructurales atravesados por otros países.

El problema político de esa respuesta es evidente: el horizonte macroeconómico no necesariamente coincide con el horizonte social de una familia que no llega a fin de mes, de un comercio que perdió ventas o de un trabajador que quedó fuera del mercado laboral. La estabilización puede ser condición necesaria para el crecimiento, pero no constituye por sí sola una garantía de recuperación distributiva.

“Venimos de una película de terror”, la metáfora con la que Santilli defendió el rumbo

La entrevista terminó concentrando buena parte de la discusión que atravesará la Asamblea del Norte Grande. Ante el planteo sobre los misioneros que enfrentan dificultades para pagar la luz, sostener el consumo o conseguir trabajo, Santilli eligió reivindicar el esfuerzo social y pidió evitar una lectura exclusivamente pesimista.

“Primero, agradecerle por el esfuerzo que viene haciendo el misionero y el argentino”, afirmó. Luego reconoció que “llevamos dos años y no es fácil”, aunque insistió en que el cambio estructural todavía debe alcanzar a los sectores que permanecen rezagados.

La definición más gráfica llegó al final: “Venís de una película de terror y está cambiando esa película”.

El desafío para el Gobierno nacional es convertir esa metáfora política en resultados verificables. Para Misiones, la Asamblea representa una oportunidad para medir esa promesa en variables concretas: tarifas energéticas compatibles con la realidad climática regional, rutas que reduzcan costos logísticos, respuestas para las cadenas productivas y políticas capaces de transformar el crecimiento exportador en empleo e ingresos.

La reunión del Norte Grande, en ese sentido, no será sólo una fotografía institucional de gobernadores. Será una instancia para determinar cuánto de la agenda federal puede convertirse en decisiones concretas y, especialmente, si el proceso de recuperación que defiende la Casa Rosada comienza finalmente a llegar a aquellos sectores que Santilli reconoce que todavía están esperando.

Compartí esta noticia !

Nación recaudó $1,5 billones para rutas, ejecutó apenas 26% y mantiene más de $1 billón en inversiones financieras

Compartí esta noticia !

La paralización de la obra pública nacional tiene una contracara financiera de dimensiones extraordinarias. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Estado recaudó $1.503.252 millones a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos que tienen como destino específico la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas. Sin embargo, solamente $394.406 millones llegaron efectivamente a ese objetivo.

Los datos surgen de una investigación de La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, elaborada a partir de balances contables, informes mensuales de cuentas y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública.

El resultado es una subejecución acumulada del 73,8% durante los primeros dos años y medio de la gestión libertaria. Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y reclamos de provincias y sectores productivos, el fideicomiso terminó mayo con más de $1 billón colocado en inversiones financieras.

La magnitud permite dimensionar una de las paradojas de la política de infraestructura nacional: no se trata únicamente de una caída de los recursos disponibles para las rutas. Una parte sustancial del dinero fue efectivamente recaudada, pero no llegó al asfalto.

De cada $100 recaudados, apenas $26 llegaron a las rutas

El comportamiento del SisVial muestra fuertes oscilaciones, pero una constante: la ejecución se mantuvo muy por debajo de la recaudación.

En 2024, ingresaron $360.238 millones y se ejecutaron apenas $40.668 millones, equivalente al 11,3%.

Durante 2025, la ejecución mejoró hasta el 39%: se aplicaron $270.592 millones sobre una recaudación de $692.514 millones.

Pero entre enero y mayo de 2026 volvió a desplomarse. Sobre $450.500 millones recaudados, solamente $83.144 millones se destinaron al sistema vial: 18,5% del total.

Sumados los tres períodos, Nación recaudó $1,503 billones y ejecutó $394.406 millones. Es decir que, por cada $100 que ingresaron al sistema con destino vial, aproximadamente $26 fueron utilizados para ese propósito y $74 quedaron sin ejecutar.

Un impuesto con destino específico

El punto central de la investigación es la naturaleza de esos recursos. El SisVial es un subsistema del fideicomiso creado mediante el decreto 976/01 y recibe una parte del impuesto a los combustibles líquidos. Su finalidad legal es financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.

El Ministerio de Economía funciona como autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario.

Según explicó a LA NACION un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema, la afectación específica de los recursos buscó precisamente impedir que el dinero recaudado para infraestructura vial terminara absorbido por otros gastos del Estado.

El mecanismo había sido implementado por exigencia del Banco Mundial para garantizar que esos fondos quedaran jurídicamente vinculados a las rutas.

Más de $1 billón en inversiones financieras

El dato más significativo aparece al observar qué ocurrió con los recursos que no fueron ejecutados.

Al 31 de mayo de 2026, la cartera de inversiones financieras del SisVial alcanzaba los $1.001.018 millones.

De ese monto:

$854.234 millones estaban colocados en títulos públicos, mientras que otros $146.784 millones permanecían en plazos fijos.

La comparación con el ritmo de las obras resulta elocuente. Sólo durante marzo, el SisVial destinó $1.090 millones a obras viales mientras su cartera financiera aumentó en $83.840 millones, al pasar de $785.136 millones a $868.976 millones.

Dos meses después ya había superado el billón de pesos. El esquema experimentó además una transformación durante 2025.

Hasta mediados de ese año, las inversiones se concentraban fundamentalmente en plazos fijos del Banco Nación. Pero desde julio comenzó a crecer con fuerza la participación de títulos públicos.

En junio representaban el 11,5% de la cartera; en julio saltaron al 61,5% y en agosto al 79,4%. Para diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones invertidos por el SisVial estaba colocado en letras del Tesoro.

Recursos para intervenir hasta 25.000 kilómetros

La dimensión del dinero retenido adquiere otra escala cuando se traduce a infraestructura.

Un economista especializado en asuntos públicos consultado por LA NACION calculó que, tomando como referencia el costo por kilómetro surgido de una licitación reciente de Vialidad Nacional, con los recursos acumulados en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas.

La cifra equivale aproximadamente a dos tercios de la red vial nacional, aunque el propio especialista aclaró que se trata de una estimación aproximada.

El contraste resulta particularmente relevante para las provincias y economías regionales, donde la infraestructura vial constituye un componente directo del costo logístico. El deterioro de las rutas no sólo impacta sobre seguridad y tiempos de viaje: también encarece el transporte de mercaderías, aumenta costos de mantenimiento y reduce competitividad.

Entre 65% y 70% de las rutas, en estado regular o malo

La acumulación financiera ocurre mientras crecen las advertencias sobre el estado de la infraestructura.

Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó que entre 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, situación que vinculó con la subejecución presupuestaria y la paralización de obras.

Los reclamos también comenzaron a multiplicarse entre los gobernadores. Alberto Weretilneck, de Río Negro, describió las rutas nacionales de su provincia como “heridas, rotas y olvidadas”, mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, advirtió sobre el profundo deterioro de distintos corredores.

La problemática tiene una dimensión especialmente sensible para provincias alejadas de los grandes centros de consumo, como Misiones, donde prácticamente toda la producción y el abastecimiento dependen del transporte terrestre y de corredores nacionales estratégicos.

Economía concentra las decisiones

Desde marzo de 2024, la decisión final sobre estos fondos quedó concentrada en el Ministerio de Economía.

El decreto 215/14 -según detalla la investigación- ubicó a la cartera conducida por Luis Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de los fondos fiduciarios integrados con recursos nacionales. Posteriormente, una resolución ministerial delegó facultades en la Secretaría Legal y Administrativa, con intervención previa de la Secretaría de Hacienda.

LA NACION consultó al ministro Caputo y a sus principales colaboradores sobre los desembolsos, las inversiones financieras y los criterios utilizados para seleccionar montos, instrumentos y plazos, pero no obtuvo respuestas antes de la publicación de la investigación.

Desde el Banco Nación, en tanto, señalaron que la entidad actúa únicamente como fiduciaria y ejecuta las instrucciones que recibe del Ministerio de Economía.

Un exdirector del Banco de Inversión y Comercio Exterior consultado por el diario describió el funcionamiento como una lógica propia de una “mesa de dinero”: obra pública prácticamente detenida mientras los recursos disponibles se orientan hacia inversiones financieras hasta su eventual utilización.

Más de $1,03 billones que no llegaron al asfalto

El balance final sintetiza la magnitud del fenómeno. Al cierre de mayo, el SisVial mantenía $1.001.018 millones en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.

En conjunto eran $1.038.779 millones que no habían sido volcados a infraestructura vial.

El dinero está. Pero, por ahora, una proporción sustancial permanece en activos financieros mientras el deterioro vial continúa trasladando costos a las provincias, las empresas, el transporte y los usuarios.

Compartí esta noticia !

Vialidad Nacional gastó menos de lo que le llegó asignado por el Impuesto a los Combustibles

Compartí esta noticia !

La red vial nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. El deterioro de las rutas se profundiza al mismo tiempo que el Estado nacional incrementó significativamente la carga impositiva sobre los combustibles, un tributo que justamente tiene como destino específico el financiamiento de la infraestructura vial.

Los números muestran una contradicción difícil de explicar. Desde el cambio de gestión, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecutó menos recursos —considerando todas sus fuentes de financiamiento— de los que ingresaron únicamente por la porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que le corresponde por ley.

De acuerdo con los datos disponibles, la DNV utilizó apenas un tercio de los fondos provenientes del impuesto que tiene asignación específica para infraestructura vial. En términos acumulados, la diferencia entre lo efectivamente recaudado y lo ejecutado asciende a 1,35 billones de pesos.

Ese monto no requería mayores transferencias del Tesoro Nacional ni un aumento adicional del gasto público. Eran recursos generados por un impuesto ya pagado por los consumidores cada vez que cargan combustible.

Más impuestos, menos inversión

El cambio también se observa en el surtidor. En noviembre de 2023, el Impuesto a los Combustibles representaba el 8,9% del precio de la nafta súper. Para julio de 2026, esa participación prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 18,6%.

Es decir, los automovilistas, transportistas y productores pagan hoy una carga tributaria considerablemente mayor sobre cada litro de combustible. Sin embargo, esa mayor recaudación no se traduce en una mejora equivalente de la infraestructura vial.

Por el contrario, numerosos corredores nacionales presentan un creciente deterioro, con baches, deformaciones del pavimento y falta de mantenimiento preventivo.

Qué podría haberse hecho

Las estimaciones indican que, si Vialidad Nacional hubiera ejecutado la totalidad de los recursos provenientes del ICL que le corresponden, habría contado con 534.000 millones de pesos adicionales por año.

En términos acumulados, esos 1,35 billones de pesos habrían permitido financiar el mantenimiento anual de aproximadamente 9.148 kilómetros de rutas nacionales, cerca de una cuarta parte de toda la red vial federal.

La dimensión del número también puede medirse de otra manera: representa una distancia superior a dos veces el recorrido entre Ushuaia y La Quiaca, el extremo sur y norte del país.

Mientras disminuye la ejecución de recursos públicos destinados al mantenimiento, el Gobierno nacional avanza con un profundo proceso de reorganización del sistema vial.

En una primera etapa adjudicó aproximadamente 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mientras que posteriormente incorporó otros 3.900 kilómetros dentro del esquema de concesiones.

El objetivo oficial es alcanzar cerca de 9.000 kilómetros de corredores administrados por operadores privados, modificando de manera sustancial el modelo de gestión de la red vial federal.

La discusión de fondo

El debate trasciende el nivel de gasto público. El Impuesto a los Combustibles fue concebido como un tributo de afectación específica, es decir, con un destino determinado para financiar infraestructura vial.

La principal crítica es que los usuarios continúan pagando un impuesto cuya carga sobre el precio final prácticamente se duplicó en menos de tres años, mientras el estado de las rutas nacionales sigue empeorando y la ejecución de los recursos destinados a su mantenimiento permanece muy por debajo de la recaudación disponible.

Para especialistas en infraestructura y finanzas públicas, la brecha entre lo que recauda el Estado por este concepto y lo que efectivamente invierte en conservación vial constituye una de las principales explicaciones del acelerado deterioro que hoy exhibe gran parte de la red nacional.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin