Salvador Torres

El crédito provincial fortalece a las pequeñas marcas yerbateras: destacan el alivio para financiar envases, cosecha y mejores pagos a productores

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La nueva línea de financiamiento impulsada por el Gobierno de Misiones comenzó a recibir el respaldo de las pequeñas empresas yerbateras, que la consideran una herramienta estratégica para sostener la producción en un contexto donde el acceso al crédito resulta limitado y los costos de industrialización y comercialización continúan en aumento.

Desde las cooperativas y pymes del sector coinciden en que el principal cuello de botella ya no pasa únicamente por la producción de hoja verde, sino por la necesidad de contar con capital de trabajo para financiar envases, packaging, cosecha y plazos de pago a los productores.

En ese escenario, el crédito anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua fue recibido como un respaldo financiero, pero también como una señal política de acompañamiento a un segmento que concentra buena parte del agregado de valor en origen y la generación de empleo local.

El packaging, uno de los costos que más pesa

El presidente de la Cooperativa Río Paraná, Salvador Torres, explicó que una de las principales dificultades para las pequeñas marcas es afrontar el costo de los envases.

“Este crédito viene muy bien porque siempre se está necesitando algún respaldo económico, fundamentalmente para todo lo que significan los insumos, principalmente los paquetes”, sostuvo.

Torres detalló que la impresión de un lote mínimo de 30.000 paquetes demanda una inversión cercana a los 10 millones de pesos, un monto que muchas cooperativas deben afrontar antes incluso de concretar las ventas.

“Viene muy bien para fortalecer el trabajo que venimos desarrollando”, señaló.

El dirigente agregó que la línea también puede transformarse en una oportunidad para quienes buscan lanzar nuevas marcas o diversificar la producción.

“Es un respaldo económico importante y también un respaldo político e institucional que nos impulsa mucho más”, afirmó.

Su diagnóstico refleja uno de los desafíos estructurales de las pequeñas industrias yerbateras: mientras la materia prima representa una parte del costo total, la industrialización, el envasado, el diseño y la logística requieren inversiones permanentes que muchas veces resultan difíciles de financiar con recursos propios.

Mejorar el flujo de caja para pagar antes al productor

Una visión similar expresó Ricardo Cabral, propietario de la marca Yerba Saltos del Moconá, quien aseguró que el financiamiento llega en un momento clave para afrontar la cosecha.

“Está buenísimo porque ahora nos viene súper bien para el tema de la cosecha”, resumió.

Cabral explicó que uno de los principales beneficios será mejorar el flujo de fondos de la empresa y reducir los plazos de pago a los productores.

“Con esta plata vamos a poder pagar mejor al productor y también en el momento. Antes, al no tener toda la plata, se pagaba una parte y el resto a 30 o 60 días. Con esta ayuda nos beneficia muchísimo”, afirmó.

El empresario señaló que la línea también permitirá financiar una nueva producción de envases.

“Cada vez que hacemos los paquetes tenemos que imprimir 30.000 unidades y necesitamos alrededor de cinco millones de pesos”, explicó.

Más productores buscan incorporarse

Cabral destacó además un efecto que ya comienza a percibirse en el territorio: el interés de nuevos productores por integrarse a proyectos que cuentan con mayor capacidad de financiamiento.

Actualmente, Yerba Saltos del Moconá trabaja con más de veinte familias productoras, pero asegura que el anuncio del crédito ya despertó nuevas consultas.

“La gente se fue enterando y ahora cada vez están llamando más productores de la zona para trabajar con nosotros”, indicó.

Ese fenómeno revela otro de los efectos esperados de estas herramientas financieras: fortalecer la capacidad de compra de hoja verde por parte de las pequeñas industrias, ampliar su red de proveedores y sostener el empleo rural.

Capital de trabajo para agregar valor

A diferencia de las grandes empresas, que suelen contar con mayor espalda financiera o acceso al sistema bancario, las cooperativas y pequeñas marcas dependen en gran medida del capital de trabajo para mantener el ciclo productivo.

En la cadena yerbatera, el financiamiento resulta clave porque buena parte de los gastos —envases, impresión, insumos industriales, logística y cosecha— deben realizarse antes de recuperar la inversión mediante las ventas.

Por eso, desde el sector consideran que el acceso al crédito puede convertirse en una herramienta para sostener la actividad, impulsar nuevas marcas y consolidar un entramado de pequeñas industrias que agregan valor en origen, generan empleo y fortalecen la identidad productiva de Misiones.

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La Justicia dilata el fallo sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y fragmenta el reclamo yerbatero

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La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.

La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.

Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.

En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.

La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.

Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva

Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.

En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.

La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.

El argumento de fondo: el juez ya había prevenido

La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.

Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.

Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.

“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.

En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.

Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.

Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.

Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.

Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.

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