Samsa informa que este viernes 10 de julio, establecido como día no laborable con fines turísticos, ofrece a sus usuarios la atención al cliente, personal y telefónica, en el horario habitual, manteniendo la calidad en los servicios. Los usuarios podrán realizar normalmente sus trámites, pagos, sugerencias o consultas sobre el servicio de agua potable y cloacas.
En forma personal pueden acercarse a Samsa, Av. López y Planes 2577, de 6:30 a 14 horas y para efectuar pagos en cajas también por la tarde de 16:30 a 19:00 hs. En forma telefónica llamando gratis al 0800 888 9980 y al 4428000 con 10 líneas rotativas.
El Concejo Deliberante de Garupá sancionó la Ordenanza XVI-Nº 10 para fiscalizar la prestación de agua potable, imponiendo obligaciones operativas y un régimen sancionatorio de hasta 60.000 UT. Sin embargo, el Ejecutivo municipal vetó los artículos centrales que exigían la instalación gratuita de válvulas de aire y la apertura de oficinas locales, citando conflictos de competencia con el marco regulatorio provincial.
La reciente publicación de la Ordenanza XVI-Nº 10 en el Boletín Oficial marca un hito en la puja por la calidad de los servicios públicos en el área metropolitana de Misiones. El instrumento buscaba corregir una de las fricciones más persistentes entre la prestataria SAMSA S.A. y los usuarios: el cobro de aire en las facturas y la falta de atención presencial en la localidad. No obstante, la intervención del Intendente mediante el Decreto Nº 07 ha cercenado el músculo de la norma, dejando vigentes solo los lineamientos generales y delegando la resolución del conflicto técnico a la órbita del EPRAC (Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas).
El conflicto de las válvulas y la presunción de consumo
Para el sector comercial y residencial de Garupá, el punto neurálgico era el Artículo 4°, que establecía una presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) de presencia de aire ante variaciones anormales de consumo.
Veto a la inversión forzosa: Se rechazaron los artículos que obligaban a la empresa a instalar dispositivos de purga en un plazo de 90 días a su exclusivo costo. El Ejecutivo argumentó que esto constituye una “injerencia directa en aspectos económicos propios del marco concesional” provincial.
Seguridad Jurídica: El veto a los artículos 19° al 29° evita, según el municipio, una “doble sanción” por los mismos hechos, dado que las multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias (UT) podrían superponerse con las ya previstas en el contrato de concesión provincial.
Atención al Cliente: También quedó sin efecto la obligatoriedad de habilitar una oficina física en Garupá en un plazo de 30 días, medida que buscaba reducir los costos de traslado de los vecinos hacia Posadas.
La autonomía municipal frente al contrato provincial
Misiones presenta una estructura de servicios públicos centralizada en entes reguladores provinciales, a diferencia de otras jurisdicciones donde los municipios retienen mayor poder de policía sobre sus concesiones. En Garupá, una ciudad con un crecimiento demográfico exponencial y una dependencia crítica de la infraestructura compartida con Posadas, la falta de una oficina local se traduce en una asimetría de acceso para el usuario periférico.
La decisión del Ejecutivo de vetar los artículos más agresivos responde a la necesidad de evitar litigios que comprometan la coparticipación o los fondos municipales ante posibles demandas por incumplimiento del equilibrio contractual de la concesión de agua.
Puntos vigentes de la Ordenanza
Pese al veto, la ordenanza conserva artículos que establecen nuevas obligaciones de transparencia:
Plan de Contingencia (Art. 7°): La empresa sigue obligada a garantizar abastecimiento alternativo y respaldo energético ante cortes.
Información y Avisos (Art. 8°): Se mantiene la exigencia de avisos de corte inmediatos y canales digitales accesibles.
Fondo Especial (Art. 34°): Se crea un fondo con lo recaudado en multas (de los artículos no vetados) destinado exclusivamente a mejoras en el servicio de agua del municipio.
Escenario a mediano plazo: ¿Hacia una auditoría externa?
La declaración de “fracaso” de los artículos sancionatorios más duros traslada la presión política nuevamente al EPRAC. Lo que el sector empresarial y el contribuyente deben seguir de cerca es la aplicación del Artículo 30°, que faculta al municipio a realizar auditorías propias y coordinar con el ente provincial.
Si bien SAMSA evita por ahora la inversión compulsiva en válvulas de aire, la presión legislativa local sugiere que la sustentabilidad social del servicio en Garupá está al límite. El desafío para la prestataria será mejorar la medición y la atención antes de que la judicialización de los reclamos por “aire en las cañerías” se convierta en una contingencia financiera inmanejable.
El Gobierno de Misiones dio un paso político con impacto directo en la gestión urbana: el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables lanzó la primera mesa interinstitucional de Gestión del Agua en Posadas para responder a denuncias por vertidos cloacales.
La iniciativa, presentada como un espacio técnico, tiene una lectura más amplia: ordenar competencias, alinear organismos y asumir conducción frente a una problemática que expone tensiones en la administración del recurso hídrico. El dato central es la conformación de una instancia formal de coordinación interinstitucional en 2026. La pregunta subyacente es si este mecanismo logrará traducirse en soluciones concretas o si quedará atrapado en la fragmentación operativa que el propio sistema evidencia.
Un esquema institucional que busca corregir la dispersión
La convocatoria reunió a actores con responsabilidades directas en agua y saneamiento: Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA), Aguas Misioneras Sociedad del Estado (AMSE), el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC), el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Municipalidad de Posadas y el Ministerio de Salud Pública.
No es una lista menor. Refleja un entramado donde conviven prestadores, entes reguladores, organismos técnicos y niveles de gobierno. En ese contexto, el Ministerio de Ecología asume el rol de “conector e interlocutor”, lo que implica una decisión política de centralizar la articulación en un área con competencias ambientales más que operativas.
El disparador fue concreto: denuncias de vecinos y alertas institucionales sobre posibles vertidos de efluentes cloacales en distintos puntos de la ciudad. La respuesta no fue una intervención puntual, sino la creación de una mesa permanente, lo que sugiere que el problema excede casos aislados y requiere un abordaje sistémico.
Diagnóstico compartido y control cruzado
El primer objetivo definido es la elaboración de un diagnóstico conjunto. Cada organismo deberá aportar datos técnicos, estadísticas y registros de denuncias. Traducido al plano político, esto implica construir una base común de información en un sistema donde los datos suelen estar fragmentados.
Ese paso no es neutro. Un diagnóstico compartido puede redefinir responsabilidades y visibilizar falencias en la prestación o el control. También puede ordenar prioridades y establecer criterios de intervención más claros.
En paralelo, la mesa busca mejorar la comunicación entre organismos. La premisa es simple: acelerar la respuesta ante problemas que hoy encuentran obstáculos en la falta de coordinación. En la práctica, se trata de reducir tiempos y evitar superposiciones, dos déficits habituales en la gestión del saneamiento.
Repercusiones: gestión, control y presión social
La creación de la Mesa de Gestión del Agua reconfigura, al menos en el plano institucional, la correlación de fuerzas en la gestión del recurso hídrico. El Ministerio de Ecología gana centralidad como articulador, mientras que los organismos operativos quedan bajo un esquema de coordinación más visible.
Para los prestadores y entes reguladores, esto implica mayor exposición. La existencia de un espacio común de seguimiento puede traducirse en un control más explícito, tanto interno como hacia la ciudadanía.
El componente social también pesa. La iniciativa surge de reclamos vecinales, lo que introduce un factor de presión que condiciona los tiempos políticos. No se trata solo de una agenda técnica: hay demanda concreta por mejoras en la calidad del servicio y en la gestión ambiental.
En términos sanitarios y ambientales, el foco en los efluentes cloacales conecta con normativas vigentes y con la necesidad de garantizar estándares básicos en una ciudad en crecimiento.
Un tablero abierto en la gestión del agua
El desafío ahora pasa por la implementación. La mesa establece un marco, pero su eficacia dependerá de la capacidad de los organismos para sostener la coordinación, compartir información y ejecutar soluciones.
También queda por ver si este esquema se limitará a Posadas o si puede escalar a otras localidades con problemáticas similares. La experiencia puede funcionar como piloto o quedar circunscripta a una coyuntura específica.
En el corto plazo, los avances en el diagnóstico y las primeras medidas concretas serán la señal a observar. En paralelo, la dinámica interna entre organismos mostrará si la articulación se consolida o si emergen tensiones por competencias y responsabilidades.
El Gobierno provincial, por ahora, toma la iniciativa y ordena la mesa. El resultado dependerá de lo que ocurra cuando los datos se pongan sobre la mesa y las decisiones empiecen a tener impacto en territorio.
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Asimismo, recordamos que los únicos medios de contacto habilitados son los teléfonos 0800-888-9980 y 0376-4428000, además de la atención presencial en las oficinas ubicadas en avenida López y Planes 2577, de lunes a viernes de 6.30 a 14 horas, con el sector de cajas habilitado también de 16 a 19.30 y el sitio web oficial www.samsa.com.ar
Samsa informa que finalizaron los trabajos de reparación del ducto que transporta agua potable a la zona oeste de la ciudad. El mismo fue afectado en horas de la noche por una máquina que realizaba trabajos de saneamiento en el Arroyo Itá. Asimismo, ante trabajos realizados en acueducto de zona sur, se está trabajando en forma coordinada con el Eprac y la Municipalidad de Posadas para proporcionar un abastecimiento alternativo y fortalecer el abastecimiento de reservas de agua potable en los barrios Nestor Kirchner, Los Patitos y zona aledañas a San Isidro, Se recomienda hacer uso racional del agua potable a fin de que la normalización del servicio sea más rápida en toda la zona.
