SAN JUAN

Solo tres provincias superan el empleo privado de 2023 y se perdieron 241.000 puestos

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La recuperación del empleo privado registrado todavía no alcanza al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan tenían más trabajadores asalariados privados registrados que en noviembre de 2023, mientras que el país acumulaba una pérdida aproximada de 241.000 puestos, equivalente a una caída del 3,8%, según un relevamiento de PensarLab, de la Fundación Pensar.

El dato expone una transformación que excede la dinámica del mercado laboral. El informe, que analiza las 24 jurisdicciones a partir de indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad, plantea que la Argentina está construyendo una nueva geografía económica, con resultados cada vez más diferenciados entre territorios.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el trabajo. La definición resume el principal hallazgo: el nuevo escenario económico parece favorecer en mayor medida a las provincias con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora, mientras genera mayores desafíos en los distritos cuya estructura depende del consumo interno, la construcción, la industria orientada al mercado doméstico y el empleo público.

Neuquén aparece como el caso más contundente. El empleo asalariado privado registrado creció 7,6% frente a noviembre de 2023, mientras que la actividad económica de la provincia avanzó 11,3% durante 2024, de acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab. El desempeño está asociado principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y al efecto que la expansión hidrocarburífera genera sobre la inversión, los salarios y la demanda de servicios vinculados con la actividad.

Río Negro ocupa el segundo lugar entre las provincias que lograron superar el nivel de empleo privado de noviembre de 2023, con una expansión del 3,4%. San Juan completa el grupo, aunque con un crecimiento mucho más moderado, del 0,4%. En ambos casos, el resultado adquiere relevancia porque muestra que el incremento del empleo formal privado no se distribuye de manera homogénea y comienza a concentrarse en economías con nuevos motores de inversión.

La distancia entre provincias también aparece en la evolución de la actividad. Durante 2024, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento según la metodología empleada por el estudio. Después de Neuquén se ubicaron Córdoba, con una expansión del 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego registró una contracción del 13,1%; Formosa cayó 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%; y Chaco, 6,3%. La dispersión refleja que el cambio de régimen económico no impacta de igual manera sobre las estructuras productivas provinciales.

El caso de Córdoba ocupa un lugar particular en el análisis. PensarLab la identifica como la jurisdicción que presenta la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. Río Negro, por su parte, aparece como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan concentra expectativas de transformación vinculadas principalmente con el desarrollo minero.

El RIGI comienza a reforzar esa diferenciación territorial. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto de USD 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayor parte de esos desembolsos corresponde a iniciativas vinculadas con minería, petróleo y gas.

La concentración geográfica de esos proyectos constituye uno de los principales puntos de atención hacia adelante. Las inversiones asociadas al RIGI se localizan especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana, donde la disponibilidad de recursos naturales puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros territorios.

Para las provincias que quedan fuera de esos grandes corredores de inversión, el desafío consiste en desarrollar condiciones que permitan capturar parte de la nueva actividad económica mediante proveedores, infraestructura, capacitación laboral y servicios. El impacto territorial de un proyecto extractivo no depende únicamente del capital que ingresa, sino también de cuánto de esa cadena de valor logra permanecer y multiplicarse en las economías locales.

El informe advierte justamente sobre esa posibilidad: Argentina puede volver a crecer y, al mismo tiempo, profundizar las diferencias entre provincias. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto crece la economía nacional y pasa a ser dónde se concentra ese crecimiento, qué tipo de empleo genera y qué capacidad tienen los gobiernos provinciales para convertir inversiones puntuales en desarrollo sostenido.

En ese escenario, el empleo privado registrado funciona como uno de los indicadores más concretos para medir si la recuperación económica logra trasladarse al mercado laboral. Los 241.000 puestos perdidos frente a noviembre de 2023 muestran que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del trabajo formal privado.

La nueva geografía económica que describe PensarLab plantea, por lo tanto, una competencia entre modelos productivos. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como los sectores con mayor capacidad para atraer capital en el nuevo esquema, pero el desafío para cada provincia será transformar esa ventaja en empleo formal, proveedores locales, mayor productividad y mejoras sociales.

Para Misiones y buena parte del NEA, la discusión adquiere una dimensión estratégica: competir por inversiones en un mapa donde los recursos naturales y la infraestructura energética concentran buena parte de los grandes proyectos exige identificar otras ventajas —industriales, forestales, agropecuarias, logísticas y de servicios— capaces de generar empleo privado y vincularse con mercados externos.

El dato laboral marca el punto de partida. Mientras el país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, tres provincias ya lograron superar aquel registro. La pregunta que abre el nuevo escenario no es solamente quién crece primero, sino qué territorios conseguirán convertir la inversión en una estructura productiva capaz de sostener empleo y reducir las brechas sociales y regionales.

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Tragedia en San Juan: murieron los siete ocupantes del helicóptero que viajaba a una capacitación sobre incendios forestales

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La provincia de San Juan atraviesa una de las jornadas más dolorosas de su historia reciente tras confirmarse la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se precipitó en el departamento Valle Fértil mientras trasladaba a una delegación que participaría de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El accidente, considerado el más grave registrado en la aviación provincial, golpea especialmente a las estructuras encargadas de la prevención y respuesta ante emergencias, un aspecto que también resulta estratégico para provincias forestales como Misiones.

Entre las víctimas se encuentran el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Marcelo Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; y el subjefe de esa fuerza, Jorge Carbajal. También fallecieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, quienes integraban la misión técnica.

La aeronave había sido contratada por una empresa privada para trasladar a la delegación hacia una jornada de capacitación sobre combate de incendios forestales, una actividad clave para fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos que, año tras año, afectan distintas regiones del país. Durante el trayecto, el helicóptero perdió contacto mientras sobrevolaba una zona rural del departamento Valle Fértil, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

Las tareas de rescate movilizaron a efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y equipos especializados que enfrentaron un escenario especialmente complejo. El lugar donde impactó la aeronave, en el paraje conocido como Campo Caballo Anca, al norte del Parque Provincial Ischigualasto, presenta una geografía extremadamente difícil, sin caminos de acceso y con grandes extensiones de terreno fiscal prácticamente despobladas. Buena parte del recorrido hasta el sitio del siniestro debió realizarse a pie, lo que demoró la llegada de los rescatistas y la confirmación oficial del desenlace.

La tragedia adquiere una dimensión institucional debido al perfil de las víctimas. Los cuatro funcionarios provinciales ocupaban posiciones estratégicas dentro del sistema de seguridad y emergencias de San Juan, con responsabilidades directas en la coordinación de operativos de protección civil, combate de incendios forestales y respuesta ante desastres naturales. La pérdida simultánea de estos cuadros técnicos representa un desafío para la continuidad de políticas públicas vinculadas a la gestión del riesgo.

El impacto trasciende las fronteras de San Juan. En provincias como Misiones, donde la prevención de incendios forestales constituye una prioridad permanente por la riqueza de su biodiversidad y la presencia de extensas áreas protegidas, la capacitación continua de brigadistas, bomberos y equipos de protección civil forma parte de una estrategia nacional que requiere coordinación entre jurisdicciones. La tragedia pone de relieve la importancia de fortalecer las condiciones de seguridad en los traslados y operaciones vinculadas a este tipo de entrenamientos.

Mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda, las autoridades decidieron suspender las actividades previstas en el Parque Provincial Ischigualasto para facilitar el despliegue de los equipos de rescate. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan se mantuvo un estricto hermetismo hasta confirmar oficialmente el hallazgo de la aeronave y el fallecimiento de todos sus ocupantes.

Ahora comienza una nueva etapa centrada en la investigación técnica del accidente. Los peritos deberán determinar qué factores provocaron la caída del helicóptero en una de las zonas más inhóspitas del territorio sanjuanino. Entre las variables que habitualmente se analizan en este tipo de siniestros figuran las condiciones meteorológicas, el estado de la aeronave, las comunicaciones, la planificación del vuelo y los aspectos operativos.

Más allá de las causas que puedan establecer las investigaciones, el accidente deja una profunda reflexión sobre el trabajo silencioso que realizan quienes integran los sistemas de protección civil y manejo del fuego. Son profesionales que se preparan para enfrentar emergencias, proteger vidas y preservar el patrimonio natural del país. Paradójicamente, perdieron la vida mientras se dirigían a perfeccionar esas capacidades, un hecho que conmueve a toda la comunidad vinculada a la gestión de riesgos y a los organismos de emergencia de la Argentina.

Con información del Diario de Cuyo

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Argentina fortalece su alianza con Suiza: récord de exportaciones, inversiones y expectativas por el acuerdo Mercosur-EFTA

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Mientras la Selección Argentina vuelve a cruzarse con Suiza en una instancia decisiva de la Copa del Mundo, la relación entre ambos países también atraviesa un momento histórico fuera de las canchas. El comercio bilateral alcanzó niveles récord durante 2025, impulsado por las exportaciones mineras, un superávit comercial sin precedentes y un crecimiento sostenido de las inversiones suizas en el país. En paralelo, la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) aparece como el próximo paso para profundizar un vínculo económico que ya muestra cifras inéditas.

El análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) muestra que 2025 marcó un punto de inflexión en la relación entre Argentina y el bloque integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Las exportaciones argentinas al EFTA alcanzaron los 2.094 millones de dólares, el mayor valor de la historia, con un crecimiento interanual del 25%. La particularidad es que más del 98% de esos envíos tuvieron como destino Suiza, consolidando al país europeo como el verdadero motor del intercambio comercial con el bloque.

El 2025 cerró con máximos históricos de exportaciones, superávit comercial e inversiones con Suiza y con el EFTA, el bloque que integra el próximo rival de la Selección. Con el acuerdo Mercosur – EFTA ya firmado, avanza su ratificación parlamentaria.

Este sábado desde las 22 hs de nuestro país, la Selección Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El historial marca dos victorias argentinas en copas del mundo: 1-0 en Brasil 2014 y 2-0 en Inglaterra 1966. Pero el Mundial también invita a mirar más allá de la cancha: la relación comercial entre Argentina y Suiza atraviesa un momento histórico, y con ella el vínculo con todo el bloque económico que este país integra.

Cómo destacamos en un artículo anterior, en cualquier ranking de PIB per cápita vamos a encontrar a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein entre los primeros lugares. Pero, para sorpresa de algunos, ninguno de estos países pertenece a la Unión Europea, sino que entre ellos conforman su propio bloque económico: la Asociación Europea de Libre Comercio o EFTA (por sus siglas en inglés, European Free Trade Association). Este bloque mantiene múltiples acuerdos con la UE: sus miembros adhieren al Espacio Schengen y, con la excepción de Suiza, integran desde 1994 el Espacio Económico Europeo, mientras que el país helvético cuenta con sus propios tratados de libre comercio y libre movilidad con la Unión.

Los números del comercio con este bloque no dejan lugar a dudas. En 2025 las exportaciones argentinas al EFTA alcanzaron los US$ 2.094 millones, un récord histórico. De esta manera, anotaron un crecimiento del 25% respecto del 2024, año que ya había marcado un máximo. Hoy hablar de exportaciones al EFTA es hablar de exportaciones a Suiza, ya que estas representan más del 98% de los bienes despachados al bloque. Naturalmente, las exportaciones a Suiza también marcaron un récord histórico en 2025. 

El gran protagonista de este salto exportador vuelve a ser el oro. Suiza es el principal comprador del oro argentino, que se origina principalmente en Santa Cruz y San Juan, y se consolida como el primer mercado de las exportaciones mineras nacionales. De hecho, Suiza es el principal socio comercial de Santa Cruz y San Juan, siendo destino del 33% y 49%, respectivamente, de las exportaciones originadas en cada provincia. 

El país helvético es sede de las principales refinadoras de oro del mundo, lo que explica su alta demanda de este metal producido en Argentina. El precio internacional del oro, que encadenó máximos históricos a lo largo de 2025, apuntaló fuertemente el valor del comercio en dólares con el bloque.

Las importaciones argentinas desde el EFTA, por su parte, totalizaron US$ 779 millones en 2025. Así, el intercambio comercial bilateral superó los US$ 2.870 millones, el mayor registro de la historia. Con exportaciones que más que duplican a las importaciones, el superávit comercial con el bloque también marcó un récord el año pasado: US$ 1.315 millones, superando el máximo previo de 2019 y acumulando once años consecutivos de resultados positivos para nuestro país.

La relación excede largamente al comercio. Con un stock de inversiones por más de US$ 8.500 millones al segundo semestre de 2025, Suiza marcó máximos en su Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina el año pasado. Si sumamos los otros tres países del bloque, nos encontramos con un stock de IED de US$ 9.511 millones al cierre del año pasado, lo que convierte al EFTA en el quinto inversor extranjero en Argentina. 

Más allá del peso del complejo oro y plata, los rubros con mayor potencial de crecimiento en este exigente mercado europeo son los bienes agroindustriales. En este sentido, se esperan crecimientos de la demanda de carnes, miel, lácteos, frutas frescas, trigo, maíz, aceites vegetales y vinos, en un mercado de 14 millones de habitantes cuyo PIB per cápita casi triplica al argentino.

Tras el cierre de las negociaciones el 2 de julio de 2025, el Tratado de Libre Comercio Mercosur – EFTA se firmó el 16 de septiembre de 2025 en Río de Janeiro. El acuerdo creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas, con un PIB combinado de más de US$ 4,3 billones y mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de las exportaciones de ambos bloques.

El proceso de ratificación avanza a paso firme. El pasado 17 de junio el Senado de Brasil y la Cámara de Diputados de Uruguay dieron sanción definitiva al acuerdo. Como el tratado entra en vigor de manera bilateral a medida que cada país lo ratifica, resta ahora la aprobación parlamentaria de Argentina y Paraguay, además de las ratificaciones de los países del EFTA. Estos avances se suman a la entrada en vigor del acuerdo Mercosur – Unión Europea el pasado 1° de mayo. Del lado europeo, Islandia y Noruega ya ratificaron el acuerdo, a la espera de la aprobación de Suiza y Liechtenstein. 

Así como la Selección buscará el sábado su pase a las semifinales del Mundial, la agenda comercial argentina tiene su propio partido por delante: una pronta ratificación del acuerdo con el EFTA permitiría potenciar un vínculo que ya rompe récords, diversificando las exportaciones y destinos, y consolidando las inversiones de uno de los socios más dinámicos que tiene nuestro país.

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El RIGI ya supera los US$133.000 millones en proyectos y consolida a la energía y la minería como los grandes motores de inversión

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A menos de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a exhibir la magnitud de la apuesta oficial para transformar la matriz exportadora argentina. Con proyectos presentados por más de US$133.000 millones, el esquema impulsado a través de la Ley Bases se convirtió en el principal vehículo para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, particularmente energía y minería, que concentran prácticamente la totalidad de los capitales comprometidos.

Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que más del 22% de las inversiones ya obtuvo aprobación administrativa, mientras el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación. El volumen involucrado coloca al régimen en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca acelerar el ingreso de divisas y ampliar la capacidad exportadora del país mediante proyectos intensivos en capital.

Con foco en energía y minería, el RIGI suma más de US$ 133.000 millones en proyectos presentados (aprobados y en evaluación), con provincias protagonistas como Neuquén y San Juan. Un proyecto de “Súper RIGI” busca sumar inversiones en nuevas industrias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en el marco de la Ley Bases es instrumento para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su implementación, las inversiones presentadas al régimen ya superan los US$ 133.000 millones, reflejando el interés de empresas nacionales e internacionales por participar en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital solicitante ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de las inversiones muestra un marcado enfoque en actividades asociadas a la minería y energética. En conjunto, estos dos sectores explican más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen.

En particular, la energía concentra cerca del 64% del volumen de inversiones presentadas, con iniciativas por más de US$ 85.456 millones. Actualmente, el sector registra alrededor de US$ 66.353 millones bajo análisis, mientras que US$ 19.103 millones ya fueron aprobados. Por su parte, la minería lleva US$ 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a US$ 46.000 millones. El 22% del capital aplicado al RIGI en energía ya tiene aprobación administrativa, proporción que se ubica en el 21% en el caso de la minería.

Dentro de los proyectos mineros presentados en el marco del RIGI, las iniciativas vinculadas al cobre concentran la mayor parte de las inversiones, con montos comprometidos por aproximadamente US$ 31.500 millones. Este total surge de proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge.

No obstante, gran parte de estas inversiones continúa en etapa de evaluación. Del total asociado al cobre, US$ 3.563 millones ya fueron aprobados, mientras que el litio presenta un mayor volumen de capital autorizado, con proyectos aprobados por más de US$ 4.528 millones. Por su parte, el oro y otros proyectos mineros completan el esquema minero del régimen, con inversiones aprobadas cercanas a US$ 1.861 millones.

Dentro del sector energético, los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente US$ 55.300 millones. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector. 

Por otro lado, el GNL aparece como el segundo segmento de mayor relevancia, con inversiones aprobadas por US$ 15.156 millones. Esta inversión se concentra exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, reflejando el interés por impulsar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL en Argentina. Asimismo, los proyectos asociados a infraestructura midstream totalizan más de US$ 11.000 millones, combinando iniciativas ya aprobadas y otras aún bajo análisis. En menor medida, también se observan inversiones vinculadas a energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas, completando el mapa energético de proyectos presentados al régimen.

Distribución provincial de las inversiones presentadas al RIGI

Las inversiones presentadas en el marco del RIGI tienen varios protagonistas a lo largo del país. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente US$ 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. En segundo lugar, se ubica San Juan, con US$ 25.000 millones, seguida por Rio Negro con US$ 19.588 millones, concentrando estas dos provincias el 19% y 15% de las aplicaciones al RIGI respectivamente.

En conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de US$ 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen. La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones.

Por detrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a US$ 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, aquí con protagonismo de proyectos de litio. El resto de las provincias reúnen en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones, mostrando una participación significativamente menor dentro del total presentado al régimen. La distribución geográfica refleja el peso estratégico que poseen las provincias cordilleranas y patagónicas en materia de recursos naturales, infraestructura energética y proyectos exportadores de gran escala.

No debemos perder de vista que existen dos RIGIs muy relevantes para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y en ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Asimismo, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.

En paralelo al avance de los proyectos actualmente presentados bajo el RIGI, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”.

La iniciativa apunta a proyectos de gran escala, con un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente. Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y data centers abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos.

El nuevo esquema también busca incentivar industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado. A nivel fiscal, el Súper RIGI aplica una tasa del 15% en el impuesto a las Ganancias. En cuanto a la amortización, este esquema permite un beneficio acelerado: se deduce un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años posteriores.

En el ámbito del comercio exterior, el llamado Súper RIGI elimina los derechos de exportación desde el primer momento (a diferencia del RIGI, que lo hace recién a partir del tercer año). Además, libera de aranceles a todas las importaciones que sean indispensables para arrancar el proyecto, un marco más amplio que la limitación del RIGI, que solo aplica a bienes de capital e informática.

Por su parte, se elimina progresivamente la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones de productos adheridos al proyecto: será obligatorio liquidar el 80% de las divisas en el 1° año y el 60% en el 2° año. Finalmente, desde el 3° año no será obligatorio liquidar divisas por estas operaciones.

Por último, para que este nuevo régimen entre en vigencia a nivel local, los gobiernos provinciales y municipales deben adherirse bajo dos condiciones clave: limitar el cobro de Ingresos Brutos a un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en base al nivel de facturación.

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Economía dio luz verde a la inversión minera “Carbonatos Profundos” bajo el RIGI

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El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto Único “Carbonatos Profundos (DCP)”, presentado por MINAS ARGENTINAS SA SUCURSAL DEDICADA RIGI I–NUEVO GUALCAMAYO (MASA-SD), con una inversión total declarada de USD 519.647.635. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 6/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2026.

La medida otorga al proyecto minero, localizado en la provincia de San Juan, los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en el Título VII de la Ley 27.742, y marca uno de los primeros avales formales del Estado nacional a una iniciativa minera de gran escala en el marco del nuevo régimen de incentivos, diseñado para atraer inversiones estratégicas de largo plazo.

Un proyecto minero estratégico dentro del esquema RIGI

El proyecto aprobado se encuadra en el sector “Minería”, subsector “Minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación (excluidos potasio y litio)”, conforme a lo dispuesto por el Decreto 749/2024, reglamentario del RIGI. Su objeto consiste en la exploración de las concesiones mineras Gualcamayo 1 y Gualcamayo 2, la determinación de la factibilidad del yacimiento de oro y plata denominado “Carbonatos Profundos”, y la construcción, puesta en marcha y operación de una planta de tratamiento.

El emprendimiento se ubica en la región de Gualcamayo, a 270 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan y a 1.100 kilómetros en línea recta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acceso principal se realiza desde la Ruta Nacional 40, a través de un camino minero de aproximadamente 15 kilómetros hasta el valle del río Gualcamayo.

La empresa solicitante declaró que el proyecto supera holgadamente el monto mínimo de inversión exigido por el RIGI, y que el 69 % del gasto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las etapas de construcción y operación corresponderá a proveedores locales, un porcentaje significativamente superior al 20 % mínimo requerido por la normativa vigente.

Inversión, plazos y compromisos asumidos

De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio de Economía, el plan prevé una inversión inicial en activos computables de USD 46.741.254 durante el primer año y USD 43.858.696 durante el segundo, totalizando USD 90.599.950 en los primeros dos años desde la adhesión al régimen. Ese monto supera el 40 % de la inversión mínima exigida por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742.

La resolución fija como fecha límite para cumplir con el monto total de inversión mínima el 31 de diciembre de 2028, en los términos del artículo 177 de la ley. Asimismo, se determinó que la fecha de adhesión al RIGI y de adquisición de derechos es el 27 de noviembre de 2025, momento en el cual la empresa completó la carga de la información requerida por el área técnica.

El acto administrativo también aprobó el listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicia aduanera, conforme al artículo 190 de la Ley 27.742, y aceptó la manifestación de la empresa de resolver eventuales controversias mediante los mecanismos previstos en el artículo 221 de la ley, incluido el Panel RIGI y el Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI.

Evaluación técnica, control estatal y efectos económicos

La solicitud de adhesión fue evaluada por la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que emitió un informe técnico concluyendo que el proyecto y su plan de inversión cumplen con los requisitos y objetivos del RIGI. Posteriormente, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, reunido el 23 de diciembre de 2025, recomendó su aprobación mediante el Acta 13/2025.

En materia cambiaria, el proyecto fue puesto en conocimiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que concluyó que no existen observaciones que formular, al considerar que la iniciativa no presenta elementos susceptibles de generar distorsiones en el mercado cambiario local.

La resolución encomienda a la Secretaría de Minería la fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el régimen, y ordena la inscripción del proyecto en el Registro de Vehículos de Proyecto Único. Además, instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la generación de una CUIT especial y la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros, y al BCRA para la implementación de los beneficios cambiarios previstos por la ley.

Desde una perspectiva institucional, la aprobación del proyecto “Carbonatos Profundos” consolida el funcionamiento operativo del RIGI como herramienta central de la política económica para promover grandes inversiones, incrementar exportaciones, fortalecer la competitividad sectorial y generar previsibilidad normativa en proyectos de largo plazo, particularmente en el sector minero.

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